Las explicaciones de cuatro ministros no fueron suficientes para los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, que ayer aprobó un dictamen para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, referidos a la decisión sobre la posesión de tierras de las comunidades de la sierra y la selva.
Fueron seis votos a favor (especialmente del Partido Nacionalista Peruano y el sorpresivo respaldo de Gabriela Pérez del Solar de Unidad Nacional), contra dos inesperadas abstenciones de los apristas José Macedo y Tomás Cenzano, y el voto en contra de la también parlamentaria oficialista Helvezia Balta.
El dictamen pasaría mañana al pleno del Congreso para su discusión, aunque el tema también es visto por otras comisiones (Constitución y Agraria lo discutieron durante la jornada de ayer).
Este fue el colofón a una cita en la que el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, acompañado por los ministros Ismael Benavides (Agricultura), Rosario Fernández (Justicia) y Antonio Brack (Ambiente) sustentaron el contenido de los decretos y explicaron los problemas generados por el paro amazónico y las medidas adoptadas frente a ello.
Del Castillo indicó que el Gobierno es respetuoso de las comunidades y negó que se pretendiera afectar sus posesiones y propiedades. Sin embargo, el tono de sus declaraciones no opacó la dureza que empleó --durante la mañana, en diálogo con CPN Radio-- para referirse al asunto.
"Hay una red de organizaciones no gubernamentales en la selva que le ha metido a la gente la idea de que le quieren arrebatar sus tierras. Los están engañando para manipularlos políticamente. Encima los llevan a acciones de violencia (...). Quieren echarse al Gobierno abajo", dijo.
En un tono más conciliador, durante la tarde, el jefe del Estado, Alan García, subrayó que los mencionados decretos legislativos servirán para que "la comunidad campesina que lo desee y lo decida, con el voto de la mayoría" pueda "asociarse o alquilar tierras y convocar tecnología y capital para desarrollar recursos".
Fueron seis votos a favor (especialmente del Partido Nacionalista Peruano y el sorpresivo respaldo de Gabriela Pérez del Solar de Unidad Nacional), contra dos inesperadas abstenciones de los apristas José Macedo y Tomás Cenzano, y el voto en contra de la también parlamentaria oficialista Helvezia Balta.
El dictamen pasaría mañana al pleno del Congreso para su discusión, aunque el tema también es visto por otras comisiones (Constitución y Agraria lo discutieron durante la jornada de ayer).
Este fue el colofón a una cita en la que el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, acompañado por los ministros Ismael Benavides (Agricultura), Rosario Fernández (Justicia) y Antonio Brack (Ambiente) sustentaron el contenido de los decretos y explicaron los problemas generados por el paro amazónico y las medidas adoptadas frente a ello.
Del Castillo indicó que el Gobierno es respetuoso de las comunidades y negó que se pretendiera afectar sus posesiones y propiedades. Sin embargo, el tono de sus declaraciones no opacó la dureza que empleó --durante la mañana, en diálogo con CPN Radio-- para referirse al asunto.
"Hay una red de organizaciones no gubernamentales en la selva que le ha metido a la gente la idea de que le quieren arrebatar sus tierras. Los están engañando para manipularlos políticamente. Encima los llevan a acciones de violencia (...). Quieren echarse al Gobierno abajo", dijo.
En un tono más conciliador, durante la tarde, el jefe del Estado, Alan García, subrayó que los mencionados decretos legislativos servirán para que "la comunidad campesina que lo desee y lo decida, con el voto de la mayoría" pueda "asociarse o alquilar tierras y convocar tecnología y capital para desarrollar recursos".
REUNIÓN EN EL CONGRESO
En la noche, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra), se reunió con representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que sostiene que son siete los decretos legislativos --incluidos los números 1015 y 1073-- los que afectarían la propiedad colectiva de la tierra.
Al término de la cita, Velásquez Quesquén informó que le ofreció al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, consultar a la Junta de Portavoces si el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos puede tener prioridad en la agenda del pleno que se celebrará mañana.
También puso sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión multipartidaria que estudie diversas iniciativas legales planteadas por las comunidades nativas.
"Este tema no se puede seguir dilatando para mañana, tarde y nunca", acotó.
Al preguntársele por el dictamen que busca derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, comentó que se trataba de una votación democrática que se debe respetar "así no nos guste".
En tanto, Pizango destacó la voluntad de diálogo mostrada por el presidente del Congreso y señaló que consultará con sus bases las propuestas alcanzadas durante la conversación. No precisó si se levantarán las medidas de fuerza.
A las 10 a.m. de hoy la delegación del Aidesep volverá a reunirse con el presidente del Congreso.
Al término de la cita, Velásquez Quesquén informó que le ofreció al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, consultar a la Junta de Portavoces si el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos puede tener prioridad en la agenda del pleno que se celebrará mañana.
También puso sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión multipartidaria que estudie diversas iniciativas legales planteadas por las comunidades nativas.
"Este tema no se puede seguir dilatando para mañana, tarde y nunca", acotó.
Al preguntársele por el dictamen que busca derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, comentó que se trataba de una votación democrática que se debe respetar "así no nos guste".
En tanto, Pizango destacó la voluntad de diálogo mostrada por el presidente del Congreso y señaló que consultará con sus bases las propuestas alcanzadas durante la conversación. No precisó si se levantarán las medidas de fuerza.
A las 10 a.m. de hoy la delegación del Aidesep volverá a reunirse con el presidente del Congreso.
INVOCACIÓN DE DEFENSORÍA
Horas antes de los sucesos en el Congreso, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Tribunal Constitucional --a través de un pronunciamiento-- que calificara y resolviera, "con la celeridad que exigen las circunstancias", la demanda de inconstitucionalidad que ella entabló contra el Decreto Legislativo 1015, el pasado 30 de mayo.
Sin embargo, cuando a Velásquez Quesquén se le inquirió sobre este punto, respondió: "El Parlamento no puede condicionar la discusión de una norma a una acción de inconstitucionalidad".
La Defensoría del Pueblo reiteró que el Decreto Legislativo 1015 colisiona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado Peruano y que tiene rango legal, por lo que es de estricto cumplimiento.
La Defensoría del Pueblo, además, invocó a las comunidades nativas y a las autoridades a reanudar el diálogo y recordó que las medidas de protesta, aun cuando justas, deben evitar la agresión y el daño a personas inocentes ajenas a los asuntos en disputa.
Sin embargo, cuando a Velásquez Quesquén se le inquirió sobre este punto, respondió: "El Parlamento no puede condicionar la discusión de una norma a una acción de inconstitucionalidad".
La Defensoría del Pueblo reiteró que el Decreto Legislativo 1015 colisiona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado Peruano y que tiene rango legal, por lo que es de estricto cumplimiento.
La Defensoría del Pueblo, además, invocó a las comunidades nativas y a las autoridades a reanudar el diálogo y recordó que las medidas de protesta, aun cuando justas, deben evitar la agresión y el daño a personas inocentes ajenas a los asuntos en disputa.
PARA RECORDAR
El 20 de mayo, al amparo de las facultades legislativas para implementar el tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1015.4Este decreto permite que solo se requiera el 50% de votos más uno entre los miembros de cada comunidad campesina de la sierra y selva, asistentes a una asamblea general, para gravar, arrendar o vender las tierras comunales. Antes se requería del voto a favor de dos tercios de cada comunidad.4Debido a las fuertes críticas, el Ejecutivo promulgó el 28 de junio el Decreto Legislativo 1073, que precisa que los votantes que definirán el destino de las tierras deben ser posesionarios (de predios) con más de un año en esa condición.
EL DATO
Extraño roboEl contador de Aidesep, José Luis Masías, fue asaltado ayer en el local de esta entidad por dos sujetos, quienes lo despojaron de una fuerte suma de dinero.
AL GRANO
"No hay espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad"*¿Existe algún patrón de comportamiento del Estado que desencadene estos conflictos sociales en el país?El Estado no está suficientemente preparado para atender la conflictividad en el país. Cuando se presenta una demanda social no hay una reacción inmediata, no hay un espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad.
¿Ha habido, entonces, problemas de comunicación?No está instalado en el Estado ni tampoco en buena parte de la sociedad el valor del diálogo. Es mirado por encima del hombro, cuando es a través de él que se forjan los acuerdos más duraderos. Ello es un problema que contribuye a que hasta ahora no se tenga una respuesta institucional frente a los conflictos.
¿Ha habido, entonces, problemas de comunicación?No está instalado en el Estado ni tampoco en buena parte de la sociedad el valor del diálogo. Es mirado por encima del hombro, cuando es a través de él que se forjan los acuerdos más duraderos. Ello es un problema que contribuye a que hasta ahora no se tenga una respuesta institucional frente a los conflictos.
El Comercio, 20/08/2008
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