Esta mañana el oficialismo afrontará su primera prueba de fuego. Será cuando el pleno del Congreso, convocado a partir de las 9:30 a.m., discuta y vote la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, los cuales estipulan que los grupos étnicos decidan con la mitad más uno de sus habitantes el destino final de sus tierras.
Según un sondeo realizado ayer por El Comercio entre los voceros de las bancadas de Alianza Parlamentaria (AP), Unidad Nacional (UN), Partido Nacionalista (PNP), Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF), Unión Nacional y Bloque Popular (BP), se confirmó la decisión multipartidaria de derogar estas normas legales.
Ello a consecuencia del acta de compromiso suscrito hace dos días entre las diferentes fuerzas políticas y los representantes de las comunidades nativas que critican la vigencia de esos dos decretos.
Consciente de este consenso, la bancada aprista habría elaborado una propuesta alternativa: Que la concesión, renta y asociación de las tierras de las comunidades se decidan con los votos del 50% más uno de sus habitantes. En cambio, para la venta de estas extensiones, se necesitaría los votos de por lo menos el 66% de los habitantes, tal como lo establecía la legislación anterior a los decretos. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, habría participado en la confección de este nueva propuesta legal.
El vocero de AP, Yonhy Lescano, opinó que en esta nueva norma legal debería consagrarse el apoyo financiero del Banco Agrario a las comunidades campesinas y nativas porque --aseveró-- se habría recortado la prestación de los créditos para ambos sectores sociales en un 25%.
El vocero de BP, Oswaldo Luizar, adelantó que dicha bancada daría hoy la sorpresa a sus colegas, pues tendría lista una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, responsabilizándolo de haber dictado dos decretos que atentan contra las comunidades campesinas.
Según un sondeo realizado ayer por El Comercio entre los voceros de las bancadas de Alianza Parlamentaria (AP), Unidad Nacional (UN), Partido Nacionalista (PNP), Grupo Parlamentario Fujimorista (GPF), Unión Nacional y Bloque Popular (BP), se confirmó la decisión multipartidaria de derogar estas normas legales.
Ello a consecuencia del acta de compromiso suscrito hace dos días entre las diferentes fuerzas políticas y los representantes de las comunidades nativas que critican la vigencia de esos dos decretos.
Consciente de este consenso, la bancada aprista habría elaborado una propuesta alternativa: Que la concesión, renta y asociación de las tierras de las comunidades se decidan con los votos del 50% más uno de sus habitantes. En cambio, para la venta de estas extensiones, se necesitaría los votos de por lo menos el 66% de los habitantes, tal como lo establecía la legislación anterior a los decretos. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, habría participado en la confección de este nueva propuesta legal.
El vocero de AP, Yonhy Lescano, opinó que en esta nueva norma legal debería consagrarse el apoyo financiero del Banco Agrario a las comunidades campesinas y nativas porque --aseveró-- se habría recortado la prestación de los créditos para ambos sectores sociales en un 25%.
El vocero de BP, Oswaldo Luizar, adelantó que dicha bancada daría hoy la sorpresa a sus colegas, pues tendría lista una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, responsabilizándolo de haber dictado dos decretos que atentan contra las comunidades campesinas.
El Comercio, 22/08/2008
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