El debate sobre la pertinencia de los decretos legislativos 1015 y 1073 ha adquirido dimensiones preocupantes, que ponen a prueba no solo principios básicos del Estado de derecho, sino también la voluntad y capacidad de las comunidades indígenas de aprovechar la oportunidad para rechazar el paternalismo inmovilista que sigue relegándolas y empobreciéndolas.
Puede haber habido errores del Gobierno al plantear la norma inicial (que debió ser urgentemente modificada), pero ello no debe desviarnos del tema de fondo: ¿Quieren los líderes nativos empezar a tomar sus propias decisiones que les permitan generar más riqueza y afianzar el desarrollo sostenible de sus comunidades?
Ello no es posible en el estado actual de cosas, que les coloca una camisa de fuerza a la hora de votar y exigirles una amplísima mayoría, cuando lo democrático y legítimo es propiciar una votación por mayoría simple y calificada, como se hace en comunidades campesinas de la costa y sierra. ¿O son menos que ellas? ¿Estemos o no de acuerdo con su paro, no han demostrado acaso con ello que son capaces de actuar organizadamente y tomar decisiones?
Deben entender que con estos decretos no se busca facilitar que malbarateen sus tierras, sino lograr que les den mayor valor a través de asociaciones con grupos tecnificados en manejo de tierras selváticas. En minoría, en mayoría, sobre todo el terreno o parte de él, quizá buscando financiamiento directo, lo importante es que ellos mismos, los nativos, decidan. Lo que no puede ser es que dichas tierras solo sigan produciendo atraso y pobreza.
DIÁLOGO SÍ; CHANTAJE NOEs hora, pues, de despolitizar el tema y desprenderse de suspicacias y prejuicios para cavilarlo con serenidad, lógica y ponderación. Antes que nada, los indígenas deben entender la importancia del diálogo para resolver los problemas y, por contraste, rechazar el recurso a la violencia y más aun al secuestro. Nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, por lo que es intolerable bloquear carreteras y tomar centrales hidroeléctricas para chantajear a las autoridades, lo que además afecta el derecho constitucional a circular libremente por el territorio y genera fuertes problemas económicos y sociales a millones de connacionales.
Por el lado del Gobierno, tiene que reconocer su responsabilidad por haber procedido de modo unilateral en un tema altamente sensible para los nativos. Los mencionados decretos buscan, con acierto, regular el modo en que las comunidades étnicas decidan el estado de sus tierras. Pero ello, aparte de ser mal planteado inicialmente, no fue consultado con los líderes de dichos grupos. Hay aquí, además de una magra política de comunicación, falta de sensibilidad con sectores que expresan un alto nivel de desconfianza por haber sido relegados y birlados históricamente.
En tal contexto, no se puede aceptar tampoco el desaire a un ministro, ni patear el tablero de una mesa de diálogo ni el burdo chantaje al Parlamento y al Ejecutivo. A pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la nación peruana y de un Estado unitario cuyas leyes, la primera de ellas la Constitución, estamos obligados a respetar.
Puede haber habido errores del Gobierno al plantear la norma inicial (que debió ser urgentemente modificada), pero ello no debe desviarnos del tema de fondo: ¿Quieren los líderes nativos empezar a tomar sus propias decisiones que les permitan generar más riqueza y afianzar el desarrollo sostenible de sus comunidades?
Ello no es posible en el estado actual de cosas, que les coloca una camisa de fuerza a la hora de votar y exigirles una amplísima mayoría, cuando lo democrático y legítimo es propiciar una votación por mayoría simple y calificada, como se hace en comunidades campesinas de la costa y sierra. ¿O son menos que ellas? ¿Estemos o no de acuerdo con su paro, no han demostrado acaso con ello que son capaces de actuar organizadamente y tomar decisiones?
Deben entender que con estos decretos no se busca facilitar que malbarateen sus tierras, sino lograr que les den mayor valor a través de asociaciones con grupos tecnificados en manejo de tierras selváticas. En minoría, en mayoría, sobre todo el terreno o parte de él, quizá buscando financiamiento directo, lo importante es que ellos mismos, los nativos, decidan. Lo que no puede ser es que dichas tierras solo sigan produciendo atraso y pobreza.
DIÁLOGO SÍ; CHANTAJE NOEs hora, pues, de despolitizar el tema y desprenderse de suspicacias y prejuicios para cavilarlo con serenidad, lógica y ponderación. Antes que nada, los indígenas deben entender la importancia del diálogo para resolver los problemas y, por contraste, rechazar el recurso a la violencia y más aun al secuestro. Nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, por lo que es intolerable bloquear carreteras y tomar centrales hidroeléctricas para chantajear a las autoridades, lo que además afecta el derecho constitucional a circular libremente por el territorio y genera fuertes problemas económicos y sociales a millones de connacionales.
Por el lado del Gobierno, tiene que reconocer su responsabilidad por haber procedido de modo unilateral en un tema altamente sensible para los nativos. Los mencionados decretos buscan, con acierto, regular el modo en que las comunidades étnicas decidan el estado de sus tierras. Pero ello, aparte de ser mal planteado inicialmente, no fue consultado con los líderes de dichos grupos. Hay aquí, además de una magra política de comunicación, falta de sensibilidad con sectores que expresan un alto nivel de desconfianza por haber sido relegados y birlados históricamente.
En tal contexto, no se puede aceptar tampoco el desaire a un ministro, ni patear el tablero de una mesa de diálogo ni el burdo chantaje al Parlamento y al Ejecutivo. A pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de la nación peruana y de un Estado unitario cuyas leyes, la primera de ellas la Constitución, estamos obligados a respetar.
EL CRÍTICO PAPEL DEL CONGRESO
El Congreso ha jugado, en todo esto, un partido aparte. Varias bancadas, incluida la del Apra, aún no repuestas del escándalo que significó la elección por fórceps de la actual Mesa Directiva, han cedido fácilmente a las presiones de los grupos nativos y sus lobbistas para aceptar la derogatoria de los decretos cuestionados.
Esto crea un riesgoso precedente para el sistema democrático. ¿Es que basta un paro con bloqueos para arrimar contra la pared a un poder del Estado y hacerlo retroceder? ¿Dónde quedó la esencia del debate parlamentario y de la coordinación entre poderes?
La salida es difícil. El presidente Alan García ha defendido los decretos para mejorar la estructura normativa del país y promover la reincorporación a la modernidad y el desarrollo de grandes comunidades nativas. Por otro lado, los nativos han hecho cuestión de Estado respecto de la derogatoria de los decretos legislativos, motivados básicamente por la desconfianza.
En tan delicada coyuntura, el Congreso no puede ir a contramarcha del desarrollo y la estabilidad del país. Corresponde ahora que el plenario analice objetivamente los decretos y sin cambiar su esencia --acabar con el paternalismo y permitir el manejo autónomo de sus tierras-- proceda a consensuar una ley sustitutoria que permita hacer los ajustes que devuelvan la confianza a los indígenas y promuevan un cambio visible en su modo y calidad de vida.
Lo fácil sería simplemente derogar. Lo arduo y edificante es tomar medidas para acabar con el nefasto e histórico paternalismo centralista y engarzar a estas comunidades en el desarrollo nacional.
Esto crea un riesgoso precedente para el sistema democrático. ¿Es que basta un paro con bloqueos para arrimar contra la pared a un poder del Estado y hacerlo retroceder? ¿Dónde quedó la esencia del debate parlamentario y de la coordinación entre poderes?
La salida es difícil. El presidente Alan García ha defendido los decretos para mejorar la estructura normativa del país y promover la reincorporación a la modernidad y el desarrollo de grandes comunidades nativas. Por otro lado, los nativos han hecho cuestión de Estado respecto de la derogatoria de los decretos legislativos, motivados básicamente por la desconfianza.
En tan delicada coyuntura, el Congreso no puede ir a contramarcha del desarrollo y la estabilidad del país. Corresponde ahora que el plenario analice objetivamente los decretos y sin cambiar su esencia --acabar con el paternalismo y permitir el manejo autónomo de sus tierras-- proceda a consensuar una ley sustitutoria que permita hacer los ajustes que devuelvan la confianza a los indígenas y promuevan un cambio visible en su modo y calidad de vida.
Lo fácil sería simplemente derogar. Lo arduo y edificante es tomar medidas para acabar con el nefasto e histórico paternalismo centralista y engarzar a estas comunidades en el desarrollo nacional.
El Comercio, 22/08/2008
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