Tras la derrota que sufrió el Ejecutivo ante la oposición parlamentaria, que derogó el viernes último los cuestionados decretos 1015 y 1073 –conocidos como la Ley de la Selva–, el presidente García admitió la inconveniencia de los mismos y consideró que "lo positivo" será dejar en 66% el porcentaje de miembros de una comunidad que deberá estar presente en una asamblea para decidir la venta definitiva o transferencia de sus tierras.
De esa manera, el Jefe del Estado aceptó la demanda de la población amazónica, que alzó la voz durante las últimas semanas para evitar que tal valla sea reducida al 51%.
Mediante un comunicado, el Jefe del Estado señaló que la propuesta del Ejecutivo de reducir de 66% a 51% se planteó pensando que de esa manera las comunidades podrían asociarse con los capitales y la tecnología, para así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12 mil lagunas para la acuicultura.
García recordó que tras la emisión de los decretos, "hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos". Para evitarlo, agregó, lo positivo será dejar en 66% la decisión de transferencia o venta definitiva y permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%.
"Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los andes, pero por error o confusión se amazonizó, involucrando a nativos cuyas comunidades no tienen los 4 siglos de las de la sierra, y que responden a otra realidad", dijo García, para quien el tema será retomado a futuro, pues no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y el mercado.
De esa manera, el Jefe del Estado aceptó la demanda de la población amazónica, que alzó la voz durante las últimas semanas para evitar que tal valla sea reducida al 51%.
Mediante un comunicado, el Jefe del Estado señaló que la propuesta del Ejecutivo de reducir de 66% a 51% se planteó pensando que de esa manera las comunidades podrían asociarse con los capitales y la tecnología, para así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12 mil lagunas para la acuicultura.
García recordó que tras la emisión de los decretos, "hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos". Para evitarlo, agregó, lo positivo será dejar en 66% la decisión de transferencia o venta definitiva y permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%.
"Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los andes, pero por error o confusión se amazonizó, involucrando a nativos cuyas comunidades no tienen los 4 siglos de las de la sierra, y que responden a otra realidad", dijo García, para quien el tema será retomado a futuro, pues no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y el mercado.
FISCALIZACIÓN RETROACTIVA
1] La Dirección de Fiscalización y Supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) envió una carta a la ONG Aidesep para informarle de una acción de fiscalización el próximo 2 de setiembre.
2] La misma comprenderá el periodo de los años 2006 al 2008 (el gobierno de Alan García), y la ONG deberá presentar documentos como sus planes operativos, convenios y cartas firmadas con las fuentes cooperantes, la ejecución presupuestal, las rendiciones de cuentas mensuales y los comprobantes de pago, los recursos obtenidos con los beneficios tributarios y su uso, así como otros documentos que la fiscalización pueda solicitar en su momento.
3] Cabe señalar que la fiscalización de las ONG, si bien es una práctica corriente y habitual, suele darse a finales de cada año. Los periodos a reportar a la APCI, asimismo, son anuales. La comisión ya ha anunciado que solicitará un listado detallado de todos los proyectos ejecutados durante los años 2006 al 2008.
La República, 26/08/2008
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