Es criticable que, a contramarcha de su postura inicial, el presidente Alan García haya anunciado una flexibilización de la iniciativa legal sobre el manejo de la propiedad de las comunidades nativas. Ahora plantea que ellas puedan vender sus tierras con el 66% de los votos, es decir como era antes, y solo se mantendría la exigencia del 50% para alquilarlas o hacer 'joint ventures'.
En el fondo, es muy preocupante que el Gobierno esté renunciando a la posibilidad de darle a un gran sector de la Amazonía, que resiente históricamente la ausencia del Estado centralista, los instrumentos para engarzarse en el tren de la modernidad. Así, en lugar de esforzarse por explicar mejor a las comunidades las ventajas y alcances de la norma, se opta por dar marcha atrás y se las condena a seguir bajo el yugo empobrecedor del paternalismo.
En la forma, este sorpresivo cambio sienta un negativo precedente. Ante todo porque podría ser interpretado como una muestra de debilidad del Estado frente a la presión violentista de ciertos grupos y podría ser replicado por otros. Luego, se deja muy mal parado a un gran sector de la bancada aprista en el Congreso, a la que inicialmente se obligó a sostener y apoyar el proyecto del Ejecutivo. ¿Y para qué? Más aun, el jefe del Gabinete Jorge del Castillo no ha descartado la observación de la ley aprobada por el Parlamento.
Por el bien del país, tan confuso estado de cosas no puede continuar. El Ejecutivo tiene que recuperar autoridad, unidad y coherencia en sus políticas de gobierno, y si hay que hacer una corrección pues esta debe ser motivada y canalizada adecuadamente, sin dar erróneas señales que afecten los principios de orden, autoridad y gobernabilidad del país.
Asimismo, es urgente reforzar los mecanismos de comunicación no solo con el Legislativo, sino también con los líderes de los indígenas. Todo ello dejando muy en claro que no se puede dialogar bajo la espada de Damocles del chantaje violentista y que todos pertenecemos a un Estado unitario y nacional, cuyas leyes debemos obedecer.
En el fondo, es muy preocupante que el Gobierno esté renunciando a la posibilidad de darle a un gran sector de la Amazonía, que resiente históricamente la ausencia del Estado centralista, los instrumentos para engarzarse en el tren de la modernidad. Así, en lugar de esforzarse por explicar mejor a las comunidades las ventajas y alcances de la norma, se opta por dar marcha atrás y se las condena a seguir bajo el yugo empobrecedor del paternalismo.
En la forma, este sorpresivo cambio sienta un negativo precedente. Ante todo porque podría ser interpretado como una muestra de debilidad del Estado frente a la presión violentista de ciertos grupos y podría ser replicado por otros. Luego, se deja muy mal parado a un gran sector de la bancada aprista en el Congreso, a la que inicialmente se obligó a sostener y apoyar el proyecto del Ejecutivo. ¿Y para qué? Más aun, el jefe del Gabinete Jorge del Castillo no ha descartado la observación de la ley aprobada por el Parlamento.
Por el bien del país, tan confuso estado de cosas no puede continuar. El Ejecutivo tiene que recuperar autoridad, unidad y coherencia en sus políticas de gobierno, y si hay que hacer una corrección pues esta debe ser motivada y canalizada adecuadamente, sin dar erróneas señales que afecten los principios de orden, autoridad y gobernabilidad del país.
Asimismo, es urgente reforzar los mecanismos de comunicación no solo con el Legislativo, sino también con los líderes de los indígenas. Todo ello dejando muy en claro que no se puede dialogar bajo la espada de Damocles del chantaje violentista y que todos pertenecemos a un Estado unitario y nacional, cuyas leyes debemos obedecer.
El Comercio, 27/08/2008
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