La reciente decisión del Congreso nacional de derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 pone de manifiesto la situación en la que se encuentra la política nacional y sus principales actores. Sin duda todos tienen una parte de responsabilidad, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los políticos de base.
1.- El Poder Ejecutivo ha insistido con una propuesta normativa que ya había creado hace unos meses una serie de movilizaciones sociales de rechazo, principalmente en los territorios amazónicos, cuando se puso en debate la mal llamada Ley de la Selva. En esa oportunidad se vio claramente que no había existido una convocatoria y consultas previas para recoger las opiniones y aportes de las propias comunidades nativas. En esta oportunidad, sin un plan de comunicación adecuado que informara a los principales interesados, se insistió con una norma, que desde mi punto de vista es positiva y pretende promover la inversión sin atentar contra los derechos adquiridos de las comunidades nativas, pero que en este caso particular el tema de forma era quizás más importante que el fondo mismo. Preocupa que para el futuro no se haya aprendido la lección y vuelvan a repetir situaciones similares.
2.- El Poder Legislativo también tiene una gran responsabilidad al haber actuado en forma apresurada, quemando etapas que hubieran permitido abrir el debate y asumir su misión normativa, con un calendario consensuado por todas las fuerzas políticas, para tratar el tema y buscar una salida. Pero fue por el camino más fácil y a su vez el más peligroso, que es ceder a la presión de los movimientos radicales. Sin duda que se evidencia una falta de experiencia y capacidad de liderazgo del nuevo presidente del Congreso.
Lamentablemente se abre una vía expedita para que cualquier día nos sorprenda el Parlamento con una derogatoria o con una nueva ley.
3.- Existe un movimiento político de base, con intereses propios que aprovecha de la situación de las comunidades nativas y mal informan los alcances de las normas y manipulan las voluntades de aquellos grupos sociales donde la presencia del Estado no existe. El desamparo en el que vive la mayor parte de comunidades ha llevado a una desconfianza en las instituciones públicas y sus representantes. Por su parte, a estos políticos no les interesa construir un mejor futuro para todos los peruanos sino asegurarse llegar al poder para su interés propio. Con las derogatorias mencionadas se fortalecen estos manipuladores.
4.- El oportunismo político del ex presidente Toledo tampoco contribuyó a buscar soluciones donde prime el interés nacional. Durante su gobierno poco o nada se hizo en favor de las comunidades nativas, más se recuerdan los escándalos y corrupción en el manejo de fondos dirigidos a apoyar a esos grupos. El Ejecutivo debe evaluar qué medidas debe tomar para enfrentar esta situación, hay muchas lecciones que deben ser asimiladas.
Correo, 24/08/2008
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