Los apristas sudaron ayer la gota gorda, pero nada pudieron hacer para que el pleno del Congreso no derogase los controvertidos decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitaban la inversión privada en tierras de comunidades campesinas y nativas de la Sierra y la Selva del Perú.
Ambos dispositivos –conocidos también como la Ley de la Selva, aunque afectan del mismo modo a la Sierra– exigían el voto del 50% más uno de los miembros de una comunidad para decidir la venta, concesión o alquiler de sus terrenos.
Sin embargo, ayer, ambas normas fueron derogadas con la aprobación del proyecto de ley N° 2440, que dictaminó la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos.
Como en pocas ocasiones, la oposición –que sumó adhesiones de los upepos, el nacionalismo, el fujimorismo y Unidad Nacional– se puso de acuerdo y sumó 66 votos a favor de la derogatoria. Los apristas, apoyados por 2 miembros del Grupo Unión Nacional (GUN), votaron en contra, y ningún legislador se abstuvo.
Mauricio Mulder (APRA) defendió a capa y espada ambos decretos y lamentó que la oposición se deje avasallar por la reciente protesta de nativos de Bagua y discrimine a los comuneros de la Sierra, que no se han quejado.
Pero el legislador de Unidad Nacional (UN) Javier Bedoya rechazó que el gobierno busque promover inversiones en la propiedad de los nativos y que luego éstos no reciban nada. Ahora que esto se derogó, busquemos mecanismos de diálogo, recomendó Bedoya al Ejecutivo.
Oswaldo Luizar, del Bloque Popular, recordó que el gobierno se excedió al aprobar ambas normas en mérito a las facultades que le otorgó el Congreso para legislar en materia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
¿Lo observará?
Sin embargo, el vocero de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), Aurelio Pastor, adelantó que el Ejecutivo observará el proyecto de ley 2440, aprobado por el pleno, debido a que atentaría contra las inversiones.
Sabemos que esto tendrá un costo político, pero en 15 días explicaremos –a los nativos y comuneros– por qué es importante mantener los decretos sobre inversión o en todo caso modificarlos, insistió Pastor.
Si ello sucede, el Congreso debería evaluar entonces si acepta la observación o si la rechaza y ratifica su decisión.
Correo, 23/08/2008
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