El jueves por la noche, la bancada aprista manejaba dos estrategias para defender la existencia de los decretos legislativos 1015 y 1073, los cuales precisan el porcentaje de votos que las comunidades nativas y campesinas requieren para enajenar sus tierras.
Una de las cartas que barajaba el oficialismo era elevar a 66% el porcentaje de votos necesarios para que las comunidades decidan vender sus territorios y mantener en 50% más 1 la cantidad de votos requeridos para concesionar, alquilar o asociar las tierras.
La segunda alternativa era dejar que los decretos legislativos sean derogados por el pleno del Congreso, pero contando con que el Poder Ejecutivo observaría la autógrafa de esta ley derogatoria.
Ayer, a eso de las 11:30 a.m., el pleno del Congreso comenzó a debatir el dictamen que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos aprobó el martes, el cual propone derogar los decretos legislativos 1015 y 1073.
El encargado de sustentar esta propuesta fue el presidente de la comisión, Róger Nájar (BP), quien precisó que, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades cada vez que se considere la capacidad de enajenar sus tierras. Esto no ha ocurrido.
Nájar agregó que, además, el Gobierno había excedido las facultades para legislar sobre la implementación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.
Por el lado oficialista, Helvezia Balta (Apra) sustentó el dictamen en minoría que proponía rechazar la derogatoria de los decretos. La bancada aprista había elegido la segunda opción.
ESTRELLA SOLITARIAEl debate se inició así y las bancadas humalista, fujimorista, de Unidad Nacional, Unión por el Perú, Bloque Popular (BP), Alianza Parlamentaria (AP) y buena parte de Unión Nacional se mostraron a favor de derogar los decretos.
Los fujimoristas y los de UN consideraban que la intención del decreto legislativo era buena. Sin embargo, discrepaban con la forma como el Ejecutivo aprobó estas disposiciones.
Tras intercambiar argumentos por casi tres horas, el pleno decidió votar el dictamen derogatorio, el cual recibió 66 votos a favor y 29 en contra. El Apra se quedó solo. Únicamente lo apoyaron Wilder Ruiz y Michael Urtecho, de Unión Nacional.
Nájar pidió someter a consideración del pleno la exoneración de la segunda votación. El resultado fue 62 votos a favor, 24 en contra y una abstención.
De esta manera, las cosas quedarían como antes de los decretos: 66% de votos para disponer cualquier acto sobre la tierras comunales de la sierra y la selva, y 50% más 1 en el caso de la costa.
Concluida la sesión plenaria, los representantes de las comunidades nativas y campesinas celebraban en el Hall de los Pasos Perdidos lo que consideraban un triunfo.
Pero la felicidad podría durarles poco. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, habría dicho a la bancada oficialista que el Ejecutivo observaría la autógrafa aprobada ayer en el pleno. Así lo señaló el vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, Aurelio Pastor. "Ya el primer ministro nos ha adelantado que si esto sucedía, se iba a observar".
Ejecutivo evalúa la decisión a tomarA diferencia del congresista aprista Aurelio Pastor, que se apresuró a decir que el Ejecutivo iba a observar el dictamen que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, el primer ministro Jorge del Castillo fue cauto y prefirió afirmar que el Ejecutivo evalúa la derogación. "No me quiero precipitar, pues estamos evaluando todas las posibilidades", sostuvo anoche en declaraciones a los periodistas.
Del Castillo fue severo al momento de criticar a quienes votaron a favor de la derogatoria: "Lo sucedido no es más que demagogia. Quienes aprobaron esta medida buscan anular estos instrumentos para no permitir que el Perú sea moderno. Por lo menos con este gobierno de Alan García, no quieren que sea moderno", precisó.
Criticó a Alejandro Toledo por su intento de sacar provecho político al tema. En referencia a Lourdes Flores y Ollanta Humala, dijo que con lo ocurrido en el Congreso, los legisladores de sus agrupaciones condenan a la exclusión a las comunidades nativas de la selva.
DEL CONSULTOREl abecé de una experiencia*Para algunos la derogatoria por el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073 tiene sabor a victoria, para otros expresa un fracaso político.
En verdad toda experiencia en política y en la vida es simplemente aprendizaje. Lo importante es analizar si la decisión política del Congreso tiene sustento en: a) la presión de las organizaciones indígenas, b) el reconocimiento de que el Ejecutivo debió consultar antes de legislar asunto de tanta sensibilidad histórica, c) el entendimiento de que las tierras de las comunidades nativas requieren un tratamiento legal ad hoc, habida cuenta de su significación cultural y política.
Si aceptamos las razones b) y c), ganamos todos; si nos quedamos en a), perdemos todos. Pensemos en positivo para poder proyectar los siguientes pasos.
La ley que rige las sociedades anónimas exige mayorías calificadas de 66% sin que los accionistas puedan pactar en contrario, por ejemplo cuando se vende un activo que represente más del 50% del capital social. Si el patrimonio indígena se basa en sus conocimientos y sus tierras, lo ideal sería legislar de tal forma que para algunas decisiones se requiera una mayoría calificada, al igual que en las sociedades anónimas.
Corresponde ahora tener un debate inclusivo y respetuoso. Cuidado con afirmar que no hay que ser paternalistas prejuzgando (como muchos) que las organizaciones indígenas no tienen autonomía y son fácilmente manipulables.
Reconocernos en nuestra diversidad cultural es una deuda pendiente de todos los peruanos. Y ser inclusivos en país megadiverso es un lujo al alcance de los peruanos que exige tolerancia, respeto y renuncia a la violencia. ¿Podremos hacerlo?
Una de las cartas que barajaba el oficialismo era elevar a 66% el porcentaje de votos necesarios para que las comunidades decidan vender sus territorios y mantener en 50% más 1 la cantidad de votos requeridos para concesionar, alquilar o asociar las tierras.
La segunda alternativa era dejar que los decretos legislativos sean derogados por el pleno del Congreso, pero contando con que el Poder Ejecutivo observaría la autógrafa de esta ley derogatoria.
Ayer, a eso de las 11:30 a.m., el pleno del Congreso comenzó a debatir el dictamen que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos aprobó el martes, el cual propone derogar los decretos legislativos 1015 y 1073.
El encargado de sustentar esta propuesta fue el presidente de la comisión, Róger Nájar (BP), quien precisó que, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estado tiene la obligación de consultar a las comunidades cada vez que se considere la capacidad de enajenar sus tierras. Esto no ha ocurrido.
Nájar agregó que, además, el Gobierno había excedido las facultades para legislar sobre la implementación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.
Por el lado oficialista, Helvezia Balta (Apra) sustentó el dictamen en minoría que proponía rechazar la derogatoria de los decretos. La bancada aprista había elegido la segunda opción.
ESTRELLA SOLITARIAEl debate se inició así y las bancadas humalista, fujimorista, de Unidad Nacional, Unión por el Perú, Bloque Popular (BP), Alianza Parlamentaria (AP) y buena parte de Unión Nacional se mostraron a favor de derogar los decretos.
Los fujimoristas y los de UN consideraban que la intención del decreto legislativo era buena. Sin embargo, discrepaban con la forma como el Ejecutivo aprobó estas disposiciones.
Tras intercambiar argumentos por casi tres horas, el pleno decidió votar el dictamen derogatorio, el cual recibió 66 votos a favor y 29 en contra. El Apra se quedó solo. Únicamente lo apoyaron Wilder Ruiz y Michael Urtecho, de Unión Nacional.
Nájar pidió someter a consideración del pleno la exoneración de la segunda votación. El resultado fue 62 votos a favor, 24 en contra y una abstención.
De esta manera, las cosas quedarían como antes de los decretos: 66% de votos para disponer cualquier acto sobre la tierras comunales de la sierra y la selva, y 50% más 1 en el caso de la costa.
Concluida la sesión plenaria, los representantes de las comunidades nativas y campesinas celebraban en el Hall de los Pasos Perdidos lo que consideraban un triunfo.
Pero la felicidad podría durarles poco. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, habría dicho a la bancada oficialista que el Ejecutivo observaría la autógrafa aprobada ayer en el pleno. Así lo señaló el vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, Aurelio Pastor. "Ya el primer ministro nos ha adelantado que si esto sucedía, se iba a observar".
Ejecutivo evalúa la decisión a tomarA diferencia del congresista aprista Aurelio Pastor, que se apresuró a decir que el Ejecutivo iba a observar el dictamen que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, el primer ministro Jorge del Castillo fue cauto y prefirió afirmar que el Ejecutivo evalúa la derogación. "No me quiero precipitar, pues estamos evaluando todas las posibilidades", sostuvo anoche en declaraciones a los periodistas.
Del Castillo fue severo al momento de criticar a quienes votaron a favor de la derogatoria: "Lo sucedido no es más que demagogia. Quienes aprobaron esta medida buscan anular estos instrumentos para no permitir que el Perú sea moderno. Por lo menos con este gobierno de Alan García, no quieren que sea moderno", precisó.
Criticó a Alejandro Toledo por su intento de sacar provecho político al tema. En referencia a Lourdes Flores y Ollanta Humala, dijo que con lo ocurrido en el Congreso, los legisladores de sus agrupaciones condenan a la exclusión a las comunidades nativas de la selva.
DEL CONSULTOREl abecé de una experiencia*Para algunos la derogatoria por el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073 tiene sabor a victoria, para otros expresa un fracaso político.
En verdad toda experiencia en política y en la vida es simplemente aprendizaje. Lo importante es analizar si la decisión política del Congreso tiene sustento en: a) la presión de las organizaciones indígenas, b) el reconocimiento de que el Ejecutivo debió consultar antes de legislar asunto de tanta sensibilidad histórica, c) el entendimiento de que las tierras de las comunidades nativas requieren un tratamiento legal ad hoc, habida cuenta de su significación cultural y política.
Si aceptamos las razones b) y c), ganamos todos; si nos quedamos en a), perdemos todos. Pensemos en positivo para poder proyectar los siguientes pasos.
La ley que rige las sociedades anónimas exige mayorías calificadas de 66% sin que los accionistas puedan pactar en contrario, por ejemplo cuando se vende un activo que represente más del 50% del capital social. Si el patrimonio indígena se basa en sus conocimientos y sus tierras, lo ideal sería legislar de tal forma que para algunas decisiones se requiera una mayoría calificada, al igual que en las sociedades anónimas.
Corresponde ahora tener un debate inclusivo y respetuoso. Cuidado con afirmar que no hay que ser paternalistas prejuzgando (como muchos) que las organizaciones indígenas no tienen autonomía y son fácilmente manipulables.
Reconocernos en nuestra diversidad cultural es una deuda pendiente de todos los peruanos. Y ser inclusivos en país megadiverso es un lujo al alcance de los peruanos que exige tolerancia, respeto y renuncia a la violencia. ¿Podremos hacerlo?
* Jorge Caillaux. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
El Comercio, 23/08/2008
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