Ministro Benavides les dice “buitres del siglo XXI” a ONG

Gobierno las pone en la mira y las acusa de manipular a nativos para que no salgan de la pobreza. Coincidentemente, la APCI inicia investigación al uso de los recursos de asociación interétnica.

Lejos de esperar que el Pleno del Congreso decida hoy la suerte de los cuestionados decretos legislativos 1015 y 1073, que han encendido los ánimos en la selva, el temor al fracaso volvió a llevar, ayer, al Gobierno a buscar culpables para golpearlos.

En esta oportunidad, el encargado de enfilar las baterías fue el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, para quien los responsables de las protestas de las comunidades nativas de Amazonas y San Martín, principalmente, son los organismos no gubernamentales (ONG).

“Hay gente que tiene, evidentemente, intereses políticos o interés por mantener a la gente en la pobreza. Las ONG, o muchas ONG, hoy son los principales interesados en mantener a la gente en la pobreza, porque así reciben recursos de afuera. Yo los llamo los buitres del siglo XXI”, dijo.

En su opinión, las ONG han manipulado a los dirigentes de las diferentes comunidades nativas, haciéndoles creer que los decretos 1015 y 1073 estaban dirigidos a arrebatarles sus tierras, cuando lo que se busca es que ellos tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre sus tierras sin verse avasallados por la migración o por madereros informales.

“Las decisiones que ellos tomen les permitirán proteger y dar valor a sus propiedades y no estar, simple y llanamente, como espectadores pasivos de todo este fenómeno de informalidad que hay en el país”, explicó.

El ministro Benavides agregó que, a causa de la informalidad, anualmente se deforesta 200 mil hectáreas de bosques, que luego quedan sin producir y afectan directamente a las comunidades nativas de la Amazonía.

APCI AL ATAQUE. Como para demostrar que esas estocadas contra las ONG no son un hecho aislado, el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando Sánchez, anunció que investigará el uso de los recursos que recibe del extranjero la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

“Si la Aidesep estuviera realizando actividades distintas a los proyectos que ha especificado en su hoja de vida, con recursos propios de la cooperación, habría mérito a una eventual sanción”, aseguró.

El representante de Aidesep es nada más y nada menos que Segundo Alberto Pizango, el dirigente nativo que dirigió las protestas en las zonas de Utcubamba y Bagua Chica, en la región Amazonas.

La congresista aprista Olga Cribilleros, reemplazante de Tula Benites, defendió esta medida y aseveró que el Estado tiene todo el derecho de garantizar su gobernabilidad y apelar a sus mecanismos de defensa.

En la lucha desesperada por evitar que los decretos 1015 y 1073 sean derogados hoy por el Congreso, o que el TC los declare inconstitucionales, entró a tallar también el ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, quien advirtió que “se está traficando con el temor de las comunidades nativas”.

LE RESPONDEN. En contraste, los dirigentes nativos Alberto Pizango y Oseas Barbarán le respondieron al presidente Alan García que la irresponsabilidad histórica es no haber consultado con los pueblos sus decisiones. “Debe entender que se equivocó y asumir su error, antes de culparnos a nosotros”, le dijeron.De otro lado, en Bagua los pobladores de las comunidades nativas se reunieron ayer en la plaza Héroes del Cenepa y expresaron su preocupación por 20 comuneros heridos en el choque con la Policía, ya que algunos solo hablan su dialecto.

Perú.21, 22/08/2008