La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, exigió ayer al Tribunal Constitucional (TC), entidad cuestionada porque la mayoría de sus miembros son de tendencia aprista, que resuelva a la brevedad la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por su institución el 30 de mayo último contra el decreto legislativo 1015, que facilita la venta de las tierras comunales de las comunidades campesinas.
El decreto dispone que sólo la mitad más uno de los miembros de una comunidad campesina o nativa pueda disponer de las tierras comunales. Con esta norma, según los especialistas, los empresarios mineros y forestales tienen el camino expedito para obtener esas tierras con más facilidad y a precios irrisorios.
En tal sentido, la defensora sostuvo que el tribunal ya tuvo el suficiente tiempo para resolver y lo emplazó a actuar con celeridad “más aún si se tiene en cuenta que desde el 30 de mayo último, día en que se presentó la demanda, ha transcurrido un plazo razonable”.
De otro lado, dijo que el Estado está obligado a darle estricto cumplimiento a las normas referidas al derecho a la consulta y a la participación, en este caso de las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2 de diciembre de 1993, ratificado por el Perú en 1994, lo que no se cumplió y por ello los nativos han levantado su voz de protesta.
Pide diálogo
Merino invocó a las dirigencias de las comunidades nativas, así como a las instituciones del Estado, a reiniciar el diálogo suspendido. Advirtió también que el Estado de Emergencia decretado no supone la ausencia del Estado de Derecho y no anula la vigencia de los derechos fundamentales.
Ollanta niega ser un conspirador
El líder opositor Ollanta Humala rechazó la acusación gubernamental que le atribuye participar en un complot que supuestamente utiliza una protesta de indígenas amazónicos para derrocar al gobierno.
En declaraciones a la prensa internacional, el presidente del Partido Nacionalista (PNP) respondió a declaraciones del primer ministro, Jorge del Castillo, quien sostuvo que esa organización está detrás de las movilizaciones y de la alegada conspiración.
“No estamos atrás sino dentro de las protestas”, añadió Humala, al señalar que el PNP obtuvo en las elecciones de 2006 más de 47 por ciento del electorado y una proporción mayor en el interior, por lo que es lógico que entre los grupos sociales que protestan haya electores nacionalistas, así como de otros partidos. Humala reivindicó al mismo tiempo la legalidad de las movilizaciones iniciadas el 9 de agosto por más de 60 etnias amazónicas. Subrayó que la protesta indígena no cuestiona al Estado de Derecho sino al abuso de poder de quienes lo administran (el gobierno).
La Primera, 20/08/2008
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