Mientras, en Bagua se produjo choque entre Policías y manifestantes. En Bajo Urubamba las comunidades indígenas también aceptaron levantar la huelga y dejar pasar las embarcaciones de Pluspetrol.
La solución a sus problemas que el Ejecutivo no pudo –o no quiso– darles durante los once días que los indígenas amazónicos protestaron contra una serie de decretos que, consideran, vulneran sus derechos comunales ancestrales llegó ayer en la mañana gracias a un acuerdo con el Legislativo, justo en el momento en que la tensión entre las dos partes había llegado a su punto más alto y todo hacía presagiar un desenlace violento de consecuencias impredecibles.
El acta de entendimiento, firmada por el presidente del Parlamento, el oficialista Javier Velásquez Quesquén, y el representante de los pueblos indígenas, Alberto Pizango (presidente de Aidesep), puso fin a la movilización nativa y fijó para el viernes una sesión extraordinaria del Pleno en la que los congresistas debatirán dos puntos: el dictamen sobre el proyecto de ley 2440, referido a la derogatoria de los decretos N 1015 y 1073, y la conformación de una Comisión Multipartidaria encargada de estudiar la problemática de los pueblos indígenas.
El documento también incluyó un proyecto de modificación del Reglamento del Congreso para incorporar el procedimiento de consulta previsto en el Convenio Nº 169 de la OIT , así como la gestión ante el Ejecutivo para que este derogue el decreto supremo Nº 058-2008-PCM, que declara el estado de emergencia en diferentes zonas del país.
El acta de entendimiento, firmada por el presidente del Parlamento, el oficialista Javier Velásquez Quesquén, y el representante de los pueblos indígenas, Alberto Pizango (presidente de Aidesep), puso fin a la movilización nativa y fijó para el viernes una sesión extraordinaria del Pleno en la que los congresistas debatirán dos puntos: el dictamen sobre el proyecto de ley 2440, referido a la derogatoria de los decretos N 1015 y 1073, y la conformación de una Comisión Multipartidaria encargada de estudiar la problemática de los pueblos indígenas.
El documento también incluyó un proyecto de modificación del Reglamento del Congreso para incorporar el procedimiento de consulta previsto en el Convenio Nº 169 de la OIT , así como la gestión ante el Ejecutivo para que este derogue el decreto supremo Nº 058-2008-PCM, que declara el estado de emergencia en diferentes zonas del país.
ENTENDIMIENTO POSITIVO
El acuerdo, calificado como muy positivo por los dirigentes indígenas, no pudo sin embargo evitar el enfrentamiento entre nativos y policías en el Parque Héroes del Cenepa de Bagua Chica, justo en el mismo momento en el que se daba a conocer a la opinión pública el final feliz de un diálogo que da esperanza a los indígenas, pero enfrenta al Legislativo con el Ejecutivo.
El hecho ocurrió cuando miles de nativos que fueron desalojados del puente Corral Quemado en horas de la mañana por efectivos de la policía se congregaron en el mencionado parque para protestar por lo que consideraban un incumplimiento del general Víctor Castañeda Parrales del acuerdo firmado el día anterior.
Al promediar la una y media de la tarde, un volquete con 50 efectivos de la policía llegó al lugar con sus cascos, escudos y algunos fusiles, lo cual fue tomado como una provocación por los indígenas, quienes quisieron impedir su acceso a la plaza, originándose un violento choque. Los primeros hicieron uso del gas lacrimógeno e hicieron algunos disparos al aire y los nativos respondieron con sus lanzas.
El resultado fue siete indígenas y un policía (Jorge Guerrero Minao, de 24 años) heridos, este último de gravedad. Se debe precisar que los nativos recibieron el apoyo de pobladores de Bagua, quienes escucharon por radio el suceso y salieron a las calles para respaldarlos.
Durante una conferencia de prensa , en el instante de los actos violentos en Bagua, Pizango pidió el cese de las provocaciones, expresó su fe en el compromiso adoptado con el Congreso y exigió al Ejecutivo levantar el Estado de Emergencia.
El acuerdo, calificado como muy positivo por los dirigentes indígenas, no pudo sin embargo evitar el enfrentamiento entre nativos y policías en el Parque Héroes del Cenepa de Bagua Chica, justo en el mismo momento en el que se daba a conocer a la opinión pública el final feliz de un diálogo que da esperanza a los indígenas, pero enfrenta al Legislativo con el Ejecutivo.
El hecho ocurrió cuando miles de nativos que fueron desalojados del puente Corral Quemado en horas de la mañana por efectivos de la policía se congregaron en el mencionado parque para protestar por lo que consideraban un incumplimiento del general Víctor Castañeda Parrales del acuerdo firmado el día anterior.
Al promediar la una y media de la tarde, un volquete con 50 efectivos de la policía llegó al lugar con sus cascos, escudos y algunos fusiles, lo cual fue tomado como una provocación por los indígenas, quienes quisieron impedir su acceso a la plaza, originándose un violento choque. Los primeros hicieron uso del gas lacrimógeno e hicieron algunos disparos al aire y los nativos respondieron con sus lanzas.
El resultado fue siete indígenas y un policía (Jorge Guerrero Minao, de 24 años) heridos, este último de gravedad. Se debe precisar que los nativos recibieron el apoyo de pobladores de Bagua, quienes escucharon por radio el suceso y salieron a las calles para respaldarlos.
Durante una conferencia de prensa , en el instante de los actos violentos en Bagua, Pizango pidió el cese de las provocaciones, expresó su fe en el compromiso adoptado con el Congreso y exigió al Ejecutivo levantar el Estado de Emergencia.
ASAMBLEA EN EL SUR
Mientras las negociaciones en Lima llegaban a buen puerto y en el norte la violencia seguía, en el sur el choque sólo fue verbal.
Entre las 10 a.m. y las 3 p.m., cerca de 40 dirigentes nativos del Bajo Urubamba pronunciaron discursos en contra del gobierno en una reunión de emergencia en la comunidad de Camisea de la selva cusqueña. Todos exigían la derogatoria de los decretos 1015 y 1073.
Hasta ese momento las bases se inclinaban por continuar con la medida de fuerza "hasta el final" y no dar una tregua de 10 días al gobierno. Ésta había sido propuesta, en un enlace telefónico con una emisora local, por el presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru),Walter Categari, adscrito a Aidesep.
"Si no hay resultados, seguiremos luchando", dijo el jefe de la comunidad de Puerto Rico, Percy Shinchicoa. "El indígena lucha hasta el final, para nosotros no hay tiempo", agregó Ángel Díaz, comunero de Nuevo Mundo. Los asistentes pertenecían en su mayoría a Comaru y la Central de Comunidades Nativas Machiguengas (Ceconama), de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).
Recién cuando a las 3 y 30 de la tarde recibieron de manos del coordinador de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol para el proyecto Camisea, José Palomares, una copia del acta suscrita entre Aidesep y el titular del Congreso, los nativos aceptaron levantar la huelga.
"Ya con esta acta dejaremos pasar las embarcaciones", manifestó el presidente de la comunidad de Kirigueti, Lucio Abral Turco, comprometiéndose a liberar el tránsito fluvial.
Precisamente desde el 9 de agosto, día en que se inició la huelga, seis embarcaciones de Pluspetrol se encontraban varadas a la altura de la comunidad Nuevo Día en el Bajo Urubamba, y se suspendieron las actividades del lote 56 de Camisea tras un acuerdo entre nativos y la empresa. En esta localidad el paro no tuvo heridos.
La jornada concluyó con la firma de un acta en la que no sólo se acepta levantar la huelga, sino también formar un comité de lucha para adoptar protestas si no se atiende el reclamo indígena, así como coordinar con Pluspetrol la suspensión de las operaciones de la planta Malvinas, en donde se procesa el gas de Camisea.
Mientras las negociaciones en Lima llegaban a buen puerto y en el norte la violencia seguía, en el sur el choque sólo fue verbal.
Entre las 10 a.m. y las 3 p.m., cerca de 40 dirigentes nativos del Bajo Urubamba pronunciaron discursos en contra del gobierno en una reunión de emergencia en la comunidad de Camisea de la selva cusqueña. Todos exigían la derogatoria de los decretos 1015 y 1073.
Hasta ese momento las bases se inclinaban por continuar con la medida de fuerza "hasta el final" y no dar una tregua de 10 días al gobierno. Ésta había sido propuesta, en un enlace telefónico con una emisora local, por el presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru),Walter Categari, adscrito a Aidesep.
"Si no hay resultados, seguiremos luchando", dijo el jefe de la comunidad de Puerto Rico, Percy Shinchicoa. "El indígena lucha hasta el final, para nosotros no hay tiempo", agregó Ángel Díaz, comunero de Nuevo Mundo. Los asistentes pertenecían en su mayoría a Comaru y la Central de Comunidades Nativas Machiguengas (Ceconama), de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).
Recién cuando a las 3 y 30 de la tarde recibieron de manos del coordinador de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol para el proyecto Camisea, José Palomares, una copia del acta suscrita entre Aidesep y el titular del Congreso, los nativos aceptaron levantar la huelga.
"Ya con esta acta dejaremos pasar las embarcaciones", manifestó el presidente de la comunidad de Kirigueti, Lucio Abral Turco, comprometiéndose a liberar el tránsito fluvial.
Precisamente desde el 9 de agosto, día en que se inició la huelga, seis embarcaciones de Pluspetrol se encontraban varadas a la altura de la comunidad Nuevo Día en el Bajo Urubamba, y se suspendieron las actividades del lote 56 de Camisea tras un acuerdo entre nativos y la empresa. En esta localidad el paro no tuvo heridos.
La jornada concluyó con la firma de un acta en la que no sólo se acepta levantar la huelga, sino también formar un comité de lucha para adoptar protestas si no se atiende el reclamo indígena, así como coordinar con Pluspetrol la suspensión de las operaciones de la planta Malvinas, en donde se procesa el gas de Camisea.
EL DATO
Primer paso. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Beatriz Merino, la Defensora del Pueblo, contra el artículo único del DL Nº 1015, publicado el 20 de mayo del 2008 en el diario oficial El Peruano, referido a la unificación de los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de la costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.Está en manos del Congreso
1] Este viernes los 120 parlamentarios que integran el Pleno del Congreso decidirán, previo debate, si finalmente los decretos legislativos 1015 y 1073 son derogados, como ya ha decidido la comisión de Pueblos Amazónicos y esperan los miles de indígenas de la selva, o no, como desea el Ejecutivo.
Primer paso. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Beatriz Merino, la Defensora del Pueblo, contra el artículo único del DL Nº 1015, publicado el 20 de mayo del 2008 en el diario oficial El Peruano, referido a la unificación de los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y la selva con las de la costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.Está en manos del Congreso
1] Este viernes los 120 parlamentarios que integran el Pleno del Congreso decidirán, previo debate, si finalmente los decretos legislativos 1015 y 1073 son derogados, como ya ha decidido la comisión de Pueblos Amazónicos y esperan los miles de indígenas de la selva, o no, como desea el Ejecutivo.
2] Todo parece indicar que los textos legales serán finalmente derogados, ya que todas las bancadas, menos la del Apra, se han expresado contra estas normas. Incluso el Grupo Parlamentario Fujimorista, que habitualmente vota como el gobierno, ya ha anunciado que considera los decretos un atentado contra las comunidades nativas, por lo que votará "definitivamente" por la derogatoria de tales normas.
3] Sólo queda por ver cómo votarán los apristas, quienes dijeron que no se pronunciarán hasta no reunirse para tomar una decisión. Javier Velásquez Quesquén, el presidente del Congreso, defendió por la mañana la labor independiente del Congreso, pero no quiso responder al presidente Alan García, quien calificó su decisión como un error histórico.
4] Ayer la congresista Mercedes Cabanillas dijo que la intervención del Parlamento sólo se dio para ayudar a la solución del conflicto con los indígenas.
La República, 21/08/2008
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