Alerta, lector: frente a la crisis generada por una cúpula de dudosa representatividad indígena, el Congreso cedió, de modo penoso, a las presiones y derogó las normas propuestas por el Ejecutivo para modernizar la propiedad de la tierra y el uso racional de la Amazonía, lo que lo convierte en cómplice de condenar a millones de compatriotas a la miseria y la exclusión.
El Gobierno, vía delegación de facultades legislativas, había producido un nuevo marco legal que rompe el statu quo injusto y elitista de las comunidades campesinas y de las llamadas etnias originarias, a las que no se debe menospreciar, pero tampoco idealizar.
Sus dirigentes apelan a discutibles razones históricas para preservar la posesión de vastas zonas del territorio patrio, donde imponen el derecho consuetudinario por encima, en muchos aspectos, de la propia Constitución.
Un punto crucial es, por ejemplo, que los comuneros no pueden disponer de la tierra, salvo consensos literalmente imposibles. Eso lleva a que, como el perro del hortelano, esos espacios no puedan ser explotados racionalmente y facilita el enquistamiento de cúpulas usualmente no democráticas, muchas veces vinculadas a sectores de izquierda extrema, cuestionables ONG e inclusive movimientos supranacionales abiertamente confrontados con el concepto esencial del Estado-nación.
Por ello, cuando el Gobierno planteó que la tierra comunal pudiera ser dispuesta vía asambleas con mayoría calificada, miles de indígenas y otros fueron movilizados violentamente, so pretexto de que se quiere 'privatizar' la Amazonía y que se está atentando contra la 'cosmovisión' tradicional. En consecuencia, se tuvo que decretar el estado de emergencia para impedir que la violencia desestabilice el régimen democrático.
La propuesta de esas cúpulas levantiscas implica, además, que millones de compatriotas sigan de espaldas a la modernidad, la globalización y modelos integradores como el TLC. Eso forma parte de una estrategia internacional alentada por coordinadoras que trabajan activamente en organismos como la OEA y la ONU para plasmar 'territorios autonómicos' y 'naciones independientes' dentro de países soberanos como el Perú. Así, ahora mismo hay un diseño disgregador que se está tramando en nuestra frontera con Ecuador y Colombia.
Como referencia, sépase que un informe sobre proyecciones al 2020 publicado por el National Intelligence Council (NIC) de Estados Unidos hace seis años advertía que "la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados hará tambalear los estados y pondrá en serio riesgo la seguridad regional". Coincidentemente, los casos en curso en México, Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros, demuestran el riesgo de avanzar hacia modelos balcanizantes.
Por supuesto que deben atenderse los verdaderos intereses indígenas, pero no caben titubeos ni romanticismos para frenar a los disgregadores de la nación peruana, que debe mantener una sola cosmovisión: integrarse al mundo preservando su identidad dentro de la unidad. Por eso oigamos lo que dice el ministro Antonio Brack respecto a que tras el lío presente hay intereses políticos (claramente humalistas); y, reconvengamos a quienes, como algunos socialcristianos, dentro y fuera del Congreso, pueden incautamente estar apoyando la claudicación del Estado modernizante dentro de la democracia. Cada grupo tiene que asumir responsabilidad por lo que hace o deja de hacer en este trance delicado de la democracia y el desarrollo nacional.
El Gobierno, vía delegación de facultades legislativas, había producido un nuevo marco legal que rompe el statu quo injusto y elitista de las comunidades campesinas y de las llamadas etnias originarias, a las que no se debe menospreciar, pero tampoco idealizar.
Sus dirigentes apelan a discutibles razones históricas para preservar la posesión de vastas zonas del territorio patrio, donde imponen el derecho consuetudinario por encima, en muchos aspectos, de la propia Constitución.
Un punto crucial es, por ejemplo, que los comuneros no pueden disponer de la tierra, salvo consensos literalmente imposibles. Eso lleva a que, como el perro del hortelano, esos espacios no puedan ser explotados racionalmente y facilita el enquistamiento de cúpulas usualmente no democráticas, muchas veces vinculadas a sectores de izquierda extrema, cuestionables ONG e inclusive movimientos supranacionales abiertamente confrontados con el concepto esencial del Estado-nación.
Por ello, cuando el Gobierno planteó que la tierra comunal pudiera ser dispuesta vía asambleas con mayoría calificada, miles de indígenas y otros fueron movilizados violentamente, so pretexto de que se quiere 'privatizar' la Amazonía y que se está atentando contra la 'cosmovisión' tradicional. En consecuencia, se tuvo que decretar el estado de emergencia para impedir que la violencia desestabilice el régimen democrático.
La propuesta de esas cúpulas levantiscas implica, además, que millones de compatriotas sigan de espaldas a la modernidad, la globalización y modelos integradores como el TLC. Eso forma parte de una estrategia internacional alentada por coordinadoras que trabajan activamente en organismos como la OEA y la ONU para plasmar 'territorios autonómicos' y 'naciones independientes' dentro de países soberanos como el Perú. Así, ahora mismo hay un diseño disgregador que se está tramando en nuestra frontera con Ecuador y Colombia.
Como referencia, sépase que un informe sobre proyecciones al 2020 publicado por el National Intelligence Council (NIC) de Estados Unidos hace seis años advertía que "la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados hará tambalear los estados y pondrá en serio riesgo la seguridad regional". Coincidentemente, los casos en curso en México, Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros, demuestran el riesgo de avanzar hacia modelos balcanizantes.
Por supuesto que deben atenderse los verdaderos intereses indígenas, pero no caben titubeos ni romanticismos para frenar a los disgregadores de la nación peruana, que debe mantener una sola cosmovisión: integrarse al mundo preservando su identidad dentro de la unidad. Por eso oigamos lo que dice el ministro Antonio Brack respecto a que tras el lío presente hay intereses políticos (claramente humalistas); y, reconvengamos a quienes, como algunos socialcristianos, dentro y fuera del Congreso, pueden incautamente estar apoyando la claudicación del Estado modernizante dentro de la democracia. Cada grupo tiene que asumir responsabilidad por lo que hace o deja de hacer en este trance delicado de la democracia y el desarrollo nacional.
El Comercio, 23/08/2008
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