Frente al panorama aún incierto sobre la suerte final de los decretos legislativos 1015 y 1073, el presidente Alan García planteó ayer una alternativa que, según su perspectiva, eliminará el temor expresado por las comunidades nativas amazónicas. Mediante una declaración oficial escrita, el mandatario propuso “dejar en 66% (de votos de la Asamblea General de la Comunidad) la decisión de transferencia o venta definitiva (de los terrenos), y permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%”.
Aunque reconoció la buena intención de los congresistas al derogar los decretos, aclaró que existe un mejor camino para el desarrollo de las comunidades nativas, que sería –según su posición– hacer una precisión respecto de las comunidades de la sierra. “Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los Andes, pero por error o confusión se 'amazonizó’ la idea, involucrando a nativos cuyas comunidades no tienen los cuatro siglos de las de la sierra y que responden a otra realidad”, indicó García, quien añadió que no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado, pues “ello solo mantiene el atraso y la miseria”.
Este pronunciamiento presidencial se produjo después de que el premier Jorge del Castillo adelantara que el Gobierno no promulgará la ley de derogatoria aprobada por el Parlamento y que, más bien, optaría por observar la norma para abrir el diálogo.
META INALCANZABLE. Esto parece ir de la mano con la propuesta del presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, de aprovechar los 15 días de plazo que tiene el Gobierno para promulgar o devolver la ley al Congreso para consensuar posiciones.
Por su parte, el presidente del Legislativo, Javier Velásquez, anunció la formación de una comisión multipartidaria que viajará el viernes a Amazonas para analizar la problemática integral de las comunidades nativas y encontrar soluciones. Menos optimista, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, expresó su temor de que no se logre reducir la pobreza a 30% hasta el año 2010 si se derogan los decretos 1015 y 1073.
LA SIERRA SE CALIENTA. Pero, mientras el Gobierno se mantiene en su posición, las protestas que se desataron la semana pasada podrían trasladarse ahora a la sierra. La alerta la dio ayer el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, quien emplazó al Legislativo a que derogue “todos los decretos que son discriminatorios y privatizadores, particularmente el 1020 y el 1064, que son los más peligrosos”, y advirtió al Ejecutivo que, le guste o no, saldrán a protestar si no los escuchan.
“Al Gobierno le ha molestado la protesta de las comunidades nativas de la selva, pero, le guste o no, estamos preparando nuestras medidas de lucha y vamos a levantarnos. Si no van a retroceder, nosotros tampoco lo haremos. La sierra rechaza rotundamente esos decretos y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, aseguró.
Antolín Huáscar señaló que las comunidades campesinas se rigen por la Ley de Comunidades Campesinas 24656, y no por la Ley de Tierras 26505, dada durante el fujimorato.
A LA LUCHA. El dirigente de la CNA informó que, en acatamiento al acuerdo tomado el 12 de este mes, el 20 y 21 de setiembre se realizará en Puno una convención de la macrorregión sur, a la que asistirán delegaciones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Apurímac. Días después se reunirá la macrorregión centro en Cerro de Pasco y la macrorregión norte en Piura. La convención nacional, en la que decidirán si se van a no a un paro, se hará en Lima el 12 de octubre.
Perú.21, 26/08/2008
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