La idea de que las comunidades nativas “pongan en valor” sus tierras, es decir, que las puedan vender o hipotecar, aparece como centro del discurso modernizador del Gobierno, de sectores empresariales y de varios medios de comunicación. La tesis es que para una comunidad nativa negociar con las tierras es lo mismo que para los citadinos hacerlo con un departamento en Miraflores, una casa o un terreno saneado por Cofopri en algún cono de Lima. Los adalides de la modernización autoritaria se resisten a reparar en que para una comunidad nativa el riesgo de quedarse sin tierras equivale a poner en juego su desaparición como colectividad con una determinada identidad cultural, idioma incluido. Por eso los decretos cuestionados despiertan temores y suspicacias, a la vez que dan lugar a tan grande e inusual unidad, desde Madre de Dios hasta Amazonas.
La propuesta de modernización enarbolada por el Gobierno lleva implícita la antigua convicción de que la mejor manera de integrarse al mercado y conquistar derechos es hacerlo de forma estrictamente individual, ignorando que la mayor parte terminarán como migrantes pobres y desarraigados en una ciudad pequeña, mediana o grande, o, en el caso de unos cuantos, como jornaleros de las empresas petroleras o forestales.
Para este tipo de modernización, la gran inversión es, en todo tiempo y lugar, promotora del desarrollo y finalmente de civilización. Por eso, el presidente Alan García, siempre de acuerdo con su teoría del “perro del hortelano”, dice estar convencido de que es la única manera de sacar a los nativos amazónicos de su atraso decimonónico.En el caso particular del Apra, además, quizá por su origen social más que por su doctrina primigenia, hay resistencia a aceptar que los Estados modernos y democráticos –no los Estados-nación de los siglos XVIII, XIX y parte del XX– tienen como uno de sus pilares el reconocimiento de la diversidad cultural, y no su homogeneización de carácter mestizo y, finalmente, criollo.
El desarrollo integral, sostenible y autónomo de los pueblos amazónicos, en el marco del fortalecimiento de la comunidad nacional, es un desafío complejo. ¿Cómo desarrollar una estrategia que no parta del supuesto de considerar que el bosque amazónico es solo fuente de petróleo y madera? Es de esperar que, en lugar de revanchas desde el Poder Ejecutivo, se abra un espacio para el debate y el diálogo, en especial con los peruanos directamente involucrados. Los gobiernos regionales, sobre todo del Oriente, tienen una importante y directa responsabilidad que no deben evadir.
Perú.21, 24/08/2008
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