Dirigentes acordaron solicitar a Pluspetrol la suspensión de las operaciones de planta Malvinas que abastece de gas a Lima.
En el sur del país, la protesta indígena tuvo su epicentro en 22 comunidades del Bajo Urubamba, en la selva cusqueña. Aunque no tuvo el protagonismo mediático de las movilizaciones en Bagua que estuvieron salpicadas de enfrentamientos, en esta parte de la Amazonía los nativos exigen con la misma fuerza y argumentación la derogatoria de los polémicos decretos legislativos 1015 y 1073 por considerar que vulneran sus territorios y, por lo tanto, la herencia de sus hijos.
El reclamo sigue en pie. El acuerdo de levantar el paro en la zona luego de que en Lima se consiguiera un compromiso del Legislativo para debatir la derogatoria de las normas cuestionadas es, en el fondo, solo una tregua en un combate cuerpo a cuerpo que está latente.
El pueblo machiguenga que domina el Bajo Urubamba sabe que tiene posibilidades de presionar al ubicarse en un área sumamente estratégica: en la zona operan los lotes 56 y 88 del proyecto Camisea que explota Pluspetrol y en esa jurisdicción se ubica nada menos que la planta Malvinas, en la que se procesa el gas natural que se distribuye a Lima.
Por eso en el acta suscrita el miércoles en la comunidad Camisea para suspender las protestas hay una clara advertencia: el comité de lucha del Bajo Urubamba coordinará acciones de fuerza a tomar si no atienden sus reclamos, entre ellas dialogar con Pluspetrol para suspender las operaciones de Malvinas.
"Somos un pueblo pacífico, pero si nos provocan reaccionamos", dijo el vicepresidente del Consejo Machiguenga del río Urubamba (Comaru), Cristóbal Ríos, luego de enseñar como prueba de sus declaraciones un documento en el que la comunidad de Shivancoreni acordó tomar sin violencia las plataformas de Pagoreni A y Pagoreni B, donde se ubica el lote 56 de Camisea.
Por esa decisión, se dispuso el traslado de diez indígenas al lugar para garantizar que la empresa paralice sus operaciones desde el 11 de agosto.
El reclamo sigue en pie. El acuerdo de levantar el paro en la zona luego de que en Lima se consiguiera un compromiso del Legislativo para debatir la derogatoria de las normas cuestionadas es, en el fondo, solo una tregua en un combate cuerpo a cuerpo que está latente.
El pueblo machiguenga que domina el Bajo Urubamba sabe que tiene posibilidades de presionar al ubicarse en un área sumamente estratégica: en la zona operan los lotes 56 y 88 del proyecto Camisea que explota Pluspetrol y en esa jurisdicción se ubica nada menos que la planta Malvinas, en la que se procesa el gas natural que se distribuye a Lima.
Por eso en el acta suscrita el miércoles en la comunidad Camisea para suspender las protestas hay una clara advertencia: el comité de lucha del Bajo Urubamba coordinará acciones de fuerza a tomar si no atienden sus reclamos, entre ellas dialogar con Pluspetrol para suspender las operaciones de Malvinas.
"Somos un pueblo pacífico, pero si nos provocan reaccionamos", dijo el vicepresidente del Consejo Machiguenga del río Urubamba (Comaru), Cristóbal Ríos, luego de enseñar como prueba de sus declaraciones un documento en el que la comunidad de Shivancoreni acordó tomar sin violencia las plataformas de Pagoreni A y Pagoreni B, donde se ubica el lote 56 de Camisea.
Por esa decisión, se dispuso el traslado de diez indígenas al lugar para garantizar que la empresa paralice sus operaciones desde el 11 de agosto.
Conversamos con la empresa y dijeron que suspenderían todo para no provocarnos. No los hemos atacado con flechas como dicen en Lima", agregó Ríos. Junto a él, cerca de 40 dirigentes reunidos ese miércoles en la comunidad Camisea en una asamblea de emergencia para analizar el escenario del conflicto exigían la presencia de la prensa para contar su versión.
"¿Quién no protesta cuando tocan tus cosas, cuando el gobierno quiere vender tu territorio? Como avispa, debes reaccionar; no vas a estar calladito", dijo Ángel Díaz, de Nuevo Mundo, y ex presidente de la Central de Comunidades Nativas Machigengas (Ceconama).
"Si no hay derogatoria de los decretos, pediremos que la empresa nos apoye paralizando dos o tres días la planta. Solo así el gobierno puede sentir nuestro reclamo", señaló en la asamblea el vicepresidente de la comunidad Camisea, Leonidas Arroyo, ante la presencia del encargado de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol para el proyecto Camisea, José Palomares.
"¿Quién no protesta cuando tocan tus cosas, cuando el gobierno quiere vender tu territorio? Como avispa, debes reaccionar; no vas a estar calladito", dijo Ángel Díaz, de Nuevo Mundo, y ex presidente de la Central de Comunidades Nativas Machigengas (Ceconama).
"Si no hay derogatoria de los decretos, pediremos que la empresa nos apoye paralizando dos o tres días la planta. Solo así el gobierno puede sentir nuestro reclamo", señaló en la asamblea el vicepresidente de la comunidad Camisea, Leonidas Arroyo, ante la presencia del encargado de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol para el proyecto Camisea, José Palomares.
POR EL FUTURO
Algunos dirigentes incluso consideran que la suspensión debe durar entre 15 o 30 días.
En la reunión quedó claro que los dirigentes del Bajo Urubamba afiliados a las dos organizaciones indígenas del país, Aidesep y Conap, protestan porque los decretos fueron aprobados sin que el Ejecutivo considere la opinión de los indígenas a pesar de que se trata de normas que promueven la inversión privada en sus territorios ancestrales.
"Si aprueban esta ley, nuestros hijos, ¿dónde vivirán, ¿donde estará su futuro?", preguntó el vicepresidente de Shivankoreni, Roger Rivera, una interrogante que ronda sus cabezas y que al parecer anda lejos de los razonamientos del régimen aprista. Si algo queda claro tras las protestas es que esas normas no cuentan con viabilidad social.
La comunidad gasífera
Camisea es una comunidad de cerca de 500 pobladores, la más cercana a la planta Malvinas y la que sirvió de escenario a la asamblea de los dirigentes nativos del Bajo Urubamba el último miércoles. Es una de las 44 comunidades de toda la cuenca del Urubamba, e informaron en Pluspetrol que se benefician de una compensación económica de 4 millones de dólares por los trabajos de exploración gasífera y la construcción de las plataformas del lote 56.
El alcalde de Camisea, Remigio Ríos Vicente, informó a La República que, de dicho monto, a su pueblo le corresponde 200 mil soles que han decidido invertir principalmente en el alumbrado público. Por estos días, Pluspetrol ha iniciado una consultoría para ver la viabilidad técnica y económica del proyecto.
Por ahora, la comunidad tiene luz producida por un generador eléctrico a petróleo, entre 6 pm y 10 pm. Con lo que sí cuenta el 90% de familias es con baños con pisos de mayólicas y conexiones por los recursos del canon que recibe el distrito cusqueño de Echerate, al que pertenece este pueblo.
El temor por la contaminación de los ríos es latente, sin embargo, han optado por participar en el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario que exige el BID para el proyecto Camisea, antes que rechazar las operaciones de Pluspetrol como sucede en Loreto con el pueblo achuar donde opera un subsidiaria de la empresa.
Algunos dirigentes incluso consideran que la suspensión debe durar entre 15 o 30 días.
En la reunión quedó claro que los dirigentes del Bajo Urubamba afiliados a las dos organizaciones indígenas del país, Aidesep y Conap, protestan porque los decretos fueron aprobados sin que el Ejecutivo considere la opinión de los indígenas a pesar de que se trata de normas que promueven la inversión privada en sus territorios ancestrales.
"Si aprueban esta ley, nuestros hijos, ¿dónde vivirán, ¿donde estará su futuro?", preguntó el vicepresidente de Shivankoreni, Roger Rivera, una interrogante que ronda sus cabezas y que al parecer anda lejos de los razonamientos del régimen aprista. Si algo queda claro tras las protestas es que esas normas no cuentan con viabilidad social.
La comunidad gasífera
Camisea es una comunidad de cerca de 500 pobladores, la más cercana a la planta Malvinas y la que sirvió de escenario a la asamblea de los dirigentes nativos del Bajo Urubamba el último miércoles. Es una de las 44 comunidades de toda la cuenca del Urubamba, e informaron en Pluspetrol que se benefician de una compensación económica de 4 millones de dólares por los trabajos de exploración gasífera y la construcción de las plataformas del lote 56.
El alcalde de Camisea, Remigio Ríos Vicente, informó a La República que, de dicho monto, a su pueblo le corresponde 200 mil soles que han decidido invertir principalmente en el alumbrado público. Por estos días, Pluspetrol ha iniciado una consultoría para ver la viabilidad técnica y económica del proyecto.
Por ahora, la comunidad tiene luz producida por un generador eléctrico a petróleo, entre 6 pm y 10 pm. Con lo que sí cuenta el 90% de familias es con baños con pisos de mayólicas y conexiones por los recursos del canon que recibe el distrito cusqueño de Echerate, al que pertenece este pueblo.
El temor por la contaminación de los ríos es latente, sin embargo, han optado por participar en el Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario que exige el BID para el proyecto Camisea, antes que rechazar las operaciones de Pluspetrol como sucede en Loreto con el pueblo achuar donde opera un subsidiaria de la empresa.
La República, 22/08/2008
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