Como era de esperarse, la decisión del Congreso de derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 que facilitaban la inversión privada en las tierras indígenas ha sido duramente cuestionada por los empresarios, sobre todo porque consideran que se cedió ante la presión de actos de violencia.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Jaime Cáceres Sayán, el Parlamento ha dado paso a una anarquía porque ha cedido ante la presión de la fuerza y de la violencia.
"Un Congreso y un gobierno no pueden ni deben aceptar la presión de la fuerza, el bloqueo de vías y atentados contra la propiedad pública y privada. Ahora esperamos que esto no sea el inicio de la derogatoria de otras normas", señaló.
De ser así, sostuvo que la Ley de la Selva se extendería en todo el país, lo que sería inaceptable y significaría la pérdida de la autoridad total.
Cáceres Sayán consideró que este hecho sí afecta la imagen del país hacia el exterior porque no son buenas señales que haya un Congreso que cede ante presiones de violencia.
Minorías Por su parte, el ex presidente de la Confiep y empresario minero Roque Benavides consideró que el Congreso, en el fondo, le ha dado la razón a los miembros de las comunidades nativas que viven en las grandes ciudades, los que ahora tienen un derecho a veto en la decisión de aquellos grupos que están muy alejados.
Se ha regresado a una suerte de derecho de veto de las minorías, remarcó.
Correo, 24/08/2008
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