El pleno del Congreso derogó ayer los decretos legislativos 1015 y 1073 que facilitan la venta de las tierras de las comunidades nativas e indígenas y que fueron elaborados por orden del presidente Alan García gracias a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. El dictamen de la derogatoria de los decretos legislativos ‘anticomunidades’ fue aprobado por 66 votos a favor y 29 en contra, sin abstenciones.
La noticia fue recibida con júbilo por los dirigentes nativos que asistieron al hemiciclo del Congreso. Dijeron que la derogatoria de los decretos enmienda, de alguna manera, el grave error en que incurrió el presidente García al no poner en consulta previa a las mencionadas normas.
El dictamen aprobado dispone restituir los artículos 10 y 11 de la Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
Dichos artículos establecen que para ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales de la sierra y la selva es indispensable el acuerdo de la asamblea general de la comunidad con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos sus miembros, es decir, más de 66 por ciento.Durante el debate, los representantes del Partido Nacionalista criticaron con dureza los decretos que, según indicaron, fueron dictados a espaldas de las comunidades nativas y que estas normas, entre otras cosas, permiten que las grandes empresas transnacionales puedan comprar tierras de las comunidades con la aprobación del 50% más uno en una asamblea comunal.
Por su parte, el congresista aprista Mauricio Mulder dijo que la aprobación del dictamen que deroga los decretos es un acto de discriminación. “¿Quién puede dar un argumento válido para decir que los de la sierra deben decidir con 66 por ciento y los de la costa con 51 por ciento?”, preguntó el legislador, a tiempo de deslizar la posibilidad de que el presidente García observe el dictamen.
La Primera, 23/08/2008
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