Lo increíble es que los famosos decretos legislativos 1015 y 1076 que facilitan la disposición de las tierras de las comunidades, no se aplican a las comunidades nativas de la selva en lo que a venta de sus tierras se refiere, por la sencilla razón de que la gran mayor parte del área de esas comunidades son bosques, es decir, recursos naturales, y, según el artículo 66 de la Constitución, los recursos naturales son patrimonio de la nación. Es decir, las comunidades nativas no podrían venderlos. Ellas, según la ley, reciben las tierras en uso, pero no en propiedad.
Aparentemente, entonces, quienes formularon estos decretos legislativos se olvidaron de este importante detalle. Lo curioso es que los dirigentes de las comunidades también están actuando como si ellas fuesen propietarias absolutas de sus tierras. Es que eso y mucho más es, en realidad, lo que exigen. Existe una estrategia internacional orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no solo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos. Es decir, a la determinación de 'territorios étnicos' que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con lo que se afectaría gravemente la soberanía nacional en un asunto vital para el desarrollo y la seguridad del país.
Esta estrategia, explicitada por el abogado español Pedro García Hierro, asesor de Aidesep, en un documento elaborado en 1992 a solicitud de la ONG IBIS-Dinamarca, recomienda, entre otras cosas, por ejemplo, precisamente la vinculación conceptual entre territorio y nacionalidad, con claras referencias a la exclusión de la acción ordenadora del Estado, así como un trabajo de concientización de las comunidades a fin de que posean capacidad de movilización, y trabajar en una consolidación interétnica que permita presentar propuestas unitarias y sin fisuras. Es decir, un verdadero programa político, que se expresó, por ejemplo, en la formulación del "Plan de vida para el pueblo achuar" (2006), elaborado con el apoyo de varias ONG, que exige respetar los acuerdos de los congresos achuares y de otros pueblos indígenas vecinos como los huambisas, candoshis y quichuas del Pastaza, de no aceptar la entrada de empresas petroleras, madereras y mineras.
No es casualidad entonces, que en los dos últimos años se hayan tomado en varias ocasiones las instalaciones petroleras en Andoas y se hayan secuestrado a funcionarios públicos y privados e incluso dado muerte a un policía, y que se hayan desarrollado medidas de fuerza similares en otras regiones hidrocarburíferas, amenazando con inutilizar el "esqueleto energético" del país, como lo ha denominado José Chlimper.
Esos graves propósitos no están avalados ni siquiera por convenio 169 de la OIT ni por la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se establece claramente que las comunidades nativas tienen derecho a ser consultadas sobre la explotación de ese tipo de recursos, pero no tienen derecho a veto. Lo que debe quedar claro sin duda alguna.
Aparentemente, entonces, quienes formularon estos decretos legislativos se olvidaron de este importante detalle. Lo curioso es que los dirigentes de las comunidades también están actuando como si ellas fuesen propietarias absolutas de sus tierras. Es que eso y mucho más es, en realidad, lo que exigen. Existe una estrategia internacional orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no solo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos (son alrededor de 1.400 comunidades y solo 42 grupos étnico-lingüísticos) e incluso de conjuntos de grupos étnicos. Es decir, a la determinación de 'territorios étnicos' que podrían incluso extenderse a uno y otro lado de las fronteras con Ecuador (la nación jíbara-ashuares, quichuas y otros) y con Bolivia (la nación aimara), y en los cuales las regulaciones del Estado nacional sobre explotación de hidrocarburos y otros recursos no se aplicarían, pues se trataría de territorios autónomos. Con lo que se afectaría gravemente la soberanía nacional en un asunto vital para el desarrollo y la seguridad del país.
Esta estrategia, explicitada por el abogado español Pedro García Hierro, asesor de Aidesep, en un documento elaborado en 1992 a solicitud de la ONG IBIS-Dinamarca, recomienda, entre otras cosas, por ejemplo, precisamente la vinculación conceptual entre territorio y nacionalidad, con claras referencias a la exclusión de la acción ordenadora del Estado, así como un trabajo de concientización de las comunidades a fin de que posean capacidad de movilización, y trabajar en una consolidación interétnica que permita presentar propuestas unitarias y sin fisuras. Es decir, un verdadero programa político, que se expresó, por ejemplo, en la formulación del "Plan de vida para el pueblo achuar" (2006), elaborado con el apoyo de varias ONG, que exige respetar los acuerdos de los congresos achuares y de otros pueblos indígenas vecinos como los huambisas, candoshis y quichuas del Pastaza, de no aceptar la entrada de empresas petroleras, madereras y mineras.
No es casualidad entonces, que en los dos últimos años se hayan tomado en varias ocasiones las instalaciones petroleras en Andoas y se hayan secuestrado a funcionarios públicos y privados e incluso dado muerte a un policía, y que se hayan desarrollado medidas de fuerza similares en otras regiones hidrocarburíferas, amenazando con inutilizar el "esqueleto energético" del país, como lo ha denominado José Chlimper.
Esos graves propósitos no están avalados ni siquiera por convenio 169 de la OIT ni por la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se establece claramente que las comunidades nativas tienen derecho a ser consultadas sobre la explotación de ese tipo de recursos, pero no tienen derecho a veto. Lo que debe quedar claro sin duda alguna.
El Comercio, 22/08/2008
1 comentario:
Es una pena que ALthaus sea tan vendido a las trasnacionales petroleras. Francamente lo declararía una verguenza de la antropología nacional, porque eso estudio en la católica este fujimorista que salto como las ratas del barco y en el último momento. ¿Se acuerdan cuando le olía los pedos a Fuji de cable canal de noticias? O sea que recibiste plata de la mafia
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