Descarta que el Ejecutivo promulgue derogatoria de decretos 1015 y 1073. Los conflictos sociales se duplicaron en el último año. En la selva hay 65 pueblos indígenas agrupados en 1.450 comunidades. Atención: ley de pesca y canon de Moquegua podrían generar problemas.
La pregunta quedó en el aire el último viernes tras la derogatoria en el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073 (referidos al porcentaje de votación para decidir la enajenación de tierras campesinas en la selva y la sierra). ¿Promulgaría el Ejecutivo la ley que determina la derogatoria? El primer ministro, Jorge del Castillo, solo atinó a decir ese día que se evaluará el tema.
Como para alimentar más la expectativa, el presidente Alan García optó ayer por mantener la agenda pública en blanco. Sin embargo, el jefe del Gabinete dijo un poco más en declaraciones a la agencia Andina: "Considero que esa posibilidad está casi descartada. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos".
Del Castillo precisó que legalmente el Ejecutivo tenía tres opciones: promulgar la norma (ya descartado), observarla o no hacer nada y dejar que el Parlamento la promulgue.
"No hemos decidido todavía cuál opción se tomará. De hecho, no estamos de acuerdo con la derogatoria; así que difícilmente la vamos a promulgar", reiteró, a la vez que recordó que tienen por ley un plazo de 15 días para analizar y decidir al respecto.
EL DIÁLOGO VAConsultado horas después por este Diario, el presidente del Consejo de Ministros indicó que el Gobierno se reunirá con la dirigencia de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la cual envió el pasado martes una carta al Gobierno, en la que solicita audiencia con una mesa multisectorial. Esta asociación, presidida por Alberto Pizango, fue la principal promotora de la medida de fuerza acatada los últimos días.
"Nosotros vamos a continuar el diálogo y el ministro del Ambiente, Antonio Brack, estará encargado del tema. En su momento se les citará y se tomará una decisión. Recién vamos a empezar a hablar", manifestó.
Pizango comentó a El Comercio que si bien aún no reciben respuesta formal del Ejecutivo, confían en ser recibidos por representantes ministeriales que tengan capacidad de decisión. Horas antes el dirigente había tenido palabras poco amables hacia el ministro Brack, el primer interlocutor que tuvo el Gobierno.
"No diríamos que ha perdido la confianza (Brack). Es que hay que hablar con el dueño del circo y no con los payasos. En este caso el Ejecutivo y nosotros tenemos la agenda de la plataforma de demandas que tienen los pueblos", expresó el dirigente.
Según Pizango, son ocho los puntos de su pliego de reclamos, entre ellos la reactivación del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), que el Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) vuelva a estar adscrito a la PCM y la creación de un fondo indígena para el desarrollo.
Pizango también insiste en pedir el retorno de la intangibilidad de sus territorios, como establecía la Constitución de 1979, en la que se consigna su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, así como los derechos colectivos. Esto fue corregido por la Carta Magna de 1993.
Sobre los porcentajes de votación para decidir sobre sus tierras, el dirigente nativo dijo que esta debía ser sobre la base del 100% en aras de la seguridad jurídica. Ante esto, Del Castillo recordó que hasta para elegir al presidente del Perú basta con superar el 50%.
Además de conversar con el Ejecutivo, la dirigencia nativa también participará en el trabajo que realice la comisión multipartidaria que se forme en el Congreso para buscar una solución a este problema. Ese fue el compromiso de su titular Javier Velásquez Quesquén.
Como para alimentar más la expectativa, el presidente Alan García optó ayer por mantener la agenda pública en blanco. Sin embargo, el jefe del Gabinete dijo un poco más en declaraciones a la agencia Andina: "Considero que esa posibilidad está casi descartada. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos".
Del Castillo precisó que legalmente el Ejecutivo tenía tres opciones: promulgar la norma (ya descartado), observarla o no hacer nada y dejar que el Parlamento la promulgue.
"No hemos decidido todavía cuál opción se tomará. De hecho, no estamos de acuerdo con la derogatoria; así que difícilmente la vamos a promulgar", reiteró, a la vez que recordó que tienen por ley un plazo de 15 días para analizar y decidir al respecto.
EL DIÁLOGO VAConsultado horas después por este Diario, el presidente del Consejo de Ministros indicó que el Gobierno se reunirá con la dirigencia de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la cual envió el pasado martes una carta al Gobierno, en la que solicita audiencia con una mesa multisectorial. Esta asociación, presidida por Alberto Pizango, fue la principal promotora de la medida de fuerza acatada los últimos días.
"Nosotros vamos a continuar el diálogo y el ministro del Ambiente, Antonio Brack, estará encargado del tema. En su momento se les citará y se tomará una decisión. Recién vamos a empezar a hablar", manifestó.
Pizango comentó a El Comercio que si bien aún no reciben respuesta formal del Ejecutivo, confían en ser recibidos por representantes ministeriales que tengan capacidad de decisión. Horas antes el dirigente había tenido palabras poco amables hacia el ministro Brack, el primer interlocutor que tuvo el Gobierno.
"No diríamos que ha perdido la confianza (Brack). Es que hay que hablar con el dueño del circo y no con los payasos. En este caso el Ejecutivo y nosotros tenemos la agenda de la plataforma de demandas que tienen los pueblos", expresó el dirigente.
Según Pizango, son ocho los puntos de su pliego de reclamos, entre ellos la reactivación del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), que el Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) vuelva a estar adscrito a la PCM y la creación de un fondo indígena para el desarrollo.
Pizango también insiste en pedir el retorno de la intangibilidad de sus territorios, como establecía la Constitución de 1979, en la que se consigna su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, así como los derechos colectivos. Esto fue corregido por la Carta Magna de 1993.
Sobre los porcentajes de votación para decidir sobre sus tierras, el dirigente nativo dijo que esta debía ser sobre la base del 100% en aras de la seguridad jurídica. Ante esto, Del Castillo recordó que hasta para elegir al presidente del Perú basta con superar el 50%.
Además de conversar con el Ejecutivo, la dirigencia nativa también participará en el trabajo que realice la comisión multipartidaria que se forme en el Congreso para buscar una solución a este problema. Ese fue el compromiso de su titular Javier Velásquez Quesquén.
EN PUNTOS
El pliego de reclamos bajo el brazo
Reactivación del PETT
Aidesep solicita reactivar el PETT. Ahora la titulación está en manos del Cofopri.
Rango ministerialTambién quieren que el Indepa vuelva a tener rango ministerial y esté adscrito a la PCM y no al Ministerio de la Mujer.
InterculturalidadExigen que los ministerios de Educación y Salud tengan un perfil intercultural. Asimismo, la creación de institutos superiores o universidades en los pueblos amazónicos.
Mejorar producciónUn fondo indígena para desarrollar la educación científica y otros proyectos alternativos. Ya no solo quieren vender materia prima sino también productos finales.
Sobre tierrasEl retorno de la intangibilidad de sus territorios.
ENFOQUE
Rango ministerialTambién quieren que el Indepa vuelva a tener rango ministerial y esté adscrito a la PCM y no al Ministerio de la Mujer.
InterculturalidadExigen que los ministerios de Educación y Salud tengan un perfil intercultural. Asimismo, la creación de institutos superiores o universidades en los pueblos amazónicos.
Mejorar producciónUn fondo indígena para desarrollar la educación científica y otros proyectos alternativos. Ya no solo quieren vender materia prima sino también productos finales.
Sobre tierrasEl retorno de la intangibilidad de sus territorios.
ENFOQUE
Medición de fuerzas
Más allá de la conveniencia o no de la derogatoria de los decretos legislativos y de los errores en los que el Ejecutivo incurrió al momento de abordar el tema, sería oportuno que el Gobierno reflexione sobre la 'goleada' del viernes en el Parlamento.
Argumentos más o argumentos menos, lo cierto es que en el Congreso se aglutinaron 66 votos para derogar dos decretos dados por el Poder Ejecutivo, contra 29 votos de la bancada de gobierno.
Estas cifras revelan el hecho de que cuando hay un objetivo claro y la oposición vota en bloque se da el resultado del que hemos sido testigos: el oficialismo más solo que nunca. Únicamente lo acompañaron los dos legisladores de Renovación Nacional, el partido del ministro Rafael Rey.
Ya sabemos que el Congreso solo ostenta el 9% de aceptación ciudadana, que es un Parlamento fragmentado, que los escándalos éticos y delitos cometidos por más de uno han alimentado el rechazo popular. Sin embargo, es claro también que han demostrado que son capaces de revertir una decisión del Gobierno y censurar --si así lo quisieran-- a más de un ministro o incluso bloquear cualquier reforma de fondo. Cuentan con 'votación calificada'.
Si el Ejecutivo ya cometió el error de no comunicar las leyes que afectan a comunidades específicas, que no insista en la equivocación de no oír señales tan evidentes como la dada el viernes por el Parlamento: que cuando quiere puede tener la sartén por el mango.
Argumentos más o argumentos menos, lo cierto es que en el Congreso se aglutinaron 66 votos para derogar dos decretos dados por el Poder Ejecutivo, contra 29 votos de la bancada de gobierno.
Estas cifras revelan el hecho de que cuando hay un objetivo claro y la oposición vota en bloque se da el resultado del que hemos sido testigos: el oficialismo más solo que nunca. Únicamente lo acompañaron los dos legisladores de Renovación Nacional, el partido del ministro Rafael Rey.
Ya sabemos que el Congreso solo ostenta el 9% de aceptación ciudadana, que es un Parlamento fragmentado, que los escándalos éticos y delitos cometidos por más de uno han alimentado el rechazo popular. Sin embargo, es claro también que han demostrado que son capaces de revertir una decisión del Gobierno y censurar --si así lo quisieran-- a más de un ministro o incluso bloquear cualquier reforma de fondo. Cuentan con 'votación calificada'.
Si el Ejecutivo ya cometió el error de no comunicar las leyes que afectan a comunidades específicas, que no insista en la equivocación de no oír señales tan evidentes como la dada el viernes por el Parlamento: que cuando quiere puede tener la sartén por el mango.
El Comercio, 24/08/2008
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