El debate sobre el régimen jurídico de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra sigue abierto. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en que no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 --aprobada el viernes pasado--, desde ayer la representación parlamentaria tiene en sus manos una propuesta que recoge el nuevo planteamiento que sobre el tema hizo el presidente Alan García la noche del lunes.
La iniciativa pertenece al congresista aprista y presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas Fernández, quien recoge los alcances presidenciales.
La propuesta contempla que se necesite el 66% del voto de todos los miembros de la comunidad para decidir la transferencia o venta definitiva de las tierras, pero que se permita la asociación, alquiler, 'joint venture' y otras modalidades con no menos del 50%.
"De esa manera se concilian los criterios", remarcó Vargas.
En el proyecto se establece la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, así como la modificación del artículo 10 y la resolución del artículo 11 de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), con la finalidad de establecer un quórum diferenciado para la transferencia de propiedad y otros actos de disposición de las tierras comunales.
"Esto permitirá a dichas comunidades acceder a los diferentes mecanismos de asociación para la inversión privada, pudiendo inclusive, de estar interesadas, intervenir de manera directa en determinado proyecto o, en su defecto, ceder parte de sus tierras con el objeto de obtener una contraprestación económica por el uso de las mismas por parte de inversionistas", reza el proyecto.
Vargas declaró que en el transcurso de hoy solicitará formalmente al Consejo Directivo del Parlamento --que es la instancia que define la agenda de temas que se verán en el pleno-- que su propuesta de ley sea exonerada del trámite previo de pasar por comisiones.
Si esta posición prosperase, el proyecto podría ser discutido por la representación parlamentaria mañana jueves en la sesión habitual del pleno.
GRUPO DE ENLACEMañana también se discutirá la formación de un grupo multipartidario que actuará como una especie de enlace para el diálogo con las comunidades. Este tendría carácter deliberativo, es decir, que no propondrá normas.
La idea primigenia es que lo deben integrar representantes de las ocho bancadas parlamentarias, aunque no se descarta que la tarea también pueda ser encargada a los miembros de la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ayer nombró una subcomisión con este mismo fin. "Reclamamos respeto", refiere representante de etniasFue directo. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, fue al grano cuando opinó acerca del cambio de actitud mostrado por el jefe del Estado, Alan García, en el tema de la posesión de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra.
"Nos parece que el Gobierno se sigue aferrando a su posición y no escucha a los pueblos amazónicos. Nosotros no reclamamos por un tema de porcentaje. Nosotros reclamamos respeto. Que nos escuchen y que cada vez que quieran legislar o tomar decisiones sobre las tierras comunales y ancestrales de la selva peruana, que conversen con nosotros pues siempre hemos estado abiertos al diálogo sincero", indicó.
Pizango reiteró que lo único que su organización y otras similares buscan es lograr que el Gobierno respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reiteró que ante su posición de dialogar, el Gobierno "hasta el momento no ha respondido".
La iniciativa pertenece al congresista aprista y presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas Fernández, quien recoge los alcances presidenciales.
La propuesta contempla que se necesite el 66% del voto de todos los miembros de la comunidad para decidir la transferencia o venta definitiva de las tierras, pero que se permita la asociación, alquiler, 'joint venture' y otras modalidades con no menos del 50%.
"De esa manera se concilian los criterios", remarcó Vargas.
En el proyecto se establece la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, así como la modificación del artículo 10 y la resolución del artículo 11 de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), con la finalidad de establecer un quórum diferenciado para la transferencia de propiedad y otros actos de disposición de las tierras comunales.
"Esto permitirá a dichas comunidades acceder a los diferentes mecanismos de asociación para la inversión privada, pudiendo inclusive, de estar interesadas, intervenir de manera directa en determinado proyecto o, en su defecto, ceder parte de sus tierras con el objeto de obtener una contraprestación económica por el uso de las mismas por parte de inversionistas", reza el proyecto.
Vargas declaró que en el transcurso de hoy solicitará formalmente al Consejo Directivo del Parlamento --que es la instancia que define la agenda de temas que se verán en el pleno-- que su propuesta de ley sea exonerada del trámite previo de pasar por comisiones.
Si esta posición prosperase, el proyecto podría ser discutido por la representación parlamentaria mañana jueves en la sesión habitual del pleno.
GRUPO DE ENLACEMañana también se discutirá la formación de un grupo multipartidario que actuará como una especie de enlace para el diálogo con las comunidades. Este tendría carácter deliberativo, es decir, que no propondrá normas.
La idea primigenia es que lo deben integrar representantes de las ocho bancadas parlamentarias, aunque no se descarta que la tarea también pueda ser encargada a los miembros de la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ayer nombró una subcomisión con este mismo fin. "Reclamamos respeto", refiere representante de etniasFue directo. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, fue al grano cuando opinó acerca del cambio de actitud mostrado por el jefe del Estado, Alan García, en el tema de la posesión de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra.
"Nos parece que el Gobierno se sigue aferrando a su posición y no escucha a los pueblos amazónicos. Nosotros no reclamamos por un tema de porcentaje. Nosotros reclamamos respeto. Que nos escuchen y que cada vez que quieran legislar o tomar decisiones sobre las tierras comunales y ancestrales de la selva peruana, que conversen con nosotros pues siempre hemos estado abiertos al diálogo sincero", indicó.
Pizango reiteró que lo único que su organización y otras similares buscan es lograr que el Gobierno respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reiteró que ante su posición de dialogar, el Gobierno "hasta el momento no ha respondido".
El Comercio, 27/08/2008
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