Tras varios días de protestas y tomas de locales, por fin el Estado desde Lima inicia el diálogo. Comunidades lo aceptan, pero no bajan la guardia ni liberan instalaciones tomadas.
Triunfo nativo, al menos inicialmente. Tras cuatro días de movilizaciones y toma de estaciones energéticas, las comunidades nativas de la selva consiguieron que en Lima acepten escuchar sus propuestas y debatir sus reclamos. Aunque antes dejaron en claro que dialogar no significa deponer sus convicciones, pues se ratificaron en que sólo con la derogatoria de los más de 30 decretos legislativos que –consideran– amenazan su autonomía y abren la puerta para la venta de sus territorios, se solucionará la crisis. Aguardan la llegada de la comisión encargada por el Ejecutivo y reafirman que están dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias por sus derechos…
Se inició el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas en pie de lucha y el gobierno, pero aún no existe acuerdo concreto sobre la suspensión de la medida de fuerza, que incluye la ocupación de plantas de Petroperú en Loreto y Amazonas, y la toma del lote 56 del Proyecto Camisea en el Cusco.
Como resultado de las conversaciones preliminares se concensuó que la instalación de la mesa de diálogo –conformada para resolver la crisis– se realizará este viernes 15 y que estará presidida por el ministro de Ambiente, Antonio Brack.
Sin embargo, la voluntad de las comunidades es esperar hasta el mismo momento de la instalación para suspender las acciones de lucha, pues desconfían de las promesas del gobierno, razón por la cual expresaron que no están dispuestos a ceder ni dejar la toma de instalaciones hasta verificar resultados concretos y voluntad política de solucionar el conflicto.
Exigen derogatoria
Una vez que se inicie el diálogo, la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) anunció que no cederá en su pliego de reclamos, cuyo punto principal consiste en la derogatoria del Decreto Legislativo 1073, el cual consideran que facilita la venta de sus terrenos a empresas interesadas, además del respeto a la autonomía de las comunidades indígenas, respecto a los territorios que ocupan a lo largo de la selva del país.
Sobre los resultados de las negociaciones preliminares, Felipe Pucari, asesor legal de Aidesep, precisó que el primer y único acuerdo alcanzado con el Ejecutivo es iniciar el diálogo en la provincia de San Lorenzo, en Amazonas, para lo cual sostuvieron reuniones con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas y el ministro Brack. Desmintió un comunicado enviado por la PCM, en el cual se anunciaba que la dirigencia había acordado suspender las movilizaciones.
“La PCM ha repartido un documento que no tiene la forma de Aidesep y por lo tanto es falso que hayamos aceptado alguna condición para dialogar”, señaló tajante.
Áreas tomadas
Sobre la situación en el interior del país, Antonio Pizango, presidente de Aidesep, señaló que la posición expresada mayoritariamente por los delegados nativos es la de esperar hasta el viernes para decidir alguna medida.Las siete organizaciones regionales de la selva peruana, que representan a las 1,350 comunidades nativas del país, permanecen en su medida de fuerza. Ratificaron que la estación 5 de Petroperú, en Loreto, sigue cercada y que el ingreso a la central hidroeléctrica del Muyo (Amazonas) se mantiene bloqueado.
Similar situación persiste en el lote 56 del Proyecto Camisea, que pertenece a la empresa Pluspetrol, en Quillabamba (Cusco). Dicha empresa admitió mediante un comunicado que los trabajadores de su estación debieron ser desalojados y trasladados a una dependencia cercana como medida de precaución, aunque no informaron sobre enfrentamientos o actos de violencia.
“Decretos violan Constitución y convenios internacionales”
La dirigencia de Aidesep basa su reclamo en que el Decreto Legislativo 1073 (que modificó al 1015) establece que con el voto del 50% más uno de los integrantes de una comunidad se puede aprobar la transferencia o concesión de parte de sus territorios. A este dispositivo se suman otros 38 –como los 994, 1064, 1089 o 1090– que entre otras cosas establecen que el Estado podrá disponer de los terrenos eriazos que no estén titulados.
Dichas normas, sobre las que está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fueron cuestionadas en su momento por la Defensoría del Pueblo. El sustento legal de Aidesep se respalda en que el gobierno viola el artículo 89 de la Constitución e incumple el convenio 169, suscrito por el Estado peruano con la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen la existencia legal y la autonomía organizativa de las comunidades sobre sus terrenos.
Además, agregan que pese a que la intención inicial de permitir la concesión de tierras con el voto del 50% más uno de los participantes en una asamblea fue modificada, aún es insuficiente pues la Ley 26505 o Ley de Tierras estipulaba que cualquier decisión requería la posición favorable de las dos terceras partes del total de integrantes.
La Primera, 13/08/2008
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