Efectivos policiales atacaron con balas y gases a indígenas en la central hidroeléctrica El Muyu y en la Estación Cinco del oleoducto.
Casi al mismo tiempo en que el primer ministro Jorge del Castillo advertía a los dirigentes nativos que el gobierno aplicaría la ley si Aidesep no levanta sus medidas de presión, fuerzas policiales arremetieron contra los pobladores que se encontraban en la central El Muyu y en la Estación Cinco del oleoducto Norperuano.
Los policías atacaron primero a un grupo de indígenas que permanecía en la hidroeléctrica, ubicada al norte de Bagua, y el saldo del enfrentamiento fue un custodio y un nativo heridos, este último de bala. Los dos fueron trasladados hacia el hospital “Héroes del Cenepa”, de EsSalud. Al cierre de esta edición no se conocía los diagnósticos, informó Segundo Chuquipiondo, dirigente indígena de la zona.
El otro enfrentamiento ocurrió en la localidad de Santa María de Nieva, en el distrito de Condorcanqui, en la región Amazonas, donde se encuentra la Estación 5. Fueron más de cincuenta efectivos que dispersaron, a punta de balas y gases, a más de mil nativos aguarunas y huambisas que se encontraban atrincherados en los accesos de las instalaciones de la petrolera estatal, indicó el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango.
La represión policial dejó cuatro manifestantes con heridas cortantes y golpes, que fueron trasladados al centro médico de Santa María Nieva.
En respuesta a la represión, los dirigentes de Aidesep anunciaron ayer que continuarán movilizados hasta lograr la derogatoria de los decretos legislativos que desconocen sus derechos a la tierra, pese a la advertencia del gobierno, que ayer endureció su posición y los conminó a terminar con sus protestas para reiniciar el diálogo y ratificó al ministro Antonio Brack como su interlocutor.
“Parece absurdo que el gobierno pida que levantemos la huelga para dialogar con nosotros. Los presidentes de las comunidades han dicho que seguirán y así será. Lo que pasa es que el Estado no quiere entender que estamos reclamando nuestros derechos, vulnerados por mucho tiempo”, indicó Pizango.
El dirigente anunció que una delegación viajará mañana a Lima a entrevistarse con el presidente del Congreso, Javier Velásquez, y coordinar con las diferentes bancadas. “No necesitamos una comisión mediadora, sino un proceso de coordinación para hacer efectivo este acercamiento y que los puntos planteados en la plataforma de lucha sean escuchados”, añadió.
Movilización indígena
Informó que luego que los nativos retiraron su confianza al ministro Brack, el sábado se reanudó la protesta en regiones como Ucayali y San Martín. Y, desde ayer, Loreto y las comunidades de la sierra adhirieron a la jornada de lucha.
Enfatizó, no obstante, que en todo momento esperarán la reanudación de las conversaciones y la concertación, y propuso la ciudad de Tarapoto (región San Martín) como sede del diálogo, que, de llegarse a un acuerdo definitivo, será suscrito fuera de la cuenca del Marañón, en algún lugar como Quillabamba, Cusco.
“Detrás de los pueblos indígenas no hay nadie. Que no nos confundan, ni nos involucren con partidos políticos. No tenemos acuerdos con ellos. Esta es una movilización de los pueblos que reclaman la derogatoria de normas que permiten la venta indiscriminada de tierras en la selva y que atentan contra otros derechos colectivos, indicó.
Confederación también rechaza los decretos anti-indígenas
El líder de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Oseas Barbarán, señaló que no ha recibido ninguna invitación para dialogar con el primer ministro Jorge del Castillo, y aclaró que su gremio exige también la derogatoria del Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria la 1073.
El premier Jorge del Castillo, tratando de descartar al Aidesep como interlocutor del conflicto con los nativos de la Amazonía, dijo a la prensa que dialogaría con los dirigentes de la Conap.
“En representación de 200,000 indígenas organizados en 35 federaciones de comunidades nativas, nosotros hemos respaldado la acción de inconstitucionalidad contra los decretos 1015, 1073, 1064 y 1089, presentada por la defensora del Pueblo”, afirmó Barbarán.
Sostuvo también que Conap viene reclamando al gobierno la promulgación de leyes concordantes con los tratados internacionales, que resguarden los derechos de las poblaciones nativas y que en su redacción se tome en cuenta la opinión de las poblaciones involucradas.
“Nuestra propuesta plantea la definición de una política sobre pueblos indígenas, el fortalecimiento de la institucionalidad, la creación de un marco jurídico que proteja a nuestros pueblos y la elaboración de un plan de desarrollo sostenible”, afirmó.
Oseas Barbarán remarcó que la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú exige además la reforma de la Constitución Política de 1993, pero “no apoya ni promueve ninguna movilización bajo el término de pacifica”.
La Primera, 18/08/2008
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