viernes, 29 de agosto de 2008

Las comunidades indígenas hacen deslinde con frentes

Sin embargo, entes regionales politizados insisten en medida de fuerza.
Preparan nuevo paro en la Amazonía. Frentes de Defensa de esa zona acordarán fecha de paralización durante Tercera Cumbre Amazónica, a realizarse en Yurimaguas a fines de septiembre. Sin embargo, no cuentan con el apoyo de organizaciones indígenas, a quienes no habrían invitado a participar de la Cumbre.
El presidente del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, confirmó la realización de dicha cumbre y señaló que en ese evento se acordaría la realización de una próxima huelga en la Amazonía, exigiendo la derogatoria de los dispositivos pendientes, además del 1015 y 1073, que afectan a esa zona.
“Quedan los decretos de la medida extraordinaria de Cofopri, de la Ley Forestal, esos realmente son atentatorios contra la Amazonía”, afirmó.
Indicó que también se ha invitado a los gremios y organizaciones sindicales de países extranjeros como Brasil, Ecuador, Bolivia y de Venezuela, cuya situación es distinta a la del Perú. Justificó la presencia de estos grupos alegando que la problemática medioambiental y ecológica tiene trascendencia mundial. El representante del Frente Patriótico del Datem-Marañón, Hugo Pérez, afirmó que insistirán en la derogatoria de los decretos pendientes que se han dado en contra de la Amazonía, e indicó que en la cumbre anterior se propuso la realización de una huelga, tema que será retomado en la tercera cumbre.
“En una reunión anterior se informó para una huelga indefinida de la región Amazónica. En esta cumbre se estaría acordando ya la fecha exacta del inicio del paro”, declaró. El dirigente Nelson Kuji, representante de organizaciones indígenas de Iquitos, señaló que dicho paro se mueve por intereses políticos de Patria Roja y el Partido Nacionalista Peruano, que buscan protagonismo con miras al proceso electoral del 2011.
“Nosotros hemos tenido un solo objetivo, que es la derogatoria de los D.L. 1015 y 1073, esa reunión amazónica sirve al propio interés de los dirigentes, cada partido político quiere utilizar esa cumbre amazónica para tener protagonismo, se están reuniendo para el paro nacional que quieren realizar”, manifestó.
Sostuvo que esa huelga es parte del trabajo político que realiza Patria Roja, y de la cual ha excluido a las comunidades indígenas, que no han sido consideradas en las cumbres anteriores. Vilma Ayala
La clave
Saúl Puertas, dirigente indígena de Amazonas, manifestó que no participarán en un nuevo paro, ya que ese es el compromiso que tiene con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. “Yo pienso que no vamos a participar, hemos dicho que nosotros ya no vamos a realizar movilizaciones ni paros, hemos logrado la atención del Estado y vamos a agotar la vía del diálogo”, subrayó. Indicó que en Lima ya se han reunido con el titular del Parlamento y han acordado, tal como se acordó en el acta suscrita días atrás, la conformación de una comisión multipartidaria, que buscará dar solución a la problemática de las comunidades indígenas.
El dato
Puertas aclaró que la visita del presidente del Congreso al Amazonas es parte del cronograma de viajes que realiza a las diferentes regiones, y no para reunirse con dirigentes nativos.
Expreso, 29/08/2008

jueves, 28 de agosto de 2008

Líderes indígenas integrarán nueva comisión congresal multipartidaria


Queda por determinar si grupo de trabajo viajará finalmente a Amazonas. Dirigentes de nativos consideran que la reunión debe ser en Lima, ya que ellos llevan días en la capital esperando el diálogo.


La comisión multipartidaria para estudiar la situación de los pueblos indígenas, acordada en el acta firmada entre el Congreso y Aidesep que puso fin a la protesta en las regiones amazónicas, va tomando forma, y hoy el Pleno del Congreso ratificará –previa votación– su conformación definitiva.
Hasta ayer en la tarde, sin embargo, seguía debatiéndose cuál sería el listado definitivo que hoy se presentará a los parlamentarios en el hemiciclo. Y si bien quedaba claro que el grupo de trabajo estaría integrado por congresistas de cada bancada y por líderes indígenas, aún queda por definir si todos viajarán a Amazonas o no.
La propuesta fue hecha por el presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, el lunes, pero ayer el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, expresó su disconformidad con esta idea, pues –recordó– los representantes de los indígenas con los que los parlamentarios deben dialogar ya hace días que se desplazaron a Lima para este fin.
Una Comisión Mixta
"Queremos que se cumpla el acta de acuerdo, pero para qué irse a allá (a Amazonas) si ya hemos venido acá. Vinimos para abrir el espacio de diálogo y para que no pusieran pretextos de que no podían desplazarse", recordó Pizango.
Al margen del lugar de la reunión, se negociaron los nombres de los que integrarán la comisión multipartidaria.
Tras una reunión matutina con la Junta de Portavoces, Velásquez explicó que los siete miembros del grupo conformado el martes por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Parlamento también integrarán la comisión final, y especificó que "lo importante es que haya una comisión multipartidaria que evalúe en su integridad la problemática de las comunidades indígenas amazónicas".
En la tarde, el presidente del Congreso también se reunió con tres representantes de Aidesep (entre ellos el propio Alberto Pizango) para determinar con ellos el número de líderes indígenas que formarán parte de la comisión. Presentaron un listado de veinte nombres.
Además de la comisión congresal, los líderes indígenas esperan dialogar con el gobierno a través de una comisión ministerial que debería estar integrada, entre otros, por los ministros de Educación y Salud. El Ejecutivo, no obstante, reiteró que su interlocutor seguirá siendo el ministro del Ambiente, Antonio Brack.
A esa hora Pizango ya había pedido al Ejecutivo le disculpe si en algún momento él le había ofendido con sus palabras.

DATOS
En chachapoyas. La Mesa Directiva del Congreso anunció su intención de sesionar el viernes en Chachapoyas (Amazonas), con el fin de escuchar las demandas de las autoridades de la zona.
Rechazo. La Organización Regional de los Pueblos indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN) rechazó la idea.
Normalidad. El Consejo de Ministros de ayer decidió levantar el estado de emergencia en Amazonas, Loreto y Cusco.


La Republica, 28/08/2008

Conformarán comisión que verá ley de la selva

El pleno del Congreso conformará hoy una comisión multipartidaria que se encargará de analizar la problemática de las comunidades nativas del país y se supo que los miembros del grupo conformado en las últimas horas por la Comisión de Pueblos Andinos del Parlamento también formarían parte del grupo de trabajo multipartidario.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, explicó que existe la posibilidad de que las bancadas parlamentarias alcancen un acuerdo para solucionar las diferencias en torno al quórum actual para decidir sobre las tierras de las comunidades nativas.
Vargas Fernández reveló que ha conversado con algunos miembros de las bancadas Nacionalista, UPP y Unidad Nacional, encontrando que es posible llegar a un acuerdo sobre este tema.
“En Unidad Nacional con mucha más razón, porque sus miembros han dicho en el pleno que no están en contra de los decretos legislativos 1015 y 1073, sino en la forma en que se dieron”, dijo
Subrayó que se ha elaborado una propuesta legal que plantea mantener vigente el quórum actual para decidir sobre el uso de las tierras en las comunidades nativas, pero modificando el referido a joint ventures, entre otros.
La Razón, 28/08/2008

Suspenden emergencia en cuatro poblados y confirman a Brack como interlocutor

El ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció que el Ejecutivo decidió suspender el estado de emergencia en Bagua, Utcubamba, Datem del Marañón y Echarate. Incluso, subrayó que en dichas zonas ya imperan el orden y la paz social.
“Esa zona está pacífica, con normalidad, hay un control pleno y total del orden interno y una garantía plena de la seguridad ciudadana. Además, ya se han dado los primeros pasos para reiniciar el diálogo con las comunidades nativas”, enfatizó al precisar que esta decisión se aprobó en Consejo de Ministros, a pedido del presidente Alan García y el jefe del gabinete, Jorge del Castillo.
“El ministro del Ambiente será el representante del Poder Ejecutivo en este diálogo, que en cualquier instante se debe reiniciar en el lugar que sea conveniente y necesario”, anotó.
La Razón, 28/08/2008

Pizango pide disculpas al Ejecutivo y a ministro Brack

Dice que lo malinterpretaron y que nativos son muy respetuosos
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pidió disculpas al Poder Ejecutivo por las frases que se consideraron agraviantes al ministro del Ambiente, Antonio Brack, y dijo que éstas fueron malinterpretadas.
Pizango indicó que en ningún momento se pretendió faltar el respeto al titular del portafolio del Ambiente cuando sostuvo, con argot criollo, que no hablaría con él para buscar una solución a las discrepancias con las comunidades nativas de la selva por el Decreto Legislativo 1015.
“Lo decimos con toda sinceridad: si se han sentido aludidos, les pido disculpas y vamos al fondo del asunto”, afirmó. Pizango manifestó, en aquella oportunidad, que "no dialogaría con los payasos, sino con el dueño del circo".
“Lo que dije no fue con la finalidad de lanzar improperios, yo lo he dicho en el argot criollo, no exactamente dirigiéndome a las autoridades del Estado o al ministro Brack, quien es una persona que respeto mucho, y considero que todos nos merecemos respeto. Los pueblos indígenas somos muy respetuosos y lo digo con toda sinceridad", refirió.
Por otro lado, Pizango Chota aseguró no temer a la investigación que iniciará la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) respecto del uso de los recursos financieros con que cuenta la Aidesep, que como ONG recibe cooperación internacional.
“En primer lugar, no tenemos ningún temor, producto de ello es que desarrollamos proyectos con la cooperación internacional y estamos inscritos en la APCI. Cada año los mismos cooperantes hacen una auditoría, porque ellos no permiten que se utilicen mal los fondos. Nosotros somos muy cuidadosos en eso”, puntualizó.
La Razón, 28/08/2008

Nestor Scamarone: ¿Derogar los decretos legislativos 1015 y 1073?

Esperamos que en materia de tratamientos de conflictos sociales que el Gobierno opte decididamente por reforzar la institucionalidad; por realizar una mayor labor de prevención pero con implacable mano dura, sin compasión alguna y asimismo enviar un mensaje claro a la población en el sentido de que el camino para lograr la solución de los problemas no pasa por las medidas de fuerza como el bloqueo y la toma de carreteras o la invasión de instalaciones productivas.
Es que hace muy poco hemos visto lo sucedido con las instalaciones mineras y petroleras, incluso poblaciones enteras, puentes vitales del tránsito de personas y alimentos, etc. Lo más curioso con una coordinación de fuerzas y tomas de lugares “exactamente a la misma hora”, con el empleo obviamente de sofisticados equipos de comunicación. Los lugares comprendían las áreas petroleras de los Lotes 1AB, y las áreas de pozos y baterías de petróleo en el Lote 8 de la selva norte, que hicieron peligrar 133 pozos productivos de petróleo, casi 50,000 barriles diarios y el riesgo de dejar sin energía eléctrica a parte de Loreto por la posible parada de la Refinería Luis F. Díaz que los abastece de combustibles.
Esta coordinación de desmanes se produjo a todo lo largo del oleoducto y sus estaciones de bombeo (5, 6 y 7), desde la selva (Iquitos) hasta Bayóvar (en la costa), Camisea y Las Malvinas, en el sur del Cusco y, obviamente, todo el recorrido de los ductos de gas (Cusco a Pisco y Lima). ¿Quiénes fueron realmente los culpables de todo esto? ¿Qué querían, dejar sin energía al país, paralizar industrias y dejar poblaciones a oscuras?
No se necesita hacer muchas averiguaciones para saber quiénes están detrás de todo, baste investigar el programa ALBA, narcotraficantes y a las ONGs como “OXFAM (España), IBIS (Dinamarca), Amazon Watch (USA), Unguravi, Sirvindi, etc, que están detrás de los manifestantes. ¿Saben cómo reciben sus dineros que regresan de nuevo al Perú?, la respuesta es fácil, del lavado en el extranjero y en nuestro propio país, ahí es donde se debe investigar.
Curiosamente todos estos conflictos tienen una coordinación “espeluznante y va desde el terrorista narcotraficante más cruel, hasta el de cuello y corbata de seda, más conocido como caviar conchudo”.
Para colmo de la irracionalidad de las ONGs que asesoran a las comunidades nativas e indígenas y a los bolsillos obviamente de los caviares de siempre, manifiestan que no permitirían más perforaciones de pozos petroleros, ni suscripción de “Contratos de Licencia” en las áreas de las comunidades, ni minería, ni explotación forestal sostenible, como si ellos fueran un estado dentro del Estado peruano.
De esta manera, violan la Constitución en su artículo 66° que a la letra dice: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento...”; vale decir, los recursos naturales son de todos los peruanos, no de cuatro ONGs lavadoras… que mueven a las comunidades y a las que se les ha sumado el ALBA y, obviamente, el narcotráfico.
Algunas ONGs han hecho un dogma del desarrollo económico, como el gran culpable del deterioro ambiental. Se ha dado por buena la tesis de que a mayor desarrollo, producción, consumo y bienestar material, peor el medio ambiente. Ese discurso reúne una variopinta alianza de ambientalistas, antiglobalizadores, izquierdistas, falsos nacionalistas, indigenistas, revolucionarios (con terrorismo agazapado, que ni ellos mismos se dan cuenta) y otros que, aprovechando la credulidad del pueblo peruano, cabalgan sobre un proyecto político de grandes ramificaciones en el ámbito local e internacional, a veces capaz de entrelazarse en nombre de una noble causa ¿el ambiente?, con regímenes despóticos, conculcadores de libertades económicas y políticas o simples aprovechadores por “ganarse a los verdes, pero a los verdes dólares”.
Investigadores académicos como Jack M. Hollander, “La verdadera crisis ambiental” o Amartya Sen, Premio Nobel de Economía “¿Desarrollo en libertad?”, han planteado que el verdadero enemigo y depredador del ambiente es la pobreza, más claro que eso, nada.
La Razón, 28/08/2008

Ejecutivo suspende estado de emergencia en la Amazonía

Luis Alva Castro asegura que la zona ya se encuentra en total normalidad.
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció ayer que el Poder Ejecutivo decidió suspender el estado de emergencia en Bagua (Amazonas), Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y Echarate (Cusco), al comprobar que en dichos lugares ya imperan el orden y el control policial.
"Esas zonas están pacíficas, hay un control total del orden interno y una garantía plena de la seguridad ciudadana", enfatizó a su salida de la sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.
Precisó que dicha decisión se aprobó a pedido del propio presidente Alan García y del jefe del Gabinete, Jorge del Castillo.
Alva agregó que en cualquier momento se retomará el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas y el Poder Ejecutivo, cuyo representante seguirá siendo el ministro del Ambiente, Antonio Brack.
Remarcó que la policía también está tomando medidas para restablecer el orden en el distrito de Sanagorán (Huamachuco), donde las rondas campesinas intentaron linchar al alcalde de la zona, Santos Ruiz, por supuestamente estar involucrado en la muerte de un funcionario edilicio.
MALAS INTERPRETACIONES
Alberto Pizango, jefe de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a las organizaciones nativas que la semana pasada acataron un paro para exigir la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, ofreció disculpas al Ejecutivo y aseguró que sus palabras se malinterpretaron.
En declaraciones a Ideele Radio, señaló que no se había referido al ministro Brack cuando dijo que no iba a dialogar con los payasos sino con el dueño del circo, en alusión a que la Aidesep había solicitado conversar con el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo.
"No le he dicho payaso al ministro Brack, lo que hice fue dar un ejemplo. Pero si se han sentido ofendidos, les pido disculpas y vamos al fondo del asunto respecto de los decretos", apuntó.
El Comercio, 28/08/2008

miércoles, 27 de agosto de 2008

Indígenas insisten en derogatoria y diálogo

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, recuerda que la protesta amazónica no es sólo por los decretos 1015 y 1073.
Consideran buena la propuesta de Alan García de dejar en 66% el margen de transferencia o venta para las comunidades de la selva, pero también como prematura y con una importante carencia: es unilateral.
Por eso, los indígenas de las siete regiones amazónicas del Perú insisten en que el Ejecutivo debe promulgar –y no observar – la ley 2440 que aprobó el Congreso y que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 (más conocidos como la Ley de la Selva).
Además, reiteran su deseo de dialogar con el gobierno para, juntos, fijar un plan de desarrollo para las comunidades de la selva.
Así lo expresó ayer a La República Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), quien precisó que la protesta indígena no se refería sólo a la derogatoria de las normas promulgadas por el Ejecutivo al amparo de las facultades especiales para legislar en materia del TLC.
ESCENARIO DE DIÁLOGO
"La movilización amazónica responde a un tema de fondo, que es el diálogo y el respeto estricto del territorio indígena de la selva. Esperamos que el Ejecutivo derogue los decretos y que nos sentemos a conversar sobre cómo debe ser el desarrollo en la selva sin tergiversar y no insistir en que nuestra queja está manipulada por terceros", afirmó Pizango.
En ese posible escenario de diálogo, posterior a la promulgación de la ley 2440, eso sí, Pizango aseveró que la propuesta de García sería bien vista, "siempre y cuando se garantice la consulta tal y como establece el Convenio N° 169 de la OIT-, y que serán los propios pueblos nativos quienes dispongan de forma autónoma de su territorio".
"Los pueblos quieren ser parte de la solución de sus problemas, y que con los mismos derechos y condiciones todos –indígenas y gobierno– comencemos a hablar de desarrollo. Si pregunta a los nativos si quieren ser ricos, todos dirán que sí, pero sin ser expropiados", dijo.
Agregó que el lunes, y dada la ausencia de respuesta a su propuesta de diálogo de la semana pasada, enviaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) una segunda carta reiterando su predisposición a conversar y exponiendo los ocho puntos de la agenda que desean tratar con el gobierno.
CARTA SIN RESPUESTA
El documento, dirigido al premier Jorge del Castillo, pide la restitución del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), la creación de un fondo especial para proyectos en la selva, el restablecimiento del rango ministerial del Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) y el respeto al rechazo de las concesiones hidrocarburíferas.
Los indígenas solicitan, además, la formación de una comisión de alto nivel que evalúe el impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo en la selva, la transformación del Ministerio de Educación en un Ministerio de Educación y Asuntos Interculturales que pueda adecuar los contenidos educativos a cada realidad, la creación de centros de estudios superiores en la selva y un programa especial que se encargue de fijar medidas para proteger la vida y la salud de las comunidades indígenas.
Al cierre de esta edición, aún no había respuesta de la PCM.
PRECISIÓN
El proyecto vargas. Ayer, el presidente de la Comisión de Constitución, el aprista José Vargas Fernández, presentó un proyecto de ley que modifica el régimen de disposición de tierras y establece que para las comunidades de la costa el voto de la asamblea será de no menos del 50% de sus miembros, y que para transferir la propiedad de las tierras de la sierra y la selva deberá contarse con el voto de no menos de los dos tercios de sus integrantes.
Oposición apoya la negociación
Ayer la oposición se mostró conforme con la propuesta de Alan García sobre el uso de las tierras en la selva, pero precisó que el éxito de la iniciativa dependerá de un adecuado diálogo.
La congresista Elizabeth León, de UPP, calificó de positivo el cambio de actitud del gobierno para evitar un nuevo conflicto, pero opinó que de todas maneras la propuesta debe ser consultada con los indígenas.
Juan Carlos Eguren, de Unidad Nacional, dijo que sobre la base de la nueva propuesta del presidente se puede iniciar un diálogo constructivo a fin de buscar alternativas de desarrollo para la selva. Y Oswaldo Luizar, del Bloque Popular, señaló que las palabras de García son un reconocimiento de su error.
La República, 27/08/2008

Mala señal: Contramarcha en ley de comunidades nativas

Es criticable que, a contramarcha de su postura inicial, el presidente Alan García haya anunciado una flexibilización de la iniciativa legal sobre el manejo de la propiedad de las comunidades nativas. Ahora plantea que ellas puedan vender sus tierras con el 66% de los votos, es decir como era antes, y solo se mantendría la exigencia del 50% para alquilarlas o hacer 'joint ventures'.
En el fondo, es muy preocupante que el Gobierno esté renunciando a la posibilidad de darle a un gran sector de la Amazonía, que resiente históricamente la ausencia del Estado centralista, los instrumentos para engarzarse en el tren de la modernidad. Así, en lugar de esforzarse por explicar mejor a las comunidades las ventajas y alcances de la norma, se opta por dar marcha atrás y se las condena a seguir bajo el yugo empobrecedor del paternalismo.
En la forma, este sorpresivo cambio sienta un negativo precedente. Ante todo porque podría ser interpretado como una muestra de debilidad del Estado frente a la presión violentista de ciertos grupos y podría ser replicado por otros. Luego, se deja muy mal parado a un gran sector de la bancada aprista en el Congreso, a la que inicialmente se obligó a sostener y apoyar el proyecto del Ejecutivo. ¿Y para qué? Más aun, el jefe del Gabinete Jorge del Castillo no ha descartado la observación de la ley aprobada por el Parlamento.
Por el bien del país, tan confuso estado de cosas no puede continuar. El Ejecutivo tiene que recuperar autoridad, unidad y coherencia en sus políticas de gobierno, y si hay que hacer una corrección pues esta debe ser motivada y canalizada adecuadamente, sin dar erróneas señales que afecten los principios de orden, autoridad y gobernabilidad del país.
Asimismo, es urgente reforzar los mecanismos de comunicación no solo con el Legislativo, sino también con los líderes de los indígenas. Todo ello dejando muy en claro que no se puede dialogar bajo la espada de Damocles del chantaje violentista y que todos pertenecemos a un Estado unitario y nacional, cuyas leyes debemos obedecer.
El Comercio, 27/08/2008

Presentan proyecto de ley con nueva postura sobre comunidades nativas

El debate sobre el régimen jurídico de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra sigue abierto. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en que no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 --aprobada el viernes pasado--, desde ayer la representación parlamentaria tiene en sus manos una propuesta que recoge el nuevo planteamiento que sobre el tema hizo el presidente Alan García la noche del lunes.
La iniciativa pertenece al congresista aprista y presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas Fernández, quien recoge los alcances presidenciales.
La propuesta contempla que se necesite el 66% del voto de todos los miembros de la comunidad para decidir la transferencia o venta definitiva de las tierras, pero que se permita la asociación, alquiler, 'joint venture' y otras modalidades con no menos del 50%.
"De esa manera se concilian los criterios", remarcó Vargas.
En el proyecto se establece la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, así como la modificación del artículo 10 y la resolución del artículo 11 de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), con la finalidad de establecer un quórum diferenciado para la transferencia de propiedad y otros actos de disposición de las tierras comunales.
"Esto permitirá a dichas comunidades acceder a los diferentes mecanismos de asociación para la inversión privada, pudiendo inclusive, de estar interesadas, intervenir de manera directa en determinado proyecto o, en su defecto, ceder parte de sus tierras con el objeto de obtener una contraprestación económica por el uso de las mismas por parte de inversionistas", reza el proyecto.
Vargas declaró que en el transcurso de hoy solicitará formalmente al Consejo Directivo del Parlamento --que es la instancia que define la agenda de temas que se verán en el pleno-- que su propuesta de ley sea exonerada del trámite previo de pasar por comisiones.
Si esta posición prosperase, el proyecto podría ser discutido por la representación parlamentaria mañana jueves en la sesión habitual del pleno.
GRUPO DE ENLACEMañana también se discutirá la formación de un grupo multipartidario que actuará como una especie de enlace para el diálogo con las comunidades. Este tendría carácter deliberativo, es decir, que no propondrá normas.
La idea primigenia es que lo deben integrar representantes de las ocho bancadas parlamentarias, aunque no se descarta que la tarea también pueda ser encargada a los miembros de la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ayer nombró una subcomisión con este mismo fin. "Reclamamos respeto", refiere representante de etniasFue directo. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, fue al grano cuando opinó acerca del cambio de actitud mostrado por el jefe del Estado, Alan García, en el tema de la posesión de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra.
"Nos parece que el Gobierno se sigue aferrando a su posición y no escucha a los pueblos amazónicos. Nosotros no reclamamos por un tema de porcentaje. Nosotros reclamamos respeto. Que nos escuchen y que cada vez que quieran legislar o tomar decisiones sobre las tierras comunales y ancestrales de la selva peruana, que conversen con nosotros pues siempre hemos estado abiertos al diálogo sincero", indicó.
Pizango reiteró que lo único que su organización y otras similares buscan es lograr que el Gobierno respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reiteró que ante su posición de dialogar, el Gobierno "hasta el momento no ha respondido".
El Comercio, 27/08/2008

Cuidado con trampas de propuesta de García

Advierte especialista Reynaldo Trinidad. Alberto Pizango rechaza planteamiento de García.
El experto en temas agrarios Reynaldo Trinidad advirtió ayer sobre aspectos tramposos de la propuesta del presidente Alan García, de que el Congreso apruebe una nueva ley para las comunidades indígenas, que facilite la entrega de sus tierras en alquiler a empresas privadas, como alternativa al fracaso del intento oficial de simplificar el procedimiento de venta de las mismas.
Trinidad dijo que la trampa está en incorporar a los ‘comuneros posesionarios’ y no únicamente a los ‘comuneros calificados’ o propietarios, en las decisiones que se adopten para vender o alquilar las tierras comunales.
El especialista puso en tela de juicio el planteamiento del presidente García de reducir al 51% del total de comuneros la mayoría necesaria para que las comunidades puedan asociarse, alquilar o establecer convenios con terceros para explotar las tierras y mantener el requisito de 66% para la venta.
Trinidad dijo que hay que tener cuidado con la propuesta, pues los verdaderos propietarios, reconocidos en los estatutos de la comunidad o por títulos del Estado, son los únicos que deberían decidir en las votaciones. “Ellos son los comuneros calificados”, sostuvo.
No deberían votar, en cambio, los llamados ‘comuneros posesionarios’, que pueden ser invasores de tierras, ‘sembrados’ por el gobierno o por las empresas interesadas en adquirir las tierras comunales.
“La medida se presta a la manipulación y a la presencia de elementos ajenos a las comunidades, el gobierno quiere privatizar las tierras y puede convalidar la presencia de intrusos en las decisiones que se adopten”, explicó Trinidad.
Advirtió acerca de una política contraria a las comunidades, como la que revierte al Estado tierras supuestamente eriazas, tal como ocurrió con la comunidad San Pedro de Lloc, a la que se arrebató más de 1,200 hectáreas para vendérselas a la empresa Gandules, que ahora controla cerca de 3,000 hectáreas.
Trinidad reclamó que el Congreso revise toda la legislación expedida por el gobierno que tenga que ver con el uso de aguas, bosques y tierras, pues propicia su privatización y entrega a grandes capitales.
Rechazan planteamiento
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, rechazó el planteamiento, sin cambios sustanciales, formulado por el presidente Alan García.
Adelantó que ante la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley que deroga dichas normas, los pueblos indígenas y amazónicos continuarán en su lucha.
El líder amazónico insistió en que buscan que el gobierno respete el Convenio 169 de la OIT, pues los pueblos indígenas tienen una propuesta clara. Asimismo dijo que esperan un diálogo con el Ejecutivo “que hasta el momento, a pesar de nuestra solicitud, no se da”.
Tras incidir en que el mejor camino es el diálogo y no las decisiones adelantadas, en alusión a la propuesta del jefe de Estado, Pizango detalló que la plataforma de reclamos de los pueblos amazónicos tiene doce puntos, de los que ocho se relacionan directamente con el Ejecutivo y cuatro con el Congreso, con cuyos representantes ya se inició un primer acercamiento; además del compromiso de conformar una Comisión Multisectorial que –conjuntamente– analizará la situación de la selva.
Decretos legislativos son inconstitucionales
Tras un estudio exhaustivo, el constitucionalista Francisco Eguiguren llegó a la conclusión de que la mayoría de los decretos legislativos elaborados por el Ejecutivo en uso de las facultades otorgadas por el Congreso, tienen naturaleza inconstitucional.
Eguiguren explicó que varios de los decretos no tienen relación con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya implementación fue el objetivo del otorgamiento de las facultades legislativas.
“El Ejecutivo ha hecho un uso extensivo y abusivo de la delegación de facultades. El Art. 2.2 de la Ley 29157 indica que tiene que haber una relación estricta entre las materias delegadas y su vinculación con la implementación del TLC”, dijo Eguiguren, quien elaboró el estudio a pedido de la Agencia Humanitaria Oxfam Internacional.
Según Eguiguren, los decretos legislativos 1015 y 1073 son inconstitucionales, pues transgreden el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica que cualquier disposición del gobierno que afecte a la organización interna de una comunidad nativa debe ser consultada con esta previamente. Del mismo modo, el Ejecutivo derogó la Ley 26505 mediante el decreto 1064, cuando una ley sólo puede ser modificada o derogada por otra ley aprobada por el Congreso.
El letrado explicó que un rasgo característico del uso dado por el Ejecutivo a las facultades delegadas ha sido la “intención manifiesta” de exceder y aprovechar las atribuciones recibidas para expedir un número de normas con ninguna o muy poca vinculación con el TLC. “Ello hace que tales decretos puedan ser calificados de inconstitucionales por razones de forma, al haber incumplido los parámetros fijados en la ley 29157, lo que ameritaría su derogación en el Congreso, o que se declare su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional”, precisó.
La Primera, 27/08/2008

martes, 26 de agosto de 2008

Mariella Balbi: De la selva su lío

La industria maderera, la expansión de la frontera agrícola, el descuido de las comunidades y su alianza con lConversar con los nativos de nuestra Amazonía puede ser una experiencia deliciosa. Su manera remolona y pausada de pronunciar el ajeno español, la especial comprensión de las palabras --faltas gramaticales para muchos--, el conocimiento de plantas y animales de ese mundo inmensamente verde resultan características culturales que solo provocan simpatías. Cuando en medio de fantásticos paisajes uno escucha: "tampoco me va a 'menosdespreciar'", en lugar de despreciar, es imposible no caer en la tentación de adoptar este útil y revelador término. La selva cuenta además con un imaginario muy especial. El agua (cochas, ríos, brazos de ríos) es un elemento importantísimo que alberga a sus espíritus y estos a su vez poseen una singular personalidad.
Tal es el caso de la sirena, habitante de las cochas y ríos que se lleva --a fuerza de seducción y femeninos sortilegios-- a varones jóvenes a quienes su familia no vigila. Al adentrarse en esta cosmología uno --chori (blanca), capitalina y agnóstica--, con vocación antropológica siempre pregunta: "¿Y la sirena es buena o es mala?" "No, ella es buena, lo que pasa es que te lleva para que la acompañes". A partir de ahí cada uno de los siempre conversadores nativos tiene una historia y un familiar que la ha visto. El cómo ella pasó de ser una figura netamente marina a instalarse en nuestra bella Amazonía es aún ignoto. Más pertinente para la selva baja, ahí donde están los 'ríos espejo', es la leyenda de delfín rosado. El animal existe y es un orgullo de nuestra biodiversidad, pero también tiene su propio mundo. Convence y enamora, esta vez a las mujeres, las tienta y las fascina con su fálico hocico, llevándoselas a otra dimensión. En ningún caso el rapto es traumático ni el destino cruel.
Hemos visto la intensa lucha de las 62 etnias amazónicas para derogar los decretos promulgados por el Ejecutivo que permitían la venta de tierras con el democrático principio de la mitad más uno. Pese a que tomaron instalaciones la violencia no fue igual que en Moquegua o Chimbote. El selvático es pacífico, pero quiere que le consulten. Principalmente porque la actividad extractiva ha contaminado su hábitat y contrarrestarla es el enfrentamiento de David contra Goliat. Más bien ha generado un natural rechazo a cualquier actividad industrial. Las comunidades de la sierra no han protestado, lo cual quiere decir que no se pensó en el modus operandi de la Amazonía.
La selva, como todo el país, está depredada. La industria maderera, la innecesaria expansión de la frontera agrícola, el descuido de las comunidades y su alianza --en muchos casos-- con la informalidad han provocado que ese bello espacio no esté seguro. Las tierras comunales no cuentan con un catastro pulcro y lo que es educación, agua, saneamiento (vea nomás un lugar 'semichori' como Yurimaguas, desolador) se encuentra en el más perpetuo abandono. Sin embargo, dato curioso, mientras Cusco presenta 1.634 casos de alcoholismo, San Martín y Loreto solo 27 y 25. El objetivo de la legislación debe ser proteger nuestra Amazonía, también es obligatorio que se legisle para gente de carne y hueso, sin 'menosdespreciar' o 'desabandonar' a nadie en este pluricultural Perúa informalidad han provocado que este espacio no esté seguro.
El Comercio, 26/08/2008

García plantea que cambio a ley se mantenga en la sierra

Indica que idea expresada en decretos legislativos 1015 y 1073 se “amazonizó”. Dirigente de la CNA anuncia medidas de fuerza en la sierra para derogar otras normas.
Frente al panorama aún incierto sobre la suerte final de los decretos legislativos 1015 y 1073, el presidente Alan García planteó ayer una alternativa que, según su perspectiva, eliminará el temor expresado por las comunidades nativas amazónicas. Mediante una declaración oficial escrita, el mandatario propuso “dejar en 66% (de votos de la Asamblea General de la Comunidad) la decisión de transferencia o venta definitiva (de los terrenos), y permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%”.
Aunque reconoció la buena intención de los congresistas al derogar los decretos, aclaró que existe un mejor camino para el desarrollo de las comunidades nativas, que sería –según su posición– hacer una precisión respecto de las comunidades de la sierra. “Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los Andes, pero por error o confusión se 'amazonizó’ la idea, involucrando a nativos cuyas comunidades no tienen los cuatro siglos de las de la sierra y que responden a otra realidad”, indicó García, quien añadió que no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado, pues “ello solo mantiene el atraso y la miseria”.
Este pronunciamiento presidencial se produjo después de que el premier Jorge del Castillo adelantara que el Gobierno no promulgará la ley de derogatoria aprobada por el Parlamento y que, más bien, optaría por observar la norma para abrir el diálogo.
META INALCANZABLE. Esto parece ir de la mano con la propuesta del presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, de aprovechar los 15 días de plazo que tiene el Gobierno para promulgar o devolver la ley al Congreso para consensuar posiciones.
Por su parte, el presidente del Legislativo, Javier Velásquez, anunció la formación de una comisión multipartidaria que viajará el viernes a Amazonas para analizar la problemática integral de las comunidades nativas y encontrar soluciones. Menos optimista, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, expresó su temor de que no se logre reducir la pobreza a 30% hasta el año 2010 si se derogan los decretos 1015 y 1073.
LA SIERRA SE CALIENTA. Pero, mientras el Gobierno se mantiene en su posición, las protestas que se desataron la semana pasada podrían trasladarse ahora a la sierra. La alerta la dio ayer el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, quien emplazó al Legislativo a que derogue “todos los decretos que son discriminatorios y privatizadores, particularmente el 1020 y el 1064, que son los más peligrosos”, y advirtió al Ejecutivo que, le guste o no, saldrán a protestar si no los escuchan.
“Al Gobierno le ha molestado la protesta de las comunidades nativas de la selva, pero, le guste o no, estamos preparando nuestras medidas de lucha y vamos a levantarnos. Si no van a retroceder, nosotros tampoco lo haremos. La sierra rechaza rotundamente esos decretos y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, aseguró.
Antolín Huáscar señaló que las comunidades campesinas se rigen por la Ley de Comunidades Campesinas 24656, y no por la Ley de Tierras 26505, dada durante el fujimorato.
A LA LUCHA. El dirigente de la CNA informó que, en acatamiento al acuerdo tomado el 12 de este mes, el 20 y 21 de setiembre se realizará en Puno una convención de la macrorregión sur, a la que asistirán delegaciones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Apurímac. Días después se reunirá la macrorregión centro en Cerro de Pasco y la macrorregión norte en Piura. La convención nacional, en la que decidirán si se van a no a un paro, se hará en Lima el 12 de octubre.

Perú.21, 26/08/2008

García concede la razón a Amazonía y coincide en sistema de venta de tierras

"Lo positivo" será dejar en 66% la presencia de comuneros para la decisión, dice. Para la asociación, alquiler, y joint venture de tierras comunales en la sierra sí se bajará la valla al 51 por ciento.
Tras la derrota que sufrió el Ejecutivo ante la oposición parlamentaria, que derogó el viernes último los cuestionados decretos 1015 y 1073 –conocidos como la Ley de la Selva–, el presidente García admitió la inconveniencia de los mismos y consideró que "lo positivo" será dejar en 66% el porcentaje de miembros de una comunidad que deberá estar presente en una asamblea para decidir la venta definitiva o transferencia de sus tierras.
De esa manera, el Jefe del Estado aceptó la demanda de la población amazónica, que alzó la voz durante las últimas semanas para evitar que tal valla sea reducida al 51%.
Mediante un comunicado, el Jefe del Estado señaló que la propuesta del Ejecutivo de reducir de 66% a 51% se planteó pensando que de esa manera las comunidades podrían asociarse con los capitales y la tecnología, para así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12 mil lagunas para la acuicultura.
García recordó que tras la emisión de los decretos, "hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos". Para evitarlo, agregó, lo positivo será dejar en 66% la decisión de transferencia o venta definitiva y permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%.
"Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los andes, pero por error o confusión se amazonizó, involucrando a nativos cuyas comunidades no tienen los 4 siglos de las de la sierra, y que responden a otra realidad", dijo García, para quien el tema será retomado a futuro, pues no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y el mercado.

FISCALIZACIÓN RETROACTIVA
1] La Dirección de Fiscalización y Supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) envió una carta a la ONG Aidesep para informarle de una acción de fiscalización el próximo 2 de setiembre.
2] La misma comprenderá el periodo de los años 2006 al 2008 (el gobierno de Alan García), y la ONG deberá presentar documentos como sus planes operativos, convenios y cartas firmadas con las fuentes cooperantes, la ejecución presupuestal, las rendiciones de cuentas mensuales y los comprobantes de pago, los recursos obtenidos con los beneficios tributarios y su uso, así como otros documentos que la fiscalización pueda solicitar en su momento.
3] Cabe señalar que la fiscalización de las ONG, si bien es una práctica corriente y habitual, suele darse a finales de cada año. Los periodos a reportar a la APCI, asimismo, son anuales. La comisión ya ha anunciado que solicitará un listado detallado de todos los proyectos ejecutados durante los años 2006 al 2008.
La República, 26/08/2008

Tras derrota, García insiste en propuesta

El presidente Alan García señaló anoche que la mejor modificatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 es dejar en 66% el margen de decisión para la venta de las tierras comunales, mientras que para el alquiler sí se debería requerir sólo el 51% de los votos, es decir, la mitad más uno, de una asamblea.
“Muchas veces las normas aíslan e impiden la libre decisión. Esto ocurre cuando se exige 66% de los miembros históricos de una comunidad andina para adoptar una decisión”, dijo García y luego comentó que la propuesta del Ejecutivo fue reducir ese nivel a 51% porque su intención era “que las comunidades puedan asociarse con los capitales y la tecnología, a través del alquiler de tierras y así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12,000 lagunas para la acuicultura”, argumentó.
“Pero hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos. Creo que eso sería muy difícil porque no hay una masa de capital desesperado por ir a esas difíciles zonas”, remarcó. El mandatario precisó que lo esencial de la propuesta fue pensado para los Andes, pero por error o confusión se "amazonizó" la idea, involucrando a nativos, cuyas comunidades no tienen los cuatro siglos de las de la sierra y que responden a otra realidad. “Creo que la discusión ha sido muy importante porque tarde o temprano se avanzará en esa dirección. No se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado. Eso mantiene el atraso y la miseria”, agregó el presidente de la República.
La Primera, 26/08/2008

Fujimoristas apoyarán el proyecto del APRA

Oposición cree que pacto aprofujimorista puede reactivarse contra intereses de indígenas. Del Castillo ratifica que Ejecutivo no promulgará ley que deroga decretos 1015 y 1073. Sigue la incertidumbre.
Ante el anuncio de la bancada aprista de presentar en las próximas semanas un proyecto de ley que busca reemplazar los decretos legislativos 1015 y 1073, el congresista Víctor Mayorga advirtió ayer que los fujimoristas pueden apoyar dicha iniciativa aprista en desmedro de los intereses de los nativos e indígenas.
“A pesar de que los fujimoristas votaron a favor de la derogatoria de los decretos legislativos lesivos, esta situación no se volvería a repetir con el nuevo proyecto de ley que presentará la bancada aprista”, sostuvo el legislador nacionalista Víctor Mayorga. La advertencia del parlamentario se basa en que el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Juan Vargas, ha propuesto a su colega fujimorista Rolando Souza para que presida la Comisión de Revisión de Decretos Legislativos y esta comisión depende directamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la fujimorista Martha Moyano.
Según Mayorga, la elección de Souza significará que el aprofujimorismo tendrá, de alguna manera, el poder para facilitar que se le dé luz verde al proyecto que está preparando la Célula Parlamentaria Aprista.
Oficialismo
A su vez, el premier Jorge del Castillo ratificó ayer que el Ejecutivo no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitan la venta de tierras comunales de los indígenas y los nativos y son abiertamente inconstitucionales. Sin embargo, Del Castillo dijo que aún se está estudiando la observación de la mencionada norma.
Asimismo, sostuvo que el diálogo con los nativos está abierto, siempre y cuando el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pida disculpas por haber dicho que algunos de los miembros del gabinete son payasos.
Por su parte, Alberto Pizango advirtió al gobierno que se abstenga de jugar con fuego y deje de resistirse a dar curso a la anulación de dos decretos legislativos enviados por el Congreso. La Confederación Nacional Agraria anunció que la próxima semana realizará reuniones macrorregionales para iniciar protestas ante la resistencia del Ejecutivo de derogar decretos.
DETALLE
Según informó el presidente de la Comisión de Constitución y miembro del grupo oficialista, José Vargas, la nueva propuesta planteará que se mantenga el quórum actual para decidir sobre el uso de las tierras en las comunidades nativas, pero buscará reducir a la mitad más uno el voto para permitir su alquiler.
La Primera, 26/08/2008

Presidentes regionales deslindan con radicales

Gremios politizados habrían manipulado a indígenas en paro, advierten.
Si bien aún faltan más de diez días para que el Poder Ejecutivo posiblemente observe la derogatoria aprobada por mayoría en el Congreso de la República sobre los decretos legislativos 1015 y su modificatoria 1073, los ánimos en la selva se encuentran en un nivel de tranquilidad pero sólo momentánea.
Además de este panorama, ayer el presidente de la región Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, si bien reconoció que el reclamo de los nativos era justo porque los decretos legislativos no cumplen con lo establecido en el convenio de la OIT, denunció que detrás del paro de la selva, que duró más de 10 días, hubo actuación de gremios politizados como el Sutep acompañados de líderes de algunas rondas campesinas, el frente de los intereses de Bagua, así como de dirigentes de Aidesep, quienes en conjunto habrían azuzado a los indígenas a protagonizar escenas de violencia.
De esta manera, Altamirano negó que haya participado alguna de las 52 comunidades de Amazonas, tal como se ha venido denunciando en los últimos días.
Por su parte, el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, sostuvo que mal haría el gobierno si en lugar de seguir el curso regular de la derogatoria de dichas normas opta por observarlas. Por lo pronto comentó que las últimas declaraciones de García Pérez generan inseguridad en la población, por lo que mencionó que lo acertado sería que el mandatario sea consecuente con los indígenas de las comunidades nativas. “De no seguir lo acordado por la amplia mayoría del Congreso, el jefe del Estado estaría yendo contra la corriente”, subrayó Vásquez.
Vásquez recalcó que dicha decisión enervaría a la población indígena por el impacto que tienen ambas leyes en la sociedad de esa parte del Perú. “Los indígenas sentirían que se han burlado de ellos, no vale la pena que se ponga al país nuevamente en esa convulsión”, afirmó.
El dato
La autoridad regional de Loreto señaló que en el contexto de la coyuntura actual es propicio el inicio de un debate a nivel nacional sobre el futuro de la Amazonía, que “por décadas ha sido olvidada”.
Expreso, 26/08/2008

Gobierno no cederá ante decisión del Congreso

Respecto a derogatoria de decretos 1015 y 1073.El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, sostuvo que el Ejecutivo descarta, “por el momento”, la promulgación de la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, y más bien evalúan buscar un consenso con las comunidades indígenas.
“Nada está descartado (respecto a un diálogo con las comunidades indígenas), lo único que yo veo descartado es que el gobierno promulgue esa derogatoria, por ahora es la opción que está fuera, todo lo demás no está descartado, vamos a evaluar, a conversar, y escuchar los puntos de vista”, manifestó tras asistir a la presentación del nuevo sistema de consulta de datos de los resultados del Censo 2007, realizado por el INEI.
Afirmó que el Ejecutivo tiene 15 días para tomar una decisión final respecto a ese tema, e indicó que además de la promulgación hay otros dos caminos. El primero, explicó, es que se observe la norma, o que no se haga nada y después de vencido el plazo de 15 días el Congreso promulgue la ley.
“Hay la posibilidad de optar por la observación, en la cual se converse previamente, de manera tal que la observación que se haga conlleve a una solución intrínsecamente superior a la simple derogatoria”, aseveró.
Asimismo, demandó al presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, disculparse públicamente por sus últimas expresiones, en las que califica de “payaso” al ministro de Ambiente, Antonio Brack.
Sostuvo que quienes hacen política deben dar la mayor docencia, aun en la más profunda discrepancia, y por eso de ninguna manera se puede aceptar agravios de ese tipo.
Reiteró que el gobierno siempre ha tenido la mejor disposición para el diálogo, pero poco se puede avanzar cuando los opositores nunca están conformes ni dan su brazo a torcer.
De otro lado, Del Castillo consideró que “no tiene futuro” la pretensión de un sector del Congreso para derogar los decretos que implementan el TLC con los EE UU porque eso sería un salto al pasado.El datoEn otro momento, Del Castillo se pronunció a favor de que las trabajadoras del Estado, que se encuentran bajo el régimen laboral de Servicios No Personales (SNP), cuenten con derechos de lactancia y descanso pre y post natal. Señaló que se trata de un derecho fundamental, por lo cual “hay que disponerlo rápidamente”.
Expreso, 26/08/2008

Alan dice que desarrollo protegerá a los nativos

El mejor camino para proteger a los más pobres es el desarrollo, permitiendo su conexión con el avance tecnológico y productivo del resto del Perú, señaló el presidente Alan García en un pronunciamiento escrito.
En él señaló que “muchos parlamentarios votaron en contra de los decretos por creer sinceramente que así defienden a las comunidades y comuneros, sin embargo, el mejor camino para protegerlos es mediante el desarrollo y permitiendo su conexión con el avance tecnológico y productivo”En ese sentido y según su pronunciamiento, el jefe del Estado propuso “que para evitar el temor a una supuesta venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos, sería conveniente dejar en 66% el margen de decisión de transferencia o venta definitiva”. Asimismo, dijo, “permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%, y de esta manera conciliar los criterios”.“Saludo su buen objetivo pero creo que hay un mejor camino por el que proteger a los más pobres, y es el desarrollo permitiendo su conexión con el avance tecnológico y productivo del resto del Perú”, remarcó.“Muchas veces las normas aíslan e impiden la libre decisión. Esto ocurre cuando se exige 66% de los miembros históricos de una comunidad andina para adoptar una decisión”, explicó.Comentó que la propuesta del Ejecutivo fue reducir ese nivel a 51%. “Pensamos que así las comunidades podrían asociarse con los capitales y la tecnología, a través del alquiler de tierras y así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12,000 lagunas para la acuicultura”, apuntó.Indicó que si a las tierras alquiladas llegan mejores pastos y vientres de alta productividad, se convierten en un foco de progreso que irradia hacia las tierras no alquiladas. “Pero hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos. Creo que eso sería muy difícil porque no hay una masa de capital desesperado por ir a esas difíciles zonas”, remarcó.El mandatario precisó que lo esencial de la propuesta fue pensado para los andes, pero por error o confusión se "amazonizó" la idea, involucrando a nativos, cuyas comunidades no tienen los cuatro siglos de las de la sierra y que responden a otra realidad.
“Creo que la discusión ha sido muy importante porque tarde o temprano se avanzará en esa dirección. No se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado. Eso mantiene el atraso y la miseria”, agregó el Presidente de la República.
Expreso, 26/08/2008

lunes, 25 de agosto de 2008

Quieren enfrentamiento entre Congreso y Palacio

Voceros de García no respetan decisión del Parlamento e insisten en no promulgar ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073.
A través de sus voceros, el Ejecutivo persiste en amenazar que observará o que no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitan la venta de las tierras de las comunidades nativas e indígenas y que son abiertamente inconstitucionales. Ante ello, congresistas de diversas bancadas sostuvieron que lo que están haciendo los voceros del oficialismo es enfrentar al Ejecutivo contra el Legislativo.
“Hay un enfrentamiento entre los apristas que están en el gobierno con los apristas que están en el Congreso. El Ejecutivo no cree en el Parlamento y menos, en los congresistas apristas. Esto pone en evidencia el enfrentamiento entre distintos sectores del Apra que están al servicio de los intereses de grandes empresarios extranjeros que quieren comprar a precio de ganga los terrenos de las comunidades”, sostuvo el congresista de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, quien demandó también al gobierno trabajar de manera coordinada con el Legislativo.
A su vez, el congresista Yonhy Lescano coincidió con el legislador de García Belaunde en que los voceros del gobierno están enfrentando al Ejecutivo contra el Legislativo.
Manifestó que el Ejecutivo no quiere respetar la decisión democrática contra los decretos legislativos que provocó el rechazo de la mayoría de las tiendas políticas, incluso algunos representantes del Partido Aprista.
No permitirán que le tomen el pelo
Advirtió que la población nativa e indígena no va a aguantar que le tomen el pelo y pidió que por lo menos, esta vez, el Ejecutivo deje la prepotencia y la soberbia manifestada por este tema que ha sido ocasionado por el propio gobierno y sus funcionarios.
“El Partido Aprista ha perdido espacio, inclusive en el Congreso. Ha provocado esta situación y sería una enorme imprudencia si es que el Ejecutivo insiste en desconocer el reclamo de los pobladores nativos”, dijo.
Asimismo, el congresista Mauricio Mulder consideró que la derogatoria de ambas normas ha sido un avance revolucionario, pero un retroceso reaccionario. Lamentó que la situación se haya tornado crítica al punto de la confrontación ideológica y el verticalismo.
Ada Chuecas, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, consideró importante e histórica la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073. Recordó que esta derogatoria es una demanda de los pueblos indígenas amparados en instrumentos internacionales y debe llevarlos a mirar este hecho como una oportunidad para crear condiciones de igualdad.
Por su parte, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, sostuvo que si el Ejecutivo entorpece la derogatoria de los decretos legislativos significará que no respeta las decisiones del principal poder del Estado (el Congreso). Asimismo, no descartó que si esto sucediera, los nativos saldrán otra vez a protestar a las calles.
El congresista Daniel Abugattás, por su parte, criticó duramente la posibilidad de que el Ejecutivo observe la derogatoria de las normas y fustigó la postura del premier Jorge del Castillo. “No quieren respetar la decisión de la mayoría”, dijo.
Más reacciones ante amenaza del Ejecutivo
Gobierno no debe resistirse
Juan Carlos Eguren - Unidad Nacional
“Una votación tan abrumadora en el Congreso para la derogatoria de los decretos legislativos no debiera tener una resistencia del Ejecutivo. Al contrario, debería presentar un proyecto de ley sobre este tema pero bien elaborado, coordinado con las otras fuerzas políticas del país y hacer el trabajo de consulta hacia las zonas de la selva como lo hemos manifestado -los de su bancada-, estábamos de acuerdo con la derogatoria por su procedimiento”.
Olvidaron enseñanzas de Haya
Fredy Otárola - Partido Nacionalista
“Parece que el Partido Aprista ya olvidó lo que dijo su líder Víctor Raúl Haya de la Torre (el Congreso es el primer poder del Estado) porque este gobierno lo maneja como si fuera su patrio trasero y ahora, que es una de las pocas veces que el Legislativo le pone freno, pretenden desconocer una decisión de la mayoría de las bancadas, como es la derogatoria de dos leyes que sólo favorecen a la inversión privada en perjuicio de los más pobres de la selva”.
Ejecutivo no aprende
Carlos Bruce - Alianza Parlamentaria
“La posición del Ejecutivo evidencia que no aprenden de sus errores. El tema común es la falta de anticipación a los conflictos y falta de voluntad al diálogo con los representantes de los sectores sociales. Hay tendencia al autoritarismo y la soberbia. Los ministros están condicionados a lo que diga el presidente y si debido a ellos vamos a ver conflictos y más conflictos, tendremos problemas con la gobernabilidad del país”, advirtió.
La Primera, 25/08/2008

Unión de nativos y mestizos fortaleció protesta

Ayuda de pobladores no indígenas de Bagua fue básica en una medida de fuerza que se caracterizó por la resistencia.
La solidaridad es la mejor arma para combatir la necesidad. Y en Imacita lo saben bien. Por eso cuando hace algunas semanas, desorientada, sin dinero y embarazada de más de siete meses, Sheila llegó a este centro poblado junto al río Marañón, ninguno de los mestizos de la zona dudó en ayudar a esta mujer awajún que sin nada más que lo puesto, y a través de gestos con las manos, indicaba que llevaba días sin comer.
A través de su particular idioma –Sheila es muda y no sabe leer ni escribir– descubrieron que venía de Santa María de Nieva (a cinco horas de la subestación Nº 6 de Petroperú), que ya tenía tres hijos y que el padre del niño que venía en camino era un oficial del ejército al que apodaban "El Gringo". Su nombre lo supieron por unas cartas que siempre lleva con ella.
Sheila pronto se integró a la comunidad. Tanto, que en su desvencijado cuarto en la terminal de autos guardó, durante los casi quince días que duró la protesta en la selva contra los decretos 1015 y 1073, todos los víveres que alimentaron a los miles de indígenas que llegaron a la zona.
Como las demás mujeres del lugar, ella trabajó de sol a sol. Y a la semana de iniciada la medida de fuerza, casi entre fogones, Sheila dio a luz una niña que hoy se alimenta gracias a la ayuda de todos. Hay poco dinero en el pueblo, pero eso es lo de menos. Ella cocinó para cientos, y ahora son ellos los que le ayudan con ropa, comida y techo.
La historia de esta nativa no es única en Amazonas, departamento donde, según datos del Inei, el 55% de la población vive en la pobreza. Y eso que esta se ha reducido en el último año y en todo el Perú en casi cinco puntos, según dicho estudio.
El último censo nacional de población tampoco arroja datos mejores. Este habla de un 47.5% de la población que solo tiene estudios primarios, un 51.1% de viviendas que no tienen alumbrado proveniente de la red pública, y sitúa a Amazonas como la región –detrás de Huancavelica y Madre de Dios– con menos teléfonos fijos y celulares por vivienda del país.
En la provincia de Imaza saben bien qué significa eso. La escasez de teléfonos públicos hace que la mejor forma de comunicación siga siendo la tradicional radio. La única oferta laboral para una gran mayoría de la población en edad de trabajar que solo tiene estudios primarios son las chacras. Y la única salida para lo que en ellas se cultiva son los mercados semanales, desde los cuales sus productos solo llegarán a Bagua, pues Chiclayo y Lima son opciones demasiado lejanas por el mal estado de las vías y el elevado costo del combustible.
Por eso, en la zona, el programa contra la pobreza que mejor funciona no es del gobierno, y se llama solidaridad. Sin ella, y la ayuda de la población mestiza de la que muchas veces desconfían, la protesta de los indígenas no hubiera tenido tanta fuerza.
Ollas comunes y ayuda mutua
La comida que mantuvo en pie a los nativos provino de ollas comunes de mujeres de la zona, con alimentos donados por comerciantes locales, pequeños propietarios e incluso religiosas, de la provincia. Los numerosos camiones que transportaron a los awajún-wampí fueron igualmente cedidos por madereros y empresarios que llevan mercancías desde Bagua. Además, los vecinos cedieron sus locales (tiendas y hostales) para que los indígenas tuvieran dónde dormir.
Ayer, en el puerto de Imacita, decenas de indígenas aún partían en embarcaciones que les llevarán a sus domicilios, aún a varios días a pie de distancia. A este lado del Marañón, como nunca, los despedían los mestizos que les apoyaron siempre en una lucha aún sin punto final.
La República, 25/08/2008

Apristas alistan nuevo proyecto para calmar ánimos en la selva

Frente a observación del Ejecutivo sobre derogatoria de decretos
Ante el inminente rechazo del Ejecutivo a la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) alista un proyecto de ley que tiene como objetivo calmar los ánimos en Bagua, entre los nativos sin que el Ejecutivo dé su brazo a torcer.

El presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, indicó que la propuesta solucionaría las diferencias existentes con los nativos de la selva respecto a los decretos 1015 y 1073, cuya derogatoria fue acordada por el Parlamento. Y planteará que se mantenga vigente el quórum actual de dos tercios para decidir sobre el uso de las tierras en las comunidades nativas.
“La propuesta es que se mantenga en 2/3 de los integrantes de la comunidad nativa el quórum para la eventual venta de un terreno, y que se reduzca a la mitad más uno, el requisito para proceder con el alquiler o asociación con terceros”, indicó.
Vargas mencionó que este tema también podrá ser abordado por la Comisión de Constitución.
“Vamos a elaborar un proyecto y esperamos que en la próxima semana pueda estar concluido”, anotó.
El pleno del Congreso aprobó el pasado viernes un dictamen que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el quorum para decidir el uso de las tierras en las comunidades nativas, que emitió el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades que le delegó el Congreso.
Esta aprobación se realizó cuando la manifestación amenaza con incrementar la violencia en la zona por la vigencia de estos decretos que reducía el quórum en la toma de decisiones de las comunidades a la mitad más uno, lo cual fue considerado una claudicación del Legislativo ante la protesta indígena.
El dictamen aprobado dispone restituir los artículos 10 y 11 de la Ley 26505, norma sobre la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las comunidades de la sierra y la selva.
Reaccionarios
De otro lado, el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, consideró que quienes votaron por la derogatoria de los referidos decretos adoptaron posiciones “reaccionarias y conservadoras”, que culminaron en la aprobación del dictamen que deroga el decreto legislativo 1015 y su modificatoria, el 1073.
Mencionó que la bancada oficialista buscó llegar a un consenso, planteando alternativas y solucionar las diferencias existentes con los nativos.
Del mismo modo, el legislador aprista lamentó que algunas personas hayan llevado el referido tema al extremo de la confrontación.
“Me parece que aquí se han estado llevando las cosas al punto de la confrontación ideológica, cultural, de la imposición y del verticalismo cuando en realidad, simplemente, se trataba de una norma accesoria para mejorar los mecanismos de consulta para que estas personas reciban ofertas de inversión”, explicó.
La Razón, 25/08/2008

Piden someter a referéndum 'Ley de la Selva’

El representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía, José Álvarez, propuso que los decretos legislativos 1015 y 1073 se sometan a un referéndum, ante la posibilidad de que el Gobierno observe la derogatoria aprobada por el Congreso.
En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo no haya consultado con la población nativa sobre la emisión de estas normas y comentó que considerar a la Selva como un pueblo atrasado es un calificativo “etnocéntrico y racista”.
Al respecto, el congresista Mauricio Mulder precisó que las leyes o decretos no se pueden someter a referéndum.
Perú.21, 25/08/2008

Del Castillo confirma el diálogo Gobierno-nativos

Descarta que el Ejecutivo promulgue derogatoria de decretos 1015 y 1073. Los conflictos sociales se duplicaron en el último año. En la selva hay 65 pueblos indígenas agrupados en 1.450 comunidades. Atención: ley de pesca y canon de Moquegua podrían generar problemas.
La pregunta quedó en el aire el último viernes tras la derogatoria en el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073 (referidos al porcentaje de votación para decidir la enajenación de tierras campesinas en la selva y la sierra). ¿Promulgaría el Ejecutivo la ley que determina la derogatoria? El primer ministro, Jorge del Castillo, solo atinó a decir ese día que se evaluará el tema.
Como para alimentar más la expectativa, el presidente Alan García optó ayer por mantener la agenda pública en blanco. Sin embargo, el jefe del Gabinete dijo un poco más en declaraciones a la agencia Andina: "Considero que esa posibilidad está casi descartada. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos".
Del Castillo precisó que legalmente el Ejecutivo tenía tres opciones: promulgar la norma (ya descartado), observarla o no hacer nada y dejar que el Parlamento la promulgue.
"No hemos decidido todavía cuál opción se tomará. De hecho, no estamos de acuerdo con la derogatoria; así que difícilmente la vamos a promulgar", reiteró, a la vez que recordó que tienen por ley un plazo de 15 días para analizar y decidir al respecto.
EL DIÁLOGO VAConsultado horas después por este Diario, el presidente del Consejo de Ministros indicó que el Gobierno se reunirá con la dirigencia de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la cual envió el pasado martes una carta al Gobierno, en la que solicita audiencia con una mesa multisectorial. Esta asociación, presidida por Alberto Pizango, fue la principal promotora de la medida de fuerza acatada los últimos días.
"Nosotros vamos a continuar el diálogo y el ministro del Ambiente, Antonio Brack, estará encargado del tema. En su momento se les citará y se tomará una decisión. Recién vamos a empezar a hablar", manifestó.
Pizango comentó a El Comercio que si bien aún no reciben respuesta formal del Ejecutivo, confían en ser recibidos por representantes ministeriales que tengan capacidad de decisión. Horas antes el dirigente había tenido palabras poco amables hacia el ministro Brack, el primer interlocutor que tuvo el Gobierno.
"No diríamos que ha perdido la confianza (Brack). Es que hay que hablar con el dueño del circo y no con los payasos. En este caso el Ejecutivo y nosotros tenemos la agenda de la plataforma de demandas que tienen los pueblos", expresó el dirigente.
Según Pizango, son ocho los puntos de su pliego de reclamos, entre ellos la reactivación del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), que el Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) vuelva a estar adscrito a la PCM y la creación de un fondo indígena para el desarrollo.
Pizango también insiste en pedir el retorno de la intangibilidad de sus territorios, como establecía la Constitución de 1979, en la que se consigna su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, así como los derechos colectivos. Esto fue corregido por la Carta Magna de 1993.
Sobre los porcentajes de votación para decidir sobre sus tierras, el dirigente nativo dijo que esta debía ser sobre la base del 100% en aras de la seguridad jurídica. Ante esto, Del Castillo recordó que hasta para elegir al presidente del Perú basta con superar el 50%.
Además de conversar con el Ejecutivo, la dirigencia nativa también participará en el trabajo que realice la comisión multipartidaria que se forme en el Congreso para buscar una solución a este problema. Ese fue el compromiso de su titular Javier Velásquez Quesquén.
EN PUNTOS
El pliego de reclamos bajo el brazo
Reactivación del PETT
Aidesep solicita reactivar el PETT. Ahora la titulación está en manos del Cofopri.
Rango ministerialTambién quieren que el Indepa vuelva a tener rango ministerial y esté adscrito a la PCM y no al Ministerio de la Mujer.
InterculturalidadExigen que los ministerios de Educación y Salud tengan un perfil intercultural. Asimismo, la creación de institutos superiores o universidades en los pueblos amazónicos.
Mejorar producciónUn fondo indígena para desarrollar la educación científica y otros proyectos alternativos. Ya no solo quieren vender materia prima sino también productos finales.
Sobre tierrasEl retorno de la intangibilidad de sus territorios.
ENFOQUE
Medición de fuerzas
Más allá de la conveniencia o no de la derogatoria de los decretos legislativos y de los errores en los que el Ejecutivo incurrió al momento de abordar el tema, sería oportuno que el Gobierno reflexione sobre la 'goleada' del viernes en el Parlamento.
Argumentos más o argumentos menos, lo cierto es que en el Congreso se aglutinaron 66 votos para derogar dos decretos dados por el Poder Ejecutivo, contra 29 votos de la bancada de gobierno.
Estas cifras revelan el hecho de que cuando hay un objetivo claro y la oposición vota en bloque se da el resultado del que hemos sido testigos: el oficialismo más solo que nunca. Únicamente lo acompañaron los dos legisladores de Renovación Nacional, el partido del ministro Rafael Rey.
Ya sabemos que el Congreso solo ostenta el 9% de aceptación ciudadana, que es un Parlamento fragmentado, que los escándalos éticos y delitos cometidos por más de uno han alimentado el rechazo popular. Sin embargo, es claro también que han demostrado que son capaces de revertir una decisión del Gobierno y censurar --si así lo quisieran-- a más de un ministro o incluso bloquear cualquier reforma de fondo. Cuentan con 'votación calificada'.
Si el Ejecutivo ya cometió el error de no comunicar las leyes que afectan a comunidades específicas, que no insista en la equivocación de no oír señales tan evidentes como la dada el viernes por el Parlamento: que cuando quiere puede tener la sartén por el mango.
El Comercio, 24/08/2008

“Los nativos han sido invisibles para el Estado”

El antropólogo Juan Ossio explica cuál es la idiosincrasia de las comunidades nativas y advierte que su aislamiento podría ser muy peligroso para el país. De la selva su problema.
El político español Manuel Azaña decía que cuando el Estado desaparece, aparecen las tribus. Las comunidades nativas de la selva fueron desatendidas por tantos gobiernos que ello probablemente explique hoy su desconfianza hacia cualquier medida que afecte su territorio. Sin embargo, el antropólogo Juan Ossio es de los que respalda los decretos legislativos 1015 y 1073, aunque lamenta la debilidad de nuestro sistema político… donde también impera la ley de la selva.
Profesor Ossio, ¿se sigue reuniendo cada quince días con el presidente Alan García en Palacio de Gobierno?
Sí. A veces, incluso, con más frecuencia. Hace una semana, por ejemplo, hicimos un viaje para ver la situación de los nuevos cultivos y la irrigación en Chavimochic. Debo confesar que el presidente impacta por la claridad de sus ideas y su visión del momento.
Si hay claridad en sus ideas, ¿por qué entonces vuelve a ocurrir un 'impa-sse’ con las provincias? Antes fueron Cusco y Moquegua, y ahora se trata de las comunidades selváticas. ¿Qué pasa con el mandatario?
Lo que sucede es que el mandatario se ha propuesto desarrollar lineamientos políticos que modernicen el país. Él es un converso frente a esas políticas populistas que aplicó en su primer gobierno y que frenaron el desarrollo. Ha descubierto que hay que marchar con la historia. García está preocupado por la modernización y considera que lo tradicional es, en cierta manera, un lastre para esa modernización.
¿Pero no le faltó al Gobierno dialogar mucho más con las comunidades selváticas para explicarles esa idea de modernización?
Fíjese que esos decretos legislativos 1015 y 1073, que hoy son materia de debate, no tuvieron mayor dificultad cuando se dieron en la costa. Luego se pensó aplicar a otras partes, como las comunidades de la sierra, que en realidad no son tan disímiles a las de la costa, pues ambas son organizaciones sedentarias, con una larga tradición agrícola y que conocen muy bien distintas modalidades de propiedad.
¿Y qué ocurre con las comunidades selváticas?
Ese es el punto. En la selva hay mucha más diferenciación. Hay quienes entienden mejor lo que es la propiedad privada y hay otros grupos que han defendido su territorio de manera muy fuerte impidiendo el ingreso de mestizos. Entre estos últimos grupos están los jíbaros, y entre ellos los awajún o aguarunas. Curiosamente, la Aidesep [asociación que promovió las recientes movilizaciones en la selva] ha estado liderado por dirigentes de la etnia de los awajún.
Estamos hablando, pues, de comunidades sumamente reacias a que alguien toque sus tierras.
Más que eso. En 1964 estuve con los aguarunas y ellos, por ejemplo, no tenían noción del valor del dinero. Las transacciones eran en trueque. Preferían que yo les pagara el alimento con latas de conserva y comestibles. ¿Qué hago yo con el dinero?, me decían. Me imagino que la circulación del dinero habrá aumentado ahora, pero tienen una conciencia bastante limitada sobre las transacciones del mercado.
Pero es que tienen un concepto de desarrollo distinto al de nosotros.
Exactamente. Son concepciones distintas, pero ellos son un grupo entre muchos. Debemos tener presente algo: las comunidades en la selva se originan desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En la selva no ha habido una tradición de comunidad. Mientras las comunidades en la sierra se originaron a partir de las reducciones del virrey Toledo en 1580, lo que existió en la selva hasta la década del 70 fueron territorios tribales.
¿Cómo que territorios tribales?
Bueno, eran seminómades, cazadores, pescadores, recolectores y horticultores. Es decir, empleaban una agricultura de rosa y quema, donde se tala el bosque, se limpia, se siembra y el bosque queda listo para explotar por unos ocho años. Luego se van a otras zonas y así es como andan moviéndose. La idea de la comunidad no caló tan a fondo en ellos porque significaba parálisis y circunscribirse solo a un área determinada.
¿Qué consecuencias ha traído esto?
La consecuencia es que nos encontramos con grupos que han digerido el modelo de comunidad y otros que se han mantenido apartados y que no conciben el derecho de vender su tierra si la mitad más uno está de acuerdo. Aquí viene también la parte malévola, pues no podemos negar que hay un conjunto de ONG radicalmente ambientalistas que quieren ver a las comunidades tal y cual se han conservado toda la vida.
Más allá de las apreciaciones sobre las ONG, ¿no cree que ha habido también falencias en el Gobierno?
Por supuesto que las ha habido. Una de las grandes falencias –que no es solo de este gobierno– es que generalmente las poblaciones nativas de la selva han sido invisibles para el Estado. Ha habido una indiferencia hacia el tema indígena y este gobierno no es una excepción. La institución que debería preocuparse por los indígenas, el Indepa, está en un rincón dentro del Ministerio de la Mujer sin haber alcanzado un rango adecuado.
Son los lastres de nuestra sociedad.
Así es, pero también puedo decir que me alegro que este tema de la 'Ley de la selva’ haya saltado así, porque ahora los indígenas sí se están presentando como una fuerza que molesta y que puede llegar a incomodar. Quizá eso haga que la gente abra los ojos.
Y que se ponga el tema en agenda.
Claro. El único elemento positivo de todo esto es que el tema ha sido puesto en las primeras planas de los diarios. Es interesante ver cómo las organizaciones nativas han logrado alcanzar tal dimensión que sus voces pueden ya ser escuchadas a escala nacional, lo cual antes era imposible.
¿Pero no ocurre eso también porque tenemos un gobierno débil, con poco respaldo popular y que está obligado a dialogar y concertar?
Yo no diría que ocurra porque el gobierno está débil. Lo que desgraciadamente ocurre es que tenemos un Congreso débil y un aparato político que, en su conjunto, es débil. Tenemos una falencia de partidos que debilita nuestro sistema político.
¿Y eso acaso no alcanza al Gobierno?
Pero por supuesto que también logra alcanzar al Gobierno, que, a su vez, no tiene un gran aparato que permita prever el surgimiento de estos conflictos sociales.
Lo cual es sorprendente. Uno pensaba que el Apra –un partido de arraigo popular y de bases en todo el país– iba a ser capaz de enfrentar mejor estos conflictos.
Así es. Es la paradoja en la que nos encontramos, pero debemos tomar nota para ver cómo seguimos encaminando no solo la mejora económica de nuestro país, sino también su lado social.
Usted ha recomendado al Gobierno que maneje esta discrepancia con las comunidades selváticas desde una óptica cultural y económica.
Absolutamente. Si bien el Indepa ha sido arrinconado, mi esperanza es que ahora, por lo menos, tenemos a una persona muy capaz en el Ministerio del Ambiente, que está muy cercano a los problemas de las poblaciones indígenas. Mi esperanza es que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura –que se va a crear– desarrollen una acción conjunta para poder enfrentar este tipo de temas.
Oiga, ¿y no será que a esas comunidades nativas no les interesa vivir como lo hacemos nosotros?
Yo no podría decir que ellos no quieren vivir como vivimos nosotros. Esto es muy interesante. Fíjese que el mesianismo andino siempre hablaba de que para restaurar el orden había que expulsar a los españoles. Pero el mesianismo de la selva dice que hubo un héroe mítico –Pachacamayte– al que los blancos o 'choris’ le arrebataron todas las bondades que el dios quería darles a los nativos. Pero ellos creen que va a llegar el momento en que tendrán acceso a esos bienes.
Es una concepción totalmente distinta del mundo, aunque hay también una aversión hacia los blancos.
Así es. Hay una aversión hacia los blancos, pues les echan la culpa de que se hayan llevado lo que les correspondía, pero los nativos no está rechazando esas bondades. Es decir, no están en contra de los beneficios de la modernidad. La cuestión es cómo encontrar los medios para acceder a esta. Ahí está el problema.
Pero si hay una desconfianza de siglos, ¿cómo los hacemos parte de una nación?
Si bien hay desconfianza, también hay resquicios donde la cooperación es positiva. No podemos aislar a las comunidades. ¿Por qué? Porque el aislamiento, entre otras cosas, los haría carecer de la protección institucional frente a criminales que se meten en su territorio. Debemos recordar que Sendero Luminoso se metió en territorio asháninka. Un par de senderistas controlaba a cien asháninkas. Esta situación de aislamiento no puede repetirse.
Protestas como las que hemos visto estos últimos días nos recuerdan que a pesar de las carreteras y los celulares, la integración del país sigue siendo un reto.
Así es, totalmente de acuerdo con usted, pero tenemos una cosa a nuestro favor. La integración sigue siendo un reto, pero las sangres se han juntado. Tenemos hoy un país en el que los distintos grupos humanos están más cerca unos de otros, lo que no pasaba en la década del 40. El problema es que esta aproximación de todas las sangres no ha estado acompañada de una distribución equitativa de los servicios públicos. En eso estamos.
¿Qué le pareció la derogatoria en el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073?
Una tontería porque estamos demostrando que se pueden cambiar las leyes solo porque la gente se pone belicosa. La violencia nunca puede ser un instrumento para cambiar las leyes.
¿Qué le va a decir este lunes al presidente Alan García cuando se reúnan en Palacio de Gobierno?
Le diré que tenemos que apuntalar más y hacer que el Estado llegue a esas poblaciones, que no comprenden en qué consisten los dos decretos legislativos ni la institucionalidad del país. Debemos hacer una mayor pedagogía en esas poblaciones
Perú.21, 24/08/2008

Santiago Pedraglio: Amazonía: diálogo sin revanchas


La idea de que las comunidades nativas “pongan en valor” sus tierras, es decir, que las puedan vender o hipotecar, aparece como centro del discurso modernizador del Gobierno, de sectores empresariales y de varios medios de comunicación. La tesis es que para una comunidad nativa negociar con las tierras es lo mismo que para los citadinos hacerlo con un departamento en Miraflores, una casa o un terreno saneado por Cofopri en algún cono de Lima. Los adalides de la modernización autoritaria se resisten a reparar en que para una comunidad nativa el riesgo de quedarse sin tierras equivale a poner en juego su desaparición como colectividad con una determinada identidad cultural, idioma incluido. Por eso los decretos cuestionados despiertan temores y suspicacias, a la vez que dan lugar a tan grande e inusual unidad, desde Madre de Dios hasta Amazonas.
La propuesta de modernización enarbolada por el Gobierno lleva implícita la antigua convicción de que la mejor manera de integrarse al mercado y conquistar derechos es hacerlo de forma estrictamente individual, ignorando que la mayor parte terminarán como migrantes pobres y desarraigados en una ciudad pequeña, mediana o grande, o, en el caso de unos cuantos, como jornaleros de las empresas petroleras o forestales.
Para este tipo de modernización, la gran inversión es, en todo tiempo y lugar, promotora del desarrollo y finalmente de civilización. Por eso, el presidente Alan García, siempre de acuerdo con su teoría del “perro del hortelano”, dice estar convencido de que es la única manera de sacar a los nativos amazónicos de su atraso decimonónico.En el caso particular del Apra, además, quizá por su origen social más que por su doctrina primigenia, hay resistencia a aceptar que los Estados modernos y democráticos –no los Estados-nación de los siglos XVIII, XIX y parte del XX– tienen como uno de sus pilares el reconocimiento de la diversidad cultural, y no su homogeneización de carácter mestizo y, finalmente, criollo.
El desarrollo integral, sostenible y autónomo de los pueblos amazónicos, en el marco del fortalecimiento de la comunidad nacional, es un desafío complejo. ¿Cómo desarrollar una estrategia que no parta del supuesto de considerar que el bosque amazónico es solo fuente de petróleo y madera? Es de esperar que, en lugar de revanchas desde el Poder Ejecutivo, se abra un espacio para el debate y el diálogo, en especial con los peruanos directamente involucrados. Los gobiernos regionales, sobre todo del Oriente, tienen una importante y directa responsabilidad que no deben evadir.
Perú.21, 24/08/2008

Ejecutivo se resiste a derogar 'Ley de la Selva’

Premier cuestiona que se hayan juntado extremos políticos para empujar la derogatoria. Dirigente Alberto Pizango pide dialogar “con el dueño del circo y no con los payasos”.
No da su brazo a torcer. El Ejecutivo confirmó ayer que no está dispuesto a ceder en el tema de la llamada 'Ley de la Selva’, y adelantó que no promulgará la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, aprobada el viernes en el Pleno del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, recordó que –conforme a la Constitución– al Ejecutivo le quedan tres caminos frente a la decisión parlamentaria: promulgarla, observarla o, sencillamente, no pronunciarse y dejar que el Congreso la promulgue.
Del Castillo afirmó que la posibilidad de promulgar la autógrafa está casi descartada, a pesar de que la ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó, también ayer, que todavía no se ha tomado una decisión y que se sigue meditando sobre el tema.
Para sustentar su posición, el premier cuestionó que, en este tema, se hayan juntado “los extremos de la política”: Ollanta Humala, Lourdes Flores, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, “para cerrarle el paso al desarrollo y a la modernidad del país”.
Según su criterio, el Parlamento ha incurrido en un gravísimo error, por lo que lamentó que hasta el ex presidente Toledo se haya subido al carro y haya apoyado la derogatoria.
“En la historia del Apra, los extremos siempre se juntan para intentar cerrar(le) el paso, esta es una vez más; pero ahora no se ha dañado al Apra sino a los nativos. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos”, declaró a la agencia oficial Andina.
Por su parte, la ministra Fernández aseguró que el Ejecutivo no va a cejar en su empeño de buscar fórmulas para insistir en el tema de manera pedagógica, y destacó la necesidad de no postergar a estos pueblos.
“Es negativo para la democracia cómo se consiguió la derogatoria (de los decretos). Esto es la auténtica Ley de la Selva. Primero incendio, rompo, quemo y luego me presento en Lima, hago bulla y van a ver ustedes cómo derogan esa norma”, criticó.
FALTA DE COMUNICACIÓN. La ministra de Justicia reconoció que el Ejecutivo incurrió en un error por no comunicar a tiempo los alcances de la norma. Agregó que el Gobierno debió tener una actitud “muchísimo más informativa”, pero dijo que la responsabilidad es compartida con el Parlamento.
En ese sentido se pronunció también Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión Política del Partido Aprista, quien comentó que los propios voceros del Gobierno han reconocido una falta de comunicación y de consenso con los nativos. “Ya las autoridades lo han dicho: Hay que corregir ese aspecto de incomunicación, hay que buscar acercamientos, puntos de encuentro, hay que ser tolerantes. Con esa metodología y procedimiento vamos a mejorar la norma”, consideró.
LEÑA AL FUEGO. Por su parte, el legislador nacionalista Daniel Abugattás advirtió que si el Ejecutivo observa el proyecto derogatorio aprobado por el Congreso le estaría “echando más leña al fuego” al conflicto con los nativos. Agregó que será responsabilidad del Gobierno si, entonces, se reanudan las manifestaciones de protesta.
A su turno, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pidió al premier Del Castillo que deje la prepotencia y no subestime a las poblaciones amazónicas. Solicitó que prime la razón para evitar estallidos de cólera en la población.
Asimismo, Pizango afirmó que desde ahora solo dialogarán con los más altos representantes del Ejecutivo. “Tenemos que dialogar con el dueño del circo y no con los payasos”, expresó en alusión a la comisión que presidió el ministro del Ambiente, Antonio Brack, y que tuvo la misión de convencerlos de que depongan su medida de fuerza.
Perú.21, 24/08/2008

Carlos Basombrío: Sobre la crisis con los nativos

Mejor consultar. Es difícil de imaginar una norma para cambiar las reglas de juego para algún sector clave e influyente del país que se apruebe sin información y diálogo con los involucrados. ¿Por qué en este caso no se hizo? Ojo: consultar no necesariamente implica que se deba hacer luego lo que unos y otros digan; después de todo hay un gobierno y un Congreso elegidos; pero sí permite conocer puntos de vista, disminuir suspicacias, limar aspectos más conflictivos e incluso anticipar reacciones. Quizás si se hubiera actuado de esa manera, otro sería el destino de la norma y el Gobierno no habría experimentado esta humillante derrota política.
Miedo y desconfianza. Creo que el tema de fondo para los nativos no era si se votaba con 66% o con 50% en las asambleas. Como se ha visto en sus masivas movilizaciones, ellos no quieren cambios que modifiquen su relación con la tierra y el territorio, y es improbable que con un porcentaje u otro hubiesen tomado decisiones en ese sentido. El problema es otro y pasa por su desconfianza a que detrás de la norma haya algo más. Recordemos que los nativos han sufrido por décadas la pérdida de sus tierras principalmente por acción de los colonos y ya han sido empujados bosque adentro. No pareciera que la disyuntiva que ellos tienen en mente sea la de mantenerse en el pasado o acceder al progreso, sino la de conservar o perder lo que aún tienen.
Incapacidad de prevenir. Los indicios de que se venía una tormenta por las varias normas que, indistintamente, se las llama “ley de la selva” están allí hace meses. A lo largo del año ha habido pronunciamientos, asambleas y hasta paros preventivos. Había que ser ciego para no saber que esto se incubaba. Una vez más, no actuaron a tiempo y dejaron que el conflicto les estalle en la cara. Fracaso de la seguridad. Para variar, el Ministerio del Interior no dio pie con bola. Con toda la información disponible y los antecedentes de protestas similares, muy bien se pudo tener un plan preventivo que proteja –antes de que sean tomados o asediados– campos petroleros y de gas, el oleoducto, el gasoducto y otras instalaciones estratégicas en la zona. Se llegó tarde y se actuó con torpeza. Como ya es costumbre, a falta de liderazgo y profesionalismo, los policías terminaron de rehenes o corridos por los manifestantes.
¿Obra de Humala? Es increíble que el Gobierno pueda creer que con el desprestigio, falta de arraigo y representatividad de los políticos nacionales, alguno de ellos pueda tener la capacidad de generar movilizaciones así. Sin duda por allí había algunos humalistas, pero no entienden nada quienes creen que Humala es capaz de organizar y dirigir protestas como estas. Obvio, ni tonto ni perezoso, si le querían regalar la representatividad de decenas de miles y aparecer como líder de una protesta muy popular en la selva, pues les dijo gracias y se la atribuyó.
¿Lecciones aprendidas? No hay que ser demasiado optimistas. Casi como dos gotas de agua se han repetido en la selva los errores de Moquegua. Por cierto, el Frente de Defensa de Moquegua está anunciando medidas de fuerza por un supuesto incumplimiento de los acuerdos. ¿Es cierto o es mala fe? El Gobierno debería tomar el toro por las astas antes de que estalle un nuevo problema; sea explicando cómo sí se ha cumplido o acelerando el paso si así no fuese.
Perú.21, 24/08/2008