"El error fue no consultar a los nativos"

Mea culpa del ministro Antonio Brack.

Por Mariella Balbi
¿Qué balance saca de la protesta por la derogatoria de los decretos 1015 y 1073?

Lo primero es que el periodismo nacional trata en forma pésima estos temas. Hace unas semanas decía que la ley de la selva era el proyecto de ley 840 sobre reforestación en tierras privadas, que está en el Congreso. Ahora es el Decreto Legislativo 1015 y en tres semanas inventarán otra ley de la selva. Eso es muy irresponsable. Segundo: se habla pero no se lee el decreto, solo se transmiten mitos. Tercero: es muy difícil dialogar con gente politizada
¿Está convencido de que en la Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) hay politización?

Por supuesto que existe. Yo la he visto en los asesores de Aidesep, pertenecen a determinados partidos que no quiero señalar. Ellos hablaban más que los apus. Cuarto: se echa la culpa al Gobierno Central cuando el Perú está descentralizado. ¿Por qué las regiones nunca intervienen?
¿La Aidesep es representativa?

No. Solo es representativa de una parte de los pueblos indígenas amazónicos, de un 60%. Hay otra organización, el Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), que quiere el diálogo pacífico. En futuros diálogos no solo debe estar Aidesep.
El presidente Alan García señaló que el decreto era para las comunidades de la sierra y "se 'amazonizó' involucrando a los nativos que responden a otra realidad".

El decreto 1015 establece un sistema de votación único, basado en la mitad más uno; antes la sierra y selva debían llegar al 66%. La sierra no ha protestado...
Vladimiro Huaroc, presidente de la región Junín, dice que comunidades serranas no están contentas con el cambio.

¿A quién representa él? Tienen que pronunciarse las organizaciones. Los amazónicos también proponen derogar la ley forestal ¡porque no están de acuerdo con un artículo! Dicen que cuando se habla de bosques no se mencionan los de las comunidades nativas. Cuidado que puede ser la tiranía de un grupo sobre el país.
¿No ve ningún error en la promulgación del decreto 1015?

El único error fue que no se les consultó. Pero el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) no establece cómo se implementa la consulta. Ese es un punto que hay que corregir. La publicación previa en "El Peruano" no llega a la selva, el referéndum es costoso. Aunque la protesta contra el 1015 fue solo un detonante para promover un movimiento
¿Y qué hay detrás?

Hay que leer los documentos en los que se indica que se quiere liberar todos los territorios indígenas amazónicos, quieren recuperar sus territorios ancestrales. La protesta fue solo un fulminante. Lo positivo, en medio de todo, es que el levantamiento permitió discutir el tema en la burbuja limeña.
¿Usted participó en la elaboración de los decretos 1015 y 1073?

No, porque yo entré al ministerio el 16 de mayo. Pienso que pudieron ser mejores y no referirse a la venta de tierras, porque para los amazónicos mencionar esto es como hablar de la soga en la casa del ahorcado. Para ellos la tierra es lo máximo, no pueden separarse de ella. Hubiera puesto: "Para cualquier decisión de la comunidad". Además, dudo de que sean vendibles.
¿Las tierras comunales son vendibles? ¿Cuántas hectáreas poseen?

Creo que no, porque la Constitución señala que son imprescriptibles. Hay 12 millones de hectáreas tituladas a las comunidades nativas y tres millones más que son reservas comunales. Tienen la mayoría de bosques de la Amazonía y recursos increíbles. El reto es cómo realizan un desarrollo sostenible con sus bosques y salen de la pobreza. El decreto se refería a la asignación de tierras a los nuevos comuneros, no a la venta a terceros. Además, las concesiones petroleras no implican propiedad de tierras, solo extracción del subsuelo. Las tierras solo podrían alquilarse y las comunidades deben ser consultadas. Pero no tienen derecho al veto pues ello impide que el Estado extraiga recursos del subsuelo.
¿Existe el catastro de las tierras comunales?

De un 60%, faltan las zonas más alejadas de Ucayali y Loreto. El existente habría que ajustarlo con satélite, pero ellos interpretan que se quiere hacer eso para quitarles su tierra.
Aidesep pide modificar la Constitución para que sean dueños del subsuelo

Bueno, mientras no se derogue la ley actual, está vigente. Además para la extracción en sus tierras, las comunidades tienen que dar la licencia social. Hay comunidades que son socias de las petroleras y otras que dicen no a la extracción. Pero no tienen derecho a veto.
Ese sería el meollo del asunto, las comunidades temen la explotación...

¡Por supuesto que tienen miedo! En el pasado la explotación del caucho, del petróleo, ha sido un desastre para las comunidades nativas
Los achuares denunciaron la contaminación del río Corrientes

Recién a partir de 1997 tenemos leyes ambientales. Lo del río Corrientes viene de 1974. Cuando los achuares se levantaron cambiaron las cosas. Ahora la reinyección de las aguas de los pozos es al 100%; falta resarcir la limpieza de los ríos. Esa es función de Energía y Minas. El próximo año lo verá Ambiente, cuando funcione la oficina de evaluación y fiscalización ambiental, un organismo autónomo. En la zona amazónica hay cerca de 50 lotes petroleros, muchos no contaminan. En la selva lo más contaminante es la minería informal.
La extracción informal de madera ha depredado la selva.

Las concesiones forestales funcionan muy bien, pero la tala ilegal sí depreda. Al desgraciado que compra y blanquea la madera ilegal hay que meterlo a la cárcel y se debe organizar a quienes la habilitan.
¿Por qué se permite y prospera la mafia de la madera?

¿Por qué se permite la mafia de la cocaína, o se deja pasar la luz roja? Porque nuestro país es inmoral, hay coimas, corre dinero. En Pisco se vende dinamita para pescar, es gravísimo. ¿Por qué nadie interviene? Estamos creando una policía del ambiente, un cuerpo especializado que en el futuro tendrá 3.000 policías. La fiscalía ya tiene 46 fiscales ambientales en el país, es un avance. Y el Estado, incluidas las regiones, tiene que invertir para que la Marina patrulle los ríos.
¿Si se volviera a reunir con los nativos, qué les propondría?

Lo conversado en San Lorenzo, que no se firmó: el Estado reconoce la gran importancia de las comunidades amazónicas para el desarrollo sostenible porque tienen una cultura, recursos genéticos, plantas medicinales. Además el Estado está obligado a cuidar a los pueblos originarios que estuvieron antes que todos nosotros. Pero el Estado ha titulado 12 millones de hectáreas y la Constitución les da un estatus muy especial. El objetivo es que sean un pueblo desarrollado, respetándolo. Si yo entrara nuevamente a una conversación, todo lo que es legal se vería en el Congreso. Les pediría a Aidesep y a Conap que hicieran una propuesta consensuada de cómo quieren el desarrollo amazónico y que sea aprobado oficialmente por ellos.
¿Cómo será la relación de las empresas extractivas con el Ministerio del Ambiente?

No tenemos una relación directa con las empresas mineras, forestales o pesqueras. Los asuntos productivos son incumbencia de cada sector. Nosotros vigilaremos que se cumplan los estándares ambientales y la normatividad ambiental. Para eso estamos creando la oficina de evaluación y fiscalización ambiental que le mencioné. Será el organismo sancionador del ministerio. Hace dos semanas salió el estándar ambiental del aire, la semana pasada el del agua y estamos trabajando el del suelo.
¿Qué le propondría al Poder Ejecutivo frente a la derogatoria de los decretos?

Es una pregunta muy difícil. Yo simplemente los dejaría así, derogados, porque no se les consultó y trabajaría en otra forma con ellos. Si no quieren cambiar su sistema de votación, que no lo cambien. Es lo mismo que cuando a un grupo de empresarios los afecta el artículo de una ley y hacen una campaña fuerte. Las comunidades deben tener sus estatutos, su padrón, sus acuerdos inscritos en los registros públicos y contar con una directiva elegida, libros de actas
La Constitución indica que las comunidades son instituciones autónomas

No olvide que también señala: "de acuerdo a ley".
¿La comisión que ha creado el Congreso para analizar los problemas de las comunidades amazónicas suma o resta?

No lo sé, aún no se sabe qué va a hacer. Qué problemas analizará: ¿los legales, los culturales, los de biodiversidad? Creo que está exagerando su labor. ¿Quién va a componer la comisión? Los más grandes expertos en asuntos amazónicos y en desarrollo sostenible no están precisamente en el Congreso, sino más bien en las regiones. El Congreso podría meter la pata gravemente si no se informa bien.
¿Irá a la comisión del Congreso si lo citan?

Ellos tienen que coordinar con el Ejecutivo, la PCM. Si esta lo decide, voy. Lo único que tengo confirmado es que seré el representante del Gobierno para estos diálogos. Yo no actúo por mi cuenta, pero tampoco voy con consignas.
El líder comunero Alberto Pizango (de Aidesep) afirma que toman decisiones por unanimidad.

Si lo dice, debe ser verdad (ríe).
Le ofreció disculpas, ¿las acepta?

Por supuesto. Se dicen tantas cosas de mí. En una comisión del Congreso un parlamentario me dijo con mucho desprecio: "Acá viene un personaje que se cree ministro del Ambiente y no lo es". Pero lo tomo como de quien viene... Qué entiende el burro de alfajores. Soy un hueso duro de roer.
¿Le recortarán el presupuesto?

No, me lo han aumentado. Además voy a conseguir dinero de la cooperación internacional.

El Comercio, 31/08/2008