Corrió mucha sangre bajo el puente sobre los decretos legislativos 1015 y 1073, que impulsaban la inversión privada en las comunidades nativas. Mientras el gobierno se resistía a su derogatoria, la Selva promovía una protesta sangrienta. Finalmente, el Ejecutivo dio su brazo a torcer.
Y es que el inesperado fallecimiento de la legisladora Fabiola Salazar (APRA) –en un accidente de tránsito el pasado jueves– sirvió para que el presidente Alan García justificara su decisión de no observar ambos dispositivos, que el pleno del Congreso ya había derogado.
De propia confesión, el jefe de Estado reveló que la hoy desaparecida Salazar le expresó durante una cena partidaria su deseo de que no se observe (rechace) el archivamiento de la llamada Ley de la Selva.
García comentó que, por el contrario, antes de generar la inquietud de las comunidades nativas, la joven parlamentaria le sugirió beneficiarlas con tecnología y un mercado moderno.
Minutos después, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, confirmó que los decretos legislativos 1015 y 1073 se iban al archivo.
En homenaje a Fabiola Salazar, y como lo ha anunciado el Presidente, no se va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana (hoy) promulgaremos su archivamiento, declaró a Radio Nacional.
Patean el tablero
Más tarde, representantes del gobierno, con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, a la cabeza, se reunieron con líderes de diferentes comunidades de la Selva para instalar una mesa de diálogo que aborde los puntos más álgidos (salud, educación y alimentación) de la problemática indígena. Sin embargo, no todo fue armonía, pues al tomar la palabra Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo primero que éste hizo fue patear el tablero y advertir que no participará en la mesa si se incluía en ella a los representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap).
Según Pizango, Aidesep representa a más del 60% de las comunidades, en tanto que la Conap no tiene representatividad ni legitimidad. Luego de dos horas, se acordó instalar la mesa de diálogo y dejar abierta la posibilidad de que Aidesep se reintegre después.
Correo, 20/09/2008
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