Aparentemente sin ninguna razón de peso que respalde la medida, la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) envió ayer tres peritos al local de la ONG Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y revisó toda la documentación contable referida a los años 2006, 2007 y 2008.
La fiscalización a la organización no gubernamental que preside Alberto Pizango, quien lideró la protesta de los nativos de la Amazonía, estaba programada para las 9 de la mañana, pero se inició con una hora de retraso por la tardanza de los peritos Mario Chipana Villena, Rafael Tarazona Jara y Susana Coronado Díaz.
Robert Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, señaló que la intervención de APCI no es otra cosa que “un acto de venganza y de persecución política” por haber liderado la protesta de las comunidades nativas de la selva contra los decretos legislativos 1015 y 1073, derogados en el Congreso.
“Más que un control de buena fe, esto no es otra cosa que una acción represiva y una persecución política. Alan García y su primer ministro (Jorge del Castillo) han utilizado a la APCI para volver a atentar contra las comunidades nativas”, denunció.Guimaraes alegó que “en lugar de fiscalizar a Aidesep, que ya cumplió con entregar informes económicos a las entidades cooperantes, a la Sunat y al Ministerio de Trabajo, deberían preocuparse por investigar los malos manejos en los fondos del PNUD y los malos manejos en los proyectos que financia el Banco Mundial”.
El dirigente manifestó que seguirán insistiendo en tener una reunión con el jefe de Estado y con todo el gabinete, ya que el ministro Antonio Brack no tiene facultades para solucionar todos los problemas que enfrentan.
La administradora general de Aidesep, Agostina Mayan Apikai, informó que los peritos de APCI han vuelto a pedir la información que se entregó a la Sunat, y sostuvo que no hay ninguna razón que justifique la intervención que están sufriendo.
Perú.21, 03/09/2008
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