El congresista por Ucayali y presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, Roger Nájar (UPP), lo tiene claro. El gobierno ha emprendido una campaña nacional para intimidar a las organizaciones indígenas que se oponen a su manejo de las regiones amazónicas, y la fiscalización a Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) es solo una parte más de la misma.
"Aidesep es una organización que representa a la gran mayoría de los indígenas, que lleva trabajando muchos años en la zona y que es reconocida en toda la Amazonía. Resulta gracioso, por decirlo de alguna manera, que justamente cuando los problemas en la selva están por resolverse, la quieran investigar", afirmó Nájar a La República.
El congresista explicó que hay un elevado número de dirigentes amazónicos, de diferentes Frentes de Defensa y organizaciones civiles, a los que se les está judicializando sin pruebas, para evitar que puedan ejercer su derecho a la protesta. Y mencionó un caso en la selva central (en La Merced), y al menos una decena más entre Madre de Dios y Loreto (en Yurimaguas y Andoa).
"Hay toda una campaña de amedrentamiento y persecución a los dirigentes que se atreven a demandar a este gobierno que no se venda la Amazonía", aseveró.
Nájar también criticó el proyecto de ley presentado por José Vargas (Apra), que modifica el régimen de disposición de tierras de las Comunidades Nativas y Campesinas.
"Es más de lo mismo. Tiene la misma falla de origen, pues sigue sin consultarse a las comu-nidades", precisó.
"Aidesep es una organización que representa a la gran mayoría de los indígenas, que lleva trabajando muchos años en la zona y que es reconocida en toda la Amazonía. Resulta gracioso, por decirlo de alguna manera, que justamente cuando los problemas en la selva están por resolverse, la quieran investigar", afirmó Nájar a La República.
El congresista explicó que hay un elevado número de dirigentes amazónicos, de diferentes Frentes de Defensa y organizaciones civiles, a los que se les está judicializando sin pruebas, para evitar que puedan ejercer su derecho a la protesta. Y mencionó un caso en la selva central (en La Merced), y al menos una decena más entre Madre de Dios y Loreto (en Yurimaguas y Andoa).
"Hay toda una campaña de amedrentamiento y persecución a los dirigentes que se atreven a demandar a este gobierno que no se venda la Amazonía", aseveró.
Nájar también criticó el proyecto de ley presentado por José Vargas (Apra), que modifica el régimen de disposición de tierras de las Comunidades Nativas y Campesinas.
"Es más de lo mismo. Tiene la misma falla de origen, pues sigue sin consultarse a las comu-nidades", precisó.
La República, 03/09/2008
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