El presidente del Foro Regional de la Selva Central, Humberto Paredes Vargas, y el dirigente del Frente de Defensa de Chanchamayo, Francisco Cantoral Huamán, denunciaron que la persecución política y judicial contra los dirigentes sociales que iniciaron la lucha contra los decretos legislativos 1015 y 1073 tiene como objetivo impedir la realización de la Tercera Cumbre Amazónica convocada para el 20 y 21 de setiembre.
“Esto es parte de un operativo de persecución política, judicial y policial, con la finalidad de descabezar y desmoralizar la lucha social amazónica. No somos delincuentes, somos luchadores sociales”, afirmó Paredes.
Paredes relató que la fiscal Carmen Sarmiento Pumaraymi acusó el 28 de agosto a ambos y a otros siete dirigentes de ser responsables de los disturbios ocurridos en Pichanaki el 17 de marzo, durante el primer paro amazónico, por lo cual el juez Lucio Salva Ricaldi, titular del Primer Juzgado Penal de la provincia de Chanchamayo, ordenó la captura de los denunciados.
Paredes refutó la acusación y dijo que los dirigentes acusados estuvieron ese día en La Oroya y, luego de enterarse de los disturbios, acudieron a Pichanaki para apaciguar los ánimos de la población y firmaron un acta con el jefe de la Octava Región Policial de entonces, Roberto Villar Amiel. Pero lo “curioso” del hecho es que, según Paredes, la fiscal Carmen Sarmiento, la misma que los acusó, fue testigo del acuerdo de distensión.
La primera, 06/09/2008
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