El presidente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, adelantó ayer que si el Ejecutivo se niega a promulgar la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 y lo devuelve al Congreso, los jefes de 182 comunidades de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín volverán a la lucha y esta vez impedirán el ingreso de empresas mineras, madereras y petroleras para evitar que continúen enajenando sus territorios.
Pizango dijo a LA PRIMERA que Aidesep coordina una movilización nacional en defensa de la Amazonía, tras la exitosa experiencia de la reciente protesta que arrinconó al gobierno y obligó al Congreso a derogar esos decretos.
“Los pueblos van a replegarse a sus comunidades y van a defender su territorio y van a decir ya no más ingresos de las empresas petroleras, madereras y mineras”, señaló Pizango y agregó que la posición de las comunidades siempre ha sido a favor del diálogo, sin embargo, al ver que el gobierno no quiere entender sus justas demandas, se verán obligadas a adoptar las medidas de protesta.
Pizango aclaró que sus declaraciones son resultado de acuerdos de una reunión con los 182 apus (jefes de comunidades) y el representante de la región Amazonas que se realizó los días 11 y 12 en la localidad de Yutupis en la provincia de Condorcanqui en Amazonas.
Sobre la reunión de los líderes indígenas con el ministro de Ambiente, Antonio Brack, que se realizará mañana, dijo esperar que la agenda abarque los ocho puntos planteados al gobierno, y advirtió que, en caso contrario, los nativos sabrán qué actitud tomar.
Enfatizó que los pueblos amazónicos estarán alertas ante las propuestas de los representantes de las Comunidades Nativas del Perú (Conap), a la que acusó de defender intereses del gobierno y no de las comunidades indígenas. Informó que los coordinadores de la Presidencia del Consejo de Ministros aceptaron que en el diálogo participen once dirigentes indígenas y no sólo cinco como planteó el gobierno inicialmente.
Hostiga a Aidesep
El dirigente indígena reiteró que detrás de la inspección a las instalaciones de Aidesep por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional existe una clara hostilización gubernamental, en represalia por los reclamos de los pueblos ancestrales.De otro lado, negó las imputaciones del Ejecutivo de que tras las quejas nativas existe injerencia o manipulación de agrupaciones políticas y afirmó que tampoco las hay de parte de las ONG.
La Primera, 18/09/08
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