martes, 23 de septiembre de 2008

Exigen derogatoria de todos los decretos de Ley de la Selva

Leyes concesionan bosques y quitarán terrenos no trabajados a comunidades, según conclusiones de la Cumbre Amazónica.
La derogación de los decretos 1015 y 1073 no es suficiente para la protección de las áreas forestales y de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas. Así lo considera AIDESEP , organización indígena que agrupa un 60% de los pueblos amazónicos, así como las organizaciones que participaron el fin de semana anterior en la 3ª Cumbre Amazónica.
La columna vertebral de su protesta es ahora la derogación de decretos como el 1090 y el 1064.
"Con estos decretos, los bosques primarios ya no gozan de protección y quedan a disposición de cualquier gran empresa extranjera", explica Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso.
Además, denunció que permiten la venta de tierras comunales no trabajadas o en descanso, y que dan preferencia a la titulación de empresas extranjeras en Cofopri.
Como próxima medida de lucha, se anunció que los frentes de defensa amazónicos consultarán con sus bases la convocatoria de una huelga indefinida a realizarse desde el 20 de noviembre.
Por su parte, Aidesep se reunió con la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), para estudiar acciones conjuntas de movilización.
Las leyes de la discordia
Junto con los decretos 1015 y 1073, derogados con una ley publicada en El Peruano, fueron promulgados el 28 de junio 32 decretos más para "facilitar la implementación del Acuerdo Comercial Perú -EEUU".
Dentro de este paquete, se encuentra el decreto 1090, que aprueba la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre. En su artículo 9, permite la concesión por iniciativa privada de bosques maderables sin concurso público y sin límite de hectáreas, por lo que abre la amazonía a multinacionales.
El decreto 1064 aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. En su disposición final, establece que las tierras no trabajadas son de dominio del Estado, lo que a juicio de las comunidades nativas hace peligrar sus tierras ancestrales.
La República, 23/09/2008

1 comentario:

GERY dijo...

Lastima aun tenemos compatriotas que bajan la cabeza ante cualquier "gringuito" que nos muestra sus dolarillos.