viernes, 5 de septiembre de 2008

Represalias contra líderes amazónicos

Los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo y Katya Pinedo, denunciaron ayer una persecución judicial contra los dirigentes amazónicos que en marzo de este año iniciaron la lucha que terminó con la derrota de los decretos legislativos 1015 y 1073.
Sostuvieron que el gobierno ha acusado irregularmente al alcalde de Pichanaki (Chanchamayo, Junín), Zósimo Cárdenas, y a 11 dirigentes sociales, entre ellos el presidente del Frente de Defensa de Agrarios, Campesinos y Nativos de Pichanaki, Fredy Palomino.
Para los representantes de Aprodeh los procesos judiciales contra los dirigentes sociales son una forma de amedrentar a los que se oponen a los dispositivos del gobierno.
“A medida que crece la protesta social se le criminaliza más y el gobierno actúa con mayor rigor contra los dirigentes sociales. De esta manera se busca reprimir a los que cuestionan el modelo económico que impulsa el gobierno”, sostuvo Miguel Jugo.
A su vez, Katya Pinedo ratificó que no existen elementos probatorios para acusar a los dirigentes, pues el juez no señala cuál es la razón por la que ordena la detención.
La Red de Municipalidades del Perú (Remurpe) expresó su solidaridad y su más enérgica protesta sobre este caso. Representantes de esta organización indican que esto es un caso de criminalización de autoridades municipales y dirigentes sociales.
Otras fuentes señalaron que el enjuiciamiento de los dirigentes puede hacer fracasar el diálogo entre el gobierno y el Congreso con las etnias amazónicas, en torno a un nueva legislación que reemplace a los decretos derrotados por casi dos semanas de una gran movilización de indígenas amazónicos.
DETALLE
Los perseguidos por el gobierno son los dirigentes que iniciaron la lucha para derogar los decretos 1015 y 1073, que facilitan la venta de las tierras comunales de los nativos y los indígenas. Son, entonces, los que iniciaron el triunfo de los hombres y mujeres de la selva ante una imposición del gobierno que lanzó dichos decretos sin consulta alguna y con una clara intención de favorecer a las transnacionales.
La primera, 05/09/2008

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