La decisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), de fiscalizar a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) poco después de haber apoyado las movilizaciones amazónicas contra los decretos conocidos como Ley de la Selva, no sería casual, sino el inicio de una serie de actos de persecución del Estado contra los que cuestionan sus acciones, sostuvo la administradora de esta institución, Augustina Mayán.
"Esta situación rige por una política del gobierno de amedrentar el trabajo de las organizaciones. Pero nosotros no necesitamos convencer al gobierno del buen trabajo que ejecutamos, pues si tuviéramos un mal manejo no habría apoyo internacional", dijo la joven contadora que pertenece a la comunidad nativa awajun, cuya zona de influencia es la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador.
Precisó que las organizaciones internacionales que las respaldan realizan sus propias auditorías y nunca han tenido ningún problema para sustentar la ejecución de los proyectos que les han financiado.
"Nosotros estamos tranquilos. Tenemos toda la documentación, pero creo que este es un primer paso del gobierno, y esperamos muchas más situaciones poco normales en contra de nosotros", indicó Mayán, recordando que en los 28 años de funcionamiento de Aidesep, y el período que tiene asociado al APCI, nunca antes fueron fiscalizados.
"Esta situación rige por una política del gobierno de amedrentar el trabajo de las organizaciones. Pero nosotros no necesitamos convencer al gobierno del buen trabajo que ejecutamos, pues si tuviéramos un mal manejo no habría apoyo internacional", dijo la joven contadora que pertenece a la comunidad nativa awajun, cuya zona de influencia es la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador.
Precisó que las organizaciones internacionales que las respaldan realizan sus propias auditorías y nunca han tenido ningún problema para sustentar la ejecución de los proyectos que les han financiado.
"Nosotros estamos tranquilos. Tenemos toda la documentación, pero creo que este es un primer paso del gobierno, y esperamos muchas más situaciones poco normales en contra de nosotros", indicó Mayán, recordando que en los 28 años de funcionamiento de Aidesep, y el período que tiene asociado al APCI, nunca antes fueron fiscalizados.
EXTRAÑOS PEDIDOS
Cerca de las 10 y 15 de la mañana de ayer, tres funcionarios de APCI llegaron a la sede de Aidesep, ubicada en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, para iniciar el proceso de fiscalización.
El equipo de fiscalizadores está compuesto por Mario Chipana Villena, Rafael Tarazona Jara y Susana Coronado Díaz.
"Hemos puesto a su disposición toda la documentación que tenemos. Pero lo más extraño es que la información del 2006 y del 2007 ya la tienen ellos, porque nosotros hemos cumplido con entregársela en su debido momento. Y en el caso de este año nosotros tenemos todos los documentos listos y en orden", recalcó la administradora de AIDESEP.
Mayán explicó que según procedimientos de APCI, normalmente se hace una auditoría general anual, la que se lleva a cabo durante el primer mes del año siguiente, y a la que AIDESEP ya se ha sometido.
Añadió además que siempre se realiza una inspección a mitad del año, la cual se define mediante un sorteo entre todas las ONGs inscritas, pero resulta de lo más extraño que le haya tocado a AIDESEP justo después de haber respaldado públicamente las protestas de las comunidades indígenas de la Amazonía.
"Pero no tenemos nada que ocultar. Por eso les hemos bajado todos los archivadores donde está la documentación solicitada", comentó Mayán.
Precisamente, en el oficio enviado por APCI a AIDESEP se solicita que la primera ponga a su disposición los planes operativos, los convenios, la ejecución presupuestal, así como las rendiciones de cuentas mensuales y los comprobantes de pago de los gastos efectuados.
Pero, además, el ente donde se inscriben las ONGs locales ha pedido que les muestren las resoluciones de la SUNAT por devolución de IGV y la autorización de las entidades cooperantes para usar los recursos provenientes del beneficio tributario en otras cosas, con la clara intención de hallar algún indicio que evidencie cómo se produciría el financiamiento de las recientes protestas en la Amazonía.
"Sin embargo, nosotros nunca hemos pedido la devolución de esos impuestos. Y ellos lo saben bien. No entendemos por qué piden los mismos documentos que ya les dimos, pero igual se los damos otra vez, porque no tenemos nada que temer", manifestó Mayán.
Cerca de las 10 y 15 de la mañana de ayer, tres funcionarios de APCI llegaron a la sede de Aidesep, ubicada en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, para iniciar el proceso de fiscalización.
El equipo de fiscalizadores está compuesto por Mario Chipana Villena, Rafael Tarazona Jara y Susana Coronado Díaz.
"Hemos puesto a su disposición toda la documentación que tenemos. Pero lo más extraño es que la información del 2006 y del 2007 ya la tienen ellos, porque nosotros hemos cumplido con entregársela en su debido momento. Y en el caso de este año nosotros tenemos todos los documentos listos y en orden", recalcó la administradora de AIDESEP.
Mayán explicó que según procedimientos de APCI, normalmente se hace una auditoría general anual, la que se lleva a cabo durante el primer mes del año siguiente, y a la que AIDESEP ya se ha sometido.
Añadió además que siempre se realiza una inspección a mitad del año, la cual se define mediante un sorteo entre todas las ONGs inscritas, pero resulta de lo más extraño que le haya tocado a AIDESEP justo después de haber respaldado públicamente las protestas de las comunidades indígenas de la Amazonía.
"Pero no tenemos nada que ocultar. Por eso les hemos bajado todos los archivadores donde está la documentación solicitada", comentó Mayán.
Precisamente, en el oficio enviado por APCI a AIDESEP se solicita que la primera ponga a su disposición los planes operativos, los convenios, la ejecución presupuestal, así como las rendiciones de cuentas mensuales y los comprobantes de pago de los gastos efectuados.
Pero, además, el ente donde se inscriben las ONGs locales ha pedido que les muestren las resoluciones de la SUNAT por devolución de IGV y la autorización de las entidades cooperantes para usar los recursos provenientes del beneficio tributario en otras cosas, con la clara intención de hallar algún indicio que evidencie cómo se produciría el financiamiento de las recientes protestas en la Amazonía.
"Sin embargo, nosotros nunca hemos pedido la devolución de esos impuestos. Y ellos lo saben bien. No entendemos por qué piden los mismos documentos que ya les dimos, pero igual se los damos otra vez, porque no tenemos nada que temer", manifestó Mayán.
TIEMPO INDEFINIDO
Si bien en el comunicado en el que APCI anunció la fiscalización se precisa que el período de investigación sería entre el 2006 y 2008, no se ha señalado durante cuánto tiempo permanecerá en las instalaciones de AIDESEP.
"Pensándolo bien, se puede creer que de repente antes (de las movilizaciones) no se daban cuenta de que existíamos; pero pensando mal, es obvio que se trata de una persecución por el apoyo moral que les dimos a nuestros hermanos", argumentó la joven administradora.
El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, quien además fue uno de los líderes visibles de la movilización de la Amazonía, prefirió no pronunciarse hasta que culmine la fiscalización de APCI, para evitar que se politice aún más este tema.
PRECISIONES
La fiscalización. El 25 de agosto APCI comunicó a Aidesep que estaban incluidos en el Programa de Fiscalización 2008, requiriéndoles información sobre los proyectos de Apoyo Institucional, y el de Titulación de Comunidades Indígenas.
Investigación. APCI le comunicó a AIDESEP que debía presentarle toda la documen-tación referida al período comprendido entre los años 2006 y 2008.
APCI está fiscalizando a más de 100 ONGs
La semana pasada, justo después de que las comunidades nativas levantaran su medida de protesta por los decretos más conocidos como "La Ley de la Selva", el director ejecutivo de APCI, Carlos Pando, anunció que se investigaría el uso de los recursos obtenidos por AIDESEP de los organismos de cooperación internacional.
El funcionario precisó que la medida responde a un proceso administrativo para verificar si usa el dinero recaudado para fines distintos a los señalados en su hoja de inscripción como ONG, como haber financiado la impresión de volantes en apoyo del paro o las movilizaciones de la selva, o el traslado de las poblaciones nativas a Bagua para participar en las acciones de protesta.
Pando descartó que se esté llevando a cabo una persecución política contra esa institución, pues se está investigando, en general, a las ONGs, ante la posibilidad de que estén utilizando sus fondos en promover movilizaciones contra el gobierno, revelando que se está fiscalizando a 105 ONGs a nivel nacional, y se tiene previsto monitorear a otras 95 en lo que resta del año.
Si bien en el comunicado en el que APCI anunció la fiscalización se precisa que el período de investigación sería entre el 2006 y 2008, no se ha señalado durante cuánto tiempo permanecerá en las instalaciones de AIDESEP.
"Pensándolo bien, se puede creer que de repente antes (de las movilizaciones) no se daban cuenta de que existíamos; pero pensando mal, es obvio que se trata de una persecución por el apoyo moral que les dimos a nuestros hermanos", argumentó la joven administradora.
El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, quien además fue uno de los líderes visibles de la movilización de la Amazonía, prefirió no pronunciarse hasta que culmine la fiscalización de APCI, para evitar que se politice aún más este tema.
PRECISIONES
La fiscalización. El 25 de agosto APCI comunicó a Aidesep que estaban incluidos en el Programa de Fiscalización 2008, requiriéndoles información sobre los proyectos de Apoyo Institucional, y el de Titulación de Comunidades Indígenas.
Investigación. APCI le comunicó a AIDESEP que debía presentarle toda la documen-tación referida al período comprendido entre los años 2006 y 2008.
APCI está fiscalizando a más de 100 ONGs
La semana pasada, justo después de que las comunidades nativas levantaran su medida de protesta por los decretos más conocidos como "La Ley de la Selva", el director ejecutivo de APCI, Carlos Pando, anunció que se investigaría el uso de los recursos obtenidos por AIDESEP de los organismos de cooperación internacional.
El funcionario precisó que la medida responde a un proceso administrativo para verificar si usa el dinero recaudado para fines distintos a los señalados en su hoja de inscripción como ONG, como haber financiado la impresión de volantes en apoyo del paro o las movilizaciones de la selva, o el traslado de las poblaciones nativas a Bagua para participar en las acciones de protesta.
Pando descartó que se esté llevando a cabo una persecución política contra esa institución, pues se está investigando, en general, a las ONGs, ante la posibilidad de que estén utilizando sus fondos en promover movilizaciones contra el gobierno, revelando que se está fiscalizando a 105 ONGs a nivel nacional, y se tiene previsto monitorear a otras 95 en lo que resta del año.
La República, 02/09/008
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