Dos normas amenazan al 60% de los bosques del Perú

Los decretos legislativos 1090 y 1064 excluyen del patrimonio forestal nacional a unos 45 millones de hectáreas. Su aprobación debilitaría aun más la ya débil fiscalización del recurso

Los biólogos calculan que en el tiempo que dura un partido de fútbol se deforestan áreas de la Amazonía peruana equivalentes a 43 canchas de fútbol. La tala ilegal y la transformación de tierras forestales áreas de uso agrícola son las principales amenazas.
La primera, promovida por mafias encargadas de extraer la madera de áreas protegidas para luego 'lavarlas' y colocarlas en el mercado, principalmente Estados Unidos. La segunda parece más bien una consecuencia. Una vez que los taladores ilegales han abierto los caminos por donde se saca la madera, nuevos colonos penetran los bosques para luego quemarlos y transformarlos en tierras para la agricultura.
Es en medio de esta situación y ad portas de la implementación del TLC con EE.UU. --país cuyas enmiendas forestales son muy exigentes-- que el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1090. Se buscó con esto reemplazar la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27803.
Sin embargo, la norma, dada dentro del marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, recibió el rechazo de la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Ingenieros, la Universidad Agraria La Molina y otras numerosas organizaciones de la sociedad civil.
El motivo: el decreto reduce el patrimonio forestal del Perú a 40%. Es decir, excluye de esta definición unas 45 millones de hectáreas de tierras de aptitud forestal (que equivale al 60%) de todos los bosques del Perú, y abre el camino a su uso agrario.
Sin este respaldo nominal se facilitaría la quema o tala del recurso para luego legitimarlo como tierras agrícolas.
La preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación del D.L. 1090 llegó hasta el Congreso de EE.UU. y la Oficina Comercial de este país. Los representantes de esta oficina habrían solicitado al Gobierno Peruano resolver los problemas generados por esta norma y asumir sus compromisos, como paso previo a la implementación del TLC. También plantearon sus dudas por la eliminación del Conafor (organismo para la participación ciudadana en la gestión forestal) en el citado decreto.
La demora en el cumplimiento de estas obligaciones --que incluyen la modificación del Código Penal y el fortalecimiento del control de la tala ilegal-- sería la causante de que la puesta en marcha del TLC se postergue hasta después del 1 de enero. Durante las reuniones del APEC, Susan Schwab, representante comercial de EE.UU., confirmó que la implementación del tratado no sería posible para esa fecha.
Incluso, en una carta del 22 de octubre que Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado Estadounidense envía a Schwab, le exhorta a "continuar insistiendo sobre la completa implementación de estas obligaciones en el Perú, que no tienen una fecha límite". Así, mientras el Perú no atienda sus compromisos no habrá tratado.
En el Ministerio de Comercio Exterior han dicho que esperan con optimismo que el tratado se concrete antes del 20 de enero, día en el que Barack Obama asumirá la presidencia. Los demócratas han asegurado que eso no pone en riesgo el TLC, pues es un compromiso asumido.

CORRUPCIÓN HACE AGUA

El mismo jefe del Inrena, José Luis Camino, reconoce que hay errores en el citado decreto. "Alguien podría contratar a terceros para que quemen mil hectáreas de bosques y después decir a la autoridad 'saben qué, en ese lugar hay mil hectáreas que no sirven para nada, solicito su cambio de uso para poder sembrar ahí"', pone de ejemplo, aunque para él basta con modificar el decreto.
El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, dice que con este decreto se promueve indirectamente la deforestación. "Se quiere atraer grandes inversiones en la selva, pero en realidad el Estado no tiene control en la zona", asegura.
El Inrena dispone de mil empleados para administrar 75 millones de hectáreas; EE.UU. unos 35 mil para la quinta parte de hectáreas.
Camino es consciente de esta situación. El 2007 se llegó a exportar 6.000 m3 de cedro ilegal, lo que equivale a 254 camionadas de esta madera valorizadas en por lo menos US$3,5 millones. La madera había sido extraída de bosques comunales con la excusa de ser usadas en la zona, pero finalmente salió con guías forestales falsas y el aval de funcionarios corruptos.
"Todo se verifica desde el Gabinete. Nadie va al bosque", insiste Camino, quien además señala que previamente a la firma de los contratos de inversión en la selva se debería tener un catastro que permita identificar al detalles las zonas aptas para la reforestación y aquellas para las de uso agrario.
Esta semana una comisión especial del Congreso encargada de analizar estos decretos presentará su informe final ante el pleno. Se supo que recomendarán la derogatoria del 1090 y la de otro vinculado con el tema (1064), aunque una propuesta en minoría plantearía simplemente la modificación de algunos puntos. Una propuesta que coincide con la del Ministerio de Comercio Exterior.
Se espera que el informe final se vea antes de que acabe la legislatura. El presidente de la Comisión del Ambiente del Congreso, Roger Nájar, ha dicho que paralelamente presentarán el proyecto legislativo 2691 que plantea una nueva Ley Forestal.

¿QUÉ HAY DETRÁS?

Los decretos en cuestión llegaron con aroma a biocombustible. El artículo en el que se detalla la intención de promover la producción masiva de los insumos para estos es el número 28: "Los programas de desarrollo deben considerar la reforestación como actividades prioritarias, estimulando plantaciones para el aprovechamiento industrial como palma aceitera, palmito, caucho, bambú, caña brava, castaña, entre otros".
En el artículo 37 se dice que la autoridad nacional forestal, o sea el Ministerio de Agricultura, evaluará y controlará el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. ¿Cómo la entidad que promueve, junto al Ministerio de Energía y Minas, la producción de biocombustibles podrá garantizar el uso sostenible y el cuidado de los bosques?
Un año movido para el sectorEste ha sido un año decisivo para el sector forestal. Sobre todo, porque la suscripción del TLC obligó al Estado Peruano a cumplir una serie de estándares que garanticen la sostenibilidad de los bosques de la Amazonía.
Basta recordar que a inicios de este año el Inrena hizo algo que hasta entonces no había hecho: corroborar en el campo si la madera salía de una concesión autorizada. Fue así que durante la gestión de Edgardo Lizárraga --el intendente forestal que reemplazó a Antonio Morisaki-- el Inrena reconoció la corrupción generalizada en el sector forestal. Se anularon 92 concesiones forestales porque se constató que al interior de su área autorizada no se encontraban los árboles de caoba y cedro que los responsables de la concesión decían tener. Esto derivó en que se detuviera cerca de un millón de m3 de cedro y se denunciara penalmente a 41 funcionarios.
¿De dónde salía la madera, entonces?, preguntamos aquella vez al ingeniero Lizárraga. "Era madera que provenía de lugares no autorizados", reconoció.
Los empresarios madereros rechazaron las acciones de control de Lizárraga. Publicaron un comunicado en los medios. Enviaron cartas a todos lados, incluyendo al presidente Alan García (carta de la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Loreto). Unas semanas después Lizárraga fue separado del cargo de la Intendencia Forestal. Y junto a él, Roberto Ángeles, entonces jefe del Inrena.
La gestión de Lizárraga puso en evidencia que muchas de estas 'inflaban' dentro de sus planes operativos anuales la cantidad de madera que tenían disponibles en sus concesiones.
Es decir, decían tener más madera de la que realmente poseían. El fin: alcanzar el resto con madera ilegal procedente de áreas naturales protegidas.

QUÉ DICE LA LEY

1. Artículo 7 de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales mantenidos en su fuente y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos*, integran el Patrimonio Forestal Nacional.
2. Artículo 6 del Decreto Legislativo 1090: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales y de la fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal constituyen patrimonio forestal. *Se precisa que el patrimonio forestal no es exclusivamente el bosque sino también la tierra donde este crece.
3. Artículo 7 del D. L. 1090. Bosques de aprovechamiento futuro. Son áreas de recuperación forestal las tierras sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren reforestación.
4. Artículo 28 del D.L. 1090. Se debe estimular en la Amazonía plantaciones forestales para el aprovechamiento industrial de palma aceitera, caña brava, caucho, otros.

El Comercio, 07/12/2008

Ley antibosques camina a su fin

Ministra Mercedes Aráoz confirma que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso elabora nueva norma consensuada con actores.

La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, ratificó ayer que el Congreso elabora un proyecto de ley “para modificar y mejorar la aplicación del decreto legislativo Nº 1090”, que fue cuestionado por organizaciones políticas y gremiales de la Amazonía.

“Vamos a avanzar en una propuesta legislativa que, creo yo, va a calmar los ánimos de algunas personas y nos va a llevar a lo que siempre hemos querido, que es una correcta protección del bosque”, afirmó Aráoz.

En el Congreso, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, Róger Nájar, dijo a LA PRIMERA que el decreto legislativo 1090 fue muy criticado por los expertos y la población afectada directamente, y que personalmente presentó un proyecto de ley para su derogatoria, y a la vez, en su grupo de trabajo está debatiendo una norma alternativa, junto con la sociedad civil en distintos foros y audiencias regionales.

Nájar anunció que el dictamen de la misma estará listo esta semana, y propone cambios importantes en la presente legislación, que ha sido tildada de “confusa” y que propicia la tala indiscriminada de los bosques amazónicos.

El decreto legislativo 1090 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” fue promulgado por el Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para la ejecución del Tratado de Libre Comercio los Estados Unidos de América.

Aunque la ministra Aráoz dijo que no existen objeciones del Congreso de Estados Unidos a las normas de carácter forestal o ambiental aprobadas en torno al TLC, se supo que una de las críticas provino de la oficina del Representante Comercial de la Embajada de EE.UU., cuestionando el artículo segundo del decreto legislativo 1090.

La Primera, 23/11/2008

Objetivo es derogar decretos 1081 y 1090

Ahora que ya lograron la instalación de una mesa de diálogo que revisará, en un plazo de 15 días, los cinco decretos legislativos relacionados a la Amazonía, los dirigentes amazónicos afirman que su objetivo central es la derogatoria de los decretos 1081 y 1090, referidos a recursos hídricos y forestales. El secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, Víctor Rene Fernández Vargas, sostuvo que los integrantes de la Cumbre Amazónica no cederán en la petición de la derogatoria de los decretos 1090 y 1081, porque consideran que con esto se busca privatizar los recursos forestales e hídricos que hay en esa zona. “Esta mesa de diálogo tiene el espíritu de revisar esos decretos. Para nosotros creemos que debe darse la derogatoria de los D.L. 1090 y 1081, y lo demás necesita un estudio muy minucioso con carácter estrictamente técnico para ver cómo se modifica”, declaró.
Aseveró que este pedido no sólo es de los Frentes de Defensa, pues al respecto también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, los obispos amazónicos, y en una serie de audiencias públicas.
Fernández resaltó la buena predisposición que ha mostrado el Legislativo en este tema, e indicó que incluso el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ya se ha dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, pidiéndole que “suspenda la aplicación y reglamentación de estos decretos legislativos”.
En representación de la Cumbre Amazónica conforman la mesa de trabajo los dirigentes Víctor René Fernández de Ucayali, Eva Matute de Loreto y Alexander León de Selva Central. Congresistas opinanPor su parte, el congresista Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, se mostró a favor de derogar los decretos 1081 y 1090, al señalar que son inconstitucionales y ponen en peligro 45 millones de hectáreas de bosques de producción.

Expreso, 14/11/2008

Leyes avalan saqueo de la selva

Para estas personas, un árbol existe sólo cuando está tirado sobre el suelo húmedo de la selva y lo pueden despedazar en cuartones. Ven el árbol y no ven el bosque del que es parte, ni de la vida que anida, ni lo que representa para el ecosistema que modificarán para siempre.

Así piensa, por ejemplo, quien escribió en octubre del año pasado “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán”. Sin duda, ya sabrán quién escribió esto. Sí, el presidente Alan García, en su “Perro del Hortelano”, acto primigenio de un vendaval de decretos legislativos que le han puesto el ojo a la selva amazónica para venderla y depredarla. Como el Decreto Legislativo 1090, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, muy cuestionada por políticos y dirigentes de la sociedad civil que la califican como inconstitucional e ilegítima.

Esto no es novedoso. “Durante décadas, los gobiernos han impulsado la actividad forestal en la amazonía y cuál es el saldo: gente pobre y bosques pobres, las regiones no se han desarrollado sobre este eje”, sostiene Carlos Arana Cornejo del Grupo Regional de Manejo de Bosques, en la Audiencia Pública Descentralizada Sobre Ley Forestal y Alternativas, realizada en Iquitos.

Mal endémico

Leyes al respecto han abundado. Unas buenas y otras malas, pero ninguna ha podido erradicar el mal endémico, estructural: la tala ilegal. Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), considera que este problema bordea el 90%, y ni el gobierno nacional ni la región pueden tirar la primera piedra, porque nadie hace nada, o hace muy poco por terminar con la deforestación.

“Los recursos naturales forman parte del contenido protegido del derecho fundamental de todos los peruanos y peruanas a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida”, señala la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, en su respuesta al pedido del congresista Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Y enfatiza una contradicción y un vacío: “el Decreto Legislativo Nº 1090, a diferencia de lo regulado en la Ley Forestal materia de derogación, no considera a las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, en su lista de recursos forestales, lo que genera incertidumbre respecto a las consecuencias de una eventual aplicación de la norma nombrada”.

La conclusión 8 del mentado informe es avasalladora. “Las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo Nº 1090, sumado a la incertidumbre sobre la institucionalidad ambiental en el tema forestal, y la inexistencia de disposiciones que garanticen la aplicación de sus disposiciones sólo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentran sin cobertura boscosa, podría generar que se deforeste el bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición”.

Y, por último, indica que “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Tema que ya ocurría, sin necesidad de este dispositivo que “legalizará” situaciones, como las que detallamos en el recuadro de este reportaje.

Una verdadera ley

En suma, como manifestó el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, “la verdadera expectativa del hombre amazónico no es que se legisle sobre esta estructura extractiva mercantilista, sino que se promueva una asociación inteligente entre los inversores y el hombre del campo”. “No estoy de acuerdo con la 1090. Necesitamos una nueva legislación, mucho más descentralista, en que esté representada la gente pobre que necesita aliarse con el capital”, agregó.

Ojalá, ahora que desde la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, la oficina del Representante Comercial se ha pronunciado para­ cambiar “por lo menos el artículo 2ª” de la cuestionada ley, el gobierno y el Congreso opten por derogar la 1090 y promulgar una verdadera Ley Forestal.

La propuestade la Amazonía

El rechazo unánime que ha originado el Decreto Legislativo 1090 abre la posibilidad de generar una nueva ley, en que el Estado, vía los gobiernos regionales y el Congreso, la sociedad civil y las organizaciones gremiales concuerden en las metas, objetivos de la norma; y establezca los mecanismos de ejecución de la misma.

Al respecto, en la Comisión de Ambiente y Ecología, que preside Róger Nájar, se debate actualmente el proyecto Nº 2691, presentado por la congresista Elizabeth León, como una iniciativa que recoge enfoques para promover el manejo forestal sostenible, considerando la diversidad de actores y de modalidades de acceso. Y compatibiliza competitividad, lucha contra la pobreza y el manejo sostenible de los recursos naturales.El presidente regional de San Martín, a la vez coordinador de la asamblea de presidentes regionales, César Villanueva, presentó al presidente del Congreso, Javier Velásquez, una “propuesta de política y legislación para la promoción de inversiones en gestión de suelos y de recursos naturales renovables en la región amazónica, preparado en el marco del Consejo Interregional Amazónico”.

Con dicha propuesta se quiere propiciar el debate sobre “la manera de enfocar el desarrollo de la región amazónica, mediante el aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos naturales y partiendo del reconocimiento de las características especiales y distintivas, tanto geográficas como sociales y ecológicas”.

Dentro de sus objetivos, destaca “la recuperación de áreas deforestadas y suelos degradados (…) recuperar recursos como fauna silvestre o las pesquerías amazónicas; así como poner en valor otros subutilizados, como los suelos aluviales y diversos paisajes de atractivo turístico”.

“Blanqueando” madera Unos 16 mil pies cúbicos de cedro decomisados, valorizados en aproximadamente 120 millones de dólares, fueron “blanqueados” con la Resolución Jefatural 076-2008-INRENA, firmada por José Luis Camino Ivanissevich, superintendente del Instituto Nacional de Recursos Nacionales, Inrena, denunció el congresista Róger Nájar.

Tanto la caoba como el cedro han estado protegidos desde el año 2000 por una veda que durará hasta el 2010. “No obstante, Camino publicó en marzo de este año la resolución 076 por la que ‘legalizó’ toda esta madera”, explicó Nájar.La Contraloría General de la República ha iniciado una acción de control sobre este hecho, y la actuación de Luis Camino recabando documentación y entrevistando a los funcionarios actuales y anteriores del Inrena involucrados.

La jefatura nacional de Inrena despidió a Eduardo Lizárraga, quien dispuso en noviembre del año pasado la inmovilización de la madera procedente de la cuenca del Yavarí. Igual suerte corrió Nélida Barbagelata Ramírez, administradora técnica forestal y de fauna silvestre de Iquitos, quien aplicó sanciones contra los concesionarios forestales que incurrieron en delitos graves por ocultar o falsear información.

La Primera, 05/11/2008

Selva arde por decretos nocivos

Aunque hubo acuerdos y se calmaron las aguas, estas volvieron a inquietarse en la selva, pues los dirigentes de los frentes regionales que integran la Cumbre Amazónica llegaron a Lima para agotar el diálogo con las autoridades antes de iniciar, el 10 de noviembre, una huelga indefinida en contra de los decretos legislativos que afectan a Amazonía, la detención de dirigentes acusados por daño a la seguridad pública que participaron en las protestas, y el retiro de las exoneraciones tributarias, entre otros reclamos.

Humberto Paredes, coordinador de la Cumbre Amazónica, dijo que la delegación acudirá al Congreso para dialogar con el titular de ese poder del Estado, Javier Velásquez Quesquén, y el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Roger Najar. Esperan definir la atención a sus demandas en una cita con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en donde se espera que asista el premier Yehude Simon.

Quiebre interno

Los ánimos de las bases están divididos. Algunas como las del Alto Amazonas en la región Loreto confirmaron su participación en la huelga, aseguró la presidenta del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia, Adilia Tapullima. La dirigencia de la selva central ratificó su apoyo, pero las bases del Frente de Defensa de San Martín han descartado por el momento sumarse a la movilización, informó su presidenta Semira Pérez.

La Primera, 04/11/2008

Selva dispuesta a todo para que se deroguen decretos

Dirigentes advierten que irán a huelga, la que sería similar o peor que las de Moquegua y Tacna. “Si no quieren ver que la Amazonía arda, debemos llegar a un acuerdo que nos favorezca” fue la frase con la que Humberto Paredes Vargas, coordinador de la Cumbre Amazónica, advirtió al gobierno sobre la problemática de la selva que, según dijo, gira en torno a cinco puntos que intentarán dar solución hoy cuando se reúnan con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y el ministro de Agricultura, Carlos Leyton en la sede de la PCM desde las 8:30 de la mañana.
Paredes Vargas, en diálogo con EXPRESO, adelantó que en la reunión de hoy solicitarán al Premier la liberación de sus “hermanos indígenas” que quedaron detenidos de manera “injusta” durante el paro amazónico realizado en marzo de este año, así como la nulidad de los juicios iniciados en contra de los dirigentes que convocaron a la protesta.

Como segundo punto indicó que solicitarán la derogatoria de los decretos legislativos 1064, 1081, 1083, 1990, 1090, dados para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y considerados perjudiciales para la población de la selva.

Asamblea Constituyente

Otro aspecto que tienen planificado abordar con Simon Munaro es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la cual consideran como la única salida a los actuales problemas que afronta el país y que “necesariamente se tiene que dar”.

Así el dirigente amazónico dijo esperar que se llegue a buen puerto sobre sus demandas, pues no descartó que las consecuencias sean lamentables si se llega a acatar la huelga. “Tacna y Moquegua han demostrado qué es lo que hay que hacer para que el gobierno haga caso a los reclamos de la mayoría del Perú”, comentó Paredes sin reparos.

Similar posición tuvo Semira Pérez Saavedra, presidenta del Frente Cívico de Desarrollo y Defensa de San Martín, quien agregó que el malestar que hay en su región es por el alza del costo de los alimentos. Sostuvo que en San Martín podrían acatar una paralización de todas maneras –sin importar lo que decidan en Lima– si así lo deciden sus bases el domingo durante una convención que celebrarán en Tarapoto.

Por su parte, René Fernández, secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, informó que de llevarse a cabo el paro indefinido amazónico para el próximo 10 la población respondería de manera enardecida, pues están cansados de promesas incumplidas de parte del gobierno central. Tal es el caso de una serie de acta de compromiso firmadas con el ex primer ministro Jorge del Castillo respecto al retiro de las exoneraciones tributarias para la amazonía que no ha solucionado su problema principal.

Lo que usted debe saber

Los pueblos amazónicos exigen la derogatoria del DL 1064, que establece un nuevo régimen legal para el uso de tierras agrarias y eriazas.El DL 1081, que crea el sistema nacional de recursos hídricos, y el 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, son considerados perjudiciales porque “privatizan el agua”. También el DL 1990 que es la ley forestal que permite la concesión de 40 mil hectáreas de bosque por 40 años a empresas privadas.Asimismo, el 1080 referido a la nueva ley de semillas que facilita el uso de éstas en transgénicos, además el DL 1074 que hace referencia a la comercialización de agroquímicos (plaguicidas), y el DL 1077, que crea el programa de Compensaciones para la Competitividad.

Datos

Cerca de 25 dirigentes amazónicos se reunieron ayer con los miembros de la Comisión de Pueblos Amazónicos y posteriormente con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, para conversar sobre su problemática y algunas propuestas de solución.

Expreso, 04/11/2008

Deroguen ley antibosques

Iquitos.- Los congresistas Elizabeth León y Róger Nájar, así como el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, calificaron como “inconstitucional” el Decreto Legislativo 1090 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, y exigieron su inmediata derogatoria, por atentar contra el orden jurídico y los gobiernos regionales y favorecer tan sólo a un sector de grandes empresarios madereros.

Se aunaron a esta propuesta representantes de la sociedad civil tanto de la región Loreto como de organizaciones nacionales como Aidesep (nativos), el Foro Ecológico, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que junto a los congresistas y el presidente Vásquez participaron de la Audiencia Pública descentralizada “Sobre Ley Forestal y Alternativas”, que se desarrolló ayer en la ciudad de Iquitos.

Vásquez dijo que “hay que buscar un mecanismo inteligente para unir las inversiones con el hombre de campo, no pretender confrontarlo”. Recordó que al comienzo de su mandato el presidente García firmó una resolución por la que entregaba a los gobiernos regionales las funciones del Instituto de Recursos Naturales (Inrena), pero, que con uno u otro pretexto, este dispositivo nunca se aplicó.

La Primera, 29/10/2008

La Amazonía se va a la huelga

El Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (Fredesaa) convocó para el 10 de noviembre a una huelga nacional indefinida con el fin de exigir la derogatoria de más decretos legislativos que, aduce, vulneran su territorio.
La protesta fue anunciada en la Tercera Cumbre Amazónica el 20 y el 21 de septiembre, capital de la provincia de Alto Amazonas.
El Pleno del Congreso derogó el pasado 22 de agosto solo los decretos legislativos 1015 y 1073, emitidos en el marco del TLC con Estados Unidos y que motivaron la protesta de los nativos. Por el paro amazónico se denunció penalmente al dirigente de Madre de Dios, Antonio Iviche, al ser acusado de alentar disturbios.

La República, 25/10/2008

Derogaremos todos los decretos lesivos

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, sostuvo ayer que los nativos seguirán en la lucha para eliminar todos los decretos legislativos que son inconstitucionales y lesivos a las comunidades.

“Comenzaremos por capacitar a los congresistas para que hagan respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y estamos seguros que si se realizan consultas a la población para lanzar un decreto que les incumbe nunca más habrá protestas”, dijo a LA PRIMERA.

El dirigente nativo se reunió ayer con el presidente del Congreso, Javier Velásquez, quien se comprometió a que una comisión multipartidaria del parlamento analizará la manera en que se puedan derogar los decretos legislativos que las comunidades nativas de la selva consideran lesivos para sus intereses.

Pizango afirmó, además, que Aidesep ya no insistirá más en buscar un diálogo con el gobierno, puesto que el premier Jorge del Castillo tampoco da muestras de querer conciliar y no ha reconocido su falta de tino hacia los representantes de las comunidades nativas. Sin embargo, Pizango aclaró que alejarse de las conversaciones no representa un chantaje al Ejecutivo.

“El fin del diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros no es un chantaje al gobierno. Pero mejor dejaremos las cosas ahí, hasta que algún día nos llamen. Si nos retiramos de la comisión multisectorial propuesta por el ministro del Ambiente, Antonio Brack, fue porque había mucha falsedad en esa convocatoria. Comenzando por la presencia de integrantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), esa organización que nunca ha luchado por el bienestar de las comunidades nativas ni participó de las jornadas de protesta. El gobierno, sabiendo que nosotros marcábamos distancia con ese organismo, lo convocó como una maniobra para entorpecer el diálogo”, manifestó.

La Primera, 27/09/2008

Diálogo para derogar más decretos

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, informó que hoy, a las nueve de la mañana, sostendrá una reunión con el presidente del Congreso, Javier Velasquez, con el fin de analizar las posibilidades para que el Parlamento derogue el resto de decretos legislativos emitidos por el presidente Alan García, que afectan a las comunidades indígenas de la selva.

“Hemos concertado una reunión con el presidente del Congreso y esperamos que no sea la última cita, queremos concretar una agenda para que, de una vez por todas, el Parlamento derogue, además de los decretos 1015 y 1073, el íntegro del paquete legislativo promulgado por el Ejecutivo”, apuntó Pizango y luego lamentó que el diálogo con el premier Jorge del Castillo continúe entrampado.

Asimismo, confirmó que Aidesep apoyará la protesta del próximo 7 de octubre. Dijo que apoya la Cumbre de los Pueblos que se realizará el 12 de octubre en Lima. “Preferimos no protagonizar nuevas marchas, por eso apostamos por la concertación. Sin embargo, continuamos esperando el llamado del premier Jorge del Castillo. Lo único que pedimos es que el Estado se acerque más a las comunidades y que las respeten. Nosotros consideramos que no se trata sólo de un problema de pérdida de tierras, sino más bien del arrebato de territorios donde formamos nuestra cultura”, remarcó el dirigente nativo.

Pizango negó que las organizaciones nativas estén separadas y tengan diferencias insostenibles. Esto por algunas especulaciones que surgieron tras su inasistencia a la última Cumbre Amazónica realizada en Yurimaguas.

La Primera, 26/09/2008

Exigen derogatoria de todos los decretos de Ley de la Selva

Leyes concesionan bosques y quitarán terrenos no trabajados a comunidades, según conclusiones de la Cumbre Amazónica.

La derogación de los decretos 1015 y 1073 no es suficiente para la protección de las áreas forestales y de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas. Así lo considera AIDESEP , organización indígena que agrupa un 60% de los pueblos amazónicos, así como las organizaciones que participaron el fin de semana anterior en la 3ª Cumbre Amazónica.
La columna vertebral de su protesta es ahora la derogación de decretos como el 1090 y el 1064.
"Con estos decretos, los bosques primarios ya no gozan de protección y quedan a disposición de cualquier gran empresa extranjera", explica Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso.
Además, denunció que permiten la venta de tierras comunales no trabajadas o en descanso, y que dan preferencia a la titulación de empresas extranjeras en Cofopri.
Como próxima medida de lucha, se anunció que los frentes de defensa amazónicos consultarán con sus bases la convocatoria de una huelga indefinida a realizarse desde el 20 de noviembre.
Por su parte, Aidesep se reunió con la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), para estudiar acciones conjuntas de movilización.
Las leyes de la discordia
Junto con los decretos 1015 y 1073, derogados con una ley publicada en El Peruano, fueron promulgados el 28 de junio 32 decretos más para "facilitar la implementación del Acuerdo Comercial Perú -EEUU".
Dentro de este paquete, se encuentra el decreto 1090, que aprueba la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre. En su artículo 9, permite la concesión por iniciativa privada de bosques maderables sin concurso público y sin límite de hectáreas, por lo que abre la amazonía a multinacionales.
El decreto 1064 aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. En su disposición final, establece que las tierras no trabajadas son de dominio del Estado, lo que a juicio de las comunidades nativas hace peligrar sus tierras ancestrales.

La República, 23/09/2008

Presupuesto del Ministerio del Ambiente sería insuficiente

El nuevo ministerio solo dispondrá de S/.94 millones para el próximo año

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, indicó que su despacho solo dispondrá de S/.94 millones para atender los aspectos de su cartera durante el 2009, pese a que el pedido inicial fue de S/.200 millones.
"Yo he pedido dinero para ir en jet (en la formación del Ministerio del Ambiente) y solo me van a dar para ir en un auto a todo motor", indicó.
El ministro señaló que en países como Francia, el presupuesto para atender temas de tipo ambiental es de US$30.000 millones, por lo que el presupuesto asignado para el próximo año sería insuficiente.
José Luis López, representante de la ONG Labor, indicó que el monto que se le pretende dar al Ministerio del Ambiente es exiguo, sobre todo si se considera que los costos ambientales al año están en alrededor de US$800 millones, tal como lo habría manifestado el propio Brack.
Mariano Castro, ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), indicó que gran parte del presupuesto se irá a los organismos adscritos (Senamhi, Instituto Geofísico el Perú, etc.) y no se tendrán los suficientes recursos para hacer trabajos de fiscalización y monitoreo ambiental.
Se debe indicar que el presupuesto es un tema que aún se está debatiendo en el Congreso. Brack señaló la posibilidad de pedir una ampliación en las próximas semanas.
ECOEFICIENCIAEl ministro Brack anunció el desarrollo de programas de ecoeficiencia ambiental que se implementarán en el país desde enero del próximo año. El programa permitiría al Estado ahorrar S/.300 millones cada año, por un uso más eficiente del agua y la energía eléctrica.
El programa está integrado por cuatro subprogramas en instituciones educativas, municipales y empresas. Brack indicó que en la ley del presupuesto público para el 2009 se aprobará la directiva que el sector público debe ser más ecoeficiente, es decir, "debe ahorrar y reciclar más".
La inversión para la puesta en marcha de esta iniciativa ambiental es de S/.20 millones, y el Ministerio del Ambiente solo generará capacidades entre los actores involucrados.

MÁS DATOS

Por el ahorro de recursos4 El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señaló que los municipios y las regiones tienen la obligación de destinar parte de sus recursos a promover la ecoeficiencia ambiental (ahorro de materiales, energía y agua). 4 El programa de Ecoeficiencia ya se inició en las instituciones educativas desde hace algunos meses, al igual que en los municipios de Cusco, Puno y Arequipa.

El programa también comprende un uso eficiente de los materiales de oficina.

El Comercio, 23/09/2008

Ollanta Humala sale en defensa de la selva

El líder nacionalista Ollanta Humala se comprometió en la III Cumbre Amazónica a participar y “apoyar en todas las instancias la defensa de la selva; y construir un plan de desarrollo regional y local”.

Esta propuesta, recalcó, que saldrá del “corazón de los pueblos de la Amazonía” planteará la no venta de las tierras, y le pondrá reglas a los capitales que vengan, para que respeten el medio ambiente, paguen impuestos y den trabajo a los pobladores.

Para evitar la corrupción, que es un flagelo instalado en nuestra clase política y parte de nuestra sociedad, Ollanta propuso “un compromiso con valor ético y moral para defender la Amazonía”.Fustigó a los gobiernos anteriores, y con más dureza al actual, por no haber hecho nada por el progreso de estas regiones, a la que sólo han discriminado, sin brindarles educación ni servicios de salud como merecen.

“Esta clase política que quiere la modernidad, sabotea la defensa de la Amazonía”, recalcó. Y, dijo, que actualmente “hay 8 millones de personas fuera del mercado que se aferran a sus tierras y, encima, el gobierno quiere quitárselas”.

“Yo les digo, que se aferren, porque al ser gobierno el nacionalismo, nosotros vamos a conversar con las comunidades para buscar juntos el desarrollo”, arengó a los cientos de asambleístas de la III Cumbre Amazónica.La protección de la Amazonía es importante –remarcó– porque “no sólo es el pulmón del mundo, sino también sus riñones”, refiriéndose al agua de la cuenca amazónica.

El líder nacionalista estuvo en la III Cumbre de Yurimaguas acompañado por los congresistas de su partido, José Maslucán, Janet Cajahuanca, Víctor Isla, Nancy Obregón, además de Róger Nájar y Edgar Reymundo del Bloque Popular.

Lunes, 22/09/2008

Pueblos amazónicos siguen en pie de lucha

Reclaman Ley Marco de Desarrollo Integral de la Amazonía, y derogatoria de todos los decretos que amenazan a la zona.

YURIMAGUAS.- El coordinador de la Asamblea de Presidentes Regionales, César Villanueva, también presidente de la región San Martín, criticó los decretos legislativos dados por el gobiernos y otras leyes del Congreso, a las que calificó de “parches”, y propuso construir una Ley Marco de Desarrollo Integral de la Amazonía que fortalezca la unidad e identidad amazónica.

En su presentación en la III Cumbre Amazónica, Villanueva dijo que la lucha de los pueblos amazónicos “no comienza ni termina con la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073” sino, agregó, que hay otros 98 que de manera “inconsulta y desordenada” fueron dados por el gobierno del presidente Alan García, que “vulneran los derechos de la Amazonía peruana”.

Enfatizó que la Amazonía debe ser vista como un solo cuerpo con su subsuelo, sus tierras, bosques y ríos. “Y eso tenemos que interpretarlo en una ley”, indicó a los cientos de asistentes a la tercera edición de la Cumbre Amazónica.

Hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales para trazar una ruta y pidió a la asamblea que promueva la instalación de una comisión permanente de trabajo para fijarla.

El presidente de la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso, Róger Nájar, también coincidió en que hay muchos otros decretos legislativos dados al amparo de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectan los intereses de la selva. Y, señaló “si no tomamos medidas necesarias para detener la agresión contra nuestros pueblos y nuestro hábitat, se estarán creando las condiciones para un desastre ecológico y un nuevo capítulo del genocidio de los pueblos indígenas del Perú”.

En ese sentido, propuso impulsar una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución Política que recoja todas estas inquietudes, como la prohibición de la venta de territorios amazónicos a transnacionales así como de cultivos de transgénicos en la selva por constituir un atentado a la biodiversidad.

Además de medidas como la creación de una Defensoría de Comunidades Indígenas, promoción de la inversión pública y privada vinculada al desarrollo social, humano y la conservación de los ecosistemas, creación de una región macroamazónica y un plan de desarrollo sostenible.

La Primera, 22/09/2008

Javier Diez Canseco: Se mueve, luego existe

El vigoroso movimiento de los pueblos amazónicos ha dado cuerpo y rostro a una parte del Perú siempre ignorado, arrinconado por la fuerza desplegada por AIDESEP y los frentes de defensa regionales, el Congreso ha dispuesto la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, que pretendían abrir paso a la venta y disgregación de las tierras y territorios comunales de nativos amazónicos y pueblos andinos. Por primera vez, su lucha no ha terminado en un acta, una de esas que –por decenas– tiene archivadas e incumplidas la presidencia del Consejo de Ministros. Una importante victoria de un movimiento social que evidencia conciencia, organización, madurez y disposición de lucha unitaria, sin pisar el palito de las provocaciones gubernamentales. Un ejemplo que enseña.
La victoria, sin embargo, es parcial. Está lejos de englobar el conjunto de problemas de la Amazonía. Y es que, como señala Rumrill, el Estado vive de espaldas a la Amazonía, excepto cuando de entregarla a la voracidad de los agronegocios y transnacionales petroleras o mineras se trata. Mientras la lotizan impunemente, el 75% de la población infantil amazónica –entre 2 y 9 años– sufre desnutrición crónica con daños irreversibles, 65% de la población culmina la educación primaria y apenas cuenta con un médico por cada 6,500 habitantes. La minúscula inversión estatal en temas claves como el hidroenergético es dramática: mientras se eleva a US$ 9,000 millones para la Costa, no representa ni el 1% de esa cifra lo invertido en la Selva, dice Nájar, mientras reitera que el ritmo de crecimiento de la Amazonía es notoriamente menor que el del país.
García no ha promulgado la derogatoria de los DDLL, se lo dejó al Congreso. Ello revela su conocida soberbia y dificultad para aceptar la realidad, y que insistirá –como papá sabelotodo– en imponer sus tesis del "Perro del Hortelano", buscando destruir las comunidades, a las que considera expresión de atraso y contrarias al progreso.
Las comunidades nativas y los pueblos de la Amazonía, que acaban de realizar su III Cumbre en Yurimaguas, tienen claro que esta es una larga batalla y que implica cambios profundos en el país. Urge reconocer, en una nueva Constitución, que somos un país pluricultural, multiétnico y plurinacional; es decir, habitado por pueblos diversos en ecosistemas también diversos, y convertir este hecho en una fuerza de progreso en lugar de un motivo de exclusión y segregación, como hasta hoy ocurre. Ello exige configurar un Estado con estas características, realmente descentralizado en su gestión, y que esté sujeto al control de la gente, construyendo una democracia representativa y participativa que permita un auténtico control ciudadano sobre las autoridades y efectiva transparencia en la gestión pública.
Pero la nueva Constitución –sólo viable por el mecanismo de una Constituyente elegida por voto directo, universal y secreto de la gente– debe también proteger nuestras inmensas reservas biogenéticas y recuperar el control estatal y nacional de los recursos naturales, para ponerlos al servicio del desarrollo y destinar parte importante de esa renta de las industrias extractivas a la educación, la salud, el saneamiento ambiental, el apoyo a la agricultura, el impulso a las cadenas productivas que los transformen y a la tecnología necesaria para su aprovechamiento, así como la promoción de las pymes y el turismo como pilares de un desarrollo sostenible.
La Amazonía requiere de un Fondo de Desarrollo para financiar sus proyectos. Necesita mantener entidades como el IAAP fuera de las garras del centralismo al que García quiere someterlo; y evitar la pretensión de introducir transgénicos, que pueden ocasionar grave daño a un banco genético extraordinario como el de la Amazonía. Está pendiente también la derogatoria de los DDLL lesivos a la Amazonía y al interés del Perú aún vigentes.
Los pueblos amazónicos, que con justicia proclaman que "la Amazonía es de los peruanos y no de las transnacionales" (lema de la III Cumbre), deben unir fuerzas con el resto de movimientos sociales, populares y políticos comprendidos con el cambio que el país reclama. La articulación de las Cumbres de los Pueblos, como la III Cumbre Amazónica, con la Coordinadora Político Social daría curso a un importante proceso unitario para construir la fuerza social y la política capaz de devolver el Perú a los peruanos, caminando juntos a la Asamblea nacional de los Pueblos en noviembre. Este es un tremendo reto.
Y, como se dejó sentir en Yurimaguas con el grito multitudinario de "¡Urgente, urgente, otro presidente!", los pueblos amazónicos y de todo el Perú deben recordar que la revocatoria o remoción de autoridades es un derecho constitucional (Art. 2, inciso 17, y Art. 31 y 32) que podemos ejercer para conquistar el cambio de rumbo que nos planteamos y que ni García ni sus aliados fujimoristas y de UN enrumbarán al país por el camino de justicia, libertad y progreso que las mayorías anhelan. La revocatoria presidencial es una vía posible para darle salida a la crisis, en forma democrática y pacífica.

La República, 22/09/2008

Congreso derogó leyes sobre el uso de tierras de comunidades

Pizango desconoce a Conap, pero ministro Brack la legitima.

El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgó ayer la derogatoria de dos polémicos decretos legislativos sobre el uso de tierras de las comunidades nativas, que motivó una protesta indígena el mes pasado.
Al rubricar la autógrafa en la sede del Parlamento, Velásquez Quesquén puso punto final a los decretos 1015 y 1073 después de que venciera el plazo otorgado al gobierno para que hiciera valer la decisión tomada por el Congreso el pasado 22 de agosto que declaraba nulas dichas normas.
El titular del Poder Legislativo señaló que era un homenaje a la congresista aprista, Fabiola Salazar, quien falleciera en la víspera en un accidente de tránsito.
La promulgación no impidió que el gobierno y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) reinicien el diálogo para abordar otros puntos que quedaron pendientes.
El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, señaló que no dialogará con el Ejecutivo si insiste en hacer participar en las negociaciones a la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), entidad que consideran no representativa. En cambio, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, declaró que las negociaciones seguirán en marcha pese al retiro de Aidesep. "Aidesep es una organización que quiere paralizar, no dialogar", dijo.

La República, 21/09/2008

Indígenas amazónicos celebran gran triunfo

Alberto Pizango saluda derogatoria de decretos legislativos 1015 y 1073, pero dice que faltan más normas por eliminar.

El presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, calificó de “gran paso” la promulgación por el Congreso de la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y su modificatoria 1073, que permitían la fácil venta y concesión de tierras pertenecientes a las comunidades nativas. Sin embargo, señaló que aún queda por eliminar otros decretos lesivos a los intereses de los nativos.

El presidente del Congreso, Javier Velásquez, se vio obligado ayer a promulgar norma que deroga los decretos anticomuneros, ya que el presidente Alan García no la observó ni aprobó su publicación y dejó el tema en manos del Parlamento. “Ahora nos queda confiar en un Poder Legislativo que sí puede velar por los derechos de los peruanos”, enfatizó Pizango.

Con la derogación de esta norma, el Congreso restituyó la vigencia de los artículos 10 y 11 de la Ley 26505 “sobre la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, vigente desde 1995. Los decretos derogados reducían de dos tercios a sólo 51 por ciento los votos necesarios para que las comunidades campesinas de la sierra y selva aprobaran la venta, alquiler y otros usos de sus tierra, como ocurre en la costa. Con la derogación, se restablece en 66 por ciento el nivel de votación necesario para esas decisiones.

Mesa de diálogo

Alberto Pizango reafirmó que no participará en una mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (Conapa) porque este último organismo firma convenios con empresas petroleras, las mismas que se enfrentan a los nativos.

“Sentarnos con la Conapa significaría legitimar los propósitos que están buscando y eso sí entorpece el diálogo. Eso dijeron los pueblos y por eso se firmó el acta luego de la movilización de agosto pasado”, afirmó Pizango, quien, con documentos en la mano demostró que la PCM se había comprometido a que el diálogo sería sólo entre el gabinete y Aidesep, mas no con Conapa.

La Primera, 21/09/2008

“Aidesep lo que quiere es incendiar la pradera”

No obstante, Brack dice que asociación tiene las puertas abiertas para retomar conversaciones. Presidente del Congreso promulgó la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.

El retiro, por segunda vez, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de las negociación promovidas por el Ejecutivo hizo que el ministro del Ambiente, Antonio Brack, la señalara como una organización que quiere paralizar el diálogo e “incendiar la pradera”.

El titular del sector refirió que Aidesep se habría retirado de las conversaciones porque no acepta la participación, en la mesa de diálogo, de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). “Aidesep se retiró de la reunión porque no puede sentarse junto con la Conap, o sea que ellos mismos están divididos y enfrentados. Aidesep es, más bien, una organización que quiere paralizar, no dialogar, que quiere incendiar la pradera, mientras la Conap quiere el diálogo pacífico sin desistir de sus derechos”, sostuvo en CPN Radio. No obstante, Brack aseguró que la asociación de comunidades nativas tiene las puertas abiertas para retomar las conversaciones. “Hemos seguido trabajando con la Conap. Hemos dejado la puerta abierta para que Aidesep se integre cuando ellos lo crean conveniente, y hemos empezado a establecer la agenda con los indígenas”, indicó.

PROMULGACIÓN. Un día después de que se venciera el plazo del Ejecutivo para promulgar la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el uso de las tierras de las comunidades campesinas de la sierra y de la selva, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, estampó su firma en la autógrafa –según dijo– en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar. Con ello se cumple con el artículo 108° de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por el Pleno. Tras la derogatoria, para que los miembros de las comunidades campesinas puedan vender sus tierras se necesitará nuevamente el 66% de los votos y no el 50% más uno, como establecían los dispositivos 1015 y 1073, conocidos como la 'ley de la selva’.

Perú.21, 21/09/2008

El Congreso deroga DL

El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgó ayer la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el uso de las tierras de las comunidades campesinas de la sierra y la selva, en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar.
Al rubricar la autógrafa, Velásquez recordó que ese era el deseo de Salazar, representante de la Región Amazonas, quien falleció el jueves último cumpliendo su labor de representación en un accidente de tránsito en Lambayeque.
La promulgación se dio ante el vencimiento del plazo para que lo hiciera el Poder Ejecutivo, que también podía haberla observado, con lo cual se da cumplimiento al artículo 108º de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por el Pleno.
Los decretos derogados establecían en 50 por ciento la votación necesaria para que los miembros de las comunidades campesinas de la sierra y selva, decidieran la venta, alquiler y otros usos de sus tierra, como ocurre en la costa.
Con la derogación, se restablece en 66 por ciento el nivel de votación necesario para el uso de tierras en esas comunidades.
Cabe recordar que la desaparecida legisladora Fabiola Salazar (Apra) pidió hace unos días al presidente Alan García, que el Ejecutivo no objetara la ley que derogaba los decretos legislativos 1015 y 1073.

Expreso, 21/09/2008

Congreso promulga ley que deroga decretos sobre uso de tierras nativas

Ante presiones de la oposición y amenaza de las comunidades indígenas
Ante las presiones de la oposición y las amenazas de las poblaciones indígenas de la selva, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgó ayer la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el uso de las tierras de las comunidades campesinas de la sierra y la selva, en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar.

Al rubricar la autógrafa, Velásquez recordó que ese era el deseo de Salazar, representante de la región Amazonas, quien falleció el jueves, cumpliendo su labor de representación en un accidente de tránsito, en Lambayeque.
La promulgación se dio ante el vencimiento del plazo para que lo hiciera el Poder Ejecutivo, que también podía haberla observado, con lo cual se da cumplimiento al artículo 108º de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por el pleno.
Los decretos derogados establecían en 50% la votación necesaria para que los miembros de las comunidades campesinas de la sierra y selva decidieran la venta, alquiler y otros usos de sus tierras, como ocurre en la costa.
Con la derogación se restablece en 66% el nivel de votación necesario para el uso de tierras en esas comunidades.
En las próximas horas la norma, que también restituye la vigencia de los artículos 10º y 11º de la Ley 26505, será publicada en El Peruano.
Hay que recordar que la desaparecida legisladora Fabiola Salazar (APRA) pidió hace unos días al presidente Alan García que el Ejecutivo no objetara la ley que derogaba los decretos legislativos 1015 y 1073.
El 25 de agosto, el Congreso rechazó los polémicos decretos 1015 y 1073, que facilitaban la compra de terrenos en la Amazonía, tras más de 10 días de paros y manifestaciones que tanto perjudicaron la producción minera en el país. Alan García se negó desde el primer momento a promulgar la norma que ordenaba su derogatoria. Incluso, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, advertía que esta decisión era un retroceso para el país.
Sin embargo, el propio mandatario, en un comunicado, reconoció que fue un error incluir a la selva en los alcances de los polémicos decretos y consideró que se debe reformar la norma, sin afectar su espíritu.

La Razón, 21/09/2008

El Ejecutivo no observó derogatoria de Ley de Comunidades Andinas

El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, aseguró ayer que promulgará la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 sobre el uso de los terrenos de las comunidades nativas, luego de que anoche venció el plazo para que el Poder Ejecutivo observara esa norma aprobada hace un mes por el pleno del Poder Legislativo.
En declaraciones a El Comercio, el titular del Parlamento detalló que hoy pondrá su autógrafa y que en las próximas horas esta será publicada en el diario oficial "El Peruano". Como se recuerda, en este caso el Congreso puso luz roja a una iniciativa del Ejecutivo para flexibilizar el uso que inversionistas nacionales y extranjeros puedan hacer de las tierras habitadas por los nativos.
Velásquez Quesquén puntualizó que tras conocer que el presidente Alan García no observaría la norma dada por el Congreso, lo que sigue es cumplir el artículo 108 de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por ese poder del Estado.
En horas de la mañana, el jefe del Estado había adelantado su posición al recordar que la desaparecida legisladora Fabiola Salazar (Apra) le había pedido hace unos días que el Ejecutivo no objetara la ley que derogaba los decretos 1015 y 1073.
Ambos decretos generaron en su momento el violento rechazo de los nativos representados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), presidida por Alberto Pizango, quien tras conocer la posición de García señaló que es momento de empezar un diálogo abierto entre instituciones representativas de los nativos y los poderes del Estado, para proponer una norma de consenso entre estos actores.
El presidente del Congreso coincidió con Pizango en que está abierta la posibilidad de un diálogo que incluya a las instituciones y personas involucradas, entre ellas el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, a quien los representantes indígenas descalificaron como interlocutor por considerar que no defendía sus intereses.
Justamente ayer Pizango se iba a reunir en la sede del Ministerio del Ambiente con Brack y con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exponerles diversas propuestas en favor de los pueblos indígenas.
"La reunión se frustró de manera intempestiva, pero dejamos en mesa de partes nuestras ocho demandas para conversarlas cuando nos citen otra vez", afirmó el líder indígena.
Pizango señaló que entre estas demandas figuran la constitución de un fondo de proyectos sostenibles para los pueblos indígenas; el establecimiento con rango ministerial del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa); la creación de un ministerio de educación y de un viceministerio de salud interculturales bilingües; y que el Estado asuma como política pública la formación de institutos superiores para los pueblos indígenas.
Consultado al respecto, el secretario de coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa, consideró desmedidas las peticiones de Pizango y alertó que este busca frustrar la mesa de diálogo instalada ayer con la participación de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), la PCM y el ministro Brack.
Figueroa agregó que era evidente que Pizango no quería dialogar. Por su parte, la Aidesep señaló en un comunicado que la presencia de la Conap --a la que no reconoce representación indígena-- la obligó a retirarse de la cita.
CRONOLOGÍA4Decreto tuvo una vida sinuosa[20/5/2008 ]El Ejecutivo promulga el Decreto Legislativo 1015, que baja la valla de votos de 66% (dos tercios) a 50% en una comunidad para el establecimiento de negocios y venta de sus tierras a terceros.
[30/5/2008]La Defensoría del Pueblo presenta ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto.
[7/8/2008]Los indígenas de la etnia aguaruna-huambisa inician una huelga indefinida convocada por Aidesep en demanda de la derogatoria del cuestionado decreto.
[22/8/2008]El pleno del Congreso deroga los decretos legislativos 1015 y 1073. La decisión fue tomada por 66 votos a favor y 29 en contra.
[11/9/2008]El pleno del Congreso de la República aprueba con 90 votos la creación de la comisión especial multipartidaria que se encargue de evaluar los lineamientos y las políticas destinados a resolver la problemática de los pueblos indígenas.

El Comercio, 20/09/2008

Congreso promulga hoy norma que deroga la Ley de la Selva

Presidente García reveló que fallecida congresista aprista Fabiola Salazar le pidió que el Ejecutivo no la observe.

El Congreso de la República promulgará hoy la ley 2440, que deroga los decretos legislativos 1017 y 1073, referidos a la inversión privada en tierras de comunidades nativas y campesinas, y conocidos como la Ley de la Selva.
La norma 2440 fue aprobada por el pleno de la representación nacional el 22 de agosto último y se consideraba la posibilidad de que sea observada por el Ejecutivo en los 15 días de plazo legales para ello, que se cumplieron ayer.
El presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, anunció ayer que no habría intervención del Ejecutivo, y que la ley retornaría al Legislativo para su promulgación en homenaje a la recientemente fallecida congresista aprista Fabiola Salazar.

REVELACIÓN PRESIDENCIAL
Y es que poco antes de las declaraciones del titular del Legislativo, el presidente Alan García reveló que Fabiola Salazar le había pedido que el Ejecutivo no observe la cuestionada ley.
"Ella me pidió que no se objetara esa ley, que no se observara la ley, sino que fuera promulgada por el propio Congreso", comentó el mandatario durante el velatorio de la legisladora aprista y agregó que otro de los deseos de Salazar era que las comunidades nativas del país puedan tener acceso a la tecnología y a un mercado moderno.
Como se recuerda, los decretos legislativos 1017 y 1073 facilitaban la compra de terrenos de las comunidades, pues bajaban el porcentaje de miembros de una comunidad que debían estar presentes durante las asambleas en las que se decidía la posible venta o arrendamiento de las tierras.
"En homenaje a Fabiola Salazar y como lo ha anunciado el presidente (García), (el Ejecutivo) no va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana la promulgaremos", dijo el titular del Parlamento.
La ley 2440, aprobada en medio de un conflicto social en las regiones amazónicas, deroga ambos decretos legislativos.
Preguntado sobre la promulgación de la norma por parte del Parlamento, el presidente del Consejo de Ministro, Jorge del Castillo, se limitó a decir que "el Congreso está en su derecho".

Hoy se inicia III Cumbre Amazónica
La Tercera Cumbre Amazónica empezará hoy en Yurimaguas, Loreto, para analizar decretos legislativos dados que atentarían contra las comunidades nativas. Entre ellos figura el 1064, sobre el régimen jurídico de tierras de uso agrario, y el 1090 que privatiza recursos forestales. Ayer se realizaron dos reuniones previas en Pichanaki y Pucallpa, donde participó el titular de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Roger Nájar, y varios legisladores. También el secretario general de la CGTP Mario Huamán y dirigentes de frentes regionales de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Mañana estará presente el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala.
En el Ministerio de Ambiente se conformó una mesa de diálogo entre el gobierno y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), a fin de elaborar una agenda para abordar asuntos de interés para los indígenas. A la cita acudieron también los la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas y Amazónicos de Perú (Aidesep), pero –ante la presencia solo del ministro Antonio Brack– se retiraron porque "el gobierno seguía sin darse cuenta de que el tema de la selva era multisectorial".

La República, 20/09/2008

Cuestionada “Ley de la Selva” será derogada

En homenaje a congresista fallecida
Tomando la palabra a un pronunciamiento del presidente Alan García, el titular del Parlamento nacional, Javier Velásquez Quesquén, anunció que hoy será promulgada la autógrafa de ley que deroga los Decretos Legislativos 1015 y 1073, que buscaban agilizar la venta o transferencia de las tierras de las comunidades indígenas para proyectos de industrialización.
Velásquez señaló que el acto se realizará como un homenaje póstumo a la parlamentaria aprista Fabiola Salazar, quien murió trágicamente el jueves por la madrugada pero que en vida impulsaba la no vigencia de los decretos, al considerar que los campesinos y nativos de la Amazonia se verían perjudicados.
“En homenaje a Fabiola Salazar, y como lo ha anunciado el presidente (Alan García), no va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana la promulgaremos”, declaró Velásquez Quesquén en Radio Nacional, luego de recordar que ayer se venció el plazo para que el Ejecutivo suscriba u observe la norma.
“De no ocurrir ello, el Congreso de la República debe promulgar la ley para ponerla en vigencia”, consideró, para luego destacar que el Pleno del Congreso haya dispuesto el establecimiento de una comisión especial de análisis de los problemas de las comunidades indígenas, como una ventana para el diálogo exigido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Hasta la tarde de ayer, la nueva ley había sido suscrita por todos los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, faltando solamente la rúbrica del primer vicepresidente de ese poder del Estado, Alejandro Aguinaga. De todos modos, existía plena voluntad para cumplir con el anuncio.
Por la mañana, el presidente García Pérez reveló que, en vida, la fallecida legisladora le pidió no observar la norma en cuestión, sino dejar que el Congreso la promulgue. “Ella dijo que había otras posibilidades que buscar y que el Parlamento podría más adelante tratar. Y me pidió que no se objetara esa ley, que no se observara”, señaló.
Consultada al respecto, la legisladora nacionalista Yaneth Cajahuanca saludó la derogatoria de los decretos señalados, y destacó que el hecho coincida con el inicio de la III Cumbre Amazónica, que se realizará entre hoy y mañana en Yurimaguas, región Loreto, donde se tratarán todos las leyes que vienen afectando a la Amazonia.

La Razón, 20/09/2008

El Ejecutivo se rinde y archiva Ley de la Selva

Conforme lo dispuso el Congreso, decretos 1015 y 1073 sobre uso de tierras de comunidades nativas quedarán derogados desde hoy.

Corrió mucha sangre bajo el puente sobre los decretos legislativos 1015 y 1073, que impulsaban la inversión privada en las comunidades nativas. Mientras el gobierno se resistía a su derogatoria, la Selva promovía una protesta sangrienta. Finalmente, el Ejecutivo dio su brazo a torcer.

Y es que el inesperado fallecimiento de la legisladora Fabiola Salazar (APRA) –en un accidente de tránsito el pasado jueves– sirvió para que el presidente Alan García justificara su decisión de no observar ambos dispositivos, que el pleno del Congreso ya había derogado.

De propia confesión, el jefe de Estado reveló que la hoy desaparecida Salazar le expresó durante una cena partidaria su deseo de que no se observe (rechace) el archivamiento de la llamada Ley de la Selva.

García comentó que, por el contrario, antes de generar la inquietud de las comunidades nativas, la joven parlamentaria le sugirió beneficiarlas con tecnología y un mercado moderno.

Minutos después, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, confirmó que los decretos legislativos 1015 y 1073 se iban al archivo.

En homenaje a Fabiola Salazar, y como lo ha anunciado el Presidente, no se va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana (hoy) promulgaremos su archivamiento, declaró a Radio Nacional.

Patean el tablero

Más tarde, representantes del gobierno, con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, a la cabeza, se reunieron con líderes de diferentes comunidades de la Selva para instalar una mesa de diálogo que aborde los puntos más álgidos (salud, educación y alimentación) de la problemática indígena. Sin embargo, no todo fue armonía, pues al tomar la palabra Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo primero que éste hizo fue patear el tablero y advertir que no participará en la mesa si se incluía en ella a los representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap).

Según Pizango, Aidesep representa a más del 60% de las comunidades, en tanto que la Conap no tiene representatividad ni legitimidad. Luego de dos horas, se acordó instalar la mesa de diálogo y dejar abierta la posibilidad de que Aidesep se reintegre después.

Correo, 20/09/2008

Congreso promulgará ley que deroga 'ley de la selva’

García sostiene que Fabiola Salazar le pidió que dejara el tema en manos del Legislativo. Alberto Pizango, dirigente de Aidesep, consideró el anuncio como una buena noticia.

El Congreso de la República promulgará hoy –en uso de sus facultades– la autógrafa de ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que motivaron las airadas protestas de las comunidades nativas de la selva, luego de que ayer se venciera el plazo de 15 días hábiles para que el Ejecutivo observe o promulgue dicha iniciativa.Así lo aseguró ayer el titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, quien resaltó que la ley será sancionada en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar. “En homenaje a Fabiola Salazar, y como lo ha anunciado, el presidente (Alan García) no va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana (hoy) la promulgaremos”, aseguró en Radio Nacional.Minutos antes, el jefe de Estado comentó que Salazar, en una cena con los parlamentarios oficialistas, le solicitó que no la observara y que la dejara en manos del Congreso para que la promulgara.“Ella dijo que había otras posibilidades que buscar y que el Parlamento podría tratar más adelante. Y me pidió que no se objetara esa ley, sino que fuera promulgada por el propio Congreso. Le pido al presidente del Congreso que se hiciera un esfuerzo para ver de qué manera cumplimos esto”, sostuvo García tras asistir al velatorio de la fallecida legisladora en su residencia de La Molina.

VOTO EN CONTRA. Sin embargo, es bueno recordar que en el Pleno del 22 de agosto pasado, donde se logró que se aprobara la ley que derogaba los controvertidos decretos 1015 y 1073, Fabiola Salazar, al igual que toda la bancada aprista, votó en contra de esta derogatoria. Este hecho, incluso, motivó que los pobladores de Bagua, en Amazonas, criticaran duramente la actitud de la parlamentaria aprista representante de dicha localidad.

BUENA NOTICIA. La reacción de las comunidades nativas ante el anuncio de Velásquez Quesquén no se hizo esperar. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), consideró la medida como un gran avance y una buena noticia porque –resaltó– fortalecerá el diálogo entre el Ejecutivo y los indígenas en la búsqueda de una solución a los problemas de las comunidades nativas de la selva.“De esta manera se puede dialogar en forma consensuada sobre las necesidades de las comunidades nativas”, señaló, para luego resaltar que la promulgación de la norma evitará que en el futuro haya protestas.

La misma opinión tuvieron Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Parlamento, y Fredy Otárola, vocero del nacionalismo, quienes, sin embargo, criticaron que el Ejecutivo haya esperado hasta el último momento para pronunciarse sobre el tema, y recordaron también que aún están pendientes de solución otras demandas de los nativos, sobre todo en temas de educación, salud y transporte.

Ambos legisladores también lamentaron que el presidente Alan García y el titular del Parlamento utilizaran el nombre de la desaparecida congresista aprista para anunciar la promulgación de la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073. Los restos de Salazar fueron velados ayer en Bagua y hoy serán enterrados.

Perú, 20/09/2008

Hasta hoy García podría derogar leyes 1015 y 1073

Ministro Antonio Brack se reunirá con nativos esta tarde para concertar una agenda.

Hoy culmina el plazo de 15 días hábiles que tiene el presidente Alan García para promulgar, observar o dejar en manos del Congreso la promulgación de la autógrafa de ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que desataron la airada protesta de los indígenas porque –según denunciaron–, con ellos, el gobierno pretendía privatizar sus tierras.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, y el secretario de Coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa, señalaron a Perú.21 que la decisión final que se tome sobre dicho tema es potestad exclusiva del presidente.Sin embargo, este último admitió que el “sentimiento” que hay en el gobierno es que ni se promulgue ni se observe la ley y que, en consecuencia, se le deje al Congreso la responsabilidad de promulgarla, como se halla establecido en la Constitución.

Ayer, el legislador Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, ratificó a este diario que el titular del Parlamento, Javier Velásquez, le aseguró, hace unos días, que si el gobierno no promulgaba la autógrafa de ley, él lo haría.

HOY SE REÚNEN. Por otra parte, Brack y Figueroa confirmaron que hoy, desde las 3 p.m., dialogarán con los dirigentes de Aidesep y de Conap para elaborar una agenda sobre la problemática de los nativos. Figueroa dijo que Alberto Pizango, de Aidesep, ha confirmado que estará presente pese a que, días atrás, había pedido que su institución actúe como la única portavoz de los indígenas en el encuentro.

Perú.21, 19/09/2008

Hoy vence el plazo

El plazo para que el Ejecutivo promulgue la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 vence hoy, lo que mantiene en la expectativa a las comunidades nativas amazónicas.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, adelantó ante la eventualidad de que el Ejecutivo observe la norma o se niegue a promulgarla que los indígenas amazónicos confían en que el Poder Legislativo promulgará la ley que deja sin efecto los decretos y advirtió que, de no ser así, impedirán el ingreso de empresas madereras, petroleras y mineras en sus territorios. En tanto, los dirigentes de las comunidades nativas de Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cusco y Amazonas, así como los representantes de Aidesep, encabezados por Pizango, se preparan para la reunión que sostendrán hoy con el ministro de Ambiente, Antonio Brack, para debatir sobre un pliego de ocho demandas presentadas al Ejecutivo.

La Primera, 19/09/08

Nativos alistan protestas

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) alista las medidas de lucha en caso de que ni el presidente Alan García ni el Congreso deroguen los cuestionados decretos legislativos 1015 y 1073, sobre la posesión de las tierras de las comunidades nativas, cuyo plazo vence mañana.

El titular de Aidesep, Alberto Pizango, advirtió ayer que si se insiste con la vigencia de ambas normas, los pueblos de la Amazonía “desconocerán” a Alan García como presidente de la República, aunque no explicó qué significaría esa decisión.

Adelantó que, en ese escenario, las comunidades continuarán con su lucha, pero ya no tomarán carreteras ni locales públicos. “Se replegarán a sus zonas y, desde ahí, le dirán al gobierno que se ha olvidado de los pueblos nativos”, manifestó a Perú.21.

Perú.21, 18/09/2008

Autoritarismo VS. Diálogo en la Amazonía

El congresista Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Ambiente, en diálogo con LA PRIMERA sobre la III Cumbre Amazónica, propone al gobierno otro modelo de desarrollo que escuche y recoja la opinión de los pueblos nativos.

–¿Cuál es su opinión sobre la política amazónica del gobierno?

–Su visión es distinta a la de la mayoría de la población amazónica. El gobierno cree que la modernidad es usurpar las tierras comunales y publicar leyes autoritariamente, sin consultar a los pueblos originarios que están protegidos por normas internacionales.

–¿Se refiere a los decretos 1015 y 1073?

–Así es, el plazo para que el presidente de la República promulgue su derogatoria o la observe está a punto de vencer. Ahora le toca al presidente del Congreso, Javier Velásquez, cumplir su compromiso de promulgarla.

–¿Son dos visiones distintas de la Amazonía?

–La visión autoritaria del gobierno colisiona con nuestra posición de diálogo para un desarrollo sostenible de la Amazonía. Queremos un diálogo con resultados que propicien un cambio de rumbo económico y político, porque el actual no es compatible con prácticas democráticas, de inclusión y desarrollo de los pueblos. Porque un diálogo sin resultados enardece a la población.

–¿Ustedes exacerban el descontento?

–Eso es lo que difunde el gobierno. Nosotros respondemos a las exigencias de la población que nos eligió, que espera ser atendida por políticas públicas en salud y educación. Los indígenas amazónicos administran más de dos millones de hectá-reas y esperan que la riqueza sirva para combatir a la pobreza y no sólo para el lucro de las transnacionales.

COMPROMISOS

–¿Está usted de acuerdo con la inversión privada en la selva?

–En la selva la inversión privada desde la colonia ha sido de rapiña, de explotación indiscriminada de sus recursos naturales, sólo ha sacado la riqueza de la naturaleza, de los suelos y ha dejado pobreza en los pueblos. Yo creo que debe haber inversiones públicas y privadas con compromisos ambientales y sociales para el desarrollo de los pueblos. La población dice: queremos ser socios estratégicos, no queremos ser peones (de las transnacionales).

La Primera, 18/09/2008

Nativos preparan lucha frontal contra decretos

El presidente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, adelantó ayer que si el Ejecutivo se niega a promulgar la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 y lo devuelve al Congreso, los jefes de 182 comunidades de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín volverán a la lucha y esta vez impedirán el ingreso de empresas mineras, madereras y petroleras para evitar que continúen enajenando sus territorios.

Pizango dijo a LA PRIMERA que Aidesep coordina una movilización nacional en defensa de la Amazonía, tras la exitosa experiencia de la reciente protesta que arrinconó al gobierno y obligó al Congreso a derogar esos decretos.

“Los pueblos van a replegarse a sus comunidades y van a defender su territorio y van a decir ya no más ingresos de las empresas petroleras, madereras y mineras”, señaló Pizango y agregó que la posición de las comunidades siempre ha sido a favor del diálogo, sin embargo, al ver que el gobierno no quiere entender sus justas demandas, se verán obligadas a adoptar las medidas de protesta.

Pizango aclaró que sus declaraciones son resultado de acuerdos de una reunión con los 182 apus (jefes de comunidades) y el representante de la región Amazonas que se realizó los días 11 y 12 en la localidad de Yutupis en la provincia de Condorcanqui en Amazonas.

Sobre la reunión de los líderes indígenas con el ministro de Ambiente, Antonio Brack, que se realizará mañana, dijo esperar que la agenda abarque los ocho puntos planteados al gobierno, y advirtió que, en caso contrario, los nativos sabrán qué actitud tomar.

Enfatizó que los pueblos amazónicos estarán alertas ante las propuestas de los representantes de las Comunidades Nativas del Perú (Conap), a la que acusó de defender intereses del gobierno y no de las comunidades indígenas. Informó que los coordinadores de la Presidencia del Consejo de Ministros aceptaron que en el diálogo participen once dirigentes indígenas y no sólo cinco como planteó el gobierno inicialmente.

Hostiga a Aidesep

El dirigente indígena reiteró que detrás de la inspección a las instalaciones de Aidesep por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional existe una clara hostilización gubernamental, en represalia por los reclamos de los pueblos ancestrales.De otro lado, negó las imputaciones del Ejecutivo de que tras las quejas nativas existe injerencia o manipulación de agrupaciones políticas y afirmó que tampoco las hay de parte de las ONG.

La Primera, 18/09/08

Nativos no permitirán contratos hidrocarburíferos sin consulta

Los Apus decidieron en asamblea en Yutupis (Amazonas) dar de plazo hasta la reunión con Brack. Si esta falla retomarán protestas.

Tienen todas sus esperanzas puestas en la reunión del próximo 19 de setiembre con el ministro Antonio Brack, fruto de la cual esperan se conforme la comisión multisectorial a través de la cual el Ejecutivo comience a trabajar en la solución de la compleja problemática amazónica. Pero no darán ni un día más de tregua a un Ejecutivo que, opinan, ya ha tenido mucho tiempo para avanzar en sus pedidos.
Por eso, y mientras no se llegue a acuerdos que se hagan efectivos, las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Marañón, Nieva, Chiriaco, Santiago y Utcubamba (Amazonas), Datén del Marañón (Loreto), Ucayali, Madre de Dios y el Bajo Urumbamba (Cusco) no permitirán nuevas concesiones hidrocarburíferas en sus territorios si es que antes, tal y como establece el Convenio N° 169 de la OIT (Oganización Internacional del Trabajo), no se les consulta.
Así lo acordaron los 182 Apus (jefes de las comunidades) y los casi setenta líderes indígenas que el jueves y viernes pasados se reunieron en la comunidad de Yutupis (Amazonas) para evaluar la situación de los reclamos amazónicos tras la protesta de agosto, informó a La República Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana).
EN DEFENSA DE SUS TIERRAS
"Si el 20 de setiembre no ven una solución a sus pedidos, los indígenas ya han decidido que se replegarán en sus territorios e impedirán cualquier nueva concesión, ya sea a empresas mineras, petroleras o forestales, si es que antes no son consultados", afirmó Pizango.
El líder indígena también precisó que esa decisión no incluye la toma de entidades estratégicas, como centrales hidroeléctricas, el Oleoducto Nororiente o algunos lotes del proyecto Camisea. El presidente de Aidesep especificó asimismo que las propiedades abarcan trece millones de hectáreas.
Pizango se mostró satisfecho con la conformación de la comisión multipartidaria del Congreso, y adelantó que Aidesep ya tiene preparado un plan estratégico a trabajar, en el que explican que no es necesaria una reglamentación para aplicar la consulta claramente especificada en el Convenio N° 169 de la OIT. Los indígenas también pedirán que los territorios ancestrales sean considerados inembargables e inalienables, además de intangibles (como en la Constitución de 1979), pues esta última terminología es la que deja la puerta abierta al "mercantilismo de las comunidades". El presidente de Aidesep recordó finalmente su deseo de reunirse con Alan García.

NO A LA CONAP
La carta. El viernes 12 de setiembre el ministro Antonio Brack envió una carta a Aidesep mostrando su intención de que en la reunión del 19 de setiembre en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) además de Aidesep esté presente la Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú).
La respuesta. La idea no gustó demasiado a Aidesep, pues creen que Conap no ha participado en la protesta amazónica y solo quiere protagonismo.

La Reública, 14/09/2008

Nativos se preparan y esperan derogatoria

El presidente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, se reúne desde ayer con los dirigentes amazónicos en la comunidad de Yutupis en la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas para coordinar medidas de protesta, para el caso que el gobierno pretenda impedir la vigencia de la ley 2440, aprobada por el Congreso para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073.

Los representantes de las comunidades de la Amazonía continuarán hoy discutiendo los pasos que seguirán, ante la cercanía del 19 de setiembre, fecha en que vence el plazo para la promulgación de la referida norma por parte del Ejecutivo. Las decisiones serán anunciadas mañana sábado.

Asimismo, Pizango recoge propuestas de los nativos para llevarlas a la reunión que sostendrán con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, en la Presidencia del Consejo de Ministros el próximo 19 de setiembre, en la cual participará la Comisión Multipartidaria designada ayer en el Congreso. Está será referente para crear una Comisión Mutisectorial formada por los carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía a la que corresponderá resolver las demandas de los pueblos indígenas y amazónicos.

El representante de Aidesep llevará a la reunión con Brack una agenda de ocho puntos que incluye la derogatoria de los decretos 994, 1020,1064, 1081 y 1090.

DETALLE

Un total de 65 comunidades nativas en las regiones Amazonas, Loreto y Cusco se movilizaron en agosto pasado contra los decretos 1015 y 1073, lo que obligó al Congreso a aprobar la norma derogatoria, que espera por su promulgación

La Primera, 12/09/2008

El Congreso decidirá derogatoria de decretos

El congresista y presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Róger Nájar, manifestó que el presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, le aseguró que si el Ejecutivo no se pronuncia hoy sobre la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, él puede promulgar la norma que los derogue directamente sin consulta al Pleno.
En diálogo con EXPRESO, el parlamentario Roger Nájar sostuvo que este compromiso fue expresado por el propio Velásquez Quezquén durante una reunión que sostuvo con un grupo de parlamentarios, entre ellos el propio Najar, Gabriela Pérez del Solar y José Macedo, donde se tocó el tema de la derogatoria de los mencionados decretos y qué hacer ante la posibilidad de que el Ejecutivo no se pronuncie aún.

Al respecto, los congresistas Fabiola Morales y Alejandro Aguinaga, integrantes de la Mesa Directiva, si bien no descartaron esta posibilidad, manifestaron que lo más recomendable sería esperar la respuesta del Ejecutivo.

“Hay que ser respetuosos y cumplir los pasos”,sostuvo el congresista Aguinaga.

Afán politiquero

Por su parte la congresista Fabiola Morales informó que un tema que también se vería hoy en reunión del Pleno sería la formación de una comisión especial multipartidaria que buscará diagnosticar la situación de los pueblos indígenas, tema que forma parte del acta firmada por los dirigentes nativos con el gobierno.

Cabe señalar que ambos congresistas coincidieron en señalar que las advertencias de Alberto Pizango, de Aidesep, tiene un afán protagonista y politiquero, pues el Congreso ya derogó los decretos tal como lo habían solicitado. “La pelota está en el Ejecutivo”, argumentaron.

Expreso, 11/09/2008

Alistan III Cumbre Amazónica

Dirigentes de organizaciones amazónicas anunciaron ayer la realización de la III Cumbre Amazónica, que se realizará en Yurimaguas el 20 y 21 de setiembre, en la que decidirán sobre las medidas que tomarán para defender la Amazonía de la tala indiscriminada y la invasión de empresas transnacionales.

La presidenta del Frente de Defensa del Alto Amazonas, Adilia Tapullima, manifestó que un tema principal de la cumbre será sobre los decretos legislativos que afectan la autonomía de las comunidades nativas y al ecosistema amazónico.

Por su parte, Amador Chumbe, secretario de Asuntos Agrarios Campesinos y Nativos del Frente de Defensa del Alto Amazonas, afirmó que su gremio exigirá al Ejecutivo que derogue los decretos legislativos 1015 y 1073. “Le decimos al gobierno que si no deroga estas leyes, los pueblos tenemos derecho de insurgir. No vamos a permitir que se decida vender nuestras tierras”, advirtió.

La Primera, 11/09/2008

Indígenas quieren evitar más protestas

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, se reunirá hoy y mañana con dirigentes de la región amazónica en la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas para establecer las medidas que realizarán, en caso que el gobierno obstaculice la promulgación de la ley N° 2440, aprobada por el Congreso el 20 de agosto, que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073. El plazo para la promulgación expirará el próximo 19 de setiembre.

En tanto, los dirigentes de la Amazonía esperan que el Congreso cree la Comisión Multipartidaria que viajará a reunirse con los dirigentes amazónicos para resolver los problemas que afrontan. La conformación de esta comisión, elegida por los miembros de la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía tendrá que ser refrendada mañana por el pleno del Congreso.

El dirigente de la Aidesep y el ministro de Ambiente, Antonio Brack se reunirán el viernes 19 a las tres de la tarde en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde fijarán lineamientos para crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, que tendrá que resolver las demandas de los indígenas y los amazónicos.El representante de Aidesep presentará ante el ministro Brack una agenda de ocho puntos entre los cuales se cuenta la derogatoria de los decretos 994, 1020, 1064, 1081 y 1090, que, según dijo, son nocivos para los intereses de los nativos.

La Primera, 11/09/2008

Aidesep evalúa acciones

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se reunirá hoy y mañana con los dirigentes de los nativos en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) para definir qué acciones de lucha adoptarán si el presidente Alan García no deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, tal como se aprobó en el Congreso.

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, reiteró que serán firmes en su posición y que se movilizarán con fuerza si no son escuchados. Enfatizó que el gobierno no debe olvidar que el desarrollo se logra, pero con responsabilidad y respetando los derechos de los indígenas.Hasta ahora, la única respuesta por parte del Ejecutivo ha sido que se encuentra “evaluando” el tema. Sin embargo, ha insistido en resaltar los beneficios de las citadas normas.

Perú.21, 11/09/2008

“Que deje Stanford y se mude a la selva”

El anuncio de Alejandro Toledo de sumarse a las protestas de la selva si el gobierno persiste en los decretos 1015 y 1073, mereció el rechazo de las principales bancadas del Congreso, quienes coincidieron en que el ex mandatario busca protagonismo político cada vez que viene de visita al Perú.

"Yo le diría que, si piensa así, que deje de vivir a todo lujo en Stanford y se mude a la selva, que seguramente allí realmente conocerá cómo vive la mayoría, en un grave atraso, porque parece que extraña su vincha. Si así quiere postular al 2011 está muy desenfocado, le hace el juego a gente que quiere la confrontación y el caos por sus intereses políticos", refirió Luis Gonzales Posada (PAP).

Incluso congresistas que están contra la llamada "ley de la selva" rechazaron las afirmaciones de Toledo, en el sentido de que éstas responden a un afán de recobrar la popularidad que tuvo hace años.

"Las declaraciones de Toledo son demagógicas y poco atinadas para un ex presidente que se jacta de democrático. Es algo irresponsable y sin sentido hablar de marchas y anarquía, todo porque busca ser una alternativa electoral, pero su época ya pasó", añadió Hildebrando Tapia, de Unidad Nacional.

Por su parte, el nacionalista Isaac Mekler calificó a Toledo de "figuretti" y de querer aprovecharse de la posición de los selváticos y de la oposición en el Congreso.

"Ese señor gobernó para los ricos y ahora se quiere hacer el que lucha por los pobres para figurar. El Congreso ya derogó esa ley, y si Alan García la observa, nos impondremos como primer poder del Estado", indicó.

Ministra y Fiscal de la Nación

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, afirmó ayer que el ex presidente Alejandro Toledo “no ha pensado mucho” en las cosas que ha dicho, sobre salir a las calles si el Ejecutivo aprueba los decretos legislativos 1015 y 1073, conocidos también como la “Ley de la Selva”. Por su parte la ministra de Justicia, Rosario Fernández, demandó al ex presidente Alejandro Toledo mantener el perfil bajo y no azuzar a la población amenazando con salir a las calles si se aprueba la “Ley de la Selva”.

Expreso, 09/09/2008