Luego de un año, podría darse luz verde a la inversión privada conocida como la “ley de la selva” por sus detractores aunque no necesariamente mediante la venta de tierras.
Al aparecer, esta semana podría aprobarse finalmente el polémico proyecto de ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, que a criterio del Ejecutivo puede impulsar las zonas devastadas por la tala ilegal.
La Comisión Permanente del Congreso dejó en cuarto intermedio el proyecto, pues no existía acuerdo sobre la posibilidad de vender o concesionar las tierras erizadas para los proyectos de Inversión.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Franklin Sánchez, indicó que ya se ha preparado un texto sustitutorio del Dictamen, el cual podría ser sometido a votación este miércoles.
En diálogo con Gestión, precisó que este nuevo dictamen busca una mayor participación de los gobiernos regionales en la toma de decisiones.
Así, establece que serán las regiones, a través de la elaboración de los catastros regionales, las que decidan cuáles son las tierras que podrán ser destinadas a los proyectos de reforestación.
Asimismo, quedará a decisión de los gobiernos regionales determinar si los proyectos de inversión se realizan mediante la concesión del terreno o adjudicación en venta.
Precisó que las modificaciones introducidas incluyen un reconocimiento expreso a las tierras de las comunidades, las cuales no podrán ser vendidas y, también expresamente, se establece que no se podrán vender bosques.
Estas dos precisiones, dijo, se dan para acallar aquellos comentarios referidos a que el proyecto terminaría perjudicando a las comunidades o deforestando nuestros bosques.
Inversión
Sánchez Ortiz sostuvo que existen 10millones de hectáreas deforestadas que requieren de la llegada de inversión para poder desarrollarse y que si bien algunos han calificado al proyecto como “La Ley de la Selva”, en realidad beneficiará a todas las regiones, porque áreas erizadas o deforestadas existen también en la sierra y la costa.
“Se debe permitir a la inversión privada invertir en los terrenos q prácticamente están destruidos”, precisó.
Refirió que el proyecto establece que se podrán entregar hasta 40mil hectáreas, por un periodo máximo de 60 años, en casose trate de una concesión, y con una cláusula de reversión en caso los inversionistas no cumplan con realizar los proyectos de reforestación y usen los terrenos para otros proyectos.
La supervisión para saber si el inversionista está cumpliendo con reforestar o no, quedará en manos de la región en coordinación con el Ministerio de Agricultura.
Sánchez indicó que para lograr que el proyecto se someta a votación este miércoles, están buscando consensuar el tema con las demás bancadas.
Precisó que, hasta el momento, la bancada de Unidad Nacional considera que el gobierno regional no debería tener la facultad de decidir si los terrenos se dan en concesión o venta y que eso debería ser potestad de Preinversión, aunque él señaló que esa no es la postura de su bancada.
La Comisión Permanente del Congreso dejó en cuarto intermedio el proyecto, pues no existía acuerdo sobre la posibilidad de vender o concesionar las tierras erizadas para los proyectos de Inversión.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Franklin Sánchez, indicó que ya se ha preparado un texto sustitutorio del Dictamen, el cual podría ser sometido a votación este miércoles.
En diálogo con Gestión, precisó que este nuevo dictamen busca una mayor participación de los gobiernos regionales en la toma de decisiones.
Así, establece que serán las regiones, a través de la elaboración de los catastros regionales, las que decidan cuáles son las tierras que podrán ser destinadas a los proyectos de reforestación.
Asimismo, quedará a decisión de los gobiernos regionales determinar si los proyectos de inversión se realizan mediante la concesión del terreno o adjudicación en venta.
Precisó que las modificaciones introducidas incluyen un reconocimiento expreso a las tierras de las comunidades, las cuales no podrán ser vendidas y, también expresamente, se establece que no se podrán vender bosques.
Estas dos precisiones, dijo, se dan para acallar aquellos comentarios referidos a que el proyecto terminaría perjudicando a las comunidades o deforestando nuestros bosques.
Inversión
Sánchez Ortiz sostuvo que existen 10millones de hectáreas deforestadas que requieren de la llegada de inversión para poder desarrollarse y que si bien algunos han calificado al proyecto como “La Ley de la Selva”, en realidad beneficiará a todas las regiones, porque áreas erizadas o deforestadas existen también en la sierra y la costa.
“Se debe permitir a la inversión privada invertir en los terrenos q prácticamente están destruidos”, precisó.
Refirió que el proyecto establece que se podrán entregar hasta 40mil hectáreas, por un periodo máximo de 60 años, en casose trate de una concesión, y con una cláusula de reversión en caso los inversionistas no cumplan con realizar los proyectos de reforestación y usen los terrenos para otros proyectos.
La supervisión para saber si el inversionista está cumpliendo con reforestar o no, quedará en manos de la región en coordinación con el Ministerio de Agricultura.
Sánchez indicó que para lograr que el proyecto se someta a votación este miércoles, están buscando consensuar el tema con las demás bancadas.
Precisó que, hasta el momento, la bancada de Unidad Nacional considera que el gobierno regional no debería tener la facultad de decidir si los terrenos se dan en concesión o venta y que eso debería ser potestad de Preinversión, aunque él señaló que esa no es la postura de su bancada.
PARA RECORDAR
El proyecto propone modificar la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, autorizando al Estado a adjudicar en venta y mediante subasta pública, hasta 40mil hectáreas de tierras forestales sin cubierta boscosa o erizada de su dominio.
La Comisión Agraria aprobó el proyecto en el mes de abril, sin embargo la Comisión de Economía aprobó su dictamen recién a fines de octubre, modificando la propuesta inicial, estableciendo solo la posibilidad de concesionar.
NÚMERO PRIMO
650,000
Hectáreas podrían ser reforestadas
con la venta de tierras.
950
Millones de dólares sería la
inversión en los próximos 10 años.
El proyecto propone modificar la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, autorizando al Estado a adjudicar en venta y mediante subasta pública, hasta 40mil hectáreas de tierras forestales sin cubierta boscosa o erizada de su dominio.
La Comisión Agraria aprobó el proyecto en el mes de abril, sin embargo la Comisión de Economía aprobó su dictamen recién a fines de octubre, modificando la propuesta inicial, estableciendo solo la posibilidad de concesionar.
NÚMERO PRIMO
650,000
Hectáreas podrían ser reforestadas
con la venta de tierras.
950
Millones de dólares sería la
inversión en los próximos 10 años.
Gestión, 25/02/2008
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