lunes, 10 de marzo de 2008

El gobierno acepta que regiones planteen cambios a ‘Ley de la Selva'

Del Castillo garantiza derecho a la propiedad de comunidades. Gobiernos amazónicos apuestan por la concesión de tierras y no por inversión.
El Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales amazónicos conciliaron posiciones con respecto a la controvertida "Ley de la Selva" en la reunión clave que sostuvieron en Puerto Maldonado, Madre de Dios.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, aseguró que el proyecto del Ejecutivo para modificar la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería será perfeccionada con el aporte de las regiones Ucayali, Loreto, Amazonas, Madre de Dios y San Martín.
"La más severa discrepancia no tiene que llevar a ningún tipo de confrontación ni menos a un paro. Hoy día vivimos una democracia y en la democracia la gente se entiende hablando", sostuvo.
No obstante, Del Castillo cuestionó que haya surgido un "mensaje negativo" en relación con la propuesta del Ejecutivo, ya que el sustento de la iniciativa del gobierno fue expuesta en todo el territorio nacional mediante el canal estatal.
El primer ministro aseguró que se garantizará el derecho a la propiedad de las comunidades nativas y campesinas, y anunció que se elaborará un catastro de las tierras eriazas, que no existe.
CONTRA LA PARED
La "Ley de la Selva" está contenida en el proyecto de ley 840/2006 - PE y permite dar en propiedad al sector privado los terrenos eriazos de la Amazonía.
El dispositivo alcanzó cuerpo y forma en el artículo "El síndrome del perro del hortelano", publicado por el presidente Alan García el 28 de octubre del 2007 en El Comercio, y que levantó polvareda.
Según la autoridad máxima de Madre de Dios, Santos Kaway, el pedido principal al Ejecutivo es que las tierras no sean vendidas sino concesionadas, y no por mucho tiempo.
"El marco legal actual establece que el que se adjudica lotes puede invertir en un plazo de cinco años. Nosotros queremos que la inversión tenga un plazo máximo de un año para asegurar el buen gasto", indicó Kaway a La República.
Santos Kaway refirió también que propondrá que la ley se aplique según la realidad de cada región.
Por su parte, el presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez, señaló a este diario que el gobierno ha elaborado una propuesta que excluye la privatización de los bosques de las comunidades.
Velásquez relató también que se busca "dar facultad a los gobiernos regionales de decidir si es que quieren la venta o la concesión".
Mientras, el presidente de la comisión Agraria del Congreso, Franklin Sánchez (Apra), aclaró que la norma de reforestación tiene alcance nacional y no solo compete a las regiones amazónicas.
Reiteró que no existe la pretensión o el objetivo de expropiar terrenos de la Amazonía, sino darlas en concesión.
"Tenemos 70 millones de hectáreas de bosque y no se trata de venderlas sino de trabajar por la reforestación de la zona perdida y degradada que están en libre disposición", expresó Sánchez al tiempo que expresó que el anteproyecto de ley tiene el consenso de todas las bancadas políticas.
PRECISIONES
Contra. El presidente del Frente de Defensa, Rómulo Coronado, señaló que su gremio no avalará ningún acuerdo con el Ejecutivo siempre y cuando no se deroguen las normas.
Incapacidad. En conversación con este diario, Coronado aseveró que el Estado se encuentra incapacitado de llevar a cabo los procesos de concesiones forestales por no detener la tala ilegal de madera. Indicó que harían un paro el 17 y 18 de marzo.
La República, 10/03/2008

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