lunes, 28 de enero de 2008

‘Ley de la Selva' no garantiza un aumento de inversión en la Amazonía deforestada

No existe un catastro ni se ha consultado a las regiones. El 17 de febrero se celebrará congreso en defensa de recursos naturales.
La posibilidad de dar en propiedad los terrenos eriazos de la Amazonía para que entidades ajenas al Estado inviertan en su reforestación no traerá mayor inversión al Perú en el contexto actual, tal y como promueve el presidente Alan García en foros extranjeros al defender el proyecto N° 840/2006, ya conocido como la "Ley de la Selva", que será votado mañana por la Comisión Permanente del Congreso.
Así lo sostiene José Luis Capella, coordinador del Programa Forestal de la SPDA (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental), quien considera "poco serio" hablar de condiciones de propiedad, dada la inexistencia de una institución que reglamente y regule la inversión en este sentido, así como la ausencia de un plan de manejo de las áreas de plantación que incluya un catastro –aún inexistente– de cuáles son exactamente las hectáreas de la Amazonía sin cubierta boscosa en las que se podría trabajar.
"Sin catastro y sin institucionalidad no se puede hablar de propiedad. En las actuales condiciones hasta la concesión es problemática. El asunto es crear las condiciones para invertir", explica Capella.
COMO EN MINERÍA
Según el experto de la SPDA, el mejor ejemplo de cómo se debe actuar para promover la inversión en reforestación es la minería. "El Estado invirtió mucho dinero en generar una institucionalidad correcta, con un Ministerio de Energía y Minas, y elaboró un catastro minero con toda la información necesaria para que el inversionista venga y sepa en qué condiciones se le va a dar la concesión. No se necesita el derecho de propiedad de la tierra para sacar un recurso que se encuentra en el subsuelo", añade.
En opinión de José Luis Capella, la ausencia de un catastro que delimite exactamente cuántas son y dónde están las hectáreas deforestadas en las que se puede invertir en el Perú, es un problema medular que se debe resolver antes de aprobar cualquier ley.
Y el tema está entrampado en una madeja de organismos sin competencias definidas: el ministerio de Agricultura, INRENA (Instituto de Recursos Naturales) y Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), ninguno de los cuales asume como suya la responsabilidad de contar con el citado estudio, y que se remiten los unos a los otros cuando se les solicita esa información.
Ante los requerimientos de este diario, tan sólo el ministerio de Agricultura informó que a diciembre del 2007 había en la Amazonía 9.5 millones de hectáreas deforestadas, pero no puede precisar qué cantidad exacta de las mismas eran terrenos eriazos que podrían ser entregados a inversionistas.
La República, 22/01/2008

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