Contra viento y marea, el gobierno continúa adelante con su proyecto de adjudicar grandes extensiones de la selva al mejor postor, y no tiene uno sino dos proyectos de ley avanzando en el Congreso, ninguno de los cuales ha sido visto por los integrantes de la Comisión que se ocupa de temas de la Amazonía. A pesar de que sectores de la oposición fruncen el ceño y aseguran que esta entrega masiva de una zona que es reserva de oxígeno y de recursos para la humanidad no pasará, lo cierto es que no parece haber una estrategia sólida encaminada a detenerlo.
Del lado gubernamental, el pretexto para un proyecto así es que existen tres millones de hectáreas desforestadas y que el Estado nunca podrá rehabilitar. Entonces, mejor darlas en propiedad a fin de que sectores privados lo hagan y de paso aprovechen los recursos madereros, que continúan siendo depredados sin que el Inrema o algún otro organismo estatal pueda hacer gran cosa para impedirlo. Se da por sobreentendido que los nuevos dueños de la selva optarán por la formalidad y actuarán dentro de la ley.
Esta suposición carece de fundamento, y existe el precedente brasileño, donde la supuesta legalización de la propiedad en la Amazonía no impidió la continuación de una deforestación masiva. Pero, antes que esa experiencia, hay otras razones que pueden oponerse. La principal, la ausencia de un catastro que indique la ubicación de esas áreas deforestadas, con lo cual –en teoría– podrían estar en cualquier lugar. Y ya se sabe quiénes serán las primeras en ser sacrificadas a la voracidad de los madereros: las comunidades nativas, muy pocas de las cuales poseen títulos sobre sus tierras.
Pero los proyectos van más lejos, pues ofrecen una serie de ventajas a quienes opten por adquirir tierras en la selva, con el mínimo compromiso de la reforestación. En ausencia de catastro, ¿cómo se podrá impedir la deforestación de nuevas áreas que se agreguen a las anteriores, teniendo como objeto acogerse a dichos beneficios? Pues así como una amplia red de corrupción logra la sobreexplotación de la caoba y otras maderas preciosas, las que son extraídas impunemente hasta de las reservas y parques nacionales con incautaciones mínimas, lo mismo sucederá con los nuevos propietarios.
Más adecuada que esta privatización de la selva nos parece impulsar la intangibilidad de amplias áreas selváticas en el marco del intercambio inaugurado por el Protocolo de Kioto y que autoriza a los países desarrollados que no logren cumplir con sus cuotas de reducción de contaminación el denominado canje de deuda por ecología. Es decir que dichas naciones se comprometen a realizar tareas de conservación en la Amazonía a cambio de reducciones de la deuda externa de los países poseedores de bosques tropicales húmedos o selvas primarias. Es por aquí que se podía y debía dar un futuro a la selva.
Del lado gubernamental, el pretexto para un proyecto así es que existen tres millones de hectáreas desforestadas y que el Estado nunca podrá rehabilitar. Entonces, mejor darlas en propiedad a fin de que sectores privados lo hagan y de paso aprovechen los recursos madereros, que continúan siendo depredados sin que el Inrema o algún otro organismo estatal pueda hacer gran cosa para impedirlo. Se da por sobreentendido que los nuevos dueños de la selva optarán por la formalidad y actuarán dentro de la ley.
Esta suposición carece de fundamento, y existe el precedente brasileño, donde la supuesta legalización de la propiedad en la Amazonía no impidió la continuación de una deforestación masiva. Pero, antes que esa experiencia, hay otras razones que pueden oponerse. La principal, la ausencia de un catastro que indique la ubicación de esas áreas deforestadas, con lo cual –en teoría– podrían estar en cualquier lugar. Y ya se sabe quiénes serán las primeras en ser sacrificadas a la voracidad de los madereros: las comunidades nativas, muy pocas de las cuales poseen títulos sobre sus tierras.
Pero los proyectos van más lejos, pues ofrecen una serie de ventajas a quienes opten por adquirir tierras en la selva, con el mínimo compromiso de la reforestación. En ausencia de catastro, ¿cómo se podrá impedir la deforestación de nuevas áreas que se agreguen a las anteriores, teniendo como objeto acogerse a dichos beneficios? Pues así como una amplia red de corrupción logra la sobreexplotación de la caoba y otras maderas preciosas, las que son extraídas impunemente hasta de las reservas y parques nacionales con incautaciones mínimas, lo mismo sucederá con los nuevos propietarios.
Más adecuada que esta privatización de la selva nos parece impulsar la intangibilidad de amplias áreas selváticas en el marco del intercambio inaugurado por el Protocolo de Kioto y que autoriza a los países desarrollados que no logren cumplir con sus cuotas de reducción de contaminación el denominado canje de deuda por ecología. Es decir que dichas naciones se comprometen a realizar tareas de conservación en la Amazonía a cambio de reducciones de la deuda externa de los países poseedores de bosques tropicales húmedos o selvas primarias. Es por aquí que se podía y debía dar un futuro a la selva.
La República, 28/01/2008
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