Iniciativa plantea rescatar tierras degradadas, pero aseguran que en la Amazonía no existen terrenos de esa naturaleza.
Los dirigentes de los frentes de defensa de Ucayali, Loreto y San Martín coordinan una huelga macrorregional para rechazar el proyecto de ley de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería, más conocido como 'Ley de la Selva'.
Pedro Tello Arroyo, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (Loreto), dijo que la iniciativa plantea rescatar tierras degradadas, pero aseguró que en la Amazonía no existen terrenos de esa naturaleza.
Perú 21, 27/01/2008
martes, 29 de enero de 2008
lunes, 28 de enero de 2008
La selva por pedazos
Contra viento y marea, el gobierno continúa adelante con su proyecto de adjudicar grandes extensiones de la selva al mejor postor, y no tiene uno sino dos proyectos de ley avanzando en el Congreso, ninguno de los cuales ha sido visto por los integrantes de la Comisión que se ocupa de temas de la Amazonía. A pesar de que sectores de la oposición fruncen el ceño y aseguran que esta entrega masiva de una zona que es reserva de oxígeno y de recursos para la humanidad no pasará, lo cierto es que no parece haber una estrategia sólida encaminada a detenerlo.
Del lado gubernamental, el pretexto para un proyecto así es que existen tres millones de hectáreas desforestadas y que el Estado nunca podrá rehabilitar. Entonces, mejor darlas en propiedad a fin de que sectores privados lo hagan y de paso aprovechen los recursos madereros, que continúan siendo depredados sin que el Inrema o algún otro organismo estatal pueda hacer gran cosa para impedirlo. Se da por sobreentendido que los nuevos dueños de la selva optarán por la formalidad y actuarán dentro de la ley.
Esta suposición carece de fundamento, y existe el precedente brasileño, donde la supuesta legalización de la propiedad en la Amazonía no impidió la continuación de una deforestación masiva. Pero, antes que esa experiencia, hay otras razones que pueden oponerse. La principal, la ausencia de un catastro que indique la ubicación de esas áreas deforestadas, con lo cual –en teoría– podrían estar en cualquier lugar. Y ya se sabe quiénes serán las primeras en ser sacrificadas a la voracidad de los madereros: las comunidades nativas, muy pocas de las cuales poseen títulos sobre sus tierras.
Pero los proyectos van más lejos, pues ofrecen una serie de ventajas a quienes opten por adquirir tierras en la selva, con el mínimo compromiso de la reforestación. En ausencia de catastro, ¿cómo se podrá impedir la deforestación de nuevas áreas que se agreguen a las anteriores, teniendo como objeto acogerse a dichos beneficios? Pues así como una amplia red de corrupción logra la sobreexplotación de la caoba y otras maderas preciosas, las que son extraídas impunemente hasta de las reservas y parques nacionales con incautaciones mínimas, lo mismo sucederá con los nuevos propietarios.
Más adecuada que esta privatización de la selva nos parece impulsar la intangibilidad de amplias áreas selváticas en el marco del intercambio inaugurado por el Protocolo de Kioto y que autoriza a los países desarrollados que no logren cumplir con sus cuotas de reducción de contaminación el denominado canje de deuda por ecología. Es decir que dichas naciones se comprometen a realizar tareas de conservación en la Amazonía a cambio de reducciones de la deuda externa de los países poseedores de bosques tropicales húmedos o selvas primarias. Es por aquí que se podía y debía dar un futuro a la selva.
Del lado gubernamental, el pretexto para un proyecto así es que existen tres millones de hectáreas desforestadas y que el Estado nunca podrá rehabilitar. Entonces, mejor darlas en propiedad a fin de que sectores privados lo hagan y de paso aprovechen los recursos madereros, que continúan siendo depredados sin que el Inrema o algún otro organismo estatal pueda hacer gran cosa para impedirlo. Se da por sobreentendido que los nuevos dueños de la selva optarán por la formalidad y actuarán dentro de la ley.
Esta suposición carece de fundamento, y existe el precedente brasileño, donde la supuesta legalización de la propiedad en la Amazonía no impidió la continuación de una deforestación masiva. Pero, antes que esa experiencia, hay otras razones que pueden oponerse. La principal, la ausencia de un catastro que indique la ubicación de esas áreas deforestadas, con lo cual –en teoría– podrían estar en cualquier lugar. Y ya se sabe quiénes serán las primeras en ser sacrificadas a la voracidad de los madereros: las comunidades nativas, muy pocas de las cuales poseen títulos sobre sus tierras.
Pero los proyectos van más lejos, pues ofrecen una serie de ventajas a quienes opten por adquirir tierras en la selva, con el mínimo compromiso de la reforestación. En ausencia de catastro, ¿cómo se podrá impedir la deforestación de nuevas áreas que se agreguen a las anteriores, teniendo como objeto acogerse a dichos beneficios? Pues así como una amplia red de corrupción logra la sobreexplotación de la caoba y otras maderas preciosas, las que son extraídas impunemente hasta de las reservas y parques nacionales con incautaciones mínimas, lo mismo sucederá con los nuevos propietarios.
Más adecuada que esta privatización de la selva nos parece impulsar la intangibilidad de amplias áreas selváticas en el marco del intercambio inaugurado por el Protocolo de Kioto y que autoriza a los países desarrollados que no logren cumplir con sus cuotas de reducción de contaminación el denominado canje de deuda por ecología. Es decir que dichas naciones se comprometen a realizar tareas de conservación en la Amazonía a cambio de reducciones de la deuda externa de los países poseedores de bosques tropicales húmedos o selvas primarias. Es por aquí que se podía y debía dar un futuro a la selva.
La República, 28/01/2008
Frentes regionales preparan huelga contra “Ley de la Selva"
Fecha será definida durante reunión en Pichanaki (Junín).
La República, 28/01/2008
El secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, anunció que los frentes regionales del oriente se encuentran evaluando la realización de una huelga macrorregional contra el proyecto de ley que pretende dar en propiedad terrenos de la selva.
Según informó Coronado, el 16 y 17 de febrero se desarrollará en la localidad de Pichanaki (Junín) una reunión entre los representantes de los frentes de defensa de Ucayali, Loreto y San Martín a fin de fijar su posición oficial y determinar la fecha para la medida de fuerza.
" Vamos a hacer que el gobierno reaccione y deje de pensar que la Amazonía es el patio trasero del país", manifestó Coronado.
Por su parte, el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Alto Amazonas (Loreto), Pedro Tello Arroyo, aclaró que los residentes del oriente no se oponen al ingreso de la inversión privada, "lo que pedimos es que esta no excluya al agricultor de sus proyectos, por el contrario, que sea su socio".
Según informó Coronado, el 16 y 17 de febrero se desarrollará en la localidad de Pichanaki (Junín) una reunión entre los representantes de los frentes de defensa de Ucayali, Loreto y San Martín a fin de fijar su posición oficial y determinar la fecha para la medida de fuerza.
" Vamos a hacer que el gobierno reaccione y deje de pensar que la Amazonía es el patio trasero del país", manifestó Coronado.
Por su parte, el presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia de Alto Amazonas (Loreto), Pedro Tello Arroyo, aclaró que los residentes del oriente no se oponen al ingreso de la inversión privada, "lo que pedimos es que esta no excluya al agricultor de sus proyectos, por el contrario, que sea su socio".
La República, 28/01/2008
Javier Diez Canseco: A Contracorriente. Felipillo por vocación
Cruzó el Atlántico para pedirles al rey de España y a su Primer Ministro emprendan una "reconquista" del Tawantinsuyo. Como lo ha recordado hace poco Alberto Adrianzén, clamó por el retorno "de las carabelas y el Colón empresarial". ¿Qué ofrece? Pues lo que quieran: concesiones mineras, entregar el manejo de puertos, carreteras, emprendimientos ferrocarrileros. Hasta el manejo de restos arqueológicos que constituyen parte del patrimonio y la identidad nacional, motivando la masiva y unitaria protesta del pueblo del Cusco y de diversos puntos del país ante las leyes recientemente emitidas en esta materia. Y claro, la misma Amazonía puede ser parte del paquete pues viene siendo ofertada con la famosa "ley de la Selva" que pretende subastar en propiedad cientos de miles de hectáreas.
En términos vergonzosos, humillantes y penosos, Alan García Pérez buscó ganarse la confianza de los inversionistas españoles denostando a los pueblos andinos originarios que se abren paso en sociedades racistas y excluyentes. Se presentó como garante de la estabilidad y del control frente a "grandes muchedumbres étnicas" movilizadas, garante de la segunda oleada de inversiones españolas por las que clamaba. García apunta a consolidar el peso del capital español en el Perú, ya el más importante en inversión extranjera (11,000 millones de dólares a fines del 2004, representando casi el 26% de la inversión extranjera), y dominante en telefonía (Telefónica) y telecable, energía eléctrica (Etevensa, Endesa), refinación petrolera (Repsol) y combustibles, banca (Bancos Santander y BBVA) y servicios conexos, hotelería, etc. Algo parecido al juego que desarrolló desde el inicio de su gestión en la relación con Chile y su increíble teoría de que las relaciones económicas y de negocios corren por cuerdas separadas de las relaciones que hacen a nuestros problemas de frontera marítima y soberanía. Todo sea por el capital.
En realidad, aunque esto parezca una novedad en el Perú, no lo era en España. Ya Bernardo Hernández, consejero del Primer Ministro, lo anunciaba –hace año y medio– ante el triunfo electoral de Alan García: su política será "una gran oportunidad de negocio para las compañías españolas". Quiere –decía como ejemplo– construir 28 carreteras entre la sierra y la costa, lo que abre oportunidades para constructoras ibéricas (EFE, 26/6/06).
García es un converso, por interés, a las teorías y políticas neoliberales y, como tal, un fundamentalista. Pretende hacer lo que no se atrevieron ni Fujimori ni Toledo: lanzarse a la conquista, para el capital transnacional, de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, de las aguas, de la Amazonía y hasta de nuestro patrimonio cultural e histórico para convertirlo en instrumento al servicio de la acumulación y ganancia de las transnacionales.
Estamos ante un Felipillo voluntario, ante una Malinche por vocación. No se trata de un jovencito indígena secuestrado por los conquistadores, alfabetizado y convertido en intérprete de los conquistadores, ni de una jovencita azteca de 15 años, entregada a Cortez que terminó como su amante, consejera y traductora, en contra de su propio pueblo de origen y al servicio de los conquistadores. Estamos ante un traductor voluntario. Y en las épocas de conquista, de sometimiento de unas civilizaciones por otras, traductor tuvo ocasiones en las que fue sinónimo de traidor.
Quien remata nuestros recursos y entrega las riendas del país a las transnacionales; quien se niega a trasladar parte importante de la renta que generan nuestros agotables recursos mineros y energéticos para atender educación salud, ciencia y tecnología, agro y pequeña empresa; quien socava lo poco que queda de Estado y de capacidad soberana para orientar el manejo económico y político no al servicio de los peruanos y de su bienestar sino para servir a los extranjeros; quien se pone de espaldas a la unidad de los pueblos latinoamericanos y las comunidades originarias, quien estrecha lazos con el gobierno de Bush, cabeza del imperio más letal y opresivo de la historia… no es un simple traductor de sus intereses: es un traidor a su pueblo y a sus oportunidades.
Aunque el diminutivo no armonice con su tremenda e hinchada humanidad ni con su dilatado ego, pocas dudas caben de que Alan García se evidencia, cada vez más, como un Felipillo voluntario o una Malinche por vocación, en este mundo globalizado en el que siempre se renuevan viejas profesiones.
En términos vergonzosos, humillantes y penosos, Alan García Pérez buscó ganarse la confianza de los inversionistas españoles denostando a los pueblos andinos originarios que se abren paso en sociedades racistas y excluyentes. Se presentó como garante de la estabilidad y del control frente a "grandes muchedumbres étnicas" movilizadas, garante de la segunda oleada de inversiones españolas por las que clamaba. García apunta a consolidar el peso del capital español en el Perú, ya el más importante en inversión extranjera (11,000 millones de dólares a fines del 2004, representando casi el 26% de la inversión extranjera), y dominante en telefonía (Telefónica) y telecable, energía eléctrica (Etevensa, Endesa), refinación petrolera (Repsol) y combustibles, banca (Bancos Santander y BBVA) y servicios conexos, hotelería, etc. Algo parecido al juego que desarrolló desde el inicio de su gestión en la relación con Chile y su increíble teoría de que las relaciones económicas y de negocios corren por cuerdas separadas de las relaciones que hacen a nuestros problemas de frontera marítima y soberanía. Todo sea por el capital.
En realidad, aunque esto parezca una novedad en el Perú, no lo era en España. Ya Bernardo Hernández, consejero del Primer Ministro, lo anunciaba –hace año y medio– ante el triunfo electoral de Alan García: su política será "una gran oportunidad de negocio para las compañías españolas". Quiere –decía como ejemplo– construir 28 carreteras entre la sierra y la costa, lo que abre oportunidades para constructoras ibéricas (EFE, 26/6/06).
García es un converso, por interés, a las teorías y políticas neoliberales y, como tal, un fundamentalista. Pretende hacer lo que no se atrevieron ni Fujimori ni Toledo: lanzarse a la conquista, para el capital transnacional, de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, de las aguas, de la Amazonía y hasta de nuestro patrimonio cultural e histórico para convertirlo en instrumento al servicio de la acumulación y ganancia de las transnacionales.
Estamos ante un Felipillo voluntario, ante una Malinche por vocación. No se trata de un jovencito indígena secuestrado por los conquistadores, alfabetizado y convertido en intérprete de los conquistadores, ni de una jovencita azteca de 15 años, entregada a Cortez que terminó como su amante, consejera y traductora, en contra de su propio pueblo de origen y al servicio de los conquistadores. Estamos ante un traductor voluntario. Y en las épocas de conquista, de sometimiento de unas civilizaciones por otras, traductor tuvo ocasiones en las que fue sinónimo de traidor.
Quien remata nuestros recursos y entrega las riendas del país a las transnacionales; quien se niega a trasladar parte importante de la renta que generan nuestros agotables recursos mineros y energéticos para atender educación salud, ciencia y tecnología, agro y pequeña empresa; quien socava lo poco que queda de Estado y de capacidad soberana para orientar el manejo económico y político no al servicio de los peruanos y de su bienestar sino para servir a los extranjeros; quien se pone de espaldas a la unidad de los pueblos latinoamericanos y las comunidades originarias, quien estrecha lazos con el gobierno de Bush, cabeza del imperio más letal y opresivo de la historia… no es un simple traductor de sus intereses: es un traidor a su pueblo y a sus oportunidades.
Aunque el diminutivo no armonice con su tremenda e hinchada humanidad ni con su dilatado ego, pocas dudas caben de que Alan García se evidencia, cada vez más, como un Felipillo voluntario o una Malinche por vocación, en este mundo globalizado en el que siempre se renuevan viejas profesiones.
La República, 28/01/2008
Ejecutivo ya tiene en marcha la “Ley de la Selva II"
Facultaría a Cofopri 4 años para hacer "catastro al paso" y vender antes la Amazonía. El proyecto de ley está en las comisiones Agraria y de Vivienda, pero no en la de Ambiente y Ecología.
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto de ley 840 –más conocido como la "Ley de la Selva"– que pretende cambiar el mecanismo de concesión de terrenos en la Amazonía para ser reforestados por el sistema de venta es la inexistencia de un catastro que determine exactamente cuáles son dichas tierras eriazas que pertenecen al Estado.
Sin él, la pregunta que se hacen las regiones afectadas es cómo se hará para entregar a terceros –ya sean comunidades nativas o empresas– lotes que realmente no pertenezcan a privados que sean terrenos aptos para el cultivo forestal. La respuesta a ese gran vacío en la "Ley de la Selva" se la da el propio Estado a través del proyecto de ley 1770.
Dicho texto legal, remitido al Congreso el pasado 22 de octubre, otorgaría a Cofopri (Organismo de formalización de la Propiedad Informal) –con experiencia en pequeñas titulaciones urbanas–, de forma excepcional y durante un período de cuatro años, un régimen de titulación extraordinario de predios rústicos y eriazos con el fin de acelerar las entregas de tierras listas para ser reforestadas.
Sin él, la pregunta que se hacen las regiones afectadas es cómo se hará para entregar a terceros –ya sean comunidades nativas o empresas– lotes que realmente no pertenezcan a privados que sean terrenos aptos para el cultivo forestal. La respuesta a ese gran vacío en la "Ley de la Selva" se la da el propio Estado a través del proyecto de ley 1770.
Dicho texto legal, remitido al Congreso el pasado 22 de octubre, otorgaría a Cofopri (Organismo de formalización de la Propiedad Informal) –con experiencia en pequeñas titulaciones urbanas–, de forma excepcional y durante un período de cuatro años, un régimen de titulación extraordinario de predios rústicos y eriazos con el fin de acelerar las entregas de tierras listas para ser reforestadas.
CATASTRO "AL PASO"
Cofopri, además, también se encargaría de ver las denuncias y las adjudicaciones de tierras, así como evaluaría los posibles contratos de inversión, pudiendo incluso adjudicar áreas eriazas con fines agropecuarios en venta o concesión. Es decir, el organismo iría resolviendo los títulos de propiedad según fueran surgiendo las necesidades sobre los terrenos.
"Lo que propone este proyecto es un catastro absolutamente improvisado y como tal irresponsable. No se trata de lograr inversión bajo cualquier condición, sino de determinar exactamente cuáles son los terrenos del Estado que pueden ser entregados para ser reforestados para no vulnerar los derechos de nadie", afirmó Leslie Rivera, director del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA).
EL FRACASO DEL PETT
Rivera señaló que se necesitan al menos seis años para la elaboración de un buen catastro hecho por personas con experiencia en la Amazonía, y recordó el fracaso del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras), que en 15 años no tituló ni el 20% de la Amazonía.
"Para poder tener un mapeo de las tierras que potencialmente pueden ser otorgadas para la reforestación, primero hay que armar un catastro con aquellos terrenos con propiedad definida. De la diferencia entre los bosques productivos ya demarcados y las tierras entregadas en propiedad saldrán los terrenos deforestados del Estado. Por eso es tan importante terminar el saneamiento físico legal de toda la selva", manifestó el experto.
Rivera señaló que se necesitan al menos seis años para la elaboración de un buen catastro hecho por personas con experiencia en la Amazonía, y recordó el fracaso del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras), que en 15 años no tituló ni el 20% de la Amazonía.
"Para poder tener un mapeo de las tierras que potencialmente pueden ser otorgadas para la reforestación, primero hay que armar un catastro con aquellos terrenos con propiedad definida. De la diferencia entre los bosques productivos ya demarcados y las tierras entregadas en propiedad saldrán los terrenos deforestados del Estado. Por eso es tan importante terminar el saneamiento físico legal de toda la selva", manifestó el experto.
DATOS
EN EL CONGRESO. El proyecto Nº 1770 está siendo visto en el Congreso por las comisiones Agraria y de Vivienda, que aún no han emitido sus dictámenes.
EN EL CONGRESO. El proyecto Nº 1770 está siendo visto en el Congreso por las comisiones Agraria y de Vivienda, que aún no han emitido sus dictámenes.
¿Y MEDIO AMBIENTE? Ambas comisiones están presididas por Franklin Sánchez y Julio Herrera, respectivamente, ambos del Partido Aprista. Llama la atención que, al igual que con el proyecto 840, el texto legal no pasará por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
La República, 27/01/2008
Loreto marcha en defensa de la Amazonía
Frente Patriótico de la región rechaza la "Ley de la Selva". Piden debatir sobre la explotación de los recursos naturales, y proponen una tercera vía: los consorcios.
EL DATO
MEMORIAL.
Ni concesión ni venta. El Frente Patriótico de Loreto (FPL) rechaza la forma en la que el gobierno maneja actualmente, y pretende manejar en un futuro –si es que se aprueba la "Ley de la Selva"– los recursos naturales de la Amazonía. Por eso ha convocado para el día de hoy una marcha contra el proyecto de ley No. 840 del Ejecutivo, que pretende otorgar en propiedad para ser reforestados los terrenos eriazos, a pesar de que no existe ningún catastro que determine cuáles y dónde están dichas tierras.
QUIEREN CONSORCIOS
La concentración será en la Plaza 28 de Julio a las tres de la tarde, y 51 delegaciones de toda la región ya confirmaron su asistencia en la asamblea celebrada el pasado viernes en la que decidieron movilizarse contra un texto legal que consideran "una amenaza a la Amazonía", según Eva Matute, presidenta del Frente Patriótico.
"El proyecto no puede ser aprobado. Es una decisión que nos afecta a todos los loretanos y el debate debe ser ampliado. El Frente de Loreto cree que la mejor forma de que se aprovechen los recursos naturales es hacer un consorcio donde participe la población loretana. La riqueza nuestra no puede ser vendida ni manoseada", aseveró la dirigente en conversación con La República.
Por su parte, Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto, pidió al gobierno –a través de la radio "La Voz de la Selva" de Iquitos– demostrar con mapas cuáles son aquellas áreas en situación desértica que no les servirán a los campesinos amazónicos. La República trató ayer inútilmente de comunicarse con el presidente de Loreto, Yván Vásquez, para conocer su posición sobre el tema.
La concentración será en la Plaza 28 de Julio a las tres de la tarde, y 51 delegaciones de toda la región ya confirmaron su asistencia en la asamblea celebrada el pasado viernes en la que decidieron movilizarse contra un texto legal que consideran "una amenaza a la Amazonía", según Eva Matute, presidenta del Frente Patriótico.
"El proyecto no puede ser aprobado. Es una decisión que nos afecta a todos los loretanos y el debate debe ser ampliado. El Frente de Loreto cree que la mejor forma de que se aprovechen los recursos naturales es hacer un consorcio donde participe la población loretana. La riqueza nuestra no puede ser vendida ni manoseada", aseveró la dirigente en conversación con La República.
Por su parte, Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto, pidió al gobierno –a través de la radio "La Voz de la Selva" de Iquitos– demostrar con mapas cuáles son aquellas áreas en situación desértica que no les servirán a los campesinos amazónicos. La República trató ayer inútilmente de comunicarse con el presidente de Loreto, Yván Vásquez, para conocer su posición sobre el tema.
EL DATO
MEMORIAL.
El objetivo de la marcha convocada por el Frente Patriótico es entregar un memorial a las autoridades regionales y locales, así como a la Comandancia del Ejército, expresando su "más enérgico" rechazo a la "Ley de la Selva".
La República, 24/01/2008
Congreso postergó votación de la “Ley de la Selva"
No hay consenso. Sesión Permanente volverá a reunirse el 30 de enero.
A pesar de tener carácter de urgencia y contar ya con los dos dictámenes de las comisiones Agraria y Economía, respectivamente, la falta de consenso sobre el tema demostrada en el último debate sobre el proyecto de ley Nº 840, más conocido como la "Ley de la Selva", hizo que la Sesión de la Comisión Permanente no votara ayer el texto legal, a pesar de estar como el quinto punto de la agenda.
La decisión sobre el futuro del mismo, de este modo, se posterga una semana más, hasta el próximo miércoles 30 de enero, cuando se decidirá si se toma como válido lo aconsejado por la Comisión Agraria, que defiende la opción de venta de los terrenos eriazos, o lo dicho por la Comisión de Economía, que sostiene que la opción más viable para explotar los recursos naturales de la Amazonía es la concesión.
César Villanueva, presidente regional de San Martín, calificó la norma de inaceptable y absurda, "porque la Amazonía no está en subasta", y anunció que se reunirá con los presidentes regionales y las autoridades amazónicas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, para determinar qué acciones tomarán al respecto.
A pesar de tener carácter de urgencia y contar ya con los dos dictámenes de las comisiones Agraria y Economía, respectivamente, la falta de consenso sobre el tema demostrada en el último debate sobre el proyecto de ley Nº 840, más conocido como la "Ley de la Selva", hizo que la Sesión de la Comisión Permanente no votara ayer el texto legal, a pesar de estar como el quinto punto de la agenda.
La decisión sobre el futuro del mismo, de este modo, se posterga una semana más, hasta el próximo miércoles 30 de enero, cuando se decidirá si se toma como válido lo aconsejado por la Comisión Agraria, que defiende la opción de venta de los terrenos eriazos, o lo dicho por la Comisión de Economía, que sostiene que la opción más viable para explotar los recursos naturales de la Amazonía es la concesión.
César Villanueva, presidente regional de San Martín, calificó la norma de inaceptable y absurda, "porque la Amazonía no está en subasta", y anunció que se reunirá con los presidentes regionales y las autoridades amazónicas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, para determinar qué acciones tomarán al respecto.
La República, 24/01/2008
Hoy se decide la “Ley de la Selva"
El controvertido proyecto de ley 840/2006, más conocido como la "Ley de la Selva", será votado hoy en la Comisión Permanente del Congreso de la República. La iniciativa legal del Ejecutivo pretende otorgar en venta –y no en concesión, como hasta ahora– los terrenos eriazos de la Amazonía, así como aquellas tierras de aptitud forestal, sin cobertura boscosa, para que sean reforestados.El congresista por Ucayali Róger Nájar Kokally (UPP) anunció ayer que la oposición parlamentaria cerrará filas para impedir su aprobación. "El Apra quiere aprobar a la fuerza el proyecto sin importarle violar el artículo 66 de la Constitución y sin escuchar el clamor de los pueblos de la Amazonía que condenan y rechazan esta iniciativa", puntualizó
La República 23/01/2008
Catastro a medias
Fuentes ministeriales aseguraron, eso sí, que desde la llegada al cargo del ministro de Agricultura Ismael Benavides, en mayo del año pasado, se comenzó a elaborar un catastro que no estará listo antes de fin de año. La pregunta es: si la "Ley de la Selva" se aprueba mañana, ¿cómo se otorgarán en propiedad –o en concesión– terrenos para ser reforestados si no se sabe cuáles entran dentro de esta categoría?
El anuncio de García a los españoles –a través de una entrevista a un medio local– de su intención de dar propiedad en la Amazonía se hizo en el contexto de un viaje de Estado en el que el mandatario ya anunció que busca "una segunda ola de inversiones españolas", y en el que lo acompaña el titular de Agricultura, Ismael Benavides, entre otros ministros del gabinete.
El anuncio de García a los españoles –a través de una entrevista a un medio local– de su intención de dar propiedad en la Amazonía se hizo en el contexto de un viaje de Estado en el que el mandatario ya anunció que busca "una segunda ola de inversiones españolas", y en el que lo acompaña el titular de Agricultura, Ismael Benavides, entre otros ministros del gabinete.
EN EL CONGRESO
en agenda. Mañana a las 10 am. comenzará la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que tiene como primer tema del día el proyecto de ley N° 840/2006, presentado por el Ejecutivo.
votación. En la sesión del 9 de enero los parlamentarios ya debatieron el dictamen de la Comisión Agraria –a favor de la venta–, que está listo para ser votado. Falta por debatir y votar, de este modo, el dictamen de la Comisión de Economía –a favor de la concesión–.
en agenda. Mañana a las 10 am. comenzará la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que tiene como primer tema del día el proyecto de ley N° 840/2006, presentado por el Ejecutivo.
votación. En la sesión del 9 de enero los parlamentarios ya debatieron el dictamen de la Comisión Agraria –a favor de la venta–, que está listo para ser votado. Falta por debatir y votar, de este modo, el dictamen de la Comisión de Economía –a favor de la concesión–.
REACCIONES
"Antes que nada debe hacerse un catastro y consultarse a los involucrados, si no García va a ser declarado enemigo público N° 1 de la Amazonía".
Róger Najar KokallyCongresista de UPP por Ucayali
"Antes que nada debe hacerse un catastro y consultarse a los involucrados, si no García va a ser declarado enemigo público N° 1 de la Amazonía".
Róger Najar KokallyCongresista de UPP por Ucayali
"García olvida que la mayoría de tierras dadas en concesión forestal están siendo mal trabajadas. La intención es buena, pero no es la solución en este momento".
Juan David Perry CruzCongresista de AP por Madre de Dios
Juan David Perry CruzCongresista de AP por Madre de Dios
Sin consulta a las regiones
El próximo 17 de febrero se celebrará el I Congreso Interregional en Defensa de la Amazonía, en Pichanaki (Chanchamayo, región de Junín), el cual reunirá a los Frentes de Defensa de Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Selva Central y Madre de Dios. Al acto también está previsto que acudan los presidentes regionales y algunas autoridades locales, y se debatirá sobre la intención del Ejecutivo de dar propiedad –y no concesión– de las tierras eriazas como incentivo para promover la inversión en reforestación.
El Congreso busca dar una respuesta articulada al gobierno central, al que critican por haber presentado un proyecto de ley –con carácter de urgencia– que modificaría sustancialmente la forma de explotar los recursos de la Amazonía sin haberse reunido con los actores implicados, que son los gobiernos locales y regionales, y las representaciones de la sociedad civil.
El artículo 66 de la Constitución establece que las tierras de aptitud forestales son patrimonio de la nación, por lo que la única figura jurídica aceptable es la concesión.
Según la última encuesta de Apoyo, el presidente García tiene un 17% de aprobación en la Amazonía (Región Oriente).
El próximo 17 de febrero se celebrará el I Congreso Interregional en Defensa de la Amazonía, en Pichanaki (Chanchamayo, región de Junín), el cual reunirá a los Frentes de Defensa de Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Selva Central y Madre de Dios. Al acto también está previsto que acudan los presidentes regionales y algunas autoridades locales, y se debatirá sobre la intención del Ejecutivo de dar propiedad –y no concesión– de las tierras eriazas como incentivo para promover la inversión en reforestación.
El Congreso busca dar una respuesta articulada al gobierno central, al que critican por haber presentado un proyecto de ley –con carácter de urgencia– que modificaría sustancialmente la forma de explotar los recursos de la Amazonía sin haberse reunido con los actores implicados, que son los gobiernos locales y regionales, y las representaciones de la sociedad civil.
El artículo 66 de la Constitución establece que las tierras de aptitud forestales son patrimonio de la nación, por lo que la única figura jurídica aceptable es la concesión.
Según la última encuesta de Apoyo, el presidente García tiene un 17% de aprobación en la Amazonía (Región Oriente).
La República, 22/01/2008
‘Ley de la Selva' no garantiza un aumento de inversión en la Amazonía deforestada
No existe un catastro ni se ha consultado a las regiones. El 17 de febrero se celebrará congreso en defensa de recursos naturales. La posibilidad de dar en propiedad los terrenos eriazos de la Amazonía para que entidades ajenas al Estado inviertan en su reforestación no traerá mayor inversión al Perú en el contexto actual, tal y como promueve el presidente Alan García en foros extranjeros al defender el proyecto N° 840/2006, ya conocido como la "Ley de la Selva", que será votado mañana por la Comisión Permanente del Congreso.
Así lo sostiene José Luis Capella, coordinador del Programa Forestal de la SPDA (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental), quien considera "poco serio" hablar de condiciones de propiedad, dada la inexistencia de una institución que reglamente y regule la inversión en este sentido, así como la ausencia de un plan de manejo de las áreas de plantación que incluya un catastro –aún inexistente– de cuáles son exactamente las hectáreas de la Amazonía sin cubierta boscosa en las que se podría trabajar.
"Sin catastro y sin institucionalidad no se puede hablar de propiedad. En las actuales condiciones hasta la concesión es problemática. El asunto es crear las condiciones para invertir", explica Capella.
Así lo sostiene José Luis Capella, coordinador del Programa Forestal de la SPDA (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental), quien considera "poco serio" hablar de condiciones de propiedad, dada la inexistencia de una institución que reglamente y regule la inversión en este sentido, así como la ausencia de un plan de manejo de las áreas de plantación que incluya un catastro –aún inexistente– de cuáles son exactamente las hectáreas de la Amazonía sin cubierta boscosa en las que se podría trabajar.
"Sin catastro y sin institucionalidad no se puede hablar de propiedad. En las actuales condiciones hasta la concesión es problemática. El asunto es crear las condiciones para invertir", explica Capella.
COMO EN MINERÍA
Según el experto de la SPDA, el mejor ejemplo de cómo se debe actuar para promover la inversión en reforestación es la minería. "El Estado invirtió mucho dinero en generar una institucionalidad correcta, con un Ministerio de Energía y Minas, y elaboró un catastro minero con toda la información necesaria para que el inversionista venga y sepa en qué condiciones se le va a dar la concesión. No se necesita el derecho de propiedad de la tierra para sacar un recurso que se encuentra en el subsuelo", añade.
En opinión de José Luis Capella, la ausencia de un catastro que delimite exactamente cuántas son y dónde están las hectáreas deforestadas en las que se puede invertir en el Perú, es un problema medular que se debe resolver antes de aprobar cualquier ley.
Y el tema está entrampado en una madeja de organismos sin competencias definidas: el ministerio de Agricultura, INRENA (Instituto de Recursos Naturales) y Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), ninguno de los cuales asume como suya la responsabilidad de contar con el citado estudio, y que se remiten los unos a los otros cuando se les solicita esa información.
Ante los requerimientos de este diario, tan sólo el ministerio de Agricultura informó que a diciembre del 2007 había en la Amazonía 9.5 millones de hectáreas deforestadas, pero no puede precisar qué cantidad exacta de las mismas eran terrenos eriazos que podrían ser entregados a inversionistas.
Según el experto de la SPDA, el mejor ejemplo de cómo se debe actuar para promover la inversión en reforestación es la minería. "El Estado invirtió mucho dinero en generar una institucionalidad correcta, con un Ministerio de Energía y Minas, y elaboró un catastro minero con toda la información necesaria para que el inversionista venga y sepa en qué condiciones se le va a dar la concesión. No se necesita el derecho de propiedad de la tierra para sacar un recurso que se encuentra en el subsuelo", añade.
En opinión de José Luis Capella, la ausencia de un catastro que delimite exactamente cuántas son y dónde están las hectáreas deforestadas en las que se puede invertir en el Perú, es un problema medular que se debe resolver antes de aprobar cualquier ley.
Y el tema está entrampado en una madeja de organismos sin competencias definidas: el ministerio de Agricultura, INRENA (Instituto de Recursos Naturales) y Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), ninguno de los cuales asume como suya la responsabilidad de contar con el citado estudio, y que se remiten los unos a los otros cuando se les solicita esa información.
Ante los requerimientos de este diario, tan sólo el ministerio de Agricultura informó que a diciembre del 2007 había en la Amazonía 9.5 millones de hectáreas deforestadas, pero no puede precisar qué cantidad exacta de las mismas eran terrenos eriazos que podrían ser entregados a inversionistas.
La República, 22/01/2008
Insiste en la “Ley de la Selva"
Alan García defiende la propiedad privada como incentivo para reforestar. Cuestionado proyecto de ley será visto esta semana en el Congreso. El jefe del Estado dice que así se crearán puestos de trabajo con inversión.
Dar títulos de propiedad no creará empleo
Otorgar títulos de propiedad de los terrenos de la Amazonía sin superficie boscosa no promoverá la reforestación ni creará más puestos de trabajo, asegura Alberto Barandiarán, presidente de la asociación civil sin ánimo de lucro Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Según este abogado especializado en políticas y derecho ambiental, el mecanismo de la concesión de terrenos otorga la adecuada seguridad jurídica para los inversionistas. "El mejor ejemplo para explicar esto es el de las mineras, que funcionan a través de concesiones y sin título de propiedad, y el nivel de inversiones es bastante alto", sostiene.
Para Barandiarán, además, la posibilidad de que los terrenos eriazos del Estado se den en propiedad para reforestarlos podría ser un "incentivo perverso" que lograría el efecto contrario, pues no faltaría quien talara superficies boscosas solo para tener el título de usufructo.
El abogado también expresó su temor de que el proyecto de ley 840/2006-PE sirva para promover las plantaciones destinadas a la producción de biocombustibles (maíz, caña de azúcar, soya y trigo, entre otros), "y eso es un problema también, porque no se ha evaluado detalladamente cuáles van a ser finalmente los costos y beneficios de este tipo de plantaciones".
Barandiarán dijo, finalmente, que desde su punto de vista quienes promueven la idea que sustenta el proyecto de ley para cambiar las concesiones de terrenos amazónicos por ventas, basan la propuesta en un error conceptual. Que este sea subsanado, ahora, ya depende del Congreso de la República.
Ya lo dijo cuando expuso su particular "Síndrome del Perro del Hortelano", aunque en aquella ocasión lo hizo en formato de opinión a través de un diario nacional; y ayer volvió a reiterarlo, esta vez, eso sí, con el carácter de declaración de intenciones que da el afirmarlo en un medio internacional.
El presidente Alan García, en entrevista concedida al diario español ABC (publicada el día de ayer), reiteró su intención de dar terrenos en propiedad en la Amazonía, y para justificar su posición le explicó al periodista cómo tal iniciativa permitiría generar trabajo a través de esa inversión que busca conseguir en forma de "segunda oleada" en la visita oficial que estos días lo lleva por tierras de España.
Así, García –a una pregunta del periodista– asevera que el perro del hortelano de la teoría por él descrita son "todos los peruanos" y sus ideologías, que les "impiden ver lo práctico", por lo que es necesario deponer esas ideologías "deformantes" que llevan a la "intolerancia". Más tarde precisaría ese "todos":
"(...) De ahí ciertas ideas, como que no hay que dar propiedad en la Amazonía porque es un bien intocable que pertenece a la Humanidad. ¡Hombre! La producción de oxígeno debe ser una obligación que pertenece a la humanidad. Aprovechar la madera y renovarla es una posibilidad de generar trabajo haciendo inversión. Estamos en un mundo ideológico que dice que no se puede tocar la Amazonía porque es parte del idilio del comunismo primitivo", asegura el mandatario.
La afirmación de García en defensa de la venta de algunas parcelas de la Amazonía no es un ejemplo casual. De hecho se refiere al proyecto de ley 840/2006-PE, que está a punto de ser visto por la Comisión Permanente del Congreso, y que debe entrar en agenda en la próxima sesión dado el carácter de indispensable que le han otorgado.
El presidente Alan García, en entrevista concedida al diario español ABC (publicada el día de ayer), reiteró su intención de dar terrenos en propiedad en la Amazonía, y para justificar su posición le explicó al periodista cómo tal iniciativa permitiría generar trabajo a través de esa inversión que busca conseguir en forma de "segunda oleada" en la visita oficial que estos días lo lleva por tierras de España.
Así, García –a una pregunta del periodista– asevera que el perro del hortelano de la teoría por él descrita son "todos los peruanos" y sus ideologías, que les "impiden ver lo práctico", por lo que es necesario deponer esas ideologías "deformantes" que llevan a la "intolerancia". Más tarde precisaría ese "todos":
"(...) De ahí ciertas ideas, como que no hay que dar propiedad en la Amazonía porque es un bien intocable que pertenece a la Humanidad. ¡Hombre! La producción de oxígeno debe ser una obligación que pertenece a la humanidad. Aprovechar la madera y renovarla es una posibilidad de generar trabajo haciendo inversión. Estamos en un mundo ideológico que dice que no se puede tocar la Amazonía porque es parte del idilio del comunismo primitivo", asegura el mandatario.
La afirmación de García en defensa de la venta de algunas parcelas de la Amazonía no es un ejemplo casual. De hecho se refiere al proyecto de ley 840/2006-PE, que está a punto de ser visto por la Comisión Permanente del Congreso, y que debe entrar en agenda en la próxima sesión dado el carácter de indispensable que le han otorgado.
PRIVATIZAR REFORESTACIÓN
Dicha iniciativa legal busca modificar la Ley 28852, de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, con la finalidad de incrementar la inversión privada en reforestación y agroforestación de tierras de dominio del Estado. Es decir, cambiar la posibilidad de adjudicar en concesión las tierras forestales sin cubierta boscosa de dominio del Estado, por la posibilidad de venderlas a personas físicas y jurídicas (empresas) nacionales, pero también extranjeras.
El proyecto ya cuenta con dos dictámenes favorables: uno de la Comisión Agraria que amplía, además, de 10 mil a 40 mil hectáreas el límite de extensión de las tierras adjudicadas; y el otro de la de Economía que, por el contrario, autoriza al Estado a entregar las tierras únicamente en concesión mediante procesos de subasta pública.
Se debe señalar que a pesar de la anunciada creación del Ministerio del Medio Ambiente (derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos), que asumirá –entre otras– las funciones del INRENA –organismo encargado hasta ahora de las concesiones en la Amazonía–, el proyecto de ley que modifica ese mecanismo de trabajo no ha sido visto por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Dicha iniciativa legal busca modificar la Ley 28852, de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, con la finalidad de incrementar la inversión privada en reforestación y agroforestación de tierras de dominio del Estado. Es decir, cambiar la posibilidad de adjudicar en concesión las tierras forestales sin cubierta boscosa de dominio del Estado, por la posibilidad de venderlas a personas físicas y jurídicas (empresas) nacionales, pero también extranjeras.
El proyecto ya cuenta con dos dictámenes favorables: uno de la Comisión Agraria que amplía, además, de 10 mil a 40 mil hectáreas el límite de extensión de las tierras adjudicadas; y el otro de la de Economía que, por el contrario, autoriza al Estado a entregar las tierras únicamente en concesión mediante procesos de subasta pública.
Se debe señalar que a pesar de la anunciada creación del Ministerio del Medio Ambiente (derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos), que asumirá –entre otras– las funciones del INRENA –organismo encargado hasta ahora de las concesiones en la Amazonía–, el proyecto de ley que modifica ese mecanismo de trabajo no ha sido visto por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
ALAN EN ESPAÑA
LLEGADA.
LLEGADA.
Alan García llegó a España ayer y fue recibido por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, y por la delegada del gobierno en Madrid, Soledad Mestre.
AGENDA.
Hoy a las 9.00 horas se reunirá con empresarios españoles; a las 11.15 irá al Ayuntamiento de Madrid, a las 13.00 será recibido por el Rey Juan Carlos y a las 13.40 se encontrará con su homólogo, José Luis Rodríguez Zapatero.
Dar títulos de propiedad no creará empleo
Otorgar títulos de propiedad de los terrenos de la Amazonía sin superficie boscosa no promoverá la reforestación ni creará más puestos de trabajo, asegura Alberto Barandiarán, presidente de la asociación civil sin ánimo de lucro Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Según este abogado especializado en políticas y derecho ambiental, el mecanismo de la concesión de terrenos otorga la adecuada seguridad jurídica para los inversionistas. "El mejor ejemplo para explicar esto es el de las mineras, que funcionan a través de concesiones y sin título de propiedad, y el nivel de inversiones es bastante alto", sostiene.
Para Barandiarán, además, la posibilidad de que los terrenos eriazos del Estado se den en propiedad para reforestarlos podría ser un "incentivo perverso" que lograría el efecto contrario, pues no faltaría quien talara superficies boscosas solo para tener el título de usufructo.
El abogado también expresó su temor de que el proyecto de ley 840/2006-PE sirva para promover las plantaciones destinadas a la producción de biocombustibles (maíz, caña de azúcar, soya y trigo, entre otros), "y eso es un problema también, porque no se ha evaluado detalladamente cuáles van a ser finalmente los costos y beneficios de este tipo de plantaciones".
Barandiarán dijo, finalmente, que desde su punto de vista quienes promueven la idea que sustenta el proyecto de ley para cambiar las concesiones de terrenos amazónicos por ventas, basan la propuesta en un error conceptual. Que este sea subsanado, ahora, ya depende del Congreso de la República.
La República, 21/01/2008
Insisten en vender bosques
A dos días que la población de Loreto saliera a las calles para expresar su rechazo a la propuesta del gobierno de vender tierras forestales de dominio del Estado a empresas nacionales y extranjeras, el presidente Alan García, aprovechando la firma del TLC con Canadá, insistió en la venta de estas áreas al capital canadiense.
Al respecto, indicó que existen ocho millones de hectáreas en la selva peruana que están “peladas” y destruidas en parte por los cultivos de droga o por los taladores y madereros ilegales que sólo sacan la buena madera pero luego destruyen todo.
“Si lográramos que empresas madereras de alto nivel de Canadá pudieran trabajar garantizaríamos bosques por muchos decenios y siglos”, mencionó García.
La Primera, 27/01/2008
Insisten en vender bosques
A dos días que la población de Loreto saliera a las calles para expresar su rechazo a la propuesta del gobierno de vender tierras forestales de dominio del Estado a empresas nacionales y extranjeras, el presidente Alan García, aprovechando la firma del TLC con Canadá, insistió en la venta de estas áreas al capital canadiense.
Al respecto, indicó que existen ocho millones de hectáreas en la selva peruana que están “peladas” y destruidas en parte por los cultivos de droga o por los taladores y madereros ilegales que sólo sacan la buena madera pero luego destruyen todo.
“Si lográramos que empresas madereras de alto nivel de Canadá pudieran trabajar garantizaríamos bosques por muchos decenios y siglos”, mencionó García.
La Primera, 27/01/2008
Quieren despojar tierras amazónicas
La congresista nacionalista Marisol Espinoza cuestionó ayer los anuncios del levantamiento de un catastro sobre las hectáreas de la Amazonía sin cubierta boscosa y denunció que el proyecto conocido como la “Ley de la Selva” no es otra cosa que un intento de arrebatar sus territorios a los pobladores de la zona.
Explicó que quienes viven en provincias saben que no existe un catastro y que si éste se hace, se marginará a quienes tienen la posesión en la zona y eso en la práctica es simplemente despojar a las comunidades, a los pueblos de la selva, de sus derechos de posesión, subrayó.
"Si las concesiones no han funcionado, donde supuestamente hay control y fiscalización por parte del Gobierno central, ¿qué va a pasar cuando se entreguen concesiones a privados, donde nadie se mete?", preguntó.
La “Ley de la Selva” fue repudiada el jueves último por una gigantesca manifestación de pobladores, líderes de diferentes organizaciones y autoridades, realizada en la ciudad de Iquitos.
La Primera, 26/01/2008
viernes, 25 de enero de 2008
Loreto marcha contra concesiones
Protestan por ley que pretende entregar tierras supuestamente desérticas de la selva nacional a extranjeros.La población de Loreto salió ayer a las calles para expresar su rechazo a la intención del Ejecutivo de concesionar las tierras supuestamente desérticas de la selva nacional y entregarlas a capitales extranjeros. La marcha, convocada por el Frente Patriótico de Loreto y cuyo objetivo fue entregar un memorial a las autoridades regionales, locales, y a la Comandancia del Ejército expresando su rechazo a la "Ley de la Selva", contó con la presencia de 51 delegaciones de toda la región que se concentraron a las tres de la tarde, en la Plaza 28 de Julio en Iquitos.
Eva Matute, titular de la referida organización, señaló que el texto legal es considerado como “una amenaza a la Amazonía” pues “es una decisión que afecta a todos los loretanos y el debate debe ser ampliado (…) nuestra riqueza no puede ser vendida ni manoseada”, dijo.
Asimismo, el investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), José Álvarez Alonso, opinó que esta ley es perjudicial para los habitantes, además no ha sido consultada con los gobiernos regionales involucrados. “El Presidente de la República ignora en forma grosera la realidad de la selva, no existen ni en Loreto ni en Ucayali grandes extensiones de tierras eriazas como señalan”, aseguró.
DATO
Absurda
El presidente de la región San Martín, César Villanueva, señaló por su parte que “la Ley de la Selva es absurda porque la amazonía no está en subasta, y anunció una reunión con las autoridades regionales y locales de la zona para decidir las acciones a tomar.
La Primera, 25/01/2008
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