Para estas personas, un árbol existe sólo cuando está tirado sobre el suelo húmedo de la selva y lo pueden despedazar en cuartones. Ven el árbol y no ven el bosque del que es parte, ni de la vida que anida, ni lo que representa para el ecosistema que modificarán para siempre.
Así piensa, por ejemplo, quien escribió en octubre del año pasado “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán”. Sin duda, ya sabrán quién escribió esto. Sí, el presidente Alan García, en su “Perro del Hortelano”, acto primigenio de un vendaval de decretos legislativos que le han puesto el ojo a la selva amazónica para venderla y depredarla. Como el Decreto Legislativo 1090, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, muy cuestionada por políticos y dirigentes de la sociedad civil que la califican como inconstitucional e ilegítima.
Esto no es novedoso. “Durante décadas, los gobiernos han impulsado la actividad forestal en la amazonía y cuál es el saldo: gente pobre y bosques pobres, las regiones no se han desarrollado sobre este eje”, sostiene Carlos Arana Cornejo del Grupo Regional de Manejo de Bosques, en la Audiencia Pública Descentralizada Sobre Ley Forestal y Alternativas, realizada en Iquitos.
Mal endémico
Leyes al respecto han abundado. Unas buenas y otras malas, pero ninguna ha podido erradicar el mal endémico, estructural: la tala ilegal. Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), considera que este problema bordea el 90%, y ni el gobierno nacional ni la región pueden tirar la primera piedra, porque nadie hace nada, o hace muy poco por terminar con la deforestación.
“Los recursos naturales forman parte del contenido protegido del derecho fundamental de todos los peruanos y peruanas a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida”, señala la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, en su respuesta al pedido del congresista Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.
Y enfatiza una contradicción y un vacío: “el Decreto Legislativo Nº 1090, a diferencia de lo regulado en la Ley Forestal materia de derogación, no considera a las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, en su lista de recursos forestales, lo que genera incertidumbre respecto a las consecuencias de una eventual aplicación de la norma nombrada”.
La conclusión 8 del mentado informe es avasalladora. “Las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo Nº 1090, sumado a la incertidumbre sobre la institucionalidad ambiental en el tema forestal, y la inexistencia de disposiciones que garanticen la aplicación de sus disposiciones sólo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentran sin cobertura boscosa, podría generar que se deforeste el bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición”.
Y, por último, indica que “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Tema que ya ocurría, sin necesidad de este dispositivo que “legalizará” situaciones, como las que detallamos en el recuadro de este reportaje.
Una verdadera ley
En suma, como manifestó el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, “la verdadera expectativa del hombre amazónico no es que se legisle sobre esta estructura extractiva mercantilista, sino que se promueva una asociación inteligente entre los inversores y el hombre del campo”. “No estoy de acuerdo con la 1090. Necesitamos una nueva legislación, mucho más descentralista, en que esté representada la gente pobre que necesita aliarse con el capital”, agregó.
Ojalá, ahora que desde la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, la oficina del Representante Comercial se ha pronunciado para cambiar “por lo menos el artículo 2ª” de la cuestionada ley, el gobierno y el Congreso opten por derogar la 1090 y promulgar una verdadera Ley Forestal.
La propuestade la Amazonía
El rechazo unánime que ha originado el Decreto Legislativo 1090 abre la posibilidad de generar una nueva ley, en que el Estado, vía los gobiernos regionales y el Congreso, la sociedad civil y las organizaciones gremiales concuerden en las metas, objetivos de la norma; y establezca los mecanismos de ejecución de la misma.
Al respecto, en la Comisión de Ambiente y Ecología, que preside Róger Nájar, se debate actualmente el proyecto Nº 2691, presentado por la congresista Elizabeth León, como una iniciativa que recoge enfoques para promover el manejo forestal sostenible, considerando la diversidad de actores y de modalidades de acceso. Y compatibiliza competitividad, lucha contra la pobreza y el manejo sostenible de los recursos naturales.El presidente regional de San Martín, a la vez coordinador de la asamblea de presidentes regionales, César Villanueva, presentó al presidente del Congreso, Javier Velásquez, una “propuesta de política y legislación para la promoción de inversiones en gestión de suelos y de recursos naturales renovables en la región amazónica, preparado en el marco del Consejo Interregional Amazónico”.
Con dicha propuesta se quiere propiciar el debate sobre “la manera de enfocar el desarrollo de la región amazónica, mediante el aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos naturales y partiendo del reconocimiento de las características especiales y distintivas, tanto geográficas como sociales y ecológicas”.
Dentro de sus objetivos, destaca “la recuperación de áreas deforestadas y suelos degradados (…) recuperar recursos como fauna silvestre o las pesquerías amazónicas; así como poner en valor otros subutilizados, como los suelos aluviales y diversos paisajes de atractivo turístico”.
“Blanqueando” madera Unos 16 mil pies cúbicos de cedro decomisados, valorizados en aproximadamente 120 millones de dólares, fueron “blanqueados” con la Resolución Jefatural 076-2008-INRENA, firmada por José Luis Camino Ivanissevich, superintendente del Instituto Nacional de Recursos Nacionales, Inrena, denunció el congresista Róger Nájar.
Tanto la caoba como el cedro han estado protegidos desde el año 2000 por una veda que durará hasta el 2010. “No obstante, Camino publicó en marzo de este año la resolución 076 por la que ‘legalizó’ toda esta madera”, explicó Nájar.La Contraloría General de la República ha iniciado una acción de control sobre este hecho, y la actuación de Luis Camino recabando documentación y entrevistando a los funcionarios actuales y anteriores del Inrena involucrados.
La jefatura nacional de Inrena despidió a Eduardo Lizárraga, quien dispuso en noviembre del año pasado la inmovilización de la madera procedente de la cuenca del Yavarí. Igual suerte corrió Nélida Barbagelata Ramírez, administradora técnica forestal y de fauna silvestre de Iquitos, quien aplicó sanciones contra los concesionarios forestales que incurrieron en delitos graves por ocultar o falsear información.
La Primera, 05/11/2008
