Demandas de indígenas se verán en mesa de diálogo

Dirigentes de Aidesep hablaron con titulares de la PCM y del Congreso

La formación de una mesa de diálogo en la que participarán dirigentes de las comunidades amazónicas agrupadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y representantes del Estado fue el primer paso que se dio en mucho tiempo para que el gremio de indígenas levante la huelga indefinida que acata desde hace semanas.
La medida la anunció ayer el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, quien se reunió con los nativos en Lima.
Simon explicó que la mesa servirá para que las comunidades amazónicas hagan llegar de manera directa al gobierno sus cuestionamientos sobre la ley de recursos hídricos, uno de los principales puntos rechazados por la agremiación, entre otros asuntos.
Dijo también que en este caso en particular, y previa evaluación, los planteamientos indígenas serían incluidos en el reglamento respectivo, a fin de garantizar que el agua no será privatizada y que habrá equidad en el suministro del recurso para el riego de sus tierras.

ESPERAN RESPUESTA HOY

Los dirigentes se reunieron también con el presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén.
En esta cita, que continuará hoy, se pidió a la máxima autoridad legislativa que cumpliera con elevar al pleno del Congreso las conclusiones a las que llegó la comisión multipartidaria (formada por congresistas en setiembre del año pasado) que ve la problemática indígena.

SEPA MÁS

La huelga continúaMientras tanto, el paro se mantiene en diferentes puntos de la selva del país. Así, indígenas de la etnia aguaruna-huambisa de los distritos de Imaza y Cenepa, en las provincias amazónicas de Bagua y Condorcanqui, respectivamente, marcharon ayer en estos lugares en demanda de la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1089, 1090, entre otros, que —según ellos— vulneran sus derechos de territorialidad.
En Bagua, por ejemplo, cientos de indígenas recorrieron ayer la ciudad de forma pacífica, aunque con rostros pintados y con lanzas. Las actividades allí se realizaron con normalidad.

El Comercio, 21/04/2009

Indígenas retienen a seis empleados de la mina Afrodita en Amazonas

Bagua. - Indígenas de las etnias Aguaruna - Huambisa del distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui - Amazonas, retuvieron a empleados de la empresa minera Afrodita, entre ellos dos funcionarios de la compañía, cuando les entregaban una invitación para asistir a una reunión con representantes del Ministerio de Energía y Minas.
Entre los retenidos figuran los funcionarios Alfonso Vigil y Jorge Campos, los vigilantes David Salazar y Marco Antonio Arteaga, y dos nativos contratados por la empresa como guías, Alejandro Toledo y otro que no fue identificado.
La delegación de la compañía minera, que realiza trabajos de exploración en la Cordillera del Cóndor, intentaba comunicarse con los Apus de las diferentes organizaciones y comunidades nativas, del distrito de Cenepa, para invitarlos a una reunión que iban a sostener los funcionarios de la empresa Afrodita, con representantes del Ministerio de Energías y Minas en Lima.
Según la compañía, su intención era tratar temas relacionados con la actividad que viene realizando en la Cordillera del Cóndor.
Gilberto Vásquez Díaz, gobernador de Cenepa, dijo que fue en esas circunstancias que los indígenas retuvieron a las seis personas, debido a que venían coordinando una reunión en el mismo distrito. La falta de coordinación de parte de la compañía minera incomodó a los indígenas y optaron por retenerlos.
Los indígenas solicitan la presencia de los ministros de Energías y Minas, del Medio Ambiente y de representantes de la Defensoría del Pueblo, en el distrito de Cenepa para que dialoguen con ellos. Dijeron además que no liberarán a los retenidos hasta que los funcionarios en mención se reúnan en Cenepa.
El funcionario Alfonso Vigil se encuentra retenido en el centro de salud debido a que sufre de presión alta. Los indígenas le permitieron comunicarse con los representantes de la compañía a quiénes les informó que le falta medicina y si dentro de dos días no recibe el medicamento que se suministra diariamente se podría complicar su salud. Los indígenas han indicado que le permitirá recibir el médicamente, pero no lo liberarán.
Entre tanto Jorge Campos, David Salazar y Marco Antonio se encuentran en el local de un club, vigilados por los indígenas. De acuerdo con el gobernador de Cenepa, los dos nativos que servían de guía están siendo sometido a sanciones de acuerdo a las costumbres de los indígenas.
Los nativos mantienen su posición de que no permitirán el ingreso de ninguna compañía minera ni petrolera en la zona.

El Comercio, 16/01/2009

Dos normas amenazan al 60% de los bosques del Perú

Los decretos legislativos 1090 y 1064 excluyen del patrimonio forestal nacional a unos 45 millones de hectáreas. Su aprobación debilitaría aun más la ya débil fiscalización del recurso

Los biólogos calculan que en el tiempo que dura un partido de fútbol se deforestan áreas de la Amazonía peruana equivalentes a 43 canchas de fútbol. La tala ilegal y la transformación de tierras forestales áreas de uso agrícola son las principales amenazas.
La primera, promovida por mafias encargadas de extraer la madera de áreas protegidas para luego 'lavarlas' y colocarlas en el mercado, principalmente Estados Unidos. La segunda parece más bien una consecuencia. Una vez que los taladores ilegales han abierto los caminos por donde se saca la madera, nuevos colonos penetran los bosques para luego quemarlos y transformarlos en tierras para la agricultura.
Es en medio de esta situación y ad portas de la implementación del TLC con EE.UU. --país cuyas enmiendas forestales son muy exigentes-- que el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1090. Se buscó con esto reemplazar la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27803.
Sin embargo, la norma, dada dentro del marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, recibió el rechazo de la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Ingenieros, la Universidad Agraria La Molina y otras numerosas organizaciones de la sociedad civil.
El motivo: el decreto reduce el patrimonio forestal del Perú a 40%. Es decir, excluye de esta definición unas 45 millones de hectáreas de tierras de aptitud forestal (que equivale al 60%) de todos los bosques del Perú, y abre el camino a su uso agrario.
Sin este respaldo nominal se facilitaría la quema o tala del recurso para luego legitimarlo como tierras agrícolas.
La preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación del D.L. 1090 llegó hasta el Congreso de EE.UU. y la Oficina Comercial de este país. Los representantes de esta oficina habrían solicitado al Gobierno Peruano resolver los problemas generados por esta norma y asumir sus compromisos, como paso previo a la implementación del TLC. También plantearon sus dudas por la eliminación del Conafor (organismo para la participación ciudadana en la gestión forestal) en el citado decreto.
La demora en el cumplimiento de estas obligaciones --que incluyen la modificación del Código Penal y el fortalecimiento del control de la tala ilegal-- sería la causante de que la puesta en marcha del TLC se postergue hasta después del 1 de enero. Durante las reuniones del APEC, Susan Schwab, representante comercial de EE.UU., confirmó que la implementación del tratado no sería posible para esa fecha.
Incluso, en una carta del 22 de octubre que Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado Estadounidense envía a Schwab, le exhorta a "continuar insistiendo sobre la completa implementación de estas obligaciones en el Perú, que no tienen una fecha límite". Así, mientras el Perú no atienda sus compromisos no habrá tratado.
En el Ministerio de Comercio Exterior han dicho que esperan con optimismo que el tratado se concrete antes del 20 de enero, día en el que Barack Obama asumirá la presidencia. Los demócratas han asegurado que eso no pone en riesgo el TLC, pues es un compromiso asumido.

CORRUPCIÓN HACE AGUA

El mismo jefe del Inrena, José Luis Camino, reconoce que hay errores en el citado decreto. "Alguien podría contratar a terceros para que quemen mil hectáreas de bosques y después decir a la autoridad 'saben qué, en ese lugar hay mil hectáreas que no sirven para nada, solicito su cambio de uso para poder sembrar ahí"', pone de ejemplo, aunque para él basta con modificar el decreto.
El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, dice que con este decreto se promueve indirectamente la deforestación. "Se quiere atraer grandes inversiones en la selva, pero en realidad el Estado no tiene control en la zona", asegura.
El Inrena dispone de mil empleados para administrar 75 millones de hectáreas; EE.UU. unos 35 mil para la quinta parte de hectáreas.
Camino es consciente de esta situación. El 2007 se llegó a exportar 6.000 m3 de cedro ilegal, lo que equivale a 254 camionadas de esta madera valorizadas en por lo menos US$3,5 millones. La madera había sido extraída de bosques comunales con la excusa de ser usadas en la zona, pero finalmente salió con guías forestales falsas y el aval de funcionarios corruptos.
"Todo se verifica desde el Gabinete. Nadie va al bosque", insiste Camino, quien además señala que previamente a la firma de los contratos de inversión en la selva se debería tener un catastro que permita identificar al detalles las zonas aptas para la reforestación y aquellas para las de uso agrario.
Esta semana una comisión especial del Congreso encargada de analizar estos decretos presentará su informe final ante el pleno. Se supo que recomendarán la derogatoria del 1090 y la de otro vinculado con el tema (1064), aunque una propuesta en minoría plantearía simplemente la modificación de algunos puntos. Una propuesta que coincide con la del Ministerio de Comercio Exterior.
Se espera que el informe final se vea antes de que acabe la legislatura. El presidente de la Comisión del Ambiente del Congreso, Roger Nájar, ha dicho que paralelamente presentarán el proyecto legislativo 2691 que plantea una nueva Ley Forestal.

¿QUÉ HAY DETRÁS?

Los decretos en cuestión llegaron con aroma a biocombustible. El artículo en el que se detalla la intención de promover la producción masiva de los insumos para estos es el número 28: "Los programas de desarrollo deben considerar la reforestación como actividades prioritarias, estimulando plantaciones para el aprovechamiento industrial como palma aceitera, palmito, caucho, bambú, caña brava, castaña, entre otros".
En el artículo 37 se dice que la autoridad nacional forestal, o sea el Ministerio de Agricultura, evaluará y controlará el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. ¿Cómo la entidad que promueve, junto al Ministerio de Energía y Minas, la producción de biocombustibles podrá garantizar el uso sostenible y el cuidado de los bosques?
Un año movido para el sectorEste ha sido un año decisivo para el sector forestal. Sobre todo, porque la suscripción del TLC obligó al Estado Peruano a cumplir una serie de estándares que garanticen la sostenibilidad de los bosques de la Amazonía.
Basta recordar que a inicios de este año el Inrena hizo algo que hasta entonces no había hecho: corroborar en el campo si la madera salía de una concesión autorizada. Fue así que durante la gestión de Edgardo Lizárraga --el intendente forestal que reemplazó a Antonio Morisaki-- el Inrena reconoció la corrupción generalizada en el sector forestal. Se anularon 92 concesiones forestales porque se constató que al interior de su área autorizada no se encontraban los árboles de caoba y cedro que los responsables de la concesión decían tener. Esto derivó en que se detuviera cerca de un millón de m3 de cedro y se denunciara penalmente a 41 funcionarios.
¿De dónde salía la madera, entonces?, preguntamos aquella vez al ingeniero Lizárraga. "Era madera que provenía de lugares no autorizados", reconoció.
Los empresarios madereros rechazaron las acciones de control de Lizárraga. Publicaron un comunicado en los medios. Enviaron cartas a todos lados, incluyendo al presidente Alan García (carta de la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Loreto). Unas semanas después Lizárraga fue separado del cargo de la Intendencia Forestal. Y junto a él, Roberto Ángeles, entonces jefe del Inrena.
La gestión de Lizárraga puso en evidencia que muchas de estas 'inflaban' dentro de sus planes operativos anuales la cantidad de madera que tenían disponibles en sus concesiones.
Es decir, decían tener más madera de la que realmente poseían. El fin: alcanzar el resto con madera ilegal procedente de áreas naturales protegidas.

QUÉ DICE LA LEY

1. Artículo 7 de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales mantenidos en su fuente y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos*, integran el Patrimonio Forestal Nacional.
2. Artículo 6 del Decreto Legislativo 1090: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales y de la fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal constituyen patrimonio forestal. *Se precisa que el patrimonio forestal no es exclusivamente el bosque sino también la tierra donde este crece.
3. Artículo 7 del D. L. 1090. Bosques de aprovechamiento futuro. Son áreas de recuperación forestal las tierras sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren reforestación.
4. Artículo 28 del D.L. 1090. Se debe estimular en la Amazonía plantaciones forestales para el aprovechamiento industrial de palma aceitera, caña brava, caucho, otros.

El Comercio, 07/12/2008

Ley antibosques camina a su fin

Ministra Mercedes Aráoz confirma que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso elabora nueva norma consensuada con actores.

La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, ratificó ayer que el Congreso elabora un proyecto de ley “para modificar y mejorar la aplicación del decreto legislativo Nº 1090”, que fue cuestionado por organizaciones políticas y gremiales de la Amazonía.

“Vamos a avanzar en una propuesta legislativa que, creo yo, va a calmar los ánimos de algunas personas y nos va a llevar a lo que siempre hemos querido, que es una correcta protección del bosque”, afirmó Aráoz.

En el Congreso, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, Róger Nájar, dijo a LA PRIMERA que el decreto legislativo 1090 fue muy criticado por los expertos y la población afectada directamente, y que personalmente presentó un proyecto de ley para su derogatoria, y a la vez, en su grupo de trabajo está debatiendo una norma alternativa, junto con la sociedad civil en distintos foros y audiencias regionales.

Nájar anunció que el dictamen de la misma estará listo esta semana, y propone cambios importantes en la presente legislación, que ha sido tildada de “confusa” y que propicia la tala indiscriminada de los bosques amazónicos.

El decreto legislativo 1090 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” fue promulgado por el Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para la ejecución del Tratado de Libre Comercio los Estados Unidos de América.

Aunque la ministra Aráoz dijo que no existen objeciones del Congreso de Estados Unidos a las normas de carácter forestal o ambiental aprobadas en torno al TLC, se supo que una de las críticas provino de la oficina del Representante Comercial de la Embajada de EE.UU., cuestionando el artículo segundo del decreto legislativo 1090.

La Primera, 23/11/2008

Objetivo es derogar decretos 1081 y 1090

Ahora que ya lograron la instalación de una mesa de diálogo que revisará, en un plazo de 15 días, los cinco decretos legislativos relacionados a la Amazonía, los dirigentes amazónicos afirman que su objetivo central es la derogatoria de los decretos 1081 y 1090, referidos a recursos hídricos y forestales. El secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, Víctor Rene Fernández Vargas, sostuvo que los integrantes de la Cumbre Amazónica no cederán en la petición de la derogatoria de los decretos 1090 y 1081, porque consideran que con esto se busca privatizar los recursos forestales e hídricos que hay en esa zona. “Esta mesa de diálogo tiene el espíritu de revisar esos decretos. Para nosotros creemos que debe darse la derogatoria de los D.L. 1090 y 1081, y lo demás necesita un estudio muy minucioso con carácter estrictamente técnico para ver cómo se modifica”, declaró.
Aseveró que este pedido no sólo es de los Frentes de Defensa, pues al respecto también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, los obispos amazónicos, y en una serie de audiencias públicas.
Fernández resaltó la buena predisposición que ha mostrado el Legislativo en este tema, e indicó que incluso el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ya se ha dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, pidiéndole que “suspenda la aplicación y reglamentación de estos decretos legislativos”.
En representación de la Cumbre Amazónica conforman la mesa de trabajo los dirigentes Víctor René Fernández de Ucayali, Eva Matute de Loreto y Alexander León de Selva Central. Congresistas opinanPor su parte, el congresista Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, se mostró a favor de derogar los decretos 1081 y 1090, al señalar que son inconstitucionales y ponen en peligro 45 millones de hectáreas de bosques de producción.

Expreso, 14/11/2008

Leyes avalan saqueo de la selva

Para estas personas, un árbol existe sólo cuando está tirado sobre el suelo húmedo de la selva y lo pueden despedazar en cuartones. Ven el árbol y no ven el bosque del que es parte, ni de la vida que anida, ni lo que representa para el ecosistema que modificarán para siempre.

Así piensa, por ejemplo, quien escribió en octubre del año pasado “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán”. Sin duda, ya sabrán quién escribió esto. Sí, el presidente Alan García, en su “Perro del Hortelano”, acto primigenio de un vendaval de decretos legislativos que le han puesto el ojo a la selva amazónica para venderla y depredarla. Como el Decreto Legislativo 1090, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, muy cuestionada por políticos y dirigentes de la sociedad civil que la califican como inconstitucional e ilegítima.

Esto no es novedoso. “Durante décadas, los gobiernos han impulsado la actividad forestal en la amazonía y cuál es el saldo: gente pobre y bosques pobres, las regiones no se han desarrollado sobre este eje”, sostiene Carlos Arana Cornejo del Grupo Regional de Manejo de Bosques, en la Audiencia Pública Descentralizada Sobre Ley Forestal y Alternativas, realizada en Iquitos.

Mal endémico

Leyes al respecto han abundado. Unas buenas y otras malas, pero ninguna ha podido erradicar el mal endémico, estructural: la tala ilegal. Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), considera que este problema bordea el 90%, y ni el gobierno nacional ni la región pueden tirar la primera piedra, porque nadie hace nada, o hace muy poco por terminar con la deforestación.

“Los recursos naturales forman parte del contenido protegido del derecho fundamental de todos los peruanos y peruanas a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida”, señala la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, en su respuesta al pedido del congresista Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Y enfatiza una contradicción y un vacío: “el Decreto Legislativo Nº 1090, a diferencia de lo regulado en la Ley Forestal materia de derogación, no considera a las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, en su lista de recursos forestales, lo que genera incertidumbre respecto a las consecuencias de una eventual aplicación de la norma nombrada”.

La conclusión 8 del mentado informe es avasalladora. “Las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo Nº 1090, sumado a la incertidumbre sobre la institucionalidad ambiental en el tema forestal, y la inexistencia de disposiciones que garanticen la aplicación de sus disposiciones sólo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentran sin cobertura boscosa, podría generar que se deforeste el bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición”.

Y, por último, indica que “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Tema que ya ocurría, sin necesidad de este dispositivo que “legalizará” situaciones, como las que detallamos en el recuadro de este reportaje.

Una verdadera ley

En suma, como manifestó el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, “la verdadera expectativa del hombre amazónico no es que se legisle sobre esta estructura extractiva mercantilista, sino que se promueva una asociación inteligente entre los inversores y el hombre del campo”. “No estoy de acuerdo con la 1090. Necesitamos una nueva legislación, mucho más descentralista, en que esté representada la gente pobre que necesita aliarse con el capital”, agregó.

Ojalá, ahora que desde la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, la oficina del Representante Comercial se ha pronunciado para­ cambiar “por lo menos el artículo 2ª” de la cuestionada ley, el gobierno y el Congreso opten por derogar la 1090 y promulgar una verdadera Ley Forestal.

La propuestade la Amazonía

El rechazo unánime que ha originado el Decreto Legislativo 1090 abre la posibilidad de generar una nueva ley, en que el Estado, vía los gobiernos regionales y el Congreso, la sociedad civil y las organizaciones gremiales concuerden en las metas, objetivos de la norma; y establezca los mecanismos de ejecución de la misma.

Al respecto, en la Comisión de Ambiente y Ecología, que preside Róger Nájar, se debate actualmente el proyecto Nº 2691, presentado por la congresista Elizabeth León, como una iniciativa que recoge enfoques para promover el manejo forestal sostenible, considerando la diversidad de actores y de modalidades de acceso. Y compatibiliza competitividad, lucha contra la pobreza y el manejo sostenible de los recursos naturales.El presidente regional de San Martín, a la vez coordinador de la asamblea de presidentes regionales, César Villanueva, presentó al presidente del Congreso, Javier Velásquez, una “propuesta de política y legislación para la promoción de inversiones en gestión de suelos y de recursos naturales renovables en la región amazónica, preparado en el marco del Consejo Interregional Amazónico”.

Con dicha propuesta se quiere propiciar el debate sobre “la manera de enfocar el desarrollo de la región amazónica, mediante el aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos naturales y partiendo del reconocimiento de las características especiales y distintivas, tanto geográficas como sociales y ecológicas”.

Dentro de sus objetivos, destaca “la recuperación de áreas deforestadas y suelos degradados (…) recuperar recursos como fauna silvestre o las pesquerías amazónicas; así como poner en valor otros subutilizados, como los suelos aluviales y diversos paisajes de atractivo turístico”.

“Blanqueando” madera Unos 16 mil pies cúbicos de cedro decomisados, valorizados en aproximadamente 120 millones de dólares, fueron “blanqueados” con la Resolución Jefatural 076-2008-INRENA, firmada por José Luis Camino Ivanissevich, superintendente del Instituto Nacional de Recursos Nacionales, Inrena, denunció el congresista Róger Nájar.

Tanto la caoba como el cedro han estado protegidos desde el año 2000 por una veda que durará hasta el 2010. “No obstante, Camino publicó en marzo de este año la resolución 076 por la que ‘legalizó’ toda esta madera”, explicó Nájar.La Contraloría General de la República ha iniciado una acción de control sobre este hecho, y la actuación de Luis Camino recabando documentación y entrevistando a los funcionarios actuales y anteriores del Inrena involucrados.

La jefatura nacional de Inrena despidió a Eduardo Lizárraga, quien dispuso en noviembre del año pasado la inmovilización de la madera procedente de la cuenca del Yavarí. Igual suerte corrió Nélida Barbagelata Ramírez, administradora técnica forestal y de fauna silvestre de Iquitos, quien aplicó sanciones contra los concesionarios forestales que incurrieron en delitos graves por ocultar o falsear información.

La Primera, 05/11/2008

Selva arde por decretos nocivos

Aunque hubo acuerdos y se calmaron las aguas, estas volvieron a inquietarse en la selva, pues los dirigentes de los frentes regionales que integran la Cumbre Amazónica llegaron a Lima para agotar el diálogo con las autoridades antes de iniciar, el 10 de noviembre, una huelga indefinida en contra de los decretos legislativos que afectan a Amazonía, la detención de dirigentes acusados por daño a la seguridad pública que participaron en las protestas, y el retiro de las exoneraciones tributarias, entre otros reclamos.

Humberto Paredes, coordinador de la Cumbre Amazónica, dijo que la delegación acudirá al Congreso para dialogar con el titular de ese poder del Estado, Javier Velásquez Quesquén, y el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Roger Najar. Esperan definir la atención a sus demandas en una cita con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en donde se espera que asista el premier Yehude Simon.

Quiebre interno

Los ánimos de las bases están divididos. Algunas como las del Alto Amazonas en la región Loreto confirmaron su participación en la huelga, aseguró la presidenta del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia, Adilia Tapullima. La dirigencia de la selva central ratificó su apoyo, pero las bases del Frente de Defensa de San Martín han descartado por el momento sumarse a la movilización, informó su presidenta Semira Pérez.

La Primera, 04/11/2008