“Nos persiguen por defender la selva amazónica"

Piden que la fiscalía identifique a los verdaderos agresores y que se les permita demostrar su inocencia.

"El proceso judicial iniciado contra el alcalde y los dirigentes del Frente de Defensa de Pichanaki solo busca amedrentar a la población para que no proteste contra los intentos de privatizar la selva", advirtió ayer Humberto Paredes, dirigente de dicha comunidad.
Paredes y otros ocho dirigentes del Frente de Defensa y el alcalde de Pichanaki se encuentran con orden de captura por los actos de violencia durante el paro del 17 y 18 de marzo contra la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", llamada la "Ley de la selva".
Humberto Paredes indicó que ellos no se encontraban en Pichanaki cuando una turba atacó un camión portatropas de la policía. "La fiscalía debe identificar a los verdaderos responsables, nosotros estábamos en la Oroya cuando eso sucedió y al regresar hemos logrado calmar a la población y dar inició al diálogo, la fiscal fue testigo de esto", explicó Paredes.
Anotó que pese a conocer cómo se dieron los hechos la fiscal Carmen Sarmiento, sin ninguna prueba y sin escucharlos primero, procedió a denunciarlos ante el Poder Judicial y logró que se ordene sus detenciones sin haber motivo para ello.
Paredes aseveró que se encuentran en Lima preparando su defensa y que en los próximos días se estarán poniendo a disposición del juez de Chanchamayo, Lucio Salva Ricardi.
"Nosotros no somos delincuentes. Tenemos domicilio conocido y un trabajo legal, no tenemos miedo, nos vamos a poner a derecho en cuanto logremos definir y estructurar nuestra defensa ante esta persecución política y judicial del gobierno", enfatizó.
El dirigente de la selva central agregó que el objetivo de esta persecución judicial sería perturbar la próxima realización, el 20 y 21 de setiembre, de la Tercera Cumbre Amazónica en la que exigirán al gobierno que respete las tierras de la Amazonía y cese en su intento privatizador.

LA CLAVE
Torturas. Humberto Paredes denunció que la policía golpeó y torturó al presidente del Frente de Defensa de Pichanaki, Fredy Palomino, el día que procedió a detenerlo y llevarlo al penal de La Merced. "Tenemos las pruebas de lo que se ha hecho con Palomino y estamos pidiendo el apoyo de la comunidad para que se le declare preso de conciencia", anotó.

La República, 06/09/2008

Represalias contra líderes amazónicos

Los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo y Katya Pinedo, denunciaron ayer una persecución judicial contra los dirigentes amazónicos que en marzo de este año iniciaron la lucha que terminó con la derrota de los decretos legislativos 1015 y 1073.

Sostuvieron que el gobierno ha acusado irregularmente al alcalde de Pichanaki (Chanchamayo, Junín), Zósimo Cárdenas, y a 11 dirigentes sociales, entre ellos el presidente del Frente de Defensa de Agrarios, Campesinos y Nativos de Pichanaki, Fredy Palomino.

Para los representantes de Aprodeh los procesos judiciales contra los dirigentes sociales son una forma de amedrentar a los que se oponen a los dispositivos del gobierno.

“A medida que crece la protesta social se le criminaliza más y el gobierno actúa con mayor rigor contra los dirigentes sociales. De esta manera se busca reprimir a los que cuestionan el modelo económico que impulsa el gobierno”, sostuvo Miguel Jugo.

A su vez, Katya Pinedo ratificó que no existen elementos probatorios para acusar a los dirigentes, pues el juez no señala cuál es la razón por la que ordena la detención.

La Red de Municipalidades del Perú (Remurpe) expresó su solidaridad y su más enérgica protesta sobre este caso. Representantes de esta organización indican que esto es un caso de criminalización de autoridades municipales y dirigentes sociales.

Otras fuentes señalaron que el enjuiciamiento de los dirigentes puede hacer fracasar el diálogo entre el gobierno y el Congreso con las etnias amazónicas, en torno a un nueva legislación que reemplace a los decretos derrotados por casi dos semanas de una gran movilización de indígenas amazónicos.

DETALLE

Los perseguidos por el gobierno son los dirigentes que iniciaron la lucha para derogar los decretos 1015 y 1073, que facilitan la venta de las tierras comunales de los nativos y los indígenas. Son, entonces, los que iniciaron el triunfo de los hombres y mujeres de la selva ante una imposición del gobierno que lanzó dichos decretos sin consulta alguna y con una clara intención de favorecer a las transnacionales.

La primera, 05/09/2008

Alberto Bolívar Ocampo: Nuestra Amazonía

La Amazonía peruana constituye un gran vacío geopolítico en términos demográficos, de presencia estatal y de desarrollo sostenible, pese a constituir la región natural más grande y más rica del país. Desgraciadamente nuestras elites gobernantes pocas veces –por ejemplo, Fernando Belaunde– visualizaron su importancia estratégica.

Por el contrario, países como Brasil han hecho del desarrollo, preservación y defensa de suAmazonía un objetivo nacional que geovialmente se ha manifestado en las llamadas “rodovías” que han permitido su marcha hacia el Oeste, tendencia geopolítica cuasi natural originada en los tiempos de la Bandeira y más recientemente sustentada doctrinariamente por autores como Mario Travassos (1931), Golbery do Couto e Silva (1966) y Carlos de Meira Mattos (1975). Todos ellos visualizaron lo importante que era ocuparla y desarrollarla, pero la diferencia con nosotros fue que para (absolutamente) todas sus elites, ello constituyó, más que una simple toma de posición, una verdadera toma de conciencia como primer paso para acceder al Océano Pacífico.

La creación de la Zona Franca de Manaos en 1967 fue en parte como respuesta a la Ley de la Selva Peruana (Ley 15600 del 4/9/65), que creaba un sistema de incentivos fiscales especiales y facilidades especiales de importación, exportación e industrialización de los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, La Libertad, Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Los brasileños se preocuparon, reaccionaron y los resultados saltan a la vista: comparemos lo que es Manaos con lo que es Iquitos. En ellos hubo continuidad política y estratégica; en nosotros, mezquindad política y abandono por parte de la mayoría de gobiernos, tal vez porque su incidencia electoral no es determinante. ¿Qué conseguimos? La consolidación de verdaderas áreas sin ley en nuestra Amazonía.

Hoy, nuevamente nos acordamos de la región natural que alberga nuestro mayor potencial de riqueza, sólo por el problema suscitado a raíz de la protesta de las comunidades nativas contra los decretos legislativos 1015 y 1073. Para acabar con la manipulación política no debe volver a ofrecerse “modernidad”, sino más bien “desarrollo”.

Para los pueblos amazónicos, desarrollo implica ante todo interconexión física, es decir carreteras y ferrovías; aumento del índice geovial para que lleguen el Estado y la inversión, y esos pueblos (rodeados de riqueza potencial) puedan (por fin) incorporarse al mercado. No nos hemos dado cuenta, pero tal vez el corredor interoceánico más importante sea el que una a Iquitos con Bayóvar; lo mismo podemos decir del proyecto de la ferrovía Santos-Bayóvar, anunciado por el actual gobierno en agosto de 2007. Si realmente queremos apagar la mecha que puede incendiar nuestra Amazonía, ofrezcamos y concretemos (cuanto antes) carreteras y ferrovías; igualmente, diseñemos (de una vez por todas) una Estrategia de Desarrollo en Seguridad de nuestras fronteras amazónicas. No vaya a ser que más adelante nos lamentemos por cómo, zonas jurídicamente nacionales, perdieron su identidad de tales.

Expreso, 04/08/2008

Advierten ruptura de diálogo con la selva

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) advirtió ayer que el diálogo con las comunidades de la selva sobre los polémicos decretos que afectan a la Amazonía se podría romper por el proceso penal que ha abierto un juez de Chachapoyas contra el alcalde de Pichanaki (Chanchamayo), Zózimo Cárdenas, y contra nueve integrantes del Frente de Defensa que participaron en la manifestación de protesta contra los referidos decretos.

Aprodeh afirma que la falta de argumentos de la denuncia demuestra que se pretende criminalizar a los dirigentes sociales. Agregó que varios de los procesados se encontraban en La Oroya y no participaron en las protestas.

Perú.21, 04/09/2008

“No quemen la pradera”

La Confederación Campesina del Perú (CCP) demandó al Gobierno que asuma su responsabilidad democrática y promulgue la derogatoria de los polémicos decretos legislativos 1015 y 1073, aprobada por el Congreso de la República.

En conferencia de prensa, el secretario general de la CCP, Jorge Prado, manifestó que si el presidente Alan García persiste en aceptar la voluntad de los campesinos y de los nativos, entonces estaría incurriendo en un acto de provocación. “No quemen la pradera, no le echen leña al fuego. Si lo hacen, los campesinos saldremos a protestar por algo que es justo”, enfatizó.

Prado recordó que el plazo de 15 días para que el Ejecutivo promulgue la derogatoria ya está por vencer, y pidió que, de ser el caso, el Congreso asuma su responsabilidad y la convierta en ley.

Perú.21, 04/09/2008

Según APCI, Aidesep usó bien sus fondos

Todos los informes financieros estudiados son correctos. Hoy se votará en el Pleno la mesa multipartidaria.

La visita de los funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a las oficinas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) culminó, tras dos días de investigación, con un breve informe de dos páginas en el que se concluye que en los dos proyectos fiscalizados la organización hizo buen uso de los fondos destinados.
APCI pidió documentación específica de a los proyectos de Apoyo Institucional y de Georreferenciación y Titulación de las Comunidades Indígenas, así como un listado detallado de todos los proyectos de Aidesep durante los años 2006, 2007 y 2008. Y en todos los casos se determinó que los informes financieros presentados a la fuente cooperante son correctos (es decir, el dinero fue usado para el fin por el que fue otorgado). En uno de ellos, incluso, se habla de la devolución a la fuente de más de S/. 116 mil no usados.
Ayer, tras su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, el director ejecutivo de la APCI, Carlos Pando, volvió a negar que la citada fiscalización forme parte de una campaña de intimidación del gobierno a algunas ONGs, o una revancha por la protesta anterior.
Alberto Pizango, presidente de Aidesep, lamentó por su parte que con estas investigaciones y dudas sobre una inexistente financiación política de una protesta que "solo pertenece al pueblo", el gobierno continúe desestimando la capacidad de los indígenas para decidir sobre su futuro y sus intereses.
Casi tres semanas después de que el gobierno y las organizaciones nativas rompieran relaciones, sin embargo, el diálogo entre el premier Jorge del Castillo y el propio Pizango cada vez está más cerca.
En días recientes se han dado varias llamadas entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Pizango, y todo indica que habrá una reunión antes de que acabe la semana en la que se verá la creación de una mesa multisectorial integrada por los ministerios de Educación, Salud, Agricultura y Ambiente.
DATOS
En el pleno. Hoy el Pleno del Congreso votará la conformación de la mesa multipartidaria que buscará soluciones a los problemas amazónicos.
Reunión. También en la mañana está prevista una reunión entre Alberto Pizango y la congresista Gloria Ramos (UPP), presidenta de este grupo de trabajo del Parlamento.

La República, 04/09/08

Manuel Burga: Hatun Ñan a la Amazonía

Hay dos hechos recientes que me han llamado poderosamente la atención. El primero, conocido por todos, es la derogatoria de los DL 1015 y 1073 por el Congreso, en aparente oposición al Ejecutivo y atendiendo realmente las radicales demandas de algunas poblaciones nativas de la Amazonía. La impresión que ahora todos deben tener es que el gobierno retrocedió, o que puede retroceder en cualquier momento y enmendar sus propuestas políticas liberales. También de que se trata de normas legales, ensayadas en otras regiones, pero que esta vez se aplicaban sin ninguna consulta técnica, ni académica, ni siquiera a los mismos afectados, las poblaciones amazónicas.
El segundo hecho, mucho menos conocido, es que Ciudadanos al día, en su cuarta edición de Buenas Prácticas en Gestión Pública, premió a la Universidad San Cristóbal de Huamanga por su programa Hatun Ñan, Gran Camino, de acción afirmativa para sus estudiantes que provienen de regiones amazónicas y altoandinas. La Fundación Ford financia este proyecto dentro de su Programa Caminos hacia la Educación Superior. Nos llama más la atención que esta misma Fundación haya puesto en marcha –desde el 2003– el mismo programa en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con la finalidad de facilitar el rendimiento académico de alumnos matsiguenga, que en buen número, muy probablemente, provengan del distrito de Echerate, famoso por su riqueza gasífera: Camisea. Ambos programas, en Huamanga y Cusco, funcionan como parte de un solo gran proyecto de inclusión social de poblaciones tradicionalmente excluidas de la educación superior.
Decía al inicio que se trata de dos hechos bastante contradictorios. Por un lado universidades que construyen caminos hacia la Amazonía y por el otro el Estado que incursiona desde fuera para cambiar la tradicional tenencia de la tierra en el bosque amazónico. Esta es una modernización que nos hace recordar al Estado cauchero de inicios del siglo XX, que también pretendió llevar la modernidad a la Amazonía privatizando su explotación, sin mucha consideración a sus pobladores nativos, ni a la sostenibilidad del bosque mismo, experiencia que terminó abruptamente cuando el caucho, la codiciada riqueza, fue furtivamente exportado y sembrado con suerte en islas del sudeste asiático. Algo similar parece ocurrir ahora cuando el Estado lotiza la Amazonía y la entrega a compañías petroleras para su explotación.
Por eso es necesario conocer que desde hace tiempo, quizá mucho tiempo, el Hatun Ñan también lo están construyendo otras universidades peruanas. Bastaría recordar el Instituto de Medicina Social creado por Carlos Enrique Paz Soldán a inicios del siglo XX, los trabajos científicos de Máxime Kuczynski-Godard, como Supervisor Sanitario del Oriente, y su propuesta de "colonizar en higienización" a la Amazonía, para resguardar así a la población nativa del flagelo de las enfermedades traídas por los colonos. Además puedo agregar que el 2002, la misma Fundación Ford consultó a San Marcos sobre la posibilidad de desarrollar este programa de acción afirmativa para estudiantes nativos de la Amazonía que ya habían ingresado a sus aulas desde el año 1999.
Cuando la Ford decidió, con razones estratégicas seguramente, por Cusco y Huamanga, San Marcos no desistió y continuó este proyecto con sus recursos propios. Los resultados no han sido los mejores, nos falta una educación intercultural entre los docentes, pero muchos jóvenes han terminado sus estudios y algunos con sus grados y títulos han regresado a sus regiones. Otros han seguido estudios de maestría y para eso teníamos el Programa de Estudios Amazónicos, financiado por la Fundación Mc Arthur de EEUU. El aporte de la universidad no se agota allí. Podría recordar a los ingenieros forestales Carlos Ponce del Prado y Marc Dourojeanni, de La Molina, tan preocupados en la noción de parques nacionales, reservas naturales y en una aproximación antropológica para entender el manejo del bosque tropical por las poblaciones nativas.
Estos dos hechos contradictorios nos revelan la ausencia de comunicación entre el Estado, la política, la universidad y el conocimiento, lo que convierte a la gestión pública en un conflicto permanente. Mientras el Estado incursiona "desde arriba", la universidad construye caminos, aunque precarios, pero finalmente caminos por donde la gente puede más o menos libremente transitar. Finalmente, hay que decir con un cierto pesar que estos programas de inclusión social a la educación superior los financian fundaciones extranjeras, que probablemente ven con más claridad lo que el país urgentemente necesita. Por eso quería señalar que no nos falta inteligencia en el país, y que debemos agradecer a la universidad pública, no siempre bien asistida, ni comprendida, por su contribución decidida a la construcción de estos caminos imaginarios a la Amazonía, no tan materiales quizá, ni tan visibles, pero sí muy importantes para la construcción de una nación integrada.

La República, 04/09/08