Según la Policía, radio local provocó ataque de nativos

Mientras sus dirigentes buscaban una solución a sus demandas en el Congreso, los nativos amazónicos hicieron de las suyas al enfrentarse violentamente a la Policía Nacional.

El enfrentamiento se produjo al promediar el mediodía de ayer en la plaza de armas Héroes del Cenepa, en la provincia de Bagua (Amazonas), cuando un contingente policial intentó dispersar a unos 500 pobladores que iniciaron una movilización tras ser desalojados del puente Corral Quemado, ubicado en el kilómetro 169 de la carretera Fernando Belaunde Terry.

Los oficiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) hicieron uso de bombas lacrimógenas, lo que provocó la airada reacción de los manifestantes, que respondieron con sus lanzas y flechas. Según un comunicado emitido anoche por la Policía Nacional, los pobladores fueron azuzados por Radio Marañón de Jaén y LD Stereo de Bagua, que hacían llamados a una manifestación pública en contra del gobierno central.

Cabe indicar que Radio Marañón es dirigida por el controvertido cura jesuita Francisco Muguiro, público opositor de proyectos mineros como el de Río Blanco y de tendencia izquierdista.

Como resultado del enfrentamiento, según la Policía, 18 personas resultaron heridas: 11 nativos y 7 policías. Uno de los efectivos heridos fue identificado como Jorge Guerrero, de 22 años, quien fue atendido en el hospital local por heridas de lanza; sin embargo, ya fue dado de alta. Trascendió que el número de policías presentes en las acciones llegaba al millar.

Correo, 21/08/2008

En Comisión del Congreso derogan la polémica “Ley de la Selva”

Del Castillo advierte que Parlamento perderá prestigio si anula DL bajo coacción
Después de más de cuatro horas de debate la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Parlamento con los votos de Unidad Nacional, Nacionalistas y UPP derogó los decretos legislativos 1015 y 1073 llamadas también “Ley de la Selva”, luego de la presentación del premier Jorge del Castillo y los dirigentes de las comunidades nativas encabezados por Alberto Pizango.

En la sesión el congresista nacionalista Daniel Abugattás informó que todas las bancadas a excepción del APRA y del fujimorismo apoyaron eliminar los polémicos decretos legislativos en el Pleno del Congreso.
En la misma sesión la congresista de Unidad Nacional, Gabriela Pérez del Solar, adelantó que su grupo apoyará la derogación de los referidos decretos legislativos debido a que no se puede imponer una norma bajo “presión” a las comunidades nativas.
En declaraciones a la prensa, Del Castillo afirmó que el Congreso perderá prestigio si deroga leyes bajo una “coacción” como la que se produjo con la toma del puente Corral Quemado, con policías secuestrados y con amenazas de tomar Camisea.
“Es un gravísimo precedente para la democracia, una cosa es dialogar como ahora mismo se le ha escuchado a los dirigentes nativos en la comisión parlamentaria y otra cosa tomar una decisión de derogar una ley porque hay una coacción, esto es resolver sin libertad”, anotó.
También informó que se mantendrá en estado de emergencia la zona de conflicto porque la amenaza sigue latente.
En su exposición ante la comisión Jorge del Castillo, aclaró que las normas referidas a la forma en que las comunidades nativas determinarán el uso de sus tierras no son de carácter obligatorio, por lo que no se justifican las protestas en diversas localidades amazónicas.
También justificó las medidas de emergencia dadas por el Gobierno frente a ellas.
“No podemos permitir que nadie, así tenga toda la razón del mundo, ocupe Camisea. Dejar que eso pase hubiera significado el colapso energético del país”, manifestó.
Indicó que la declaratoria de emergencia y la participación del Ejército permitió que la hidroeléctrica de El Muyo y las estaciones 5, 6 y 7 del Oleoducto Norperuano fueran liberadas.
De no haberse concretado ello “esta noche hubiéramos tenido que cortarle la energía eléctrica al departamento de Amazonas”, indicó.
Por su lado, el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, Alberto Pizango, pidió la derogatoria del estado de emergencia en la que se encuentra parte de la Amazonia debido a las protestas organizadas por el grupo que él encabeza, y señaló que como una muestra de diálogo desbloquearon las carreteras en la zona de conflicto, desmintiendo al premier.
El dirigente sostuvo que las movilizaciones que incluyeron bloqueos de vías y centrales de generación energética, se han desarrollado de manera “pacífica”.

La Razón, 20/08/2008

Ollanta: No estamos “detrás sino dentro” de las protestas

Ollanta reconoce que nacionalistas participan en desorden y bloqueo de carreteras.
Ollanta Humala reafirmó la participación del Partido Nacionalista en las protestas de los indígenas en Bagua y subrayó que no está “detrás sino dentro” de las protestas que incluyen bloqueos de carreteras.
“No estamos atrás sino dentro de las protestas”, dijo Humala a la agencia Prensa Latina al señalar que es lógico que entre los grupos sociales que protestan haya electores nacionalistas.
Humala reivindicó al mismo tiempo la legalidad de las movilizaciones iniciadas el 9 de agosto por más de 60 etnias amazónicas, contra decretos gubernamentales que facilitan la privatización de sus tierras colectivas y la entrega de territorios selváticos a inversionistas extranjeros.
Por su parte, el legislador Víctor Isla calificó de falsas las acusaciones del premier Jorge del Castillo, quien le atribuyó una supuesta intervención para provocar que se caiga el diálogo entre los nativos en pie de lucha y el Gobierno. “No sería malo intervenir en la negociación, pero mal haría en atribuirme méritos que no tengo”, remarcó.
Negó que exista una manipulación de sectores radicales en la movilización, tras considerar que el gobierno de manera malintencionada y por buscar una justificación al conflicto, está subestimando el nivel de organización, de defensa y de resistencia de las comunidades nativas de la Amazonía.

La Razón, 20/08/2008

Alan García: Sólo las comunidades decidirán destino de sus tierras

Incluso, dijo que son libres de aplicar o no decretos sobre sus territorios
El presidente Alan García afirmó ayer que sólo las comunidades nativas pueden decidir libremente el destino de sus tierras y remarcó que los recientes decretos legislativos 1015 y 1073 buscan restituir el derecho a la libertad de las poblaciones de la Amazonía, pero éstas pueden decidir por mayoría si los aplican o no.

“Se trata de decretos legislativos gracias a los cuales, en adelante, la comunidad campesina que lo desee y lo decida, y sólo ella, con el voto de la mayoría, la mitad más uno, podrá asociarse, alquilar tierras, convocar tecnología y capital para desarrollar recursos”, dijo durante la ceremonia de lanzamiento del programa Municipios Ecoeficientes y la entrega del Premio Ministerio del Ambiente.
García indicó que las comunidades nativas ya no estarán esclavizadas al necesitar el 66 por ciento de los votos de todos sus integrantes históricos para negociar a favor del desarrollo de sus comunidades.
Dijo que los referidos decretos del Ejecutivo buscan acabar con el “paternalismo virreinal” impuesto por las leyes coloniales, que ha detenido por largo tiempo el progreso de las familias.
“Lo único que hemos hecho es restituir un derecho de libertad que ya tenían las comunidades campesinas de la Costa hace 30 años, planteamos que esto les permita poner en valor sus tierras, asociarse, y si lo quieren ellos parcelarse para desarrollarse”, afirmó.
García Pérez lamentó que haya confusión por un lado e interés por el otro para presentar el referido marco normativo como algo negativo.
“Es imposible que el Estado venda tierras, pero sí garantiza el derecho de las mayorías a expresarse”, refirió.
García Pérez mostró su satisfacción por la creación y el trabajo del Ministerio del Ambiente, a cargo del ecologista Antonio Brack.

La Razón, 20/08/2008

Nativos desbloquean puente Corral Quemado

Tras una reunión entre dirigentes indígenas y el jefe de la región Policial de Amazonas, Víctor Castañeda, se reanudó el tránsito en el puente Corral Quemado, a la altura del Km. 196 de la Carretera Fernando Belaunde Terry. Dicho desbloqueo será sólo por un plazo de 24 horas contando desde ayer a las 16 horas, a cambio de liberar a los dos policías retenidos desde anteayer en la zona de Imaza, Bagua.
Este acuerdo fue plasmado en un acta con la firma del jefe de la Región Policial del Amazonas, Víctor Castañeda, y el Comité de Pueblos Indígenas de la Amazonía bajo la representación de Eduardo Wipeu Gaikat, Arturo Kiniu y Medino Trigozo Pinedo “indio Washorum”, este último dirigió la toma en el puente Corral Quemado.
EXPRESO conversó con un periodista de la zona, quien confirmó la información e indicó que el acta fue firmada a la 1:30 de la tarde.
A partir de las 16 horas de ayer los vehículos varados comenzaron a circular hacia dentro y fuera de esa provincia, con la supervisión de la Policía Nacional y las rondas indígenas.
Por otra parte, el general Castañeda garantizó la no intervención de los efectivos de la Dinoes, mientras que los nativos se comprometían a liberar a los dos policías retenidos.
También nos indicaron que un fuerte contingente policial y militar, que llegó de otras regiones del país, se concentra en el Coliseo de Jaén, esperando las órdenes de sus superiores. Según informaron, la presencia de los militares es para resguardar las instalaciones que han sido tomadas, una vez que sean recuperadas por la PNP.
Se nos informó, además, que rondas campesinas de Jaén y militantes del Movimiento Nueva Izquierda de esa zona preparan una vigilia en apoyo a la huelga indígena, mientras el Partido Nacionalista los apoya con provisiones.Enfrentamiento En la provincia de Coronel Portillo (Ucayalí), en la zona denominada Masisea, se registró en horas de la mañana un enfrentamiento entre indígenas chipibos y la policía de esa zona, que por suerte no pasó a mayores, salvo golpes y leves heridas.
Esto se originó a las 10:00 horas luego de que un grupo de efectivos llegaron al lugar y soltaron las embarcaciones retenidas por los nativos desde el lunes. Masisea se encuentra muy cerca de un lugar denominado Villa Pescador en la cuenca de los ríos Ucayalí y Tamaya.
De acuerdo al vicepresidente del Aidesep, Robert Guimaraes, quien estuvo en la zona de conflicto, los dirigentes tuvieron que intervenir para evitar que la situación empeore puesto que había cerca de tres mil chipibos frente a una decena de efectivos. Indicó que previamente hubo otro enfrentamiento el lunes por la tarde.
Mencionó que tras el enfrentamiento los policías se han retirado de la zona y solo han quedado los efectivos de la Marina de Guerra, que están cuidando la zona.

Expreso, 20/08/2008

ONGs extranjeras financiarían la paralización en la Selva

Son de España, Dinamarca y EE UU.El promotor de la paralización indefinida que efectúan los indígenas de la Selva es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Adesep) que posee financiamiento externo y conexión con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) extranjeras, las cuales son las que les proveen la ayuda económica.

Según un informe reservado al que EXPRESO tuvo acceso, las ONG extranjeras que están detrás de la protesta indígena son las siguientes: OXFAM (España), IBIS (Dinamarca), IWGIA (Dinamarca), Amazon Watch (Estados Unidos), Coordinadora de la Organización de la Cuenca Amazónica (COICA).

En el caso de las ONG nacionales está Racimos de Hungurawi, Asociación Nacional de Maestros de Educación Intercultural del Perú, y Servindi y Red Ambiental que son organizaciones que prestan servicios de difusión de la plataforma de lucha y medidas de fuerza a través de foros en internet y radios.

El objetivo sería llegar a efectuar una convocatoria a las comisiones especializadas de las Naciones Unidas de la OIT sobre temas indígenas, a fin de denunciar al Estado sobre violaciones de derechos humanos, ambientales y culturales.

Politización

Pero si las ONG habrían dado el financiamiento para que la paralización de los nativos ponga en jaque al país, también ha existido una fuerte politización del tema, tal es así que todas estas organizaciones se encuentran en constante coordinación con grupos como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Confederación Nacional Agraria y la Confederación Campesina del Perú.

Dentro de las agrupaciones políticas más conocidas está el Partido Nacionalista del Perú, a través de representantes en las regiones amazónicas, quienes han encontrado en la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la problemática indígena, andina y amazónica, los argumentos para generar conflictos que socaven la gobernabilidad a través de la obstrucción de las actividades extractivas y productivas que sustentan el desarrollo del país.
Los líderes de agrupaciones antisistema han logrado configurar un escenario de confrontación manipulando a las comunidades nativas contra el gobierno, las cuales muestran capacidad de movilización y generación de violencia simultánea amenazando la infraestructura vial y energética

Objetivos

De acuerdo a las fuentes, existe una voluntad política de los azuzadores del conflicto que quiere obstruir el proceso de desarrollo nacional, inducir a la subversión en contra del orden legalmente constituido encubriendo ese accionar en el derecho de insurgencia. De igual forma, los movimientos radicales buscan provocar la desobediencia civil en la población indígena contra la autoridad, elevar la violencia en la Amazonía y provocar la denuncia contra el gobierno a organismos internacionales.

La clave

De acuerdo a las fuentes existe una concertación de voluntades de dirigentes políticos, organizaciones indígenas, gremios campesinos, organizaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos que manipulan a la población distorsionando los alcances de las normas como la 1015 y 1073.

Expreso, 20/08/2008

Decretos debieron ser consultados a nativos

Todas las normas que cuestionan los indígenas vulneran el Convenio 169 de la OIT. Algunas también violan la propia Constitución.

Si algo tienen en común los cinco decretos legislativos que han provocado la ira de las 65 etnias amazónicas, que protestan desde el 9 de junio en las siete regiones amazónicas del país, es que todos ellos vulneran el derecho a la consulta previsto en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Libres de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ratificado por Perú en 1993.
En efecto, los decretos legislativos 1015, 1064, 1073, 1089 y 1090 transgreden el derecho de los pueblos a dar su opinión sobre los temas que afectan directamente su desarrollo, previsto en el artículo 6, incisos 1.a y 2 del mencionado texto legal internacional, que hacen referencia específicamente al Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, así como incumplen el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además algunos de ellos (el 1015, 1073 y 1089) han sido emitidos al margen de los artículos 101, inciso 4 y 104 de la propia Constitución del Perú.
Estas son las principales conclusiones del último informe del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), publicado el 15 de agosto del presente año, en cuyas páginas se hace un análisis detallado de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo en virtud de la ley 29157 (para legislar en materia del TLC con Estados Unidos) que afectan a los pueblos indígenas.
El estudio detalla en qué puntos concretos los textos legales perjudican a las comunidades (ver infografía adjunta) y concluye que "la política económica llevada a cabo por el gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas, debido a que las mismas no están acompañadas de un régimen de protección para los derechos colectivos de estos pueblos".

DEBE HABER CONSULTA
Del mismo modo recuerda que para respetar la integridad de los pueblos no basta la revisión normativa del régimen jurídico de las tierras y los recursos, y que antes de autorizar cualquier concesión, el Estado debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y sus recursos.
"En el país se vulnera el derecho a la consulta y participación, según lo prescrito en los artículos 6 y 7 del Convenio 169. La ausencia de procedimientos de consulta previa antes de emprender o autorizar actividades en tierras indígenas es una de las causas de conflicto socio ambiental", especifica el estudio.
El Congreso y un real Indepa
En su informe, el Caaap recomienda que el Congreso revise la constitucionalidad de los DL cuestionados y pide al Estado que mejore su institucionalidad y dote de instrumentos y potestad real al INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano).
Del mismo modo, solicita que se establezcan políticas coherentes de saneamiento legal de territorios y políticas de ordenamiento territorial, acordes al Convenio 169 de la OIT, así como recomienda implementar mecanismos de consulta y consentimiento adecuados. Pide, finalmente, que el manejo de los conflictos sea preventivo y con participación de varios sectores.

La República, 20/08/2008