miércoles, 20 de agosto de 2008

Antonio Zapata: Sucedió. Los ríos profundos y los nativos amazónicos

Hace cincuenta años, José María Arguedas publicó su segunda novela: Los ríos profundos, que muchos catalogan como la más lograda de sus obras. Apareció en la prestigiosa Editorial Losada de Buenos Aires y obtuvo la difusión continental que buscaba su autor. Al año siguiente, la novela ganó un premio nacional y se inició la valoración de la producción de Arguedas, tanto en el Perú como en el extranjero. El material de Los ríos profundos surge de la experiencia vital del autor. Ahí aparecen los agotadores viajes por la sierra acompañando a su padre, el internado en el colegio de los mercedarios de Abancay y sus correrías junto a los comuneros de Viseca, donde vivió contento entre los indios, luego de huir de casa de su abusiva madrastra. Pero, como en toda novela, estas experiencias personales no aparecen directamente, sino reificadas en una trama que expresa la libre creatividad del autor sobre los tiempos, escenarios y personajes.
Años después, a mitad de los 90, Mario Vargas Llosa escribió una importante crítica de la obra de Arguedas, argumentando que es una utopía arcaica. Según su parecer, en Los ríos profundos, el personaje de Ernesto, que sería Arguedas mismo apenas disfrazado, vive de los recuerdos, confrontando su vida con el pasado, impulsándose en la actualidad para ir hacia atrás. Por eso, Ernesto-Arguedas, sería tributario de una concepción del mundo en la cual el ayer vuelve como futuro. Para esa forma de pensar, la historia sería un eterno envolverse y repetirse. Este parecer es conceptuado por Vargas Llosa como pasadista y nostálgico. Sería tradicionalista y aspiraría a un imposible: conservar inmóviles las costumbres del hombre andino.
La segunda idea clave de Vargas Llosa es sobre la consecuencia del proceso mental de buscar el futuro en el pasado. Según nuestro laureado escritor, ello conlleva al irracionalismo. Es la renuncia a la razón lógica para adoptar un punto de vista mágico religioso, semejante al parecer ideológico. En efecto, entre ideología y pensamiento mágico habría una identidad: el rechazo a la ciencia. Por ello, en esta interpretación, el parecer de Arguedas sería profundamente reaccionario y paralizante de las fuerzas modernas que eventualmente podrían llevar al Perú al desarrollo. Así, el mundo andino es juzgado por Vargas Llosa a través de uno de sus grandes intérpretes y sale desaprobado, concebido como irracional y causante del secular atraso nacional.
Pero, el gran novelista arequipeño y creador de la más célebre frase peruana del siglo XX, "cuándo se jodió el Perú", no quiere percibir elementos de la obra de Arguedas que aparecen nítidamente. En primer lugar, no existe el aludido pasadismo. Por el contrario, el personaje de Ernesto recuerda sus experiencias pasadas para hallar fuerzas, pues es un adolescente iniciándose en el camino de la vida adulta. Los ríos profundos recuerdan el pasado en busca de inspiración, para obtener valores que alumbren el camino personal. Recordar permite madurar. De este modo, en Arguedas hay porvenir y es independiente del ayer. Asimismo, ese porvenir es una construcción, no está predeterminado, sino que el individuo se encuentra consigo mismo al ser confrontado con su pasado y hallar en él principios éticos que lo empujan hacia adelante. Tampoco existe una irracionalidad reaccionaria. Simplemente es otra concepción de la racionalidad. En Arguedas, la naturaleza y la razón no son dicotómicas. Al revés que en el pensamiento occidental, para el novelista andahuaylino, la razón debe asumirse como integrante del mundo natural y no como su opuesta o su conquistadora.
Vargas Llosa no ha querido entender el desarrollo lógico de Arguedas; sostiene que fue fiel al modo indígena de entender el mundo y por ello lo ubica en el pensamiento irracional. Lo encontró reaccionario en vez de inspirador de la nacionalidad y héroe cultural del Perú popular. Ese tipo de entendimiento lleva a Vargas Llosa al acuerdo con el gobierno actual. Su punto de vista como crítico literario encaja perfectamente con la idea política sobre el "perro del hortelano". Por la misma razón, los nativos de la amazonía no encontrarán otro eco en el gabinete que no sea el mismo ministro Antonio Brack, a quien han censurado como interlocutor. Dudo que en esas esferas alguien los entienda mejor.
La república, 20/08/2008

Comisión de Congreso deroga Ley de la Selva; hoy sigue el diálogo


El Pleno deberá ratificarlo mañana. Titular del Legislativo señala que los nativos dieron una tregua para continuar las negociaciones.

El conflicto originado por la protesta de los nativos frente a los decretos legislativos 1015 y 1073 tuvo un respiro ayer cuando la comisión de Pueblos Andinos del Parlamento derogó dichas normas y los dirigentes nativos anunciaron una tregua para retomar el diálogo hoy.
La derogatoria, sin embargo, enfrentó a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Mientras el primer ministro Jorge del Castillo fustigó a la comisión, el presidente del Parlamento, Javier Velásquez, reiteró la autonomía de este poder.
"Hubo una votación democrática que debe respetarse", señaló Velásquez. La sesión de Pueblos Andinos, que contó con la presencia del premier y los ministros de Justicia, Agricultura y Medio Ambiente, decidió por seis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la derogatoria.
Esta decisión iría ahora al Pleno de mañana.

QUE DECIDA EL TC
En la extensa sesión de Pueblos Andinos –duró cinco horas–, legisladores de todas las tiendas pidieron una comisión mediadora para acudir a la zona de conflicto.
El Apra y la oposición cruzaron acusaciones, pues el oficialismo señaló que se buscaba sacar provecho de los nativos.
Fabiola Salazar incluso acusó al nacionalista José Maslucán de complicar el diálogo pues, dijo, impidió la reunión entre el presidente del Congreso y el dirigente de los nativos, Alberto Pizango.
Esta estaba fijada para las 7.30 de la noche, pero finalmente se dio tres horas después.
Velásquez dijo que se retomará el diálogo hoy desde las 10.30 de la mañana. Ahí se llevaría la consulta hecha a los portavoces de las bancadas respecto a la derogatoria, y la consulta a las bases nativas para suspender las medidas de fuerza.
Pizango incluso adelantó que los huelguistas ya acordaron dar pase a los camiones en la zona de Corral Quemado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo le cedió el protagonismo al Tribunal Constitucional (TC). A través de un comunicado, dicha institución pidió celeridad al máximo organismo jurisdiccional para que resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada por la propia Defensoría contra el decreto legislativo 1015, la denominada "Ley de la Selva".
"Asimismo, precisamos que la emisión del Decreto Legislativo Nº 1073, modificatorio del Decreto Legislativo Nº 1015, no resuelve todos los problemas de inconstitucionalidad planteados por la Defensoría del Pueblo", manifestó el comunicado leído por su propia titular, Beatriz Merino.
De la misma opinión fue el ex presidente del TC Víctor García Toma, quien sostuvo que todo queda en manos del ente arbitral.

Una tregua en Corral Quemado
Los indígenas de Bagua de las etnias awajun y wampis dieron una tregua de 24 horas al gobierno central tras llegar a un acuerdo con altos mandos de la Policía Nacional. El principal fue reanudar el tránsito por el puente Corral Quemado, que divide a Cajamarca y Amazonas, en la carretera Fernando Belaunde Terry. Los efectivos policiales, jefaturados por el general Víctor Castañeda, garantizaron la no intervención de las Fuerzas Armadas.
En Cusco, nativos machiguengas prosiguieron con su movilización en medio del bloqueo de carreteras y anunciaron para hoy el inicio de una huelga indefinida en apoyo al reclamo de las etnias. Con este clima, el presidente Alan García dijo que la protesta obedece a la "mala intención" de algunos sectores.


La República, 20/08/2008

Manifestantes acordaron despejar durante 24 horas el puente Corral Quemado

En lo que fue el décimo día de huelga de las comunidades nativas de la selva, los dirigentes de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Nororiental del Perú (Orpian) llegaron ayer a un acuerdo con las autoridades policiales lideradas por el general Víctor Castañeda, jefe de la región policial Amazonas, para desbloquear el puente Corral Quemado, en Bagua. Los dirigentes nativos aceptaron que se reanudara el tránsito, pero solo por 24 horas.
El puente Corral Quemado es considerado uno de los principales puntos de entrada desde la costa a la Amazonía.
De no variar la situación, a las 4 p.m. de hoy esta ruta volvería a ser tomada por los manifestantes, quienes permanecieron apostados en los alrededores durante todo el día, aunque sin interrumpir el paso de vehículos.
Esta tregua se produjo cuando ya comenzaban a percibirse la escasez y el incremento en los precios de los productos de primera necesidad en diversas localidades de la región Amazonas, debido al bloqueo de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry.
En un recorrido realizado por los mercados de Bagua se comprobó que se elevaron considerablemente los precios de la cebolla, el pescado, el tomate y el pollo, así como el aceite y el azúcar. De hecho, según Perú-Cámaras (en base a reportes de la Cámara de Comercio de Bagua), algunos productos básicos han elevado sus precios hasta en un 100%.
Uno de los distritos más afectados por esta situación es Aramango, donde permanecen concentrados más de dos mil indígenas. En esta localidad las tiendas están desabastecidas y las chacras fueron cosechadas para poder abastecer a la población. En este punto permanece bloqueado el ingreso de camiones. El alcalde, Eustacio Carrillo, solicitará la declaratoria de emergencia en su jurisdicción.
POLICÍA EN BUEN ESTADO
Mientras tanto, en presencia de autoridades del distrito de Aramango y representantes de los movimientos indígenas, se liberó al capitán PNP Gabriel Ramírez, quien permaneció retenido varios días por miembros de la comunidad de Nazareth, en el distrito de Imaza (Amazonas).
Además, en un acta se dejó constancia del estado de salud del agente y se entregaron las armas que le fueron arrebatadas.
Entrenamiento militar en IquitosEl Ejército realizó, hace dos días en Iquitos, una serie de ejercicios de instrucción sobre las reglas del uso de la fuerza, que servirían en el supuesto caso de que las FF.AA. deban apoyar a la policía en las tareas de control del orden interno, como la represión de motines.
El entrenamiento se hizo en el fuerte Alfredo Vargas y estuvo dirigido por el jefe de la Región Militar del Oriente, general Francisco Vargas Vaca, quien comentó que no tenía relación con la declaración del estado de emergencia en varias provincias de la selva peruana. Pese a ello, un sector de la población consideró la actividad como una provocación.
El general Vargas informó que no se ha dado la orden de intervenir en el paro amazónico --y esperaba que tampoco se diera--, pero agregó que están preparados para colaborar en el control del orden interno.
En la provincia de Datem del Marañón permanecen unos 400 militares destacados en la zona fronteriza con Ecuador, a ocho horas por río desde la ciudad de San Lorenzo.
El Comercio, 20/08/2008

Comisión del Congreso aprueba derogar decretos sobre tierras de comunidades

Presidente del Parlamento mediará para que el pleno vea el tema mañana. Jefe del Gabinete reitera que existe manipulación política en paro amazónico.
Las explicaciones de cuatro ministros no fueron suficientes para los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, que ayer aprobó un dictamen para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, referidos a la decisión sobre la posesión de tierras de las comunidades de la sierra y la selva.
Fueron seis votos a favor (especialmente del Partido Nacionalista Peruano y el sorpresivo respaldo de Gabriela Pérez del Solar de Unidad Nacional), contra dos inesperadas abstenciones de los apristas José Macedo y Tomás Cenzano, y el voto en contra de la también parlamentaria oficialista Helvezia Balta.
El dictamen pasaría mañana al pleno del Congreso para su discusión, aunque el tema también es visto por otras comisiones (Constitución y Agraria lo discutieron durante la jornada de ayer).
Este fue el colofón a una cita en la que el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, acompañado por los ministros Ismael Benavides (Agricultura), Rosario Fernández (Justicia) y Antonio Brack (Ambiente) sustentaron el contenido de los decretos y explicaron los problemas generados por el paro amazónico y las medidas adoptadas frente a ello.
Del Castillo indicó que el Gobierno es respetuoso de las comunidades y negó que se pretendiera afectar sus posesiones y propiedades. Sin embargo, el tono de sus declaraciones no opacó la dureza que empleó --durante la mañana, en diálogo con CPN Radio-- para referirse al asunto.
"Hay una red de organizaciones no gubernamentales en la selva que le ha metido a la gente la idea de que le quieren arrebatar sus tierras. Los están engañando para manipularlos políticamente. Encima los llevan a acciones de violencia (...). Quieren echarse al Gobierno abajo", dijo.
En un tono más conciliador, durante la tarde, el jefe del Estado, Alan García, subrayó que los mencionados decretos legislativos servirán para que "la comunidad campesina que lo desee y lo decida, con el voto de la mayoría" pueda "asociarse o alquilar tierras y convocar tecnología y capital para desarrollar recursos".

REUNIÓN EN EL CONGRESO
En la noche, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra), se reunió con representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que sostiene que son siete los decretos legislativos --incluidos los números 1015 y 1073-- los que afectarían la propiedad colectiva de la tierra.
Al término de la cita, Velásquez Quesquén informó que le ofreció al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, consultar a la Junta de Portavoces si el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos puede tener prioridad en la agenda del pleno que se celebrará mañana.
También puso sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión multipartidaria que estudie diversas iniciativas legales planteadas por las comunidades nativas.
"Este tema no se puede seguir dilatando para mañana, tarde y nunca", acotó.
Al preguntársele por el dictamen que busca derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, comentó que se trataba de una votación democrática que se debe respetar "así no nos guste".
En tanto, Pizango destacó la voluntad de diálogo mostrada por el presidente del Congreso y señaló que consultará con sus bases las propuestas alcanzadas durante la conversación. No precisó si se levantarán las medidas de fuerza.
A las 10 a.m. de hoy la delegación del Aidesep volverá a reunirse con el presidente del Congreso.
INVOCACIÓN DE DEFENSORÍA
Horas antes de los sucesos en el Congreso, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Tribunal Constitucional --a través de un pronunciamiento-- que calificara y resolviera, "con la celeridad que exigen las circunstancias", la demanda de inconstitucionalidad que ella entabló contra el Decreto Legislativo 1015, el pasado 30 de mayo.
Sin embargo, cuando a Velásquez Quesquén se le inquirió sobre este punto, respondió: "El Parlamento no puede condicionar la discusión de una norma a una acción de inconstitucionalidad".
La Defensoría del Pueblo reiteró que el Decreto Legislativo 1015 colisiona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado Peruano y que tiene rango legal, por lo que es de estricto cumplimiento.
La Defensoría del Pueblo, además, invocó a las comunidades nativas y a las autoridades a reanudar el diálogo y recordó que las medidas de protesta, aun cuando justas, deben evitar la agresión y el daño a personas inocentes ajenas a los asuntos en disputa.
PARA RECORDAR
El 20 de mayo, al amparo de las facultades legislativas para implementar el tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1015.4Este decreto permite que solo se requiera el 50% de votos más uno entre los miembros de cada comunidad campesina de la sierra y selva, asistentes a una asamblea general, para gravar, arrendar o vender las tierras comunales. Antes se requería del voto a favor de dos tercios de cada comunidad.4Debido a las fuertes críticas, el Ejecutivo promulgó el 28 de junio el Decreto Legislativo 1073, que precisa que los votantes que definirán el destino de las tierras deben ser posesionarios (de predios) con más de un año en esa condición.
EL DATO
Extraño roboEl contador de Aidesep, José Luis Masías, fue asaltado ayer en el local de esta entidad por dos sujetos, quienes lo despojaron de una fuerte suma de dinero.
AL GRANO
"No hay espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad"*¿Existe algún patrón de comportamiento del Estado que desencadene estos conflictos sociales en el país?El Estado no está suficientemente preparado para atender la conflictividad en el país. Cuando se presenta una demanda social no hay una reacción inmediata, no hay un espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad.
¿Ha habido, entonces, problemas de comunicación?No está instalado en el Estado ni tampoco en buena parte de la sociedad el valor del diálogo. Es mirado por encima del hombro, cuando es a través de él que se forjan los acuerdos más duraderos. Ello es un problema que contribuye a que hasta ahora no se tenga una respuesta institucional frente a los conflictos.
El Comercio, 20/08/2008

Defensora respalda derechos indígenas

La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, exigió ayer al Tribunal Constitucional (TC), entidad cuestionada porque la mayoría de sus miembros son de tendencia aprista, que resuelva a la brevedad la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por su institución el 30 de mayo último contra el decreto legislativo 1015, que facilita la venta de las tierras comunales de las comunidades campesinas.
El decreto dispone que sólo la mitad más uno de los miembros de una comunidad campesina o nativa pueda disponer de las tierras comunales. Con esta norma, según los especialistas, los empresarios mineros y forestales tienen el camino expedito para obtener esas tierras con más facilidad y a precios irrisorios.
En tal sentido, la defensora sostuvo que el tribunal ya tuvo el suficiente tiempo para resolver y lo emplazó a actuar con celeridad “más aún si se tiene en cuenta que desde el 30 de mayo último, día en que se presentó la demanda, ha transcurrido un plazo razonable”.
De otro lado, dijo que el Estado está obligado a darle estricto cumplimiento a las normas referidas al derecho a la consulta y a la participación, en este caso de las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2 de diciembre de 1993, ratificado por el Perú en 1994, lo que no se cumplió y por ello los nativos han levantado su voz de protesta.
Pide diálogo
Merino invocó a las dirigencias de las comunidades nativas, así como a las instituciones del Estado, a reiniciar el diálogo suspendido. Advirtió también que el Estado de Emergencia decretado no supone la ausencia del Estado de Derecho y no anula la vigencia de los derechos fundamentales.
Ollanta niega ser un conspirador
El líder opositor Ollanta Humala rechazó la acusación gubernamental que le atribuye participar en un complot que supuestamente utiliza una protesta de indígenas amazónicos para derrocar al gobierno.
En declaraciones a la prensa internacional, el presidente del Partido Nacionalista (PNP) respondió a declaraciones del primer ministro, Jorge del Castillo, quien sostuvo que esa organización está detrás de las movilizaciones y de la alegada conspiración.
“No estamos atrás sino dentro de las protestas”, añadió Humala, al señalar que el PNP obtuvo en las elecciones de 2006 más de 47 por ciento del electorado y una proporción mayor en el interior, por lo que es lógico que entre los grupos sociales que protestan haya electores nacionalistas, así como de otros partidos. Humala reivindicó al mismo tiempo la legalidad de las movilizaciones iniciadas el 9 de agosto por más de 60 etnias amazónicas. Subrayó que la protesta indígena no cuestiona al Estado de Derecho sino al abuso de poder de quienes lo administran (el gobierno).
La Primera, 20/08/2008

Gobierno manda tropas contra protesta nativa

“Gobierno nos ha declarado la guerra con el Estado de Emergencia”, dicen los dirigentes amazónicos.
El gobierno envió ayer fuerzas militares a controlar instalaciones petroleras y carreteras selváticas, tras declarar en Estado de Emergencia en las zonas de la Amazonía que desde el 9 de agosto son escenario de una vasta protesta indígena contra los decretos legislativos que facilitan la venta de las tierras colectivas de las comunidades y la entrega de territorios selváticos a inversionistas extranjeros.
El premier Jorge del Castillo anunció anoche que los militares ya están en zona, entre otras cosas, con la finalidad de impedir que los manifestantes bloqueen las carreteras.
“El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, nos confirma que ya están las fuerzas combinadas en la zona de emergencia. Los militares ya controlan los campamentos de Camisea y las carreteras. Ojo, que guerra avisada no mata gente”, amenazó el premier.
Asimismo informó que “la Policía Nacional encabezada por el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y su director, Octavio Salazar, están en la zona. Nos informan que un capitán de apellido Ramírez está retenido. El puente ‘Corral Quemado’, que es la puerta de entrada de la región Amazonas, está aún tomado”, apuntó Del Castillo, quien no supo explicar por qué la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros no pudo actuar anticipadamente en este caso.
Los dirigentes de los nativos, por su parte, llegaron a Lima y pidieron el retiro inmediato de las tropas de Amazonas, Loreto y Cusco, por considerar que la declaratoria de emergencia no es más que un acto de provocación que puede generar actos de violencia de incalculables consecuencias.
“Nosotros, los nativos, no somos violentos, pero los pueblos indígenas han decidido resistir y defender sus territorios. El gobierno nos ha declarado la guerra con la declaratoria de emergencia y los indígenas se mantienen firmes en su decisión de morir defendiendo sus tierras”, aseguró el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango.
Admitió que son seis o nueve policías (no supo precisar) los retenidos en la localidad El Muyo, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, tras el enfrentamiento que hubo entre las fuerzas del orden e integrantes de la etnia Awayún.
“Pero ellos pueden irse cuando decidan hacerlo. Sólo se les ha incautado sus armas porque dispararon contra nuestros hermanos”, sostuvo, tras aclarar que dos nativos también resultaron heridos precisamente por disparos de los revólveres de los efectivos de la Policía. Ayer fueron liberados dos policías.
Irán al Congreso
En conferencia de prensa en el local de la Aidesep en Lima, Pizango y otros representantes de las etnias amazónicas dejaron en claro que quieren dialogar, pero no con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien, según ellos, les aclaró que él ni el Poder Ejecutivo podían solucionar el problema de la derogatoria de los decretos legislativos que afectan a 65 pueblos indígenas, sino el Congreso.
“Si el gobierno tiene voluntad de dialogar aquí estamos”, sostuvo Pizango, tras señalar que ha solicitado formalmente una cita para hoy con el presidente del Congreso, Luis Velásquez, para pedirle la formación de un grupo de trabajo para que vea la forma de cómo conversar acerca de la derogatoria de los decretos legislativos
El vocero de Unidad Popular Patriótica, congresista Antonio León Zapata, exhortó a las Comisiones de Constitución y Agraria a dar prioridad al Proyecto de Ley 2599/2008-CR de derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.
Por otro lado, el congresista Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, convocó a la unidad de los pueblos amazónicos para defender sus derechos y reiteró un pedido de diálogo entre el Ejecutivo y las comunidades nativas de la Amazonía.
Algunas provincias aisladas
En la zona amazónica dos provincias de Cajamarca pueden quedar aisladas del resto del país debido al bloqueo de carreteras que llevan a cabo 14 sectores indígenas con el sector de Corral Quemado, Bagua Grande, provincia de Utcubamba, Amazonas.
En rechazo de la declaratoria de emergencia, los nativos planearon avanzar hacia el oeste hasta Chachapoyas (Amazonas) y por el este hasta Chamaya (Cajamarca), la cual sirve de acceso a las provincias de Jaén y San Ignacio, por lo que estas vías quedarían incomunicadas.
Dicen que ONG son culpables de conflicto
La secretaria ejecutiva de Red Muqui, Ana Leyva, dijo que la gente no es tonta y que se da cuenta que los nativos se movilizan porque saben que sus derechos están siendo conculcados y que no son fácilmente manipulables como lo ha señalado el gobierno. En respuesta al primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, Leyva aseguró que “el Ejecutivo debería buscar soluciones en vez de perseguir fantasmas, como echarle la culpa a las ONG”, señaló.
Por su parte, la congresista Marisol Espinoza acusó a Giampietri de “jugar con el sentimiento de la gente. Ellos han generado esta situación y cobardemente nos acusan de violentistas. Sus declaraciones son intransigentes e irresponsables”, manifestó.
La Primera, 19/08/2008

Nativos seguirán en pie de guerra

Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), aseguró que no depondrán la medida de fuerza que acatan hace nueve días, pese a que el Gobierno puso como condición para retomar el diálogo que se levanten estas protestas. Agregó que los nativos están “dispuestos a morir en defensa de sus tierras”.
“El domingo recibí una llamada del primer ministro Jorge del Castillo, donde me dice que tenemos que deponer la movilización para que se pueda dialogar. Yo le he manifestado que solo soy el interlocutor válido de estos pueblos y a mí me dieron un mandato. Por lo tanto, los pueblos han dicho que no van a deponer la movilización”, aseveró el dirigente .
“Si el Gobierno nos tiene que denunciar y meter a la cárcel por exigir nuestro derechos, que nos meta a la cárcel", dijo el vicepresidente de la Asociación Interétnica, Robert Guimaraes.
Desde Condorcanqui, Alto Amazonas, su alcalde provincial, Héctor Requejo, explicó que la población de su jurisdicción, unas 10 mil personas, estaría de acuerdo con levantar el paro, siempre y cuando se establezca un diálogo permanente con la presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso.
La Razón, 19/08/2008