El jefe del Gabinete Ministerial, Jorge del Castillo, denunció anoche la existencia de “un complot contra el Perú” detrás del paro de nativos, pues de forma sorpresiva y simultánea se ha procedido a la toma de “lugares estratégicos” para la seguridad energética del país.
En ese sentido, precisó que la declaratoria de emergencia de las provincias de Bagua y Uctubamba, en Amazonas, fue para resguardar a dichos lugares y a la Nación.
Explicó, a manera de ejemplo, que si vándalos tomaran el campamento de Camisea, la mitad del Perú se “quedaría a oscuras” esta misma noche.
“Cómo me pueden explicar que simultáneamente y el mismo día tomen el puente Corral Quemado, tres subestaciones del oleoducto, la central hidroeléctrica El Mullo, el campamento de Pagoreni en La Convención y amenacen Camisea. Esto evidentemente responde a un complot contra el Perú”, subrayó.
Recalcó que las autoridades impondrán “severas sanciones” y se procesará judicialmente a quienes participen directamente o como actores intelectuales en estos desmanes.
No obstante, ratificó que la voluntad de diálogo del Gobierno “es indeclinable”, pero ello no puede llevarse adelante si se mantienen tomadas carreteras, puentes o estaciones. En ese sentido, abrió las puertas de su despacho para que los apus nativos se constituyan para abrir el diálogo y exponerles que han sido engañados por las ONG, “porque no hay ningún decreto legislativo que pretenda arrebatarles sus tierras ancestrales”.
El titular de la PCM leyó el texto del Decreto Legislativo 1015, que unifica los procedimientos organizativos de las comunidades andinas y nativas con las de la costa y establece que se requiere el voto de la mitad más uno de los comuneros para aprobar o rechazar cualquier medida administrativa de tipo económico.
Humala
Del Castillo dijo que estaba absolutamente claro que el PNP, de Ollanta Humala, se encontraba entre los manipuladores del conflicto y que este hecho fue evidente el viernes, cuando en plena mesa de diálogo el congresista Víctor Isla (PNP) con una llamada hizo fracasar la misma, porque presuntamente el ministro Brack no tenía facultades para suscribir acuerdos.
“El propio Ollanta Humala lo ha reconocido en una declaración a la prensa, que ellos se encuentran presentes en este conflicto”, remarcó.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, expresó que todo lo relativo a decisiones sobre sus tierras pasa por la decisión voluntaria de los comuneros, tal como sucede en la costa, y calificó que son ellos los que han cuestionado este DL ante el Tribunal Constitucional y contradictoriamente, a pesar de haberlo solicitado, sostienen que no acatarán su fallo.
“Esto es inaceptable, el Gobierno, por su parte, acatará lo que resuelva el TC”, puntualizó.
En ese sentido, precisó que la declaratoria de emergencia de las provincias de Bagua y Uctubamba, en Amazonas, fue para resguardar a dichos lugares y a la Nación.
Explicó, a manera de ejemplo, que si vándalos tomaran el campamento de Camisea, la mitad del Perú se “quedaría a oscuras” esta misma noche.
“Cómo me pueden explicar que simultáneamente y el mismo día tomen el puente Corral Quemado, tres subestaciones del oleoducto, la central hidroeléctrica El Mullo, el campamento de Pagoreni en La Convención y amenacen Camisea. Esto evidentemente responde a un complot contra el Perú”, subrayó.
Recalcó que las autoridades impondrán “severas sanciones” y se procesará judicialmente a quienes participen directamente o como actores intelectuales en estos desmanes.
No obstante, ratificó que la voluntad de diálogo del Gobierno “es indeclinable”, pero ello no puede llevarse adelante si se mantienen tomadas carreteras, puentes o estaciones. En ese sentido, abrió las puertas de su despacho para que los apus nativos se constituyan para abrir el diálogo y exponerles que han sido engañados por las ONG, “porque no hay ningún decreto legislativo que pretenda arrebatarles sus tierras ancestrales”.
El titular de la PCM leyó el texto del Decreto Legislativo 1015, que unifica los procedimientos organizativos de las comunidades andinas y nativas con las de la costa y establece que se requiere el voto de la mitad más uno de los comuneros para aprobar o rechazar cualquier medida administrativa de tipo económico.
Humala
Del Castillo dijo que estaba absolutamente claro que el PNP, de Ollanta Humala, se encontraba entre los manipuladores del conflicto y que este hecho fue evidente el viernes, cuando en plena mesa de diálogo el congresista Víctor Isla (PNP) con una llamada hizo fracasar la misma, porque presuntamente el ministro Brack no tenía facultades para suscribir acuerdos.
“El propio Ollanta Humala lo ha reconocido en una declaración a la prensa, que ellos se encuentran presentes en este conflicto”, remarcó.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, expresó que todo lo relativo a decisiones sobre sus tierras pasa por la decisión voluntaria de los comuneros, tal como sucede en la costa, y calificó que son ellos los que han cuestionado este DL ante el Tribunal Constitucional y contradictoriamente, a pesar de haberlo solicitado, sostienen que no acatarán su fallo.
“Esto es inaceptable, el Gobierno, por su parte, acatará lo que resuelva el TC”, puntualizó.
La Razón, 19/08/2008
