Brack: “Aisedep actúa políticamente”

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, manifestó que el gobierno no dialogará con los dirigentes de comunidades nativas hasta que se levante el paro Amazónico, y afirmó que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) está actuando políticamente y de manera intransigente al exigir la derogatoria de una serie de decretos forestales.

“Una vez que levanten el paro amazónico, pero bajo un principio muy preciso, que Aidesep no es la única organización que representa a los indígenas amazónicos porque también está la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), que quiere un diálogo sin violencia”, sostuvo en conversación con EXPRESO.

Mencionó que dentro de la mesa de diálogo también existen otras organizaciones que representan a las comunidades indígenas, que han deslindado con acciones de violencia o toma de carreteras, y quieren dialogar pacíficamente.

Señaló que los integrantes de Aidesep demuestran una actitud radical al bloquear las carreteras, y exigir la derogatoria inmediata de una serie de decretos legislativos vinculados a la Ley Forestal y el reparto de las tierras amazónicas, que está en manos del Congreso.

“El D.L. 1015 no está en discusión porque está en consulta en el Tribunal Constitucional. Además querían que derogue en el acto los decretos legislativos que ellos piden, lo cual es un imposible jurídico porque el tema está en el Congreso”, explicó.

Subrayó que el entrampamiento del diálogo se generó debido a que los integrantes del Aidesep han optado por planteamientos y demandas extremas, lo cual demuestra que están influenciadas políticamente.

Expreso, 19/08/2008

Gobierno refuerza vigilancia en Camisea con Fuerzas Armadas y policiales

Garantizan normalización de bombeo de crudo desde Amazonía. Empieza a sentirse el desabastecimiento en algunas zonas.

El Gobierno garantizó el bombeo de petróleo desde las zonas donde se desarrolla el paro de los nativos amazónicos. Así lo informó el primer ministro Jorge del Castillo, quien afirmó que el ministro del Interior, Luis Alva Castro, y el director de la Policía Nacional, Octavio Salazar, han logrado "a través de una labor de docencia" mantener libres las estaciones 5, 6 y 7 del oleoducto nororiental.
En una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por los ministros Rosario Fernández (Justicia), Ántero Flores-Aráoz (Defensa), Antonio Brack Egg (Ambiente) e Ismael Benavides (Agricultura), Del Castillo explicó que la declaratoria de emergencia dictada por el Gobierno en las zonas donde se produce el paro es con el fin de salvaguardar la seguridad energética del país.
"La declaratoria es para las zonas por donde atraviesa el oleoducto, por ello no la hemos aplicado en otras provincias de Amazonas, ni en Ucayali ni en San Martín. Lo hemos hecho también en el sur, en Echarate (Cusco), donde está la planta Malvinas del gas de Camisea", afirmó.
"El sentido de la norma no es provocar a las comunidades sino resguardar los lugares estratégicos para la seguridad energética, pues si estas colapsan, afectaría a miles de hogares. Un tercio de Lima podríamos estar en tinieblas. Por ello, las Fuerzas Armadas, en operación combinada con la policía ya resguarda Camisea. Así es que guerra avisada no mata gente", añadió Del Castillo.
El presidente del Consejo de Ministros informó, además, que un oficial de la policía, a quien identificó solo como capitán Ramírez, continúa secuestrado, pero que su liberación todavía está en tratativas, aunque recordó que se ha hecho saber a los comuneros que lo mantienen en su poder que el secuestro es un delito tipificado en el Código Penal.
El primer ministro reconoció que todavía sigue tomado el estratégico puente Corral Quemado: "Es la zona por donde se transportan los alimentos y es la puerta de entrada a la Amazonía". Afirmó que miles de personas quedarán desabastecidas mientras estos alimentos se malogran por no poder llegar a su destino y que ya empieza a notarse el desabastecimiento en zonas como Bagua, Rodríguez de Mendoza, Nuevo Cajamarca, etcétera.

VEHÍCULOS VARADOS

Mientras tanto en Amazonas, los transportistas sufren las consecuencias del bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el kilómetro 169, Puente Corral Quemado, a 50 kilómetros de la localidad de Bagua.
Más de mil vehículos permanecían detenidos en ambas márgenes, con carga de frutas, pescados y otros productos que se están malogrando, lo cual ocasiona cuantiosa pérdida económica a los transportistas, aunque los más afectados son los niños. Los pasajeros hacen trasbordo y los indígenas ayudan a transportar los bultos, aunque por ello cobran de 2 a 5 nuevos soles.
Las cosas parecen ir mejor en la carretera del sector El Muyo, que fue desbloqueada y el tránsito quedó normalizado.
Sobre el bloqueo de las vías, la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Amazonas advierte que esta situación viene ocasionando un grave perjuicio a la economía de la Amazonía.
Juan José Gómez Rivas, presidente de esa cámara, indicó que a causa de los bloqueos se ha restringido el ingreso y la salida de bienes. Precisó que la zona de Corral Quemado es el lugar de ingreso a la selva y que permite la conexión con Loreto. Asimismo, a través de la agencia Andina explicó que la mayor parte de bienes y alimentos, entre ellos verduras y frutas, proviene de la costa.

ADVERTENCIA

En la provincia de Datem del Marañón la declaración del estado de emergencia no cayó muy bien entre las autoridades de la región Loreto. El presidente de este gobierno regional, Yván Vásquez, calificó esta medida de apresurada, y dijo que "no va a resolver en nada la situación que se vive en esta provincia. Con esta estrategia solo se logrará exacerbar el ánimo de los nativos. La coyuntura debe ser manejada con el máximo de prudencia posible".
Mientras tanto 500 policías llegaron a Jaén para reforzar la seguridad de las carreteras tomadas por nativos.
Pueblos indígenas de la Amazonía continuarán con las protestas"Vamos a continuar con las movilizaciones hasta que se deroguen los decretos legislativos N° 1015 y 1073 y el Gobierno empiece a respetar el Convenio 169 de la OIT", aseguró el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en Lima.
Junto a él estuvieron Daysi Zapata, presidenta de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU); Walter Kategari, titular del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru); Antonio Iviche, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad); y Saúl Puerta, dirigente nacional de Aidesep.
Según Pizango, "los pueblos indígenas están dispuestos a morir para demostrar que el Gobierno vulnera los derechos humanos. Por lo tanto demandamos que las autoridades del Estado tengan mucho cuidado en su accionar".
Los cinco líderes sostuvieron en todo momento que habían intentado llegar a un acuerdo con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, pero que este les había dicho que no estaba en manos del Poder Ejecutivo derogar los decretos legislativos, sino que esto dependía ahora del Parlamento.
"Hemos enviado una carta al Poder Legislativo y esperamos reunirnos mañana con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, para llegar a una solución pacífica", señaló Pizango.
Sobre el enfrentamiento con la policía en el distrito de Aramango (Amazonas) el domingo, los apus señalaron que fueron los agentes quienes iniciaron la confrontación y que ellos solo procedieron a desarmarlos.
"Nosotros no hemos detenido a ningún policía. No tenemos ningún rehén. Los pueblos indígenas somos pacíficos y lamentamos esta situación, pero parece que esta es la única forma de ser escuchados", dijo Kategari.

FRENTE A FRENTE

"Una cosa es que ellos defiendan sus derechos en cuanto a la legislación nacional y otra cosa es forzar al Estado peruano, ponerlo en jaque en la cuestión energética, bloqueando oleoductos (...) Ya habíamos llegado a un acuerdo la semana pasada, pero de repente, por influencia de terceras personas, cambiaron de parecer". ANTONIO BRACK EGG. MINISTRO DEL AMBIENTE
"Detrás de los pueblos indígenas no hay nadie. Nos quieren vincular con movimientos sociales como Patria Roja, también dicen que estamos amarrados con Hugo Chávez. Falso. Nadie nos manipula. Tampoco tenemos vinculación con alguna bancada, congresista o partido político, porque lejos de resolver nuestros problemas, nos traen más".

ALBERTO PIZANGO. PRESIDENTE DE AIDESEP

DEL CONSULTOR

No será sencillo negociar*

El problema va más allá de lo ambiental. Tiene que ver con la forma como se relacionan las poblaciones indígenas amazónicas a través de sus instituciones, como se vinculan con el Gobierno y el valor que le otorgan al tema de la tierra, tan acendrado en su cultura.
Los decretos legislativos fueron vistos como una manera de facilitar la venta de tierras, lo cual acarreó una reacción que se explica en el sustento histórico antiguo que le conceden a la tierra. Sucede que un indígena amazónico sin tierra desaparece.
Cualquier legislación que promueva decisiones más pragmáticas serán vistas por estas comunidades como una amenaza. Al respecto, no se puede afirmar que su respuesta es producto de la manipulación. En mi experiencia en materia ambiental me he encontrado con posiciones coherentes de defensa de la tierra y no solo en el Perú, sino también en todos los pueblos de la Amazonía.
Una negociación con ellos tendrá que ser diferente a la que se produce con las comunidades campesinas. Los amazónicos manejan en principio otros tiempos que no son los de nosotros; pueden esperar cualquier negociación.
En mi opinión el primer decreto legislativo, que luego se corrigió, generó desconfianza y allí puede hablarse de cualquier aprovechamiento.
Negociar con ellos será más complejo. Por eso, la misión Brack no ha sido un fracaso, sino el primer paso para medir la temperatura de la posición de los indígenas. Era evidente que no iban a aceptar nada de un ministro.
El gran problema es la violencia, inaceptable desde todo punto de vista.

* Jorge Caillaux. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El Comercio, 19/08/2008

Del Castillo: Infiltrados quieren hacer colapsar sistema energético del país

Acusa a parlamentario Víctor Isla de haber frustrado diálogo con los nativos
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, denunció que sectores aislados se han infiltrado en el reclamo de los nativos y pretenden hacer colapsar el sistema energético del país.
Del Castillo precisó que el Ejecutivo no aceptará ningún tipo de veto contra el ministro Brack ni tampoco las acciones de violencia con que este sector ultra pretende dañar las instalaciones de bombeo y la planta de Las Malvinas, en Camisea.
“Allí no se puede permitir bajo ninguna consideración la interrupción del suministro del gas natural a la costa, porque eso significaría el colapso del sistema eléctrico nacional”, enfatizó.
Recalcó que el Gobierno ha dado las disposiciones para liberar las zonas tomadas en la Amazonía y procesar judicialmente a quienes están detrás de los referidos actos de violencia.
Del mismo modo, expresó que el legislador nacionalista Víctor Isla estuvo detrás de la suspensión abrupta de las conversaciones entre el Gobierno y los representantes indígenas amazónicos.
Del Castillo explicó que cuando el acta estaba lista para ser firmada, Isla llamó por teléfono (a los nativos) y les dio la orden de no firmar.
“El señor Isla, quien está más preocupado en el chavismo y proyectos antinacionales que en defender a los nativos, y lo digo con todo su nombre para que quede claro, quien es de donde viene y porque promueve este tipo de cosas, si no, que me desmienta”, acotó.
De igual modo, indicó que el Gobierno ratifica su voluntad de mantener el diálogo con los nativos de la Amazonía peruana, pero aseguró que no se aceptarán las acciones violentistas de “algunos sectores ultras”.
Ratificó para ello que el Ejecutivo continuará estando representado por el ministro del Ambiente, Antonio Brack. “El Gobierno reitera su voluntad de seguir dialogando. Hemos recibido el ofrecimiento para que las conversaciones se inicien en Tarapoto o Lima, pero para ello el Gobierno notifica su confianza en el ministro Brack”, dijo.
Sostuvo también que pedir la derogatoria inmediata del Decreto Legislativo 1073 (que pertenece a la denominada ley de la selva) es imposible, porque para hacer eso se tiene que elaborar otra norma y ésta debe ser discutida y aprobada en el Congreso.

La Razón, 18/08/2008

Decretan estado de emergencia en la Selva

Ante violencia de nativos, Ejecutivo oficializa hoy declaratoria en El Muyo, Corral Quemado y La Convención, entre otras zonas en conflicto.

La situación en la Selva, presa de las comunidades nativas, llegó a tal extremo que el gobierno decidió cortar de raíz y decretar hoy el estado de emergencia en todas las zonas en conflicto, según detalló a Correo una alta fuente del Ejecutivo.

Entre las zonas que serán comprendidas en esta declaratoria se encuentran El Muyo, Corral Quemado y La Convención, donde se ubican las instalaciones del gas de Camisea, además de todas aquellas estaciones que proveen de energía eléctrica a esa zona del país. Justamente, ayer la racionalidad brilló por su ausencia y la violencia se apoderó de la Selva cuando unos 800 nativos de la etnia de Wujuy-huambisa tomaron como rehén a un trabajador de la central hidroeléctrica El Muyo, al norte de Bagua, y se enfrentaron a la Polícia, resultando heridos 4 efectivos del orden, uno de ellos identificado como Orlando Delgado Rivera. El enfrentamiento se originó luego de que un trabajador se dispuso a abrir las compuertas para dotar de energía eléctrica a la zona. Esto provocó la airada reacción de los nativos, quienes lo secuestraron. Unos 8 miembros del orden también fueron retenidos cuando intentaban rescatar al trabajador.Posteriormente, la Policía logró imponer el orden y rescatar al trabajador y a los efectivos, que habían sido dados por desaparecidos. Trascendió que un nativo habría recibido un impacto de bala, pero tal hecho no se pudo confirmar oficialmente.

Sin embargo, más temprano, aproximadamente 5 mil nativos aguaruna-huambisas, armados con lanzas y flechas, tomaron la Carretera Interoceánica Norte (de penetración a la Selva) Fernando Belaunde Terry, a la altura del kilómetro 396, en el puente colgante 24 de Julio o Corral Quemado (Amazonas). También bloquearon las rutas que conducen a Quillabamba y el Bajo Urubamba (Cusco).

Wilfredo Tiwi Dati, coordinador de las acciones de protesta, no descartó posibles secuestros mientras exigen la presencia de las más altas autoridades del gobierno.

Acusan a Isla

Por su parte, el premier Jorge del Castillo confirmó que la facción radical del humalismo congresal prácticamente ordenó a las comunidades nativas patear el tablero de las negociaciones con el gobierno. Reveló que fue el parlamentario nacionalista Víctor Isla y algunos abogados extremistas los que provocaron, con una calculada llamada telefónica, la suspensión del diálogo. (Isla) dio la orden (a los nativos): No firmen nada, (den) un paso atrás, y no hay nada más que hablar. Y por eso el corte abrupto de las conversaciones, subrayó, al reprocharle que esté más preocupado en el chavismo que en defender a los nativos.

Del Castillo advirtió que no derogarán el polémico Decreto Legislativo 1015 –conocido como Ley de la Selva–, que establece cambios en la toma de decisiones y votaciones al interior de las comunidades campesinas y nativas.

Correo, 18/08/2008

Nativos desafían la declaratoria de emergencia e insisten en protestar

Ordenan a pnp desalojar estratégico puente de corral quemado. Gobierno e indígenas cierran posibilidad del diálogo y anuncian medidas de fuerza. Incertidumbre en tres provincias por estado de excepción.

La tensión va en aumento. La declaratoria de emergencia por el gobierno en las provincias de Bagua y Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y en el distrito de Echarate (La Convención, Cusco) no ha gustado nada a los nativos que desde hace diez días protestan por una serie de decretos legislativos que consideran vulneran sus derechos ancestrales.
En respuesta a la resolución estatal, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, no solo indicó que la lucha nativa continuará a pesar de la medida gubernamental, sino que además calificó a ésta como una "declaración de guerra abierta" a los indígenas.
"Pedimos al Ejecutivo que tenga mucho cuidado. Esta no es una movilización normal y corriente. El gobierno ha declarado una guerra abierta a los indígenas y ellos han dicho que continuará con su protesta hasta que no se solucionen sus problemas. No tienen miedo, prefieren morir allí que perder sus tierras", garantizó Pizango.

SUENAN LOS TAMBORES
El dirigente nativo adelantó de este modo que cualquier acto violento que pueda ocurrir en la zona será responsabilidad del gobierno, pues el estado de emergencia, que incluye la suspensión de garantías constitucionales, también dispone que las fuerzas de seguridad restablezcan el orden en las zonas mencionadas. Esto es considerado por los indígenas como una provocación a la que responderán "en defensa de sus derechos".
Horas más tarde fue el premier el que hizo un balance de la situación: usando igualmente términos bélicos, reiteró la disposición del gobierno a impedir la toma de las vías de comunicación, algunos tramos del Oleoducto Nororiente y del gasoducto de Camisea, y fue tajante: "Guerra avisada no mata gente" (ver nota aparte).
La situación en Bagua es cada vez más crítica. El puente Corral Quemado, que une los departamentos de Cajamarca y Amazonas, sigue tomado por miles de indígenas de 14 sectores de las comunidades awajún y wanpis de San Ignacio, (Cajamarca), Bagua, Utcubamba y Condorcanqui (Amazonas), y existe la intención de tomar también la carretera en el conocido como "Cruce Chamaya", lo que dejaría aisladas a las provincias de Jaén y San Ignacio. La misma medida se adoptaría en la vía de acceso a la capital de Amazonas, la ciudad de Chachapoyas, donde se ubica la ciudadela de Kuélap.

DESALOJO INMINENTE
La policía se prepara para un desalojo que se prevé será hoy en la mañana. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a este diario que un contingente de 1,500 efectivos de la Diroes (Dirección de Operaciones Especiales) se encuentran apostados en la zona conocida como El Valor, listos para intervenir.
El ministro del sector, Luis Alva Castro, llegó ayer al lugar junto al director de la Policía, el general PNP Octavio Salazar. Ambos sobrevolaron la zona en helicóptero y hoy a primera hora tratarían de dialogar con los indígenas para que el desbloqueo del puente se produzca de forma pacífica.
Caso contrario se procedería al desbloqueo haciendo uso de la fuerza, un hecho que podría derivar en un enfrentamiento armado entre las dos partes, con consecuencias impredecibles. Los indígenas han dicho que no se van a retirar, y el presidente de la Federación Departamental de las Rondas Campesinas de Cajamarca, Idelso Hernández, ya hizo un llamado a todas las bases ronderas de las provincias de Jaén y San Ignacio para apoyar a los nativos si estos así lo requieren.

RECHAZAN LA EMERGENCIA
La situación de los policías retenidos por los indígenas, en tanto, es confusa. Ni el Ministerio del Interior ni las organizaciones de los nativos ofrecen datos precisos al respecto. Ayer en la mañana fue liberado el suboficial José Rodríguez Salazar, pero hasta el cierre de esta edición el capitán Gabriel Ramírez Quijandría aún estaba bajo la custodia indígena, y el general PNP Víctor Castañeda se habría desplazado a la zona para gestionar su pronta liberación. La República pudo saber que los dos indígenas heridos el domingo en el enfrentamiento en El Muyo (uno en el brazo y otro en la pierna) se recuperan en la comunidad de Nazareth.
El anuncio del estado de emergencia no fue bien recibido por algunos sectores de la población. En Loreto los indígenas dieron a conocer su malestar por el estado de emergencia en Datem del Marañón, y consideraron que es un pretexto del Estado para militarizar más la zona. La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) también expresó su profunda preocupación por el hecho.
La sombra de la politización del conflicto volvió a planear ayer en las declaraciones del gobierno. El propio ministro del Ambiente, Antonio Brack, alertó por RPP a los peruanos de que detrás de la movilización "hay un movimiento para liberar los territorios ancestrales indígenas, y hasta ser independientes del estado peruano".
En la teoría del ministro dicha "zona liberada" también incluiría a los awajún de la zona de Ecuador.
El dirigente de Aidesep, Antonio Pizango, desmintió horas más tarde "categóricamente" cualquier relación con ningún partido político. "Desmiento cualquier vinculación con Patria Roja. No hemos recibido ninguna llamada del congresista Isla, no tenemos nada que ver con (Hugo) Chávez. No tenemos nada que ver con ningún partido político, porque éstos, lejos de solucionarnos los problemas, nos traen más", señaló.
Pizango también desmintió a Ollanta Humala, quien dijo que los nacionalistas apoyaban la protesta.El Ministerio Público, anunció, ya trabaja en la identificación de los promotores de la violencia.

DATOS
Cusco. El Comité de Lucha de la provincia de La Convención (Cusco) anunció que acatará un paro indefinido desde mañana como respaldo a la protesta de las comunidades amazónicas.
Medidas. Se paralizará el transporte interprovincial y se paralizarán vías. La Federación Campesina de La Convención dijo no tener miedo de la policía.
El Congreso tiene la llave
1) El ministro Antonio Brack fue claro: "Ellos paran la movilización y nosotros reiniciamos el diálogo". Ese momento podría llegar hoy si es que los líderes indígenas se reúnen con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, y juntos acuerdan una agenda de trabajo que garantice que los decretos legislativos 1015, 1064, 1073, 1089 y 1090 serán debatidos y posteriormente derogados en el Pleno.
2) Así lo informó Alberto Pizango en la conferencia que ofreció por la tarde a los medios nacionales e internacionales. El líder nativo precisó que no quieren actas de compromiso sin cumplir, sino planes de trabajo reales y con fechas.
3) Otra posible salida a la crisis está en manos del Tribunal Constitucional (TC), según indicó Víctor García Toma, ex presidente del máximo intérprete de la Carta Magna. "Existe una solución en el fondo del problema, que un ente arbitral como el TC puede resolver sobre la nulidad o no de estas normas. Lo que ahí tenemos es una luz, sin que esto impida que se extiendan con mayor profundidad los mecanismos de concertación y diálogo", afirmó.
4) Ayer el congresista José Maslucán recordó que hace tres meses el Partido Nacionalista Peruano presentó un proyecto para derogar los decretos que forman la "ley de la selva".

Nativos se hacen oír por el gobierno

Tras varios días de protestas y tomas de locales, por fin el Estado desde Lima inicia el diálogo. Comunidades lo aceptan, pero no bajan la guardia ni liberan instalaciones tomadas.

Triunfo nativo, al menos inicialmente. Tras cuatro días de movilizaciones y toma de estaciones energéticas, las comunidades nativas de la selva consiguieron que en Lima acepten escuchar sus propuestas y debatir sus reclamos. Aunque antes dejaron en claro que dialogar no significa deponer sus convicciones, pues se ratificaron en que sólo con la derogatoria de los más de 30 decretos legislativos que –consideran– amenazan su autonomía y abren la puerta para la venta de sus territorios, se solucionará la crisis. Aguardan la llegada de la comisión encargada por el Ejecutivo y reafirman que están dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias por sus derechos…

Se inició el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas en pie de lucha y el gobierno, pero aún no existe acuerdo concreto sobre la suspensión de la medida de fuerza, que incluye la ocupación de plantas de Petroperú en Loreto y Amazonas, y la toma del lote 56 del Proyecto Camisea en el Cusco.

Como resultado de las conversaciones preliminares se concensuó que la instalación de la mesa de diálogo –conformada para resolver la crisis– se realizará este viernes 15 y que estará presidida por el ministro de Ambiente, Antonio Brack.

Sin embargo, la voluntad de las comunidades es esperar hasta el mismo momento de la instalación para suspender las acciones de lucha, pues desconfían de las promesas del gobierno, razón por la cual expresaron que no están dispuestos a ceder ni dejar la toma de instalaciones hasta verificar resultados concretos y voluntad política de solucionar el conflicto.

Exigen derogatoria

Una vez que se inicie el diálogo, la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) anunció que no cederá en su pliego de reclamos, cuyo punto principal consiste en la derogatoria del Decreto Legislativo 1073, el cual consideran que facilita la venta de sus terrenos a empresas interesadas, además del respeto a la autonomía de las comunidades indígenas, respecto a los territorios que ocupan a lo largo de la selva del país.

Sobre los resultados de las negociaciones preliminares, Felipe Pucari, asesor legal de Aidesep, precisó que el primer y único acuerdo alcanzado con el Ejecutivo es iniciar el diálogo en la provincia de San Lorenzo, en Amazonas, para lo cual sostuvieron reuniones con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas y el ministro Brack. Desmintió un comunicado enviado por la PCM, en el cual se anunciaba que la dirigencia había acordado suspender las movilizaciones.

“La PCM ha repartido un documento que no tiene la forma de Aidesep y por lo tanto es falso que hayamos aceptado alguna condición para dialogar”, señaló tajante.

Áreas tomadas

Sobre la situación en el interior del país, Antonio Pizango, presidente de Aidesep, señaló que la posición expresada mayoritariamente por los delegados nativos es la de esperar hasta el viernes para decidir alguna medida.Las siete organizaciones regionales de la selva peruana, que representan a las 1,350 comunidades nativas del país, permanecen en su medida de fuerza. Ratificaron que la estación 5 de Petroperú, en Loreto, sigue cercada y que el ingreso a la central hidroeléctrica del Muyo (Amazonas) se mantiene bloqueado.

Similar situación persiste en el lote 56 del Proyecto Camisea, que pertenece a la empresa Pluspetrol, en Quillabamba (Cusco). Dicha empresa admitió mediante un comunicado que los trabajadores de su estación debieron ser desalojados y trasladados a una dependencia cercana como medida de precaución, aunque no informaron sobre enfrentamientos o actos de violencia.

“Decretos violan Constitución y convenios internacionales”

La dirigencia de Aidesep basa su reclamo en que el Decreto Legislativo 1073 (que modificó al 1015) establece que con el voto del 50% más uno de los integrantes de una comunidad se puede aprobar la transferencia o concesión de parte de sus territorios. A este dispositivo se suman otros 38 –como los 994, 1064, 1089 o 1090– que entre otras cosas establecen que el Estado podrá disponer de los terrenos eriazos que no estén titulados.

Dichas normas, sobre las que está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fueron cuestionadas en su momento por la Defensoría del Pueblo. El sustento legal de Aidesep se respalda en que el gobierno viola el artículo 89 de la Constitución e incumple el convenio 169, suscrito por el Estado peruano con la Organización Internacional del Trabajo, que reconocen la existencia legal y la autonomía organizativa de las comunidades sobre sus terrenos.

Además, agregan que pese a que la intención inicial de permitir la concesión de tierras con el voto del 50% más uno de los participantes en una asamblea fue modificada, aún es insuficiente pues la Ley 26505 o Ley de Tierras estipulaba que cualquier decisión requería la posición favorable de las dos terceras partes del total de integrantes.

La Primera, 13/08/2008

En lucha contra “Ley de la Selva”

El presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, señaló ayer que si no se deroga el Decreto Legislativo 1090, más conocido como “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, los nativos y campesinos de la selva radicalizarán sus medidas de fuerza, al extremo que “Lima sufrirá el racionamiento de los alimentos que llegan hasta a la capital provenientes del campo”.

Explicó que el mencionado dispositivo permite a las empresas privadas tomar en concesión las tierras de la Amazonía hasta por 40 años renovables. “Es una ley dada entre gallos y medianoche que establece los mismos alcances de la Ley de la Selva con ligeros cambios para disfrazarla”.

“El gobierno nos ha engañado y exigimos la derogatoria del decreto”, subrayó en declaraciones a LA PRIMERA. Un detenido análisis de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (ya aprobada); así como de la Ley de la Selva (en estudio en el Congreso) desnuda su estrecha relación.

Los bosques quedarán sin protección y a disposición de cualquier empresa extranjera.

Sin embargo, para el ministro del Ambiente, Antonio Brack, la denominada “Ley de la Selva”, es una “quimera”, pues como tal no existe. “Y no existe, señor Brack, porque en su lugar se aprobó el decreto legislativo 1090”, respondió el dirigente de la CNA.

Huáscar manifestó que en la actualidad existe en la Selva una tala indiscriminada de árboles, a vista y paciencia de las autoridades, que se realiza con fines de exportación. “Se imaginan ustedes qué va a pasar ahora con la aprobación del DL 1090”, preguntó.

La Primera, 11/07/2008