La ley de la selva

Demandas de indígenas se verán en mesa de diálogo

2009-05-20T13:40:00.000-07:00

Dirigentes de Aidesep hablaron con titulares de la PCM y del Congreso

La formación de una mesa de diálogo en la que participarán dirigentes de las comunidades amazónicas agrupadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y representantes del Estado fue el primer paso que se dio en mucho tiempo para que el gremio de indígenas levante la huelga indefinida que acata desde hace semanas.
La medida la anunció ayer el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, quien se reunió con los nativos en Lima.
Simon explicó que la mesa servirá para que las comunidades amazónicas hagan llegar de manera directa al gobierno sus cuestionamientos sobre la ley de recursos hídricos, uno de los principales puntos rechazados por la agremiación, entre otros asuntos.
Dijo también que en este caso en particular, y previa evaluación, los planteamientos indígenas serían incluidos en el reglamento respectivo, a fin de garantizar que el agua no será privatizada y que habrá equidad en el suministro del recurso para el riego de sus tierras.

ESPERAN RESPUESTA HOY

Los dirigentes se reunieron también con el presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén.
En esta cita, que continuará hoy, se pidió a la máxima autoridad legislativa que cumpliera con elevar al pleno del Congreso las conclusiones a las que llegó la comisión multipartidaria (formada por congresistas en setiembre del año pasado) que ve la problemática indígena.

SEPA MÁS

La huelga continúaMientras tanto, el paro se mantiene en diferentes puntos de la selva del país. Así, indígenas de la etnia aguaruna-huambisa de los distritos de Imaza y Cenepa, en las provincias amazónicas de Bagua y Condorcanqui, respectivamente, marcharon ayer en estos lugares en demanda de la derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1089, 1090, entre otros, que —según ellos— vulneran sus derechos de territorialidad.
En Bagua, por ejemplo, cientos de indígenas recorrieron ayer la ciudad de forma pacífica, aunque con rostros pintados y con lanzas. Las actividades allí se realizaron con normalidad.

El Comercio, 21/04/2009

Indígenas retienen a seis empleados de la mina Afrodita en Amazonas

2009-05-20T13:17:00.000-07:00

Bagua. - Indígenas de las etnias Aguaruna - Huambisa del distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui - Amazonas, retuvieron a empleados de la empresa minera Afrodita, entre ellos dos funcionarios de la compañía, cuando les entregaban una invitación para asistir a una reunión con representantes del Ministerio de Energía y Minas.
Entre los retenidos figuran los funcionarios Alfonso Vigil y Jorge Campos, los vigilantes David Salazar y Marco Antonio Arteaga, y dos nativos contratados por la empresa como guías, Alejandro Toledo y otro que no fue identificado.
La delegación de la compañía minera, que realiza trabajos de exploración en la Cordillera del Cóndor, intentaba comunicarse con los Apus de las diferentes organizaciones y comunidades nativas, del distrito de Cenepa, para invitarlos a una reunión que iban a sostener los funcionarios de la empresa Afrodita, con representantes del Ministerio de Energías y Minas en Lima.
Según la compañía, su intención era tratar temas relacionados con la actividad que viene realizando en la Cordillera del Cóndor.
Gilberto Vásquez Díaz, gobernador de Cenepa, dijo que fue en esas circunstancias que los indígenas retuvieron a las seis personas, debido a que venían coordinando una reunión en el mismo distrito. La falta de coordinación de parte de la compañía minera incomodó a los indígenas y optaron por retenerlos.
Los indígenas solicitan la presencia de los ministros de Energías y Minas, del Medio Ambiente y de representantes de la Defensoría del Pueblo, en el distrito de Cenepa para que dialoguen con ellos. Dijeron además que no liberarán a los retenidos hasta que los funcionarios en mención se reúnan en Cenepa.
El funcionario Alfonso Vigil se encuentra retenido en el centro de salud debido a que sufre de presión alta. Los indígenas le permitieron comunicarse con los representantes de la compañía a quiénes les informó que le falta medicina y si dentro de dos días no recibe el medicamento que se suministra diariamente se podría complicar su salud. Los indígenas han indicado que le permitirá recibir el médicamente, pero no lo liberarán.
Entre tanto Jorge Campos, David Salazar y Marco Antonio se encuentran en el local de un club, vigilados por los indígenas. De acuerdo con el gobernador de Cenepa, los dos nativos que servían de guía están siendo sometido a sanciones de acuerdo a las costumbres de los indígenas.
Los nativos mantienen su posición de que no permitirán el ingreso de ninguna compañía minera ni petrolera en la zona.

El Comercio, 16/01/2009

Dos normas amenazan al 60% de los bosques del Perú

2008-12-11T12:32:00.000-08:00

Los decretos legislativos 1090 y 1064 excluyen del patrimonio forestal nacional a unos 45 millones de hectáreas. Su aprobación debilitaría aun más la ya débil fiscalización del recurso

Los biólogos calculan que en el tiempo que dura un partido de fútbol se deforestan áreas de la Amazonía peruana equivalentes a 43 canchas de fútbol. La tala ilegal y la transformación de tierras forestales áreas de uso agrícola son las principales amenazas.
La primera, promovida por mafias encargadas de extraer la madera de áreas protegidas para luego 'lavarlas' y colocarlas en el mercado, principalmente Estados Unidos. La segunda parece más bien una consecuencia. Una vez que los taladores ilegales han abierto los caminos por donde se saca la madera, nuevos colonos penetran los bosques para luego quemarlos y transformarlos en tierras para la agricultura.
Es en medio de esta situación y ad portas de la implementación del TLC con EE.UU. --país cuyas enmiendas forestales son muy exigentes-- que el Gobierno emitió el Decreto Legislativo 1090. Se buscó con esto reemplazar la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27803.
Sin embargo, la norma, dada dentro del marco de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, recibió el rechazo de la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Ingenieros, la Universidad Agraria La Molina y otras numerosas organizaciones de la sociedad civil.
El motivo: el decreto reduce el patrimonio forestal del Perú a 40%. Es decir, excluye de esta definición unas 45 millones de hectáreas de tierras de aptitud forestal (que equivale al 60%) de todos los bosques del Perú, y abre el camino a su uso agrario.
Sin este respaldo nominal se facilitaría la quema o tala del recurso para luego legitimarlo como tierras agrícolas.
La preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación del D.L. 1090 llegó hasta el Congreso de EE.UU. y la Oficina Comercial de este país. Los representantes de esta oficina habrían solicitado al Gobierno Peruano resolver los problemas generados por esta norma y asumir sus compromisos, como paso previo a la implementación del TLC. También plantearon sus dudas por la eliminación del Conafor (organismo para la participación ciudadana en la gestión forestal) en el citado decreto.
La demora en el cumplimiento de estas obligaciones --que incluyen la modificación del Código Penal y el fortalecimiento del control de la tala ilegal-- sería la causante de que la puesta en marcha del TLC se postergue hasta después del 1 de enero. Durante las reuniones del APEC, Susan Schwab, representante comercial de EE.UU., confirmó que la implementación del tratado no sería posible para esa fecha.
Incluso, en una carta del 22 de octubre que Charles Rangel, presidente del Comité de Medios y Arbitrios del Senado Estadounidense envía a Schwab, le exhorta a "continuar insistiendo sobre la completa implementación de estas obligaciones en el Perú, que no tienen una fecha límite". Así, mientras el Perú no atienda sus compromisos no habrá tratado.
En el Ministerio de Comercio Exterior han dicho que esperan con optimismo que el tratado se concrete antes del 20 de enero, día en el que Barack Obama asumirá la presidencia. Los demócratas han asegurado que eso no pone en riesgo el TLC, pues es un compromiso asumido.

CORRUPCIÓN HACE AGUA

El mismo jefe del Inrena, José Luis Camino, reconoce que hay errores en el citado decreto. "Alguien podría contratar a terceros para que quemen mil hectáreas de bosques y después decir a la autoridad 'saben qué, en ese lugar hay mil hectáreas que no sirven para nada, solicito su cambio de uso para poder sembrar ahí"', pone de ejemplo, aunque para él basta con modificar el decreto.
El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, dice que con este decreto se promueve indirectamente la deforestación. "Se quiere atraer grandes inversiones en la selva, pero en realidad el Estado no tiene control en la zona", asegura.
El Inrena dispone de mil empleados para administrar 75 millones de hectáreas; EE.UU. unos 35 mil para la quinta parte de hectáreas.
Camino es consciente de esta situación. El 2007 se llegó a exportar 6.000 m3 de cedro ilegal, lo que equivale a 254 camionadas de esta madera valorizadas en por lo menos US$3,5 millones. La madera había sido extraída de bosques comunales con la excusa de ser usadas en la zona, pero finalmente salió con guías forestales falsas y el aval de funcionarios corruptos.
"Todo se verifica desde el Gabinete. Nadie va al bosque", insiste Camino, quien además señala que previamente a la firma de los contratos de inversión en la selva se debería tener un catastro que permita identificar al detalles las zonas aptas para la reforestación y aquellas para las de uso agrario.
Esta semana una comisión especial del Congreso encargada de analizar estos decretos presentará su informe final ante el pleno. Se supo que recomendarán la derogatoria del 1090 y la de otro vinculado con el tema (1064), aunque una propuesta en minoría plantearía simplemente la modificación de algunos puntos. Una propuesta que coincide con la del Ministerio de Comercio Exterior.
Se espera que el informe final se vea antes de que acabe la legislatura. El presidente de la Comisión del Ambiente del Congreso, Roger Nájar, ha dicho que paralelamente presentarán el proyecto legislativo 2691 que plantea una nueva Ley Forestal.

¿QUÉ HAY DETRÁS?

Los decretos en cuestión llegaron con aroma a biocombustible. El artículo en el que se detalla la intención de promover la producción masiva de los insumos para estos es el número 28: "Los programas de desarrollo deben considerar la reforestación como actividades prioritarias, estimulando plantaciones para el aprovechamiento industrial como palma aceitera, palmito, caucho, bambú, caña brava, castaña, entre otros".
En el artículo 37 se dice que la autoridad nacional forestal, o sea el Ministerio de Agricultura, evaluará y controlará el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. ¿Cómo la entidad que promueve, junto al Ministerio de Energía y Minas, la producción de biocombustibles podrá garantizar el uso sostenible y el cuidado de los bosques?
Un año movido para el sectorEste ha sido un año decisivo para el sector forestal. Sobre todo, porque la suscripción del TLC obligó al Estado Peruano a cumplir una serie de estándares que garanticen la sostenibilidad de los bosques de la Amazonía.
Basta recordar que a inicios de este año el Inrena hizo algo que hasta entonces no había hecho: corroborar en el campo si la madera salía de una concesión autorizada. Fue así que durante la gestión de Edgardo Lizárraga --el intendente forestal que reemplazó a Antonio Morisaki-- el Inrena reconoció la corrupción generalizada en el sector forestal. Se anularon 92 concesiones forestales porque se constató que al interior de su área autorizada no se encontraban los árboles de caoba y cedro que los responsables de la concesión decían tener. Esto derivó en que se detuviera cerca de un millón de m3 de cedro y se denunciara penalmente a 41 funcionarios.
¿De dónde salía la madera, entonces?, preguntamos aquella vez al ingeniero Lizárraga. "Era madera que provenía de lugares no autorizados", reconoció.
Los empresarios madereros rechazaron las acciones de control de Lizárraga. Publicaron un comunicado en los medios. Enviaron cartas a todos lados, incluyendo al presidente Alan García (carta de la Asociación de Industriales Madereros y Afines de Loreto). Unas semanas después Lizárraga fue separado del cargo de la Intendencia Forestal. Y junto a él, Roberto Ángeles, entonces jefe del Inrena.
La gestión de Lizárraga puso en evidencia que muchas de estas 'inflaban' dentro de sus planes operativos anuales la cantidad de madera que tenían disponibles en sus concesiones.
Es decir, decían tener más madera de la que realmente poseían. El fin: alcanzar el resto con madera ilegal procedente de áreas naturales protegidas.

QUÉ DICE LA LEY

1. Artículo 7 de la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales mantenidos en su fuente y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos*, integran el Patrimonio Forestal Nacional.
2. Artículo 6 del Decreto Legislativo 1090: Patrimonio Forestal Nacional y de Fauna Silvestre. Los recursos forestales y de la fauna silvestre mantenidos en su fuente y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea de protección forestal constituyen patrimonio forestal. *Se precisa que el patrimonio forestal no es exclusivamente el bosque sino también la tierra donde este crece.
3. Artículo 7 del D. L. 1090. Bosques de aprovechamiento futuro. Son áreas de recuperación forestal las tierras sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren reforestación.
4. Artículo 28 del D.L. 1090. Se debe estimular en la Amazonía plantaciones forestales para el aprovechamiento industrial de palma aceitera, caña brava, caucho, otros.

El Comercio, 07/12/2008

Ley antibosques camina a su fin

2008-11-26T12:40:00.000-08:00

Ministra Mercedes Aráoz confirma que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso elabora nueva norma consensuada con actores.

La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, ratificó ayer que el Congreso elabora un proyecto de ley “para modificar y mejorar la aplicación del decreto legislativo Nº 1090”, que fue cuestionado por organizaciones políticas y gremiales de la Amazonía.

“Vamos a avanzar en una propuesta legislativa que, creo yo, va a calmar los ánimos de algunas personas y nos va a llevar a lo que siempre hemos querido, que es una correcta protección del bosque”, afirmó Aráoz.

En el Congreso, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Ecología, Róger Nájar, dijo a LA PRIMERA que el decreto legislativo 1090 fue muy criticado por los expertos y la población afectada directamente, y que personalmente presentó un proyecto de ley para su derogatoria, y a la vez, en su grupo de trabajo está debatiendo una norma alternativa, junto con la sociedad civil en distintos foros y audiencias regionales.

Nájar anunció que el dictamen de la misma estará listo esta semana, y propone cambios importantes en la presente legislación, que ha sido tildada de “confusa” y que propicia la tala indiscriminada de los bosques amazónicos.

El decreto legislativo 1090 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” fue promulgado por el Ejecutivo al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para la ejecución del Tratado de Libre Comercio los Estados Unidos de América.

Aunque la ministra Aráoz dijo que no existen objeciones del Congreso de Estados Unidos a las normas de carácter forestal o ambiental aprobadas en torno al TLC, se supo que una de las críticas provino de la oficina del Representante Comercial de la Embajada de EE.UU., cuestionando el artículo segundo del decreto legislativo 1090.

La Primera, 23/11/2008

Objetivo es derogar decretos 1081 y 1090

2008-11-14T09:51:00.000-08:00

Ahora que ya lograron la instalación de una mesa de diálogo que revisará, en un plazo de 15 días, los cinco decretos legislativos relacionados a la Amazonía, los dirigentes amazónicos afirman que su objetivo central es la derogatoria de los decretos 1081 y 1090, referidos a recursos hídricos y forestales. El secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, Víctor Rene Fernández Vargas, sostuvo que los integrantes de la Cumbre Amazónica no cederán en la petición de la derogatoria de los decretos 1090 y 1081, porque consideran que con esto se busca privatizar los recursos forestales e hídricos que hay en esa zona. “Esta mesa de diálogo tiene el espíritu de revisar esos decretos. Para nosotros creemos que debe darse la derogatoria de los D.L. 1090 y 1081, y lo demás necesita un estudio muy minucioso con carácter estrictamente técnico para ver cómo se modifica”, declaró.
Aseveró que este pedido no sólo es de los Frentes de Defensa, pues al respecto también se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, los obispos amazónicos, y en una serie de audiencias públicas.
Fernández resaltó la buena predisposición que ha mostrado el Legislativo en este tema, e indicó que incluso el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ya se ha dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón, pidiéndole que “suspenda la aplicación y reglamentación de estos decretos legislativos”.
En representación de la Cumbre Amazónica conforman la mesa de trabajo los dirigentes Víctor René Fernández de Ucayali, Eva Matute de Loreto y Alexander León de Selva Central. Congresistas opinanPor su parte, el congresista Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, se mostró a favor de derogar los decretos 1081 y 1090, al señalar que son inconstitucionales y ponen en peligro 45 millones de hectáreas de bosques de producción.

Expreso, 14/11/2008

Leyes avalan saqueo de la selva

2008-11-08T10:35:00.000-08:00

Para estas personas, un árbol existe sólo cuando está tirado sobre el suelo húmedo de la selva y lo pueden despedazar en cuartones. Ven el árbol y no ven el bosque del que es parte, ni de la vida que anida, ni lo que representa para el ecosistema que modificarán para siempre.

Así piensa, por ejemplo, quien escribió en octubre del año pasado “hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán”. Sin duda, ya sabrán quién escribió esto. Sí, el presidente Alan García, en su “Perro del Hortelano”, acto primigenio de un vendaval de decretos legislativos que le han puesto el ojo a la selva amazónica para venderla y depredarla. Como el Decreto Legislativo 1090, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, muy cuestionada por políticos y dirigentes de la sociedad civil que la califican como inconstitucional e ilegítima.

Esto no es novedoso. “Durante décadas, los gobiernos han impulsado la actividad forestal en la amazonía y cuál es el saldo: gente pobre y bosques pobres, las regiones no se han desarrollado sobre este eje”, sostiene Carlos Arana Cornejo del Grupo Regional de Manejo de Bosques, en la Audiencia Pública Descentralizada Sobre Ley Forestal y Alternativas, realizada en Iquitos.

Mal endémico

Leyes al respecto han abundado. Unas buenas y otras malas, pero ninguna ha podido erradicar el mal endémico, estructural: la tala ilegal. Luis Campos Baca, presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), considera que este problema bordea el 90%, y ni el gobierno nacional ni la región pueden tirar la primera piedra, porque nadie hace nada, o hace muy poco por terminar con la deforestación.

“Los recursos naturales forman parte del contenido protegido del derecho fundamental de todos los peruanos y peruanas a gozar de un ambiente sano y equilibrado para la vida”, señala la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, en su respuesta al pedido del congresista Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

Y enfatiza una contradicción y un vacío: “el Decreto Legislativo Nº 1090, a diferencia de lo regulado en la Ley Forestal materia de derogación, no considera a las plantaciones forestales y las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, en su lista de recursos forestales, lo que genera incertidumbre respecto a las consecuencias de una eventual aplicación de la norma nombrada”.

La conclusión 8 del mentado informe es avasalladora. “Las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo Nº 1090, sumado a la incertidumbre sobre la institucionalidad ambiental en el tema forestal, y la inexistencia de disposiciones que garanticen la aplicación de sus disposiciones sólo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentran sin cobertura boscosa, podría generar que se deforeste el bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición”.

Y, por último, indica que “permitiría la legalización de madera de origen controversial, lo cual podría incentivar comportamientos ilícitos”. Tema que ya ocurría, sin necesidad de este dispositivo que “legalizará” situaciones, como las que detallamos en el recuadro de este reportaje.

Una verdadera ley

En suma, como manifestó el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, “la verdadera expectativa del hombre amazónico no es que se legisle sobre esta estructura extractiva mercantilista, sino que se promueva una asociación inteligente entre los inversores y el hombre del campo”. “No estoy de acuerdo con la 1090. Necesitamos una nueva legislación, mucho más descentralista, en que esté representada la gente pobre que necesita aliarse con el capital”, agregó.

Ojalá, ahora que desde la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, la oficina del Representante Comercial se ha pronunciado para cambiar “por lo menos el artículo 2ª” de la cuestionada ley, el gobierno y el Congreso opten por derogar la 1090 y promulgar una verdadera Ley Forestal.

La propuestade la Amazonía

El rechazo unánime que ha originado el Decreto Legislativo 1090 abre la posibilidad de generar una nueva ley, en que el Estado, vía los gobiernos regionales y el Congreso, la sociedad civil y las organizaciones gremiales concuerden en las metas, objetivos de la norma; y establezca los mecanismos de ejecución de la misma.

Al respecto, en la Comisión de Ambiente y Ecología, que preside Róger Nájar, se debate actualmente el proyecto Nº 2691, presentado por la congresista Elizabeth León, como una iniciativa que recoge enfoques para promover el manejo forestal sostenible, considerando la diversidad de actores y de modalidades de acceso. Y compatibiliza competitividad, lucha contra la pobreza y el manejo sostenible de los recursos naturales.El presidente regional de San Martín, a la vez coordinador de la asamblea de presidentes regionales, César Villanueva, presentó al presidente del Congreso, Javier Velásquez, una “propuesta de política y legislación para la promoción de inversiones en gestión de suelos y de recursos naturales renovables en la región amazónica, preparado en el marco del Consejo Interregional Amazónico”.

Con dicha propuesta se quiere propiciar el debate sobre “la manera de enfocar el desarrollo de la región amazónica, mediante el aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos naturales y partiendo del reconocimiento de las características especiales y distintivas, tanto geográficas como sociales y ecológicas”.

Dentro de sus objetivos, destaca “la recuperación de áreas deforestadas y suelos degradados (…) recuperar recursos como fauna silvestre o las pesquerías amazónicas; así como poner en valor otros subutilizados, como los suelos aluviales y diversos paisajes de atractivo turístico”.

“Blanqueando” madera Unos 16 mil pies cúbicos de cedro decomisados, valorizados en aproximadamente 120 millones de dólares, fueron “blanqueados” con la Resolución Jefatural 076-2008-INRENA, firmada por José Luis Camino Ivanissevich, superintendente del Instituto Nacional de Recursos Nacionales, Inrena, denunció el congresista Róger Nájar.

Tanto la caoba como el cedro han estado protegidos desde el año 2000 por una veda que durará hasta el 2010. “No obstante, Camino publicó en marzo de este año la resolución 076 por la que ‘legalizó’ toda esta madera”, explicó Nájar.La Contraloría General de la República ha iniciado una acción de control sobre este hecho, y la actuación de Luis Camino recabando documentación y entrevistando a los funcionarios actuales y anteriores del Inrena involucrados.

La jefatura nacional de Inrena despidió a Eduardo Lizárraga, quien dispuso en noviembre del año pasado la inmovilización de la madera procedente de la cuenca del Yavarí. Igual suerte corrió Nélida Barbagelata Ramírez, administradora técnica forestal y de fauna silvestre de Iquitos, quien aplicó sanciones contra los concesionarios forestales que incurrieron en delitos graves por ocultar o falsear información.

La Primera, 05/11/2008

Selva arde por decretos nocivos

2008-11-05T13:56:00.000-08:00

Aunque hubo acuerdos y se calmaron las aguas, estas volvieron a inquietarse en la selva, pues los dirigentes de los frentes regionales que integran la Cumbre Amazónica llegaron a Lima para agotar el diálogo con las autoridades antes de iniciar, el 10 de noviembre, una huelga indefinida en contra de los decretos legislativos que afectan a Amazonía, la detención de dirigentes acusados por daño a la seguridad pública que participaron en las protestas, y el retiro de las exoneraciones tributarias, entre otros reclamos.

Humberto Paredes, coordinador de la Cumbre Amazónica, dijo que la delegación acudirá al Congreso para dialogar con el titular de ese poder del Estado, Javier Velásquez Quesquén, y el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Roger Najar. Esperan definir la atención a sus demandas en una cita con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en donde se espera que asista el premier Yehude Simon.

Quiebre interno

Los ánimos de las bases están divididos. Algunas como las del Alto Amazonas en la región Loreto confirmaron su participación en la huelga, aseguró la presidenta del Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia, Adilia Tapullima. La dirigencia de la selva central ratificó su apoyo, pero las bases del Frente de Defensa de San Martín han descartado por el momento sumarse a la movilización, informó su presidenta Semira Pérez.

La Primera, 04/11/2008

Selva dispuesta a todo para que se deroguen decretos

2008-11-05T13:46:00.000-08:00

Dirigentes advierten que irán a huelga, la que sería similar o peor que las de Moquegua y Tacna. “Si no quieren ver que la Amazonía arda, debemos llegar a un acuerdo que nos favorezca” fue la frase con la que Humberto Paredes Vargas, coordinador de la Cumbre Amazónica, advirtió al gobierno sobre la problemática de la selva que, según dijo, gira en torno a cinco puntos que intentarán dar solución hoy cuando se reúnan con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y el ministro de Agricultura, Carlos Leyton en la sede de la PCM desde las 8:30 de la mañana.
Paredes Vargas, en diálogo con EXPRESO, adelantó que en la reunión de hoy solicitarán al Premier la liberación de sus “hermanos indígenas” que quedaron detenidos de manera “injusta” durante el paro amazónico realizado en marzo de este año, así como la nulidad de los juicios iniciados en contra de los dirigentes que convocaron a la protesta.

Como segundo punto indicó que solicitarán la derogatoria de los decretos legislativos 1064, 1081, 1083, 1990, 1090, dados para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y considerados perjudiciales para la población de la selva.

Asamblea Constituyente

Otro aspecto que tienen planificado abordar con Simon Munaro es la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la cual consideran como la única salida a los actuales problemas que afronta el país y que “necesariamente se tiene que dar”.

Así el dirigente amazónico dijo esperar que se llegue a buen puerto sobre sus demandas, pues no descartó que las consecuencias sean lamentables si se llega a acatar la huelga. “Tacna y Moquegua han demostrado qué es lo que hay que hacer para que el gobierno haga caso a los reclamos de la mayoría del Perú”, comentó Paredes sin reparos.

Similar posición tuvo Semira Pérez Saavedra, presidenta del Frente Cívico de Desarrollo y Defensa de San Martín, quien agregó que el malestar que hay en su región es por el alza del costo de los alimentos. Sostuvo que en San Martín podrían acatar una paralización de todas maneras –sin importar lo que decidan en Lima– si así lo deciden sus bases el domingo durante una convención que celebrarán en Tarapoto.

Por su parte, René Fernández, secretario general del Frente de Defensa de Ucayali, informó que de llevarse a cabo el paro indefinido amazónico para el próximo 10 la población respondería de manera enardecida, pues están cansados de promesas incumplidas de parte del gobierno central. Tal es el caso de una serie de acta de compromiso firmadas con el ex primer ministro Jorge del Castillo respecto al retiro de las exoneraciones tributarias para la amazonía que no ha solucionado su problema principal.

Lo que usted debe saber

Los pueblos amazónicos exigen la derogatoria del DL 1064, que establece un nuevo régimen legal para el uso de tierras agrarias y eriazas.El DL 1081, que crea el sistema nacional de recursos hídricos, y el 1083, que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos, son considerados perjudiciales porque “privatizan el agua”. También el DL 1990 que es la ley forestal que permite la concesión de 40 mil hectáreas de bosque por 40 años a empresas privadas.Asimismo, el 1080 referido a la nueva ley de semillas que facilita el uso de éstas en transgénicos, además el DL 1074 que hace referencia a la comercialización de agroquímicos (plaguicidas), y el DL 1077, que crea el programa de Compensaciones para la Competitividad.

Datos

Cerca de 25 dirigentes amazónicos se reunieron ayer con los miembros de la Comisión de Pueblos Amazónicos y posteriormente con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, para conversar sobre su problemática y algunas propuestas de solución.

Expreso, 04/11/2008

Deroguen ley antibosques

2008-10-29T12:39:00.000-07:00

Iquitos.- Los congresistas Elizabeth León y Róger Nájar, así como el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, calificaron como “inconstitucional” el Decreto Legislativo 1090 “Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, y exigieron su inmediata derogatoria, por atentar contra el orden jurídico y los gobiernos regionales y favorecer tan sólo a un sector de grandes empresarios madereros.

Se aunaron a esta propuesta representantes de la sociedad civil tanto de la región Loreto como de organizaciones nacionales como Aidesep (nativos), el Foro Ecológico, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que junto a los congresistas y el presidente Vásquez participaron de la Audiencia Pública descentralizada “Sobre Ley Forestal y Alternativas”, que se desarrolló ayer en la ciudad de Iquitos.

Vásquez dijo que “hay que buscar un mecanismo inteligente para unir las inversiones con el hombre de campo, no pretender confrontarlo”. Recordó que al comienzo de su mandato el presidente García firmó una resolución por la que entregaba a los gobiernos regionales las funciones del Instituto de Recursos Naturales (Inrena), pero, que con uno u otro pretexto, este dispositivo nunca se aplicó.

La Primera, 29/10/2008

La Amazonía se va a la huelga

2008-10-29T10:27:00.000-07:00

El Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas (Fredesaa) convocó para el 10 de noviembre a una huelga nacional indefinida con el fin de exigir la derogatoria de más decretos legislativos que, aduce, vulneran su territorio.
La protesta fue anunciada en la Tercera Cumbre Amazónica el 20 y el 21 de septiembre, capital de la provincia de Alto Amazonas.
El Pleno del Congreso derogó el pasado 22 de agosto solo los decretos legislativos 1015 y 1073, emitidos en el marco del TLC con Estados Unidos y que motivaron la protesta de los nativos. Por el paro amazónico se denunció penalmente al dirigente de Madre de Dios, Antonio Iviche, al ser acusado de alentar disturbios.

La República, 25/10/2008

Derogaremos todos los decretos lesivos

2008-09-27T13:29:00.000-07:00

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, sostuvo ayer que los nativos seguirán en la lucha para eliminar todos los decretos legislativos que son inconstitucionales y lesivos a las comunidades.

“Comenzaremos por capacitar a los congresistas para que hagan respetar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y estamos seguros que si se realizan consultas a la población para lanzar un decreto que les incumbe nunca más habrá protestas”, dijo a LA PRIMERA.

El dirigente nativo se reunió ayer con el presidente del Congreso, Javier Velásquez, quien se comprometió a que una comisión multipartidaria del parlamento analizará la manera en que se puedan derogar los decretos legislativos que las comunidades nativas de la selva consideran lesivos para sus intereses.

Pizango afirmó, además, que Aidesep ya no insistirá más en buscar un diálogo con el gobierno, puesto que el premier Jorge del Castillo tampoco da muestras de querer conciliar y no ha reconocido su falta de tino hacia los representantes de las comunidades nativas. Sin embargo, Pizango aclaró que alejarse de las conversaciones no representa un chantaje al Ejecutivo.

“El fin del diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros no es un chantaje al gobierno. Pero mejor dejaremos las cosas ahí, hasta que algún día nos llamen. Si nos retiramos de la comisión multisectorial propuesta por el ministro del Ambiente, Antonio Brack, fue porque había mucha falsedad en esa convocatoria. Comenzando por la presencia de integrantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), esa organización que nunca ha luchado por el bienestar de las comunidades nativas ni participó de las jornadas de protesta. El gobierno, sabiendo que nosotros marcábamos distancia con ese organismo, lo convocó como una maniobra para entorpecer el diálogo”, manifestó.

La Primera, 27/09/2008

Diálogo para derogar más decretos

2008-09-27T13:14:00.000-07:00

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, informó que hoy, a las nueve de la mañana, sostendrá una reunión con el presidente del Congreso, Javier Velasquez, con el fin de analizar las posibilidades para que el Parlamento derogue el resto de decretos legislativos emitidos por el presidente Alan García, que afectan a las comunidades indígenas de la selva.

“Hemos concertado una reunión con el presidente del Congreso y esperamos que no sea la última cita, queremos concretar una agenda para que, de una vez por todas, el Parlamento derogue, además de los decretos 1015 y 1073, el íntegro del paquete legislativo promulgado por el Ejecutivo”, apuntó Pizango y luego lamentó que el diálogo con el premier Jorge del Castillo continúe entrampado.

Asimismo, confirmó que Aidesep apoyará la protesta del próximo 7 de octubre. Dijo que apoya la Cumbre de los Pueblos que se realizará el 12 de octubre en Lima. “Preferimos no protagonizar nuevas marchas, por eso apostamos por la concertación. Sin embargo, continuamos esperando el llamado del premier Jorge del Castillo. Lo único que pedimos es que el Estado se acerque más a las comunidades y que las respeten. Nosotros consideramos que no se trata sólo de un problema de pérdida de tierras, sino más bien del arrebato de territorios donde formamos nuestra cultura”, remarcó el dirigente nativo.

Pizango negó que las organizaciones nativas estén separadas y tengan diferencias insostenibles. Esto por algunas especulaciones que surgieron tras su inasistencia a la última Cumbre Amazónica realizada en Yurimaguas.

La Primera, 26/09/2008

Exigen derogatoria de todos los decretos de Ley de la Selva

2008-09-23T16:33:00.000-07:00

Leyes concesionan bosques y quitarán terrenos no trabajados a comunidades, según conclusiones de la Cumbre Amazónica.

La derogación de los decretos 1015 y 1073 no es suficiente para la protección de las áreas forestales y de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas. Así lo considera AIDESEP , organización indígena que agrupa un 60% de los pueblos amazónicos, así como las organizaciones que participaron el fin de semana anterior en la 3ª Cumbre Amazónica.
La columna vertebral de su protesta es ahora la derogación de decretos como el 1090 y el 1064.
"Con estos decretos, los bosques primarios ya no gozan de protección y quedan a disposición de cualquier gran empresa extranjera", explica Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología del Congreso.
Además, denunció que permiten la venta de tierras comunales no trabajadas o en descanso, y que dan preferencia a la titulación de empresas extranjeras en Cofopri.
Como próxima medida de lucha, se anunció que los frentes de defensa amazónicos consultarán con sus bases la convocatoria de una huelga indefinida a realizarse desde el 20 de noviembre.
Por su parte, Aidesep se reunió con la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), para estudiar acciones conjuntas de movilización.
Las leyes de la discordia
Junto con los decretos 1015 y 1073, derogados con una ley publicada en El Peruano, fueron promulgados el 28 de junio 32 decretos más para "facilitar la implementación del Acuerdo Comercial Perú -EEUU".
Dentro de este paquete, se encuentra el decreto 1090, que aprueba la Ley Forestal y de la Fauna Silvestre. En su artículo 9, permite la concesión por iniciativa privada de bosques maderables sin concurso público y sin límite de hectáreas, por lo que abre la amazonía a multinacionales.
El decreto 1064 aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. En su disposición final, establece que las tierras no trabajadas son de dominio del Estado, lo que a juicio de las comunidades nativas hace peligrar sus tierras ancestrales.

La República, 23/09/2008

Presupuesto del Ministerio del Ambiente sería insuficiente

2008-09-23T16:17:00.000-07:00

El nuevo ministerio solo dispondrá de S/.94 millones para el próximo año

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, indicó que su despacho solo dispondrá de S/.94 millones para atender los aspectos de su cartera durante el 2009, pese a que el pedido inicial fue de S/.200 millones.
"Yo he pedido dinero para ir en jet (en la formación del Ministerio del Ambiente) y solo me van a dar para ir en un auto a todo motor", indicó.
El ministro señaló que en países como Francia, el presupuesto para atender temas de tipo ambiental es de US$30.000 millones, por lo que el presupuesto asignado para el próximo año sería insuficiente.
José Luis López, representante de la ONG Labor, indicó que el monto que se le pretende dar al Ministerio del Ambiente es exiguo, sobre todo si se considera que los costos ambientales al año están en alrededor de US$800 millones, tal como lo habría manifestado el propio Brack.
Mariano Castro, ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente (Conam), indicó que gran parte del presupuesto se irá a los organismos adscritos (Senamhi, Instituto Geofísico el Perú, etc.) y no se tendrán los suficientes recursos para hacer trabajos de fiscalización y monitoreo ambiental.
Se debe indicar que el presupuesto es un tema que aún se está debatiendo en el Congreso. Brack señaló la posibilidad de pedir una ampliación en las próximas semanas.
ECOEFICIENCIAEl ministro Brack anunció el desarrollo de programas de ecoeficiencia ambiental que se implementarán en el país desde enero del próximo año. El programa permitiría al Estado ahorrar S/.300 millones cada año, por un uso más eficiente del agua y la energía eléctrica.
El programa está integrado por cuatro subprogramas en instituciones educativas, municipales y empresas. Brack indicó que en la ley del presupuesto público para el 2009 se aprobará la directiva que el sector público debe ser más ecoeficiente, es decir, "debe ahorrar y reciclar más".
La inversión para la puesta en marcha de esta iniciativa ambiental es de S/.20 millones, y el Ministerio del Ambiente solo generará capacidades entre los actores involucrados.

MÁS DATOS

Por el ahorro de recursos4 El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señaló que los municipios y las regiones tienen la obligación de destinar parte de sus recursos a promover la ecoeficiencia ambiental (ahorro de materiales, energía y agua). 4 El programa de Ecoeficiencia ya se inició en las instituciones educativas desde hace algunos meses, al igual que en los municipios de Cusco, Puno y Arequipa.

El programa también comprende un uso eficiente de los materiales de oficina.

El Comercio, 23/09/2008

Ollanta Humala sale en defensa de la selva

2008-09-23T16:03:00.000-07:00

El líder nacionalista Ollanta Humala se comprometió en la III Cumbre Amazónica a participar y “apoyar en todas las instancias la defensa de la selva; y construir un plan de desarrollo regional y local”.

Esta propuesta, recalcó, que saldrá del “corazón de los pueblos de la Amazonía” planteará la no venta de las tierras, y le pondrá reglas a los capitales que vengan, para que respeten el medio ambiente, paguen impuestos y den trabajo a los pobladores.

Para evitar la corrupción, que es un flagelo instalado en nuestra clase política y parte de nuestra sociedad, Ollanta propuso “un compromiso con valor ético y moral para defender la Amazonía”.Fustigó a los gobiernos anteriores, y con más dureza al actual, por no haber hecho nada por el progreso de estas regiones, a la que sólo han discriminado, sin brindarles educación ni servicios de salud como merecen.

“Esta clase política que quiere la modernidad, sabotea la defensa de la Amazonía”, recalcó. Y, dijo, que actualmente “hay 8 millones de personas fuera del mercado que se aferran a sus tierras y, encima, el gobierno quiere quitárselas”.

“Yo les digo, que se aferren, porque al ser gobierno el nacionalismo, nosotros vamos a conversar con las comunidades para buscar juntos el desarrollo”, arengó a los cientos de asambleístas de la III Cumbre Amazónica.La protección de la Amazonía es importante –remarcó– porque “no sólo es el pulmón del mundo, sino también sus riñones”, refiriéndose al agua de la cuenca amazónica.

El líder nacionalista estuvo en la III Cumbre de Yurimaguas acompañado por los congresistas de su partido, José Maslucán, Janet Cajahuanca, Víctor Isla, Nancy Obregón, además de Róger Nájar y Edgar Reymundo del Bloque Popular.

Lunes, 22/09/2008

Pueblos amazónicos siguen en pie de lucha

2008-09-23T15:59:00.000-07:00

Reclaman Ley Marco de Desarrollo Integral de la Amazonía, y derogatoria de todos los decretos que amenazan a la zona.

YURIMAGUAS.- El coordinador de la Asamblea de Presidentes Regionales, César Villanueva, también presidente de la región San Martín, criticó los decretos legislativos dados por el gobiernos y otras leyes del Congreso, a las que calificó de “parches”, y propuso construir una Ley Marco de Desarrollo Integral de la Amazonía que fortalezca la unidad e identidad amazónica.

En su presentación en la III Cumbre Amazónica, Villanueva dijo que la lucha de los pueblos amazónicos “no comienza ni termina con la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073” sino, agregó, que hay otros 98 que de manera “inconsulta y desordenada” fueron dados por el gobierno del presidente Alan García, que “vulneran los derechos de la Amazonía peruana”.

Enfatizó que la Amazonía debe ser vista como un solo cuerpo con su subsuelo, sus tierras, bosques y ríos. “Y eso tenemos que interpretarlo en una ley”, indicó a los cientos de asistentes a la tercera edición de la Cumbre Amazónica.

Hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales para trazar una ruta y pidió a la asamblea que promueva la instalación de una comisión permanente de trabajo para fijarla.

El presidente de la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso, Róger Nájar, también coincidió en que hay muchos otros decretos legislativos dados al amparo de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectan los intereses de la selva. Y, señaló “si no tomamos medidas necesarias para detener la agresión contra nuestros pueblos y nuestro hábitat, se estarán creando las condiciones para un desastre ecológico y un nuevo capítulo del genocidio de los pueblos indígenas del Perú”.

En ese sentido, propuso impulsar una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Constitución Política que recoja todas estas inquietudes, como la prohibición de la venta de territorios amazónicos a transnacionales así como de cultivos de transgénicos en la selva por constituir un atentado a la biodiversidad.

Además de medidas como la creación de una Defensoría de Comunidades Indígenas, promoción de la inversión pública y privada vinculada al desarrollo social, humano y la conservación de los ecosistemas, creación de una región macroamazónica y un plan de desarrollo sostenible.

La Primera, 22/09/2008

Javier Diez Canseco: Se mueve, luego existe

2008-09-23T15:48:00.000-07:00

El vigoroso movimiento de los pueblos amazónicos ha dado cuerpo y rostro a una parte del Perú siempre ignorado, arrinconado por la fuerza desplegada por AIDESEP y los frentes de defensa regionales, el Congreso ha dispuesto la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, que pretendían abrir paso a la venta y disgregación de las tierras y territorios comunales de nativos amazónicos y pueblos andinos. Por primera vez, su lucha no ha terminado en un acta, una de esas que –por decenas– tiene archivadas e incumplidas la presidencia del Consejo de Ministros. Una importante victoria de un movimiento social que evidencia conciencia, organización, madurez y disposición de lucha unitaria, sin pisar el palito de las provocaciones gubernamentales. Un ejemplo que enseña.
La victoria, sin embargo, es parcial. Está lejos de englobar el conjunto de problemas de la Amazonía. Y es que, como señala Rumrill, el Estado vive de espaldas a la Amazonía, excepto cuando de entregarla a la voracidad de los agronegocios y transnacionales petroleras o mineras se trata. Mientras la lotizan impunemente, el 75% de la población infantil amazónica –entre 2 y 9 años– sufre desnutrición crónica con daños irreversibles, 65% de la población culmina la educación primaria y apenas cuenta con un médico por cada 6,500 habitantes. La minúscula inversión estatal en temas claves como el hidroenergético es dramática: mientras se eleva a US$ 9,000 millones para la Costa, no representa ni el 1% de esa cifra lo invertido en la Selva, dice Nájar, mientras reitera que el ritmo de crecimiento de la Amazonía es notoriamente menor que el del país.
García no ha promulgado la derogatoria de los DDLL, se lo dejó al Congreso. Ello revela su conocida soberbia y dificultad para aceptar la realidad, y que insistirá –como papá sabelotodo– en imponer sus tesis del "Perro del Hortelano", buscando destruir las comunidades, a las que considera expresión de atraso y contrarias al progreso.
Las comunidades nativas y los pueblos de la Amazonía, que acaban de realizar su III Cumbre en Yurimaguas, tienen claro que esta es una larga batalla y que implica cambios profundos en el país. Urge reconocer, en una nueva Constitución, que somos un país pluricultural, multiétnico y plurinacional; es decir, habitado por pueblos diversos en ecosistemas también diversos, y convertir este hecho en una fuerza de progreso en lugar de un motivo de exclusión y segregación, como hasta hoy ocurre. Ello exige configurar un Estado con estas características, realmente descentralizado en su gestión, y que esté sujeto al control de la gente, construyendo una democracia representativa y participativa que permita un auténtico control ciudadano sobre las autoridades y efectiva transparencia en la gestión pública.
Pero la nueva Constitución –sólo viable por el mecanismo de una Constituyente elegida por voto directo, universal y secreto de la gente– debe también proteger nuestras inmensas reservas biogenéticas y recuperar el control estatal y nacional de los recursos naturales, para ponerlos al servicio del desarrollo y destinar parte importante de esa renta de las industrias extractivas a la educación, la salud, el saneamiento ambiental, el apoyo a la agricultura, el impulso a las cadenas productivas que los transformen y a la tecnología necesaria para su aprovechamiento, así como la promoción de las pymes y el turismo como pilares de un desarrollo sostenible.
La Amazonía requiere de un Fondo de Desarrollo para financiar sus proyectos. Necesita mantener entidades como el IAAP fuera de las garras del centralismo al que García quiere someterlo; y evitar la pretensión de introducir transgénicos, que pueden ocasionar grave daño a un banco genético extraordinario como el de la Amazonía. Está pendiente también la derogatoria de los DDLL lesivos a la Amazonía y al interés del Perú aún vigentes.
Los pueblos amazónicos, que con justicia proclaman que "la Amazonía es de los peruanos y no de las transnacionales" (lema de la III Cumbre), deben unir fuerzas con el resto de movimientos sociales, populares y políticos comprendidos con el cambio que el país reclama. La articulación de las Cumbres de los Pueblos, como la III Cumbre Amazónica, con la Coordinadora Político Social daría curso a un importante proceso unitario para construir la fuerza social y la política capaz de devolver el Perú a los peruanos, caminando juntos a la Asamblea nacional de los Pueblos en noviembre. Este es un tremendo reto.
Y, como se dejó sentir en Yurimaguas con el grito multitudinario de "¡Urgente, urgente, otro presidente!", los pueblos amazónicos y de todo el Perú deben recordar que la revocatoria o remoción de autoridades es un derecho constitucional (Art. 2, inciso 17, y Art. 31 y 32) que podemos ejercer para conquistar el cambio de rumbo que nos planteamos y que ni García ni sus aliados fujimoristas y de UN enrumbarán al país por el camino de justicia, libertad y progreso que las mayorías anhelan. La revocatoria presidencial es una vía posible para darle salida a la crisis, en forma democrática y pacífica.

La República, 22/09/2008

Congreso derogó leyes sobre el uso de tierras de comunidades

2008-09-22T11:07:00.000-07:00

Pizango desconoce a Conap, pero ministro Brack la legitima.

El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgó ayer la derogatoria de dos polémicos decretos legislativos sobre el uso de tierras de las comunidades nativas, que motivó una protesta indígena el mes pasado.
Al rubricar la autógrafa en la sede del Parlamento, Velásquez Quesquén puso punto final a los decretos 1015 y 1073 después de que venciera el plazo otorgado al gobierno para que hiciera valer la decisión tomada por el Congreso el pasado 22 de agosto que declaraba nulas dichas normas.
El titular del Poder Legislativo señaló que era un homenaje a la congresista aprista, Fabiola Salazar, quien falleciera en la víspera en un accidente de tránsito.
La promulgación no impidió que el gobierno y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) reinicien el diálogo para abordar otros puntos que quedaron pendientes.
El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, señaló que no dialogará con el Ejecutivo si insiste en hacer participar en las negociaciones a la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), entidad que consideran no representativa. En cambio, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, declaró que las negociaciones seguirán en marcha pese al retiro de Aidesep. "Aidesep es una organización que quiere paralizar, no dialogar", dijo.

La República, 21/09/2008

Indígenas amazónicos celebran gran triunfo

2008-09-22T10:34:00.000-07:00

Alberto Pizango saluda derogatoria de decretos legislativos 1015 y 1073, pero dice que faltan más normas por eliminar.

El presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, calificó de “gran paso” la promulgación por el Congreso de la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y su modificatoria 1073, que permitían la fácil venta y concesión de tierras pertenecientes a las comunidades nativas. Sin embargo, señaló que aún queda por eliminar otros decretos lesivos a los intereses de los nativos.

El presidente del Congreso, Javier Velásquez, se vio obligado ayer a promulgar norma que deroga los decretos anticomuneros, ya que el presidente Alan García no la observó ni aprobó su publicación y dejó el tema en manos del Parlamento. “Ahora nos queda confiar en un Poder Legislativo que sí puede velar por los derechos de los peruanos”, enfatizó Pizango.

Con la derogación de esta norma, el Congreso restituyó la vigencia de los artículos 10 y 11 de la Ley 26505 “sobre la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, vigente desde 1995. Los decretos derogados reducían de dos tercios a sólo 51 por ciento los votos necesarios para que las comunidades campesinas de la sierra y selva aprobaran la venta, alquiler y otros usos de sus tierra, como ocurre en la costa. Con la derogación, se restablece en 66 por ciento el nivel de votación necesario para esas decisiones.

Mesa de diálogo

Alberto Pizango reafirmó que no participará en una mesa de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (Conapa) porque este último organismo firma convenios con empresas petroleras, las mismas que se enfrentan a los nativos.

“Sentarnos con la Conapa significaría legitimar los propósitos que están buscando y eso sí entorpece el diálogo. Eso dijeron los pueblos y por eso se firmó el acta luego de la movilización de agosto pasado”, afirmó Pizango, quien, con documentos en la mano demostró que la PCM se había comprometido a que el diálogo sería sólo entre el gabinete y Aidesep, mas no con Conapa.

La Primera, 21/09/2008

“Aidesep lo que quiere es incendiar la pradera”

2008-09-22T10:19:00.000-07:00

No obstante, Brack dice que asociación tiene las puertas abiertas para retomar conversaciones. Presidente del Congreso promulgó la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.

El retiro, por segunda vez, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de las negociación promovidas por el Ejecutivo hizo que el ministro del Ambiente, Antonio Brack, la señalara como una organización que quiere paralizar el diálogo e “incendiar la pradera”.

El titular del sector refirió que Aidesep se habría retirado de las conversaciones porque no acepta la participación, en la mesa de diálogo, de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). “Aidesep se retiró de la reunión porque no puede sentarse junto con la Conap, o sea que ellos mismos están divididos y enfrentados. Aidesep es, más bien, una organización que quiere paralizar, no dialogar, que quiere incendiar la pradera, mientras la Conap quiere el diálogo pacífico sin desistir de sus derechos”, sostuvo en CPN Radio. No obstante, Brack aseguró que la asociación de comunidades nativas tiene las puertas abiertas para retomar las conversaciones. “Hemos seguido trabajando con la Conap. Hemos dejado la puerta abierta para que Aidesep se integre cuando ellos lo crean conveniente, y hemos empezado a establecer la agenda con los indígenas”, indicó.

PROMULGACIÓN. Un día después de que se venciera el plazo del Ejecutivo para promulgar la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el uso de las tierras de las comunidades campesinas de la sierra y de la selva, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, estampó su firma en la autógrafa –según dijo– en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar. Con ello se cumple con el artículo 108° de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por el Pleno. Tras la derogatoria, para que los miembros de las comunidades campesinas puedan vender sus tierras se necesitará nuevamente el 66% de los votos y no el 50% más uno, como establecían los dispositivos 1015 y 1073, conocidos como la 'ley de la selva’.

Perú.21, 21/09/2008

El Congreso deroga DL

2008-09-22T09:59:00.000-07:00

El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgó ayer la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el uso de las tierras de las comunidades campesinas de la sierra y la selva, en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar.
Al rubricar la autógrafa, Velásquez recordó que ese era el deseo de Salazar, representante de la Región Amazonas, quien falleció el jueves último cumpliendo su labor de representación en un accidente de tránsito en Lambayeque.
La promulgación se dio ante el vencimiento del plazo para que lo hiciera el Poder Ejecutivo, que también podía haberla observado, con lo cual se da cumplimiento al artículo 108º de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por el Pleno.
Los decretos derogados establecían en 50 por ciento la votación necesaria para que los miembros de las comunidades campesinas de la sierra y selva, decidieran la venta, alquiler y otros usos de sus tierra, como ocurre en la costa.
Con la derogación, se restablece en 66 por ciento el nivel de votación necesario para el uso de tierras en esas comunidades.
Cabe recordar que la desaparecida legisladora Fabiola Salazar (Apra) pidió hace unos días al presidente Alan García, que el Ejecutivo no objetara la ley que derogaba los decretos legislativos 1015 y 1073.

Expreso, 21/09/2008

Congreso promulga ley que deroga decretos sobre uso de tierras nativas

2008-09-22T09:19:00.000-07:00

Ante presiones de la oposición y amenaza de las comunidades indígenas
Ante las presiones de la oposición y las amenazas de las poblaciones indígenas de la selva, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgó ayer la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el uso de las tierras de las comunidades campesinas de la sierra y la selva, en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar.

Al rubricar la autógrafa, Velásquez recordó que ese era el deseo de Salazar, representante de la región Amazonas, quien falleció el jueves, cumpliendo su labor de representación en un accidente de tránsito, en Lambayeque.
La promulgación se dio ante el vencimiento del plazo para que lo hiciera el Poder Ejecutivo, que también podía haberla observado, con lo cual se da cumplimiento al artículo 108º de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por el pleno.
Los decretos derogados establecían en 50% la votación necesaria para que los miembros de las comunidades campesinas de la sierra y selva decidieran la venta, alquiler y otros usos de sus tierras, como ocurre en la costa.
Con la derogación se restablece en 66% el nivel de votación necesario para el uso de tierras en esas comunidades.
En las próximas horas la norma, que también restituye la vigencia de los artículos 10º y 11º de la Ley 26505, será publicada en El Peruano.
Hay que recordar que la desaparecida legisladora Fabiola Salazar (APRA) pidió hace unos días al presidente Alan García que el Ejecutivo no objetara la ley que derogaba los decretos legislativos 1015 y 1073.
El 25 de agosto, el Congreso rechazó los polémicos decretos 1015 y 1073, que facilitaban la compra de terrenos en la Amazonía, tras más de 10 días de paros y manifestaciones que tanto perjudicaron la producción minera en el país. Alan García se negó desde el primer momento a promulgar la norma que ordenaba su derogatoria. Incluso, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, advertía que esta decisión era un retroceso para el país.
Sin embargo, el propio mandatario, en un comunicado, reconoció que fue un error incluir a la selva en los alcances de los polémicos decretos y consideró que se debe reformar la norma, sin afectar su espíritu.

La Razón, 21/09/2008

El Ejecutivo no observó derogatoria de Ley de Comunidades Andinas

2008-09-20T13:50:00.000-07:00

El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, aseguró ayer que promulgará la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 sobre el uso de los terrenos de las comunidades nativas, luego de que anoche venció el plazo para que el Poder Ejecutivo observara esa norma aprobada hace un mes por el pleno del Poder Legislativo.
En declaraciones a El Comercio, el titular del Parlamento detalló que hoy pondrá su autógrafa y que en las próximas horas esta será publicada en el diario oficial "El Peruano". Como se recuerda, en este caso el Congreso puso luz roja a una iniciativa del Ejecutivo para flexibilizar el uso que inversionistas nacionales y extranjeros puedan hacer de las tierras habitadas por los nativos.
Velásquez Quesquén puntualizó que tras conocer que el presidente Alan García no observaría la norma dada por el Congreso, lo que sigue es cumplir el artículo 108 de la Constitución, que faculta al titular del Parlamento a promulgar las normas aprobadas por ese poder del Estado.
En horas de la mañana, el jefe del Estado había adelantado su posición al recordar que la desaparecida legisladora Fabiola Salazar (Apra) le había pedido hace unos días que el Ejecutivo no objetara la ley que derogaba los decretos 1015 y 1073.
Ambos decretos generaron en su momento el violento rechazo de los nativos representados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), presidida por Alberto Pizango, quien tras conocer la posición de García señaló que es momento de empezar un diálogo abierto entre instituciones representativas de los nativos y los poderes del Estado, para proponer una norma de consenso entre estos actores.
El presidente del Congreso coincidió con Pizango en que está abierta la posibilidad de un diálogo que incluya a las instituciones y personas involucradas, entre ellas el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, a quien los representantes indígenas descalificaron como interlocutor por considerar que no defendía sus intereses.
Justamente ayer Pizango se iba a reunir en la sede del Ministerio del Ambiente con Brack y con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exponerles diversas propuestas en favor de los pueblos indígenas.
"La reunión se frustró de manera intempestiva, pero dejamos en mesa de partes nuestras ocho demandas para conversarlas cuando nos citen otra vez", afirmó el líder indígena.
Pizango señaló que entre estas demandas figuran la constitución de un fondo de proyectos sostenibles para los pueblos indígenas; el establecimiento con rango ministerial del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa); la creación de un ministerio de educación y de un viceministerio de salud interculturales bilingües; y que el Estado asuma como política pública la formación de institutos superiores para los pueblos indígenas.
Consultado al respecto, el secretario de coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa, consideró desmedidas las peticiones de Pizango y alertó que este busca frustrar la mesa de diálogo instalada ayer con la participación de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), la PCM y el ministro Brack.
Figueroa agregó que era evidente que Pizango no quería dialogar. Por su parte, la Aidesep señaló en un comunicado que la presencia de la Conap --a la que no reconoce representación indígena-- la obligó a retirarse de la cita.
CRONOLOGÍA4Decreto tuvo una vida sinuosa[20/5/2008 ]El Ejecutivo promulga el Decreto Legislativo 1015, que baja la valla de votos de 66% (dos tercios) a 50% en una comunidad para el establecimiento de negocios y venta de sus tierras a terceros.
[30/5/2008]La Defensoría del Pueblo presenta ante el TC una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto.
[7/8/2008]Los indígenas de la etnia aguaruna-huambisa inician una huelga indefinida convocada por Aidesep en demanda de la derogatoria del cuestionado decreto.
[22/8/2008]El pleno del Congreso deroga los decretos legislativos 1015 y 1073. La decisión fue tomada por 66 votos a favor y 29 en contra.
[11/9/2008]El pleno del Congreso de la República aprueba con 90 votos la creación de la comisión especial multipartidaria que se encargue de evaluar los lineamientos y las políticas destinados a resolver la problemática de los pueblos indígenas.

El Comercio, 20/09/2008

Congreso promulga hoy norma que deroga la Ley de la Selva

2008-09-20T13:44:00.000-07:00

Presidente García reveló que fallecida congresista aprista Fabiola Salazar le pidió que el Ejecutivo no la observe.

El Congreso de la República promulgará hoy la ley 2440, que deroga los decretos legislativos 1017 y 1073, referidos a la inversión privada en tierras de comunidades nativas y campesinas, y conocidos como la Ley de la Selva.
La norma 2440 fue aprobada por el pleno de la representación nacional el 22 de agosto último y se consideraba la posibilidad de que sea observada por el Ejecutivo en los 15 días de plazo legales para ello, que se cumplieron ayer.
El presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, anunció ayer que no habría intervención del Ejecutivo, y que la ley retornaría al Legislativo para su promulgación en homenaje a la recientemente fallecida congresista aprista Fabiola Salazar.

REVELACIÓN PRESIDENCIAL
Y es que poco antes de las declaraciones del titular del Legislativo, el presidente Alan García reveló que Fabiola Salazar le había pedido que el Ejecutivo no observe la cuestionada ley.
"Ella me pidió que no se objetara esa ley, que no se observara la ley, sino que fuera promulgada por el propio Congreso", comentó el mandatario durante el velatorio de la legisladora aprista y agregó que otro de los deseos de Salazar era que las comunidades nativas del país puedan tener acceso a la tecnología y a un mercado moderno.
Como se recuerda, los decretos legislativos 1017 y 1073 facilitaban la compra de terrenos de las comunidades, pues bajaban el porcentaje de miembros de una comunidad que debían estar presentes durante las asambleas en las que se decidía la posible venta o arrendamiento de las tierras.
"En homenaje a Fabiola Salazar y como lo ha anunciado el presidente (García), (el Ejecutivo) no va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana la promulgaremos", dijo el titular del Parlamento.
La ley 2440, aprobada en medio de un conflicto social en las regiones amazónicas, deroga ambos decretos legislativos.
Preguntado sobre la promulgación de la norma por parte del Parlamento, el presidente del Consejo de Ministro, Jorge del Castillo, se limitó a decir que "el Congreso está en su derecho".

Hoy se inicia III Cumbre Amazónica
La Tercera Cumbre Amazónica empezará hoy en Yurimaguas, Loreto, para analizar decretos legislativos dados que atentarían contra las comunidades nativas. Entre ellos figura el 1064, sobre el régimen jurídico de tierras de uso agrario, y el 1090 que privatiza recursos forestales. Ayer se realizaron dos reuniones previas en Pichanaki y Pucallpa, donde participó el titular de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, Roger Nájar, y varios legisladores. También el secretario general de la CGTP Mario Huamán y dirigentes de frentes regionales de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Mañana estará presente el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala.
En el Ministerio de Ambiente se conformó una mesa de diálogo entre el gobierno y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), a fin de elaborar una agenda para abordar asuntos de interés para los indígenas. A la cita acudieron también los la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas y Amazónicos de Perú (Aidesep), pero –ante la presencia solo del ministro Antonio Brack– se retiraron porque "el gobierno seguía sin darse cuenta de que el tema de la selva era multisectorial".

La República, 20/09/2008

Cuestionada “Ley de la Selva” será derogada

2008-09-20T13:40:00.000-07:00

En homenaje a congresista fallecida
Tomando la palabra a un pronunciamiento del presidente Alan García, el titular del Parlamento nacional, Javier Velásquez Quesquén, anunció que hoy será promulgada la autógrafa de ley que deroga los Decretos Legislativos 1015 y 1073, que buscaban agilizar la venta o transferencia de las tierras de las comunidades indígenas para proyectos de industrialización.
Velásquez señaló que el acto se realizará como un homenaje póstumo a la parlamentaria aprista Fabiola Salazar, quien murió trágicamente el jueves por la madrugada pero que en vida impulsaba la no vigencia de los decretos, al considerar que los campesinos y nativos de la Amazonia se verían perjudicados.
“En homenaje a Fabiola Salazar, y como lo ha anunciado el presidente (Alan García), no va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana la promulgaremos”, declaró Velásquez Quesquén en Radio Nacional, luego de recordar que ayer se venció el plazo para que el Ejecutivo suscriba u observe la norma.
“De no ocurrir ello, el Congreso de la República debe promulgar la ley para ponerla en vigencia”, consideró, para luego destacar que el Pleno del Congreso haya dispuesto el establecimiento de una comisión especial de análisis de los problemas de las comunidades indígenas, como una ventana para el diálogo exigido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Hasta la tarde de ayer, la nueva ley había sido suscrita por todos los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, faltando solamente la rúbrica del primer vicepresidente de ese poder del Estado, Alejandro Aguinaga. De todos modos, existía plena voluntad para cumplir con el anuncio.
Por la mañana, el presidente García Pérez reveló que, en vida, la fallecida legisladora le pidió no observar la norma en cuestión, sino dejar que el Congreso la promulgue. “Ella dijo que había otras posibilidades que buscar y que el Parlamento podría más adelante tratar. Y me pidió que no se objetara esa ley, que no se observara”, señaló.
Consultada al respecto, la legisladora nacionalista Yaneth Cajahuanca saludó la derogatoria de los decretos señalados, y destacó que el hecho coincida con el inicio de la III Cumbre Amazónica, que se realizará entre hoy y mañana en Yurimaguas, región Loreto, donde se tratarán todos las leyes que vienen afectando a la Amazonia.

La Razón, 20/09/2008

El Ejecutivo se rinde y archiva Ley de la Selva

2008-09-20T13:36:00.000-07:00

Conforme lo dispuso el Congreso, decretos 1015 y 1073 sobre uso de tierras de comunidades nativas quedarán derogados desde hoy.

Corrió mucha sangre bajo el puente sobre los decretos legislativos 1015 y 1073, que impulsaban la inversión privada en las comunidades nativas. Mientras el gobierno se resistía a su derogatoria, la Selva promovía una protesta sangrienta. Finalmente, el Ejecutivo dio su brazo a torcer.

Y es que el inesperado fallecimiento de la legisladora Fabiola Salazar (APRA) –en un accidente de tránsito el pasado jueves– sirvió para que el presidente Alan García justificara su decisión de no observar ambos dispositivos, que el pleno del Congreso ya había derogado.

De propia confesión, el jefe de Estado reveló que la hoy desaparecida Salazar le expresó durante una cena partidaria su deseo de que no se observe (rechace) el archivamiento de la llamada Ley de la Selva.

García comentó que, por el contrario, antes de generar la inquietud de las comunidades nativas, la joven parlamentaria le sugirió beneficiarlas con tecnología y un mercado moderno.

Minutos después, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, confirmó que los decretos legislativos 1015 y 1073 se iban al archivo.

En homenaje a Fabiola Salazar, y como lo ha anunciado el Presidente, no se va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana (hoy) promulgaremos su archivamiento, declaró a Radio Nacional.

Patean el tablero

Más tarde, representantes del gobierno, con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, a la cabeza, se reunieron con líderes de diferentes comunidades de la Selva para instalar una mesa de diálogo que aborde los puntos más álgidos (salud, educación y alimentación) de la problemática indígena. Sin embargo, no todo fue armonía, pues al tomar la palabra Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo primero que éste hizo fue patear el tablero y advertir que no participará en la mesa si se incluía en ella a los representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap).

Según Pizango, Aidesep representa a más del 60% de las comunidades, en tanto que la Conap no tiene representatividad ni legitimidad. Luego de dos horas, se acordó instalar la mesa de diálogo y dejar abierta la posibilidad de que Aidesep se reintegre después.

Correo, 20/09/2008

Congreso promulgará ley que deroga 'ley de la selva’

2008-09-20T13:31:00.000-07:00

García sostiene que Fabiola Salazar le pidió que dejara el tema en manos del Legislativo. Alberto Pizango, dirigente de Aidesep, consideró el anuncio como una buena noticia.

El Congreso de la República promulgará hoy –en uso de sus facultades– la autógrafa de ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que motivaron las airadas protestas de las comunidades nativas de la selva, luego de que ayer se venciera el plazo de 15 días hábiles para que el Ejecutivo observe o promulgue dicha iniciativa.Así lo aseguró ayer el titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, quien resaltó que la ley será sancionada en homenaje a la fallecida legisladora aprista Fabiola Salazar. “En homenaje a Fabiola Salazar, y como lo ha anunciado, el presidente (Alan García) no va a observar la ley. Ya se vence el plazo y mañana (hoy) la promulgaremos”, aseguró en Radio Nacional.Minutos antes, el jefe de Estado comentó que Salazar, en una cena con los parlamentarios oficialistas, le solicitó que no la observara y que la dejara en manos del Congreso para que la promulgara.“Ella dijo que había otras posibilidades que buscar y que el Parlamento podría tratar más adelante. Y me pidió que no se objetara esa ley, sino que fuera promulgada por el propio Congreso. Le pido al presidente del Congreso que se hiciera un esfuerzo para ver de qué manera cumplimos esto”, sostuvo García tras asistir al velatorio de la fallecida legisladora en su residencia de La Molina.

VOTO EN CONTRA. Sin embargo, es bueno recordar que en el Pleno del 22 de agosto pasado, donde se logró que se aprobara la ley que derogaba los controvertidos decretos 1015 y 1073, Fabiola Salazar, al igual que toda la bancada aprista, votó en contra de esta derogatoria. Este hecho, incluso, motivó que los pobladores de Bagua, en Amazonas, criticaran duramente la actitud de la parlamentaria aprista representante de dicha localidad.

BUENA NOTICIA. La reacción de las comunidades nativas ante el anuncio de Velásquez Quesquén no se hizo esperar. Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), consideró la medida como un gran avance y una buena noticia porque –resaltó– fortalecerá el diálogo entre el Ejecutivo y los indígenas en la búsqueda de una solución a los problemas de las comunidades nativas de la selva.“De esta manera se puede dialogar en forma consensuada sobre las necesidades de las comunidades nativas”, señaló, para luego resaltar que la promulgación de la norma evitará que en el futuro haya protestas.

La misma opinión tuvieron Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Parlamento, y Fredy Otárola, vocero del nacionalismo, quienes, sin embargo, criticaron que el Ejecutivo haya esperado hasta el último momento para pronunciarse sobre el tema, y recordaron también que aún están pendientes de solución otras demandas de los nativos, sobre todo en temas de educación, salud y transporte.

Ambos legisladores también lamentaron que el presidente Alan García y el titular del Parlamento utilizaran el nombre de la desaparecida congresista aprista para anunciar la promulgación de la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073. Los restos de Salazar fueron velados ayer en Bagua y hoy serán enterrados.

Perú, 20/09/2008

Hasta hoy García podría derogar leyes 1015 y 1073

2008-09-20T12:16:00.000-07:00

Ministro Antonio Brack se reunirá con nativos esta tarde para concertar una agenda.

Hoy culmina el plazo de 15 días hábiles que tiene el presidente Alan García para promulgar, observar o dejar en manos del Congreso la promulgación de la autógrafa de ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que desataron la airada protesta de los indígenas porque –según denunciaron–, con ellos, el gobierno pretendía privatizar sus tierras.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, y el secretario de Coordinación de la PCM, Juan Manuel Figueroa, señalaron a Perú.21 que la decisión final que se tome sobre dicho tema es potestad exclusiva del presidente.Sin embargo, este último admitió que el “sentimiento” que hay en el gobierno es que ni se promulgue ni se observe la ley y que, en consecuencia, se le deje al Congreso la responsabilidad de promulgarla, como se halla establecido en la Constitución.

Ayer, el legislador Roger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, ratificó a este diario que el titular del Parlamento, Javier Velásquez, le aseguró, hace unos días, que si el gobierno no promulgaba la autógrafa de ley, él lo haría.

HOY SE REÚNEN. Por otra parte, Brack y Figueroa confirmaron que hoy, desde las 3 p.m., dialogarán con los dirigentes de Aidesep y de Conap para elaborar una agenda sobre la problemática de los nativos. Figueroa dijo que Alberto Pizango, de Aidesep, ha confirmado que estará presente pese a que, días atrás, había pedido que su institución actúe como la única portavoz de los indígenas en el encuentro.

Perú.21, 19/09/2008

Hoy vence el plazo

2008-09-20T11:54:00.000-07:00

El plazo para que el Ejecutivo promulgue la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 vence hoy, lo que mantiene en la expectativa a las comunidades nativas amazónicas.

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, adelantó ante la eventualidad de que el Ejecutivo observe la norma o se niegue a promulgarla que los indígenas amazónicos confían en que el Poder Legislativo promulgará la ley que deja sin efecto los decretos y advirtió que, de no ser así, impedirán el ingreso de empresas madereras, petroleras y mineras en sus territorios. En tanto, los dirigentes de las comunidades nativas de Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cusco y Amazonas, así como los representantes de Aidesep, encabezados por Pizango, se preparan para la reunión que sostendrán hoy con el ministro de Ambiente, Antonio Brack, para debatir sobre un pliego de ocho demandas presentadas al Ejecutivo.

La Primera, 19/09/08

Nativos alistan protestas

2008-09-18T13:46:00.000-07:00

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) alista las medidas de lucha en caso de que ni el presidente Alan García ni el Congreso deroguen los cuestionados decretos legislativos 1015 y 1073, sobre la posesión de las tierras de las comunidades nativas, cuyo plazo vence mañana.

El titular de Aidesep, Alberto Pizango, advirtió ayer que si se insiste con la vigencia de ambas normas, los pueblos de la Amazonía “desconocerán” a Alan García como presidente de la República, aunque no explicó qué significaría esa decisión.

Adelantó que, en ese escenario, las comunidades continuarán con su lucha, pero ya no tomarán carreteras ni locales públicos. “Se replegarán a sus zonas y, desde ahí, le dirán al gobierno que se ha olvidado de los pueblos nativos”, manifestó a Perú.21.

Perú.21, 18/09/2008

Autoritarismo VS. Diálogo en la Amazonía

2008-09-18T13:21:00.001-07:00

El congresista Róger Nájar, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Ambiente, en diálogo con LA PRIMERA sobre la III Cumbre Amazónica, propone al gobierno otro modelo de desarrollo que escuche y recoja la opinión de los pueblos nativos.

–¿Cuál es su opinión sobre la política amazónica del gobierno?

–Su visión es distinta a la de la mayoría de la población amazónica. El gobierno cree que la modernidad es usurpar las tierras comunales y publicar leyes autoritariamente, sin consultar a los pueblos originarios que están protegidos por normas internacionales.

–¿Se refiere a los decretos 1015 y 1073?

–Así es, el plazo para que el presidente de la República promulgue su derogatoria o la observe está a punto de vencer. Ahora le toca al presidente del Congreso, Javier Velásquez, cumplir su compromiso de promulgarla.

–¿Son dos visiones distintas de la Amazonía?

–La visión autoritaria del gobierno colisiona con nuestra posición de diálogo para un desarrollo sostenible de la Amazonía. Queremos un diálogo con resultados que propicien un cambio de rumbo económico y político, porque el actual no es compatible con prácticas democráticas, de inclusión y desarrollo de los pueblos. Porque un diálogo sin resultados enardece a la población.

–¿Ustedes exacerban el descontento?

–Eso es lo que difunde el gobierno. Nosotros respondemos a las exigencias de la población que nos eligió, que espera ser atendida por políticas públicas en salud y educación. Los indígenas amazónicos administran más de dos millones de hectá-reas y esperan que la riqueza sirva para combatir a la pobreza y no sólo para el lucro de las transnacionales.

COMPROMISOS

–¿Está usted de acuerdo con la inversión privada en la selva?

–En la selva la inversión privada desde la colonia ha sido de rapiña, de explotación indiscriminada de sus recursos naturales, sólo ha sacado la riqueza de la naturaleza, de los suelos y ha dejado pobreza en los pueblos. Yo creo que debe haber inversiones públicas y privadas con compromisos ambientales y sociales para el desarrollo de los pueblos. La población dice: queremos ser socios estratégicos, no queremos ser peones (de las transnacionales).

La Primera, 18/09/2008

Nativos preparan lucha frontal contra decretos

2008-09-18T13:21:00.000-07:00

El presidente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, adelantó ayer que si el Ejecutivo se niega a promulgar la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 y lo devuelve al Congreso, los jefes de 182 comunidades de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín volverán a la lucha y esta vez impedirán el ingreso de empresas mineras, madereras y petroleras para evitar que continúen enajenando sus territorios.

Pizango dijo a LA PRIMERA que Aidesep coordina una movilización nacional en defensa de la Amazonía, tras la exitosa experiencia de la reciente protesta que arrinconó al gobierno y obligó al Congreso a derogar esos decretos.

“Los pueblos van a replegarse a sus comunidades y van a defender su territorio y van a decir ya no más ingresos de las empresas petroleras, madereras y mineras”, señaló Pizango y agregó que la posición de las comunidades siempre ha sido a favor del diálogo, sin embargo, al ver que el gobierno no quiere entender sus justas demandas, se verán obligadas a adoptar las medidas de protesta.

Pizango aclaró que sus declaraciones son resultado de acuerdos de una reunión con los 182 apus (jefes de comunidades) y el representante de la región Amazonas que se realizó los días 11 y 12 en la localidad de Yutupis en la provincia de Condorcanqui en Amazonas.

Sobre la reunión de los líderes indígenas con el ministro de Ambiente, Antonio Brack, que se realizará mañana, dijo esperar que la agenda abarque los ocho puntos planteados al gobierno, y advirtió que, en caso contrario, los nativos sabrán qué actitud tomar.

Enfatizó que los pueblos amazónicos estarán alertas ante las propuestas de los representantes de las Comunidades Nativas del Perú (Conap), a la que acusó de defender intereses del gobierno y no de las comunidades indígenas. Informó que los coordinadores de la Presidencia del Consejo de Ministros aceptaron que en el diálogo participen once dirigentes indígenas y no sólo cinco como planteó el gobierno inicialmente.

Hostiga a Aidesep

El dirigente indígena reiteró que detrás de la inspección a las instalaciones de Aidesep por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional existe una clara hostilización gubernamental, en represalia por los reclamos de los pueblos ancestrales.De otro lado, negó las imputaciones del Ejecutivo de que tras las quejas nativas existe injerencia o manipulación de agrupaciones políticas y afirmó que tampoco las hay de parte de las ONG.

La Primera, 18/09/08

Nativos no permitirán contratos hidrocarburíferos sin consulta

2008-09-15T10:02:00.000-07:00

Los Apus decidieron en asamblea en Yutupis (Amazonas) dar de plazo hasta la reunión con Brack. Si esta falla retomarán protestas.

Tienen todas sus esperanzas puestas en la reunión del próximo 19 de setiembre con el ministro Antonio Brack, fruto de la cual esperan se conforme la comisión multisectorial a través de la cual el Ejecutivo comience a trabajar en la solución de la compleja problemática amazónica. Pero no darán ni un día más de tregua a un Ejecutivo que, opinan, ya ha tenido mucho tiempo para avanzar en sus pedidos.
Por eso, y mientras no se llegue a acuerdos que se hagan efectivos, las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Marañón, Nieva, Chiriaco, Santiago y Utcubamba (Amazonas), Datén del Marañón (Loreto), Ucayali, Madre de Dios y el Bajo Urumbamba (Cusco) no permitirán nuevas concesiones hidrocarburíferas en sus territorios si es que antes, tal y como establece el Convenio N° 169 de la OIT (Oganización Internacional del Trabajo), no se les consulta.
Así lo acordaron los 182 Apus (jefes de las comunidades) y los casi setenta líderes indígenas que el jueves y viernes pasados se reunieron en la comunidad de Yutupis (Amazonas) para evaluar la situación de los reclamos amazónicos tras la protesta de agosto, informó a La República Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana).
EN DEFENSA DE SUS TIERRAS
"Si el 20 de setiembre no ven una solución a sus pedidos, los indígenas ya han decidido que se replegarán en sus territorios e impedirán cualquier nueva concesión, ya sea a empresas mineras, petroleras o forestales, si es que antes no son consultados", afirmó Pizango.
El líder indígena también precisó que esa decisión no incluye la toma de entidades estratégicas, como centrales hidroeléctricas, el Oleoducto Nororiente o algunos lotes del proyecto Camisea. El presidente de Aidesep especificó asimismo que las propiedades abarcan trece millones de hectáreas.
Pizango se mostró satisfecho con la conformación de la comisión multipartidaria del Congreso, y adelantó que Aidesep ya tiene preparado un plan estratégico a trabajar, en el que explican que no es necesaria una reglamentación para aplicar la consulta claramente especificada en el Convenio N° 169 de la OIT. Los indígenas también pedirán que los territorios ancestrales sean considerados inembargables e inalienables, además de intangibles (como en la Constitución de 1979), pues esta última terminología es la que deja la puerta abierta al "mercantilismo de las comunidades". El presidente de Aidesep recordó finalmente su deseo de reunirse con Alan García.

NO A LA CONAP
La carta. El viernes 12 de setiembre el ministro Antonio Brack envió una carta a Aidesep mostrando su intención de que en la reunión del 19 de setiembre en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) además de Aidesep esté presente la Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú).
La respuesta. La idea no gustó demasiado a Aidesep, pues creen que Conap no ha participado en la protesta amazónica y solo quiere protagonismo.

La Reública, 14/09/2008

Nativos se preparan y esperan derogatoria

2008-09-12T11:10:00.000-07:00

El presidente la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, se reúne desde ayer con los dirigentes amazónicos en la comunidad de Yutupis en la provincia de Condorcanqui de la región Amazonas para coordinar medidas de protesta, para el caso que el gobierno pretenda impedir la vigencia de la ley 2440, aprobada por el Congreso para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073.

Los representantes de las comunidades de la Amazonía continuarán hoy discutiendo los pasos que seguirán, ante la cercanía del 19 de setiembre, fecha en que vence el plazo para la promulgación de la referida norma por parte del Ejecutivo. Las decisiones serán anunciadas mañana sábado.

Asimismo, Pizango recoge propuestas de los nativos para llevarlas a la reunión que sostendrán con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, en la Presidencia del Consejo de Ministros el próximo 19 de setiembre, en la cual participará la Comisión Multipartidaria designada ayer en el Congreso. Está será referente para crear una Comisión Mutisectorial formada por los carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía a la que corresponderá resolver las demandas de los pueblos indígenas y amazónicos.

El representante de Aidesep llevará a la reunión con Brack una agenda de ocho puntos que incluye la derogatoria de los decretos 994, 1020,1064, 1081 y 1090.

DETALLE

Un total de 65 comunidades nativas en las regiones Amazonas, Loreto y Cusco se movilizaron en agosto pasado contra los decretos 1015 y 1073, lo que obligó al Congreso a aprobar la norma derogatoria, que espera por su promulgación

La Primera, 12/09/2008

El Congreso decidirá derogatoria de decretos

2008-09-11T14:09:00.000-07:00

El congresista y presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Róger Nájar, manifestó que el presidente del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén, le aseguró que si el Ejecutivo no se pronuncia hoy sobre la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, él puede promulgar la norma que los derogue directamente sin consulta al Pleno.
En diálogo con EXPRESO, el parlamentario Roger Nájar sostuvo que este compromiso fue expresado por el propio Velásquez Quezquén durante una reunión que sostuvo con un grupo de parlamentarios, entre ellos el propio Najar, Gabriela Pérez del Solar y José Macedo, donde se tocó el tema de la derogatoria de los mencionados decretos y qué hacer ante la posibilidad de que el Ejecutivo no se pronuncie aún.

Al respecto, los congresistas Fabiola Morales y Alejandro Aguinaga, integrantes de la Mesa Directiva, si bien no descartaron esta posibilidad, manifestaron que lo más recomendable sería esperar la respuesta del Ejecutivo.

“Hay que ser respetuosos y cumplir los pasos”,sostuvo el congresista Aguinaga.

Afán politiquero

Por su parte la congresista Fabiola Morales informó que un tema que también se vería hoy en reunión del Pleno sería la formación de una comisión especial multipartidaria que buscará diagnosticar la situación de los pueblos indígenas, tema que forma parte del acta firmada por los dirigentes nativos con el gobierno.

Cabe señalar que ambos congresistas coincidieron en señalar que las advertencias de Alberto Pizango, de Aidesep, tiene un afán protagonista y politiquero, pues el Congreso ya derogó los decretos tal como lo habían solicitado. “La pelota está en el Ejecutivo”, argumentaron.

Expreso, 11/09/2008

Alistan III Cumbre Amazónica

2008-09-11T12:54:00.000-07:00

Dirigentes de organizaciones amazónicas anunciaron ayer la realización de la III Cumbre Amazónica, que se realizará en Yurimaguas el 20 y 21 de setiembre, en la que decidirán sobre las medidas que tomarán para defender la Amazonía de la tala indiscriminada y la invasión de empresas transnacionales.

La presidenta del Frente de Defensa del Alto Amazonas, Adilia Tapullima, manifestó que un tema principal de la cumbre será sobre los decretos legislativos que afectan la autonomía de las comunidades nativas y al ecosistema amazónico.

Por su parte, Amador Chumbe, secretario de Asuntos Agrarios Campesinos y Nativos del Frente de Defensa del Alto Amazonas, afirmó que su gremio exigirá al Ejecutivo que derogue los decretos legislativos 1015 y 1073. “Le decimos al gobierno que si no deroga estas leyes, los pueblos tenemos derecho de insurgir. No vamos a permitir que se decida vender nuestras tierras”, advirtió.

La Primera, 11/09/2008

Indígenas quieren evitar más protestas

2008-09-11T12:21:00.000-07:00

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, se reunirá hoy y mañana con dirigentes de la región amazónica en la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas para establecer las medidas que realizarán, en caso que el gobierno obstaculice la promulgación de la ley N° 2440, aprobada por el Congreso el 20 de agosto, que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073. El plazo para la promulgación expirará el próximo 19 de setiembre.

En tanto, los dirigentes de la Amazonía esperan que el Congreso cree la Comisión Multipartidaria que viajará a reunirse con los dirigentes amazónicos para resolver los problemas que afrontan. La conformación de esta comisión, elegida por los miembros de la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía tendrá que ser refrendada mañana por el pleno del Congreso.

El dirigente de la Aidesep y el ministro de Ambiente, Antonio Brack se reunirán el viernes 19 a las tres de la tarde en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde fijarán lineamientos para crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, que tendrá que resolver las demandas de los indígenas y los amazónicos.El representante de Aidesep presentará ante el ministro Brack una agenda de ocho puntos entre los cuales se cuenta la derogatoria de los decretos 994, 1020, 1064, 1081 y 1090, que, según dijo, son nocivos para los intereses de los nativos.

La Primera, 11/09/2008

Aidesep evalúa acciones

2008-09-11T11:19:00.000-07:00

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se reunirá hoy y mañana con los dirigentes de los nativos en la provincia de Condorcanqui (Amazonas) para definir qué acciones de lucha adoptarán si el presidente Alan García no deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, tal como se aprobó en el Congreso.

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, reiteró que serán firmes en su posición y que se movilizarán con fuerza si no son escuchados. Enfatizó que el gobierno no debe olvidar que el desarrollo se logra, pero con responsabilidad y respetando los derechos de los indígenas.Hasta ahora, la única respuesta por parte del Ejecutivo ha sido que se encuentra “evaluando” el tema. Sin embargo, ha insistido en resaltar los beneficios de las citadas normas.

Perú.21, 11/09/2008

“Que deje Stanford y se mude a la selva”

2008-09-10T10:56:00.000-07:00

El anuncio de Alejandro Toledo de sumarse a las protestas de la selva si el gobierno persiste en los decretos 1015 y 1073, mereció el rechazo de las principales bancadas del Congreso, quienes coincidieron en que el ex mandatario busca protagonismo político cada vez que viene de visita al Perú.

"Yo le diría que, si piensa así, que deje de vivir a todo lujo en Stanford y se mude a la selva, que seguramente allí realmente conocerá cómo vive la mayoría, en un grave atraso, porque parece que extraña su vincha. Si así quiere postular al 2011 está muy desenfocado, le hace el juego a gente que quiere la confrontación y el caos por sus intereses políticos", refirió Luis Gonzales Posada (PAP).

Incluso congresistas que están contra la llamada "ley de la selva" rechazaron las afirmaciones de Toledo, en el sentido de que éstas responden a un afán de recobrar la popularidad que tuvo hace años.

"Las declaraciones de Toledo son demagógicas y poco atinadas para un ex presidente que se jacta de democrático. Es algo irresponsable y sin sentido hablar de marchas y anarquía, todo porque busca ser una alternativa electoral, pero su época ya pasó", añadió Hildebrando Tapia, de Unidad Nacional.

Por su parte, el nacionalista Isaac Mekler calificó a Toledo de "figuretti" y de querer aprovecharse de la posición de los selváticos y de la oposición en el Congreso.

"Ese señor gobernó para los ricos y ahora se quiere hacer el que lucha por los pobres para figurar. El Congreso ya derogó esa ley, y si Alan García la observa, nos impondremos como primer poder del Estado", indicó.

Ministra y Fiscal de la Nación

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, afirmó ayer que el ex presidente Alejandro Toledo “no ha pensado mucho” en las cosas que ha dicho, sobre salir a las calles si el Ejecutivo aprueba los decretos legislativos 1015 y 1073, conocidos también como la “Ley de la Selva”. Por su parte la ministra de Justicia, Rosario Fernández, demandó al ex presidente Alejandro Toledo mantener el perfil bajo y no azuzar a la población amenazando con salir a las calles si se aprueba la “Ley de la Selva”.

Expreso, 09/09/2008

Ejecutivo debe promulgar ley que deroga decretos legislativos que afectan a comunidades amazónicas

2008-09-08T10:46:00.000-07:00

El doctor Javier Velásquez Quesquén (48 años), parlamentario del APRA por Lambayeque desde 1995 y reelecto en el 2001 y 2006, como presidente del Congreso, espera que el Poder Ejecutivo promulgue la ley que deroga los decretos legislativos que crearon el rechazo de las comunidades amazónicas, mientras que realiza un trabajo que busca descentralizar la labor del Poder Legislativo, efectuando reuniones en diversos puntos del país. También hace una defensa del prestigio del Congreso e indicó que esto, sin dejar de reconocer las infracciones cometidas por algunos legisladores, es el resultado de la crisis parlamentaria que existe en el mundo.

Problema con etnias amazónicas

–¿El líder amazónico Alberto Pizango no realiza una abierta actividad subversiva, al decir que desconocerán al gobierno que preside Alan Garcia, sino se promulga la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073?

Creo que es la opinión de un dirigente que no expresa el sentimiento de la mayoría de las comunidades y tengo entendido que la Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana (Aldesep) sólo representa a 1,200 comunidades, cuando en el país hay más de 100,000.

–¿Y las advertencias públicas de Pizango de declarar la autonomía de una zona vecina con Ecuador e, inclusive, hacer amenazas de anexar a Brasil la zona del Purús?

Esta encubierta voluntad separatista que persigue el señor Pizango no va a tener respaldo. Tengo la absoluta seguridad de esto. Ya el sistema democrático le ha sabido dar una lección a él, al decirle que es capaz de resolver los problemas dentro del sistema y el Parlamento, soberanamente, tomó la decisión de derogar los dos decretos legislativos, el 1015 y el 1073, y ya no va a tener ningún argumento para estas aventuras separatistas, que lo único que hacen es condenar a los pueblos a su pobreza y a la orfandad. Entonces, esto no va a prosperar.

¿Ayuda externa?

–Pero para hacer esta labor francamente subversiva, Pizango debe recibir un apoyo económico. ¿De dónde?

Pienso que el señor Pizango está pensando más en la cumbre de los pueblos, uno de los eventos paralelos que se hacen a la cumbre de la APEC (siglas en inglés del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, que se realizará en noviembre en nuestro país) y no quiere admitir que él esté marcado en esa corriente que quiere desestabilizar el sistema democrático en el Perú. Pero no podrá, de ninguna manera, levantar un argumento contra las reglas que rigen al país.

–¿Si la Aidesep persiste en esa acción separatista del gobierno central, de qué van a vivir, tienen recursos económicos para sostenerse?

Bueno, hay gente que construye su discurso y su plataforma política en base a la pobreza. Por eso que hay algunos que se resisten ante las comunidades nativas y hablan de la pobreza, porque sino se quedan sin discurso y sin plataforma política. Yo creo que el tiempo va a decantar y a depurar a algunos apóstatas, que creen que son iluminados y que pueden llevar y condenar a los pueblos a la postración y al olvido. Somos un Estado unitario y creo que la gran mayoría de los peruanos apostamos a consolidarlo.

¿Ley de la amazonía será promulgada?

–¿Cree usted que el Ejecutivo, que tiene plazo hasta el 19 de este mes, va a observar o promulgar el proyecto de ley que deroga los D. L. 1015 y 1073?

El Poder Ejecutivo está evaluando esa posibilidad. No he hablado con el Presidente de la República, pero escuché la opinión del ministro del Ambiente, Antonio Brack, que es una posición del gobierno, en el sentido que se debería publicar la derogatoria de las dos normas. El Primer Ministro (Jorge del Castillo) ha dado una opinión intermedia en el sentido de que esta derogatoria pueda abrir un espacio de diálogo con las comunidades nativas.

–¿Faltó diálogo o qué con las comunidades nativas?

Lo que yo sí creo es que hubo un reconocimiento expreso, pero ha faltado diálogo y si hay que poner los caballos delante de la carreta, bueno, hay que hacerlo. Y que esto sea positivo y abramos una ventana de diálogo para reconstruir la relación con las comunidades nativas, para, a través del mismo, poder ir resolviendo los grandes problemas que existen

Comisión de Ética

–¿Y qué pasa con la Comisión de Ética?

A diferencia de los parlamentos anteriores y con todas las inconveniencias que tiene, hay una Comisión de Ética que sanciona a sus miembros.

–¿Y que fue de la denuncia que hizo la señora María Sumire en contra de su compañera de partido, Nidia Vílchez, por una supuesta agresión que la hizo internar en una clínica?

Esa denuncia colisiona con un mandato constitucional, que los parlamentarios no son responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su función, porque con ese criterio le recuerdo que hubo un congresista que me denunció por decirle “picón” y, por ello, no podía denunciarlo a él por haberme acusado sin sentido. Son gajes de la política, pero si es reprobable, que indigna, que hayan hechos irregulares, de faltas de inconducta y también de la comisión de actos ilícitos penales, porque todo el desprestigio lo ha arrastrado la institución parlamentaria.

–¿Qué se está haciendo para tratar esos casos?

Hemos quedado que las comisiones que están viendo estos casos de algunos congresistas, se pronuncien pronto y rápidamente para pasarlos al Poder Judicial.

El comedor de pollos a la brasa

–¿El congresista José Anaya, el comelón de pollos a la brasa, se presentó en conferencia de prensa para justificar la falsificación de facturas, y a usted se le imputa ser demasiado blando con él?

Yo no tengo que ver con él y no soy quien lo procesa. La verdad es que me indigna por los hechos que se han mostrado (de falsear facturas por consumo de pollos a la brasa para justificar gastos), y yo espero que la Comisión de Ética se pronuncie rápidamente.

–¿Este legislador cobró al Congreso un pasaje que le fue obsequiado para viajar a Europa?

Vamos a hacer que todo el peso de la sanción recaiga sobre él, si es que se le acreditan los hechos gravísimos que le han imputado.

–¿Es exacto que se busca recortarle atribuciones a la Comisión de Ética?¿Quién le va a recortar sus funciones?

No hay ninguna propuesta en ese sentido. Más bien le he dado un plazo de 30 días, para que terminen todos los procesos y se pronuncie ya y no dejen ningún tema pendiente.

–¿Entonces, están soplando nuevos vientos, porque realmente la Comisión ha tenido una actuación desafortunada?

El problema es que la Comisión de Ética no ve delitos, ve transgresiones y faltas a la ética, pero yo creo, en términos generales, que ha hecho un buen trabajo.

–¿Usted, entonces, está poniendo especial atención en los casos de los congresistas que recortaban los sueldos a su empleados?

Eso es grave, reprobable y condenable. Un parlamentario que lo haga, lo menos que merece es que el Congreso lo autorice y lo mande al Poder Judicial para que sea severamente sancionado.Sismo del sur chico

–¿El Parlamento no va a tomar cartas en las investigaciones por los trabajos irregulares que denuncian los damnificados del sismo del 15 de agosto de 2007?

El Parlamento, a partir del 15 de agosto del año pasado, en que se dieron los lamentables hechos de Pisco y otras ciudades, ha estado a la altura de su responsabilidad. Todas las herramientas legislativas que el Ejecutivo solicitó las hemos dado en el tiempo oportuno. Inclusive, hace algunos días, casi por unanimidad, hemos aprobado una ley para que se puedan expropiar los bienes que se necesitan para poder construir las viviendas en favor de los damnificados.

–¿Y el pedido para que se investiguen ciertas obras?

Hay un pedido para formar una comisión investigadora y ver los avances de la reconstrucción. Este país es uno que nunca se prepara, nunca previene, sino que siempre actúa sobre hechos consumados. Por ejemplo, con el problema del fenómeno del Niño más gastamos en las consecuencias del fenómeno y no en prevenirlo, porque nos resistimos a gastar en la prevención.Reuniones descentralistas

–¿Por eso son sus visitas al interior del país?

Esa es la razón de las visitas para ver que pasa en las regiones, ver los problemas y trasladarlos al Poder Ejecutivo. En el tema básicamente de la reconstrucción del sur, creo que el país no estuvo preparado para enfrentar un desastre de esa magnitud, y hay una burocracia indolente que ha hecho lenta la ejecución de esta primera etapa de levantar los escombros.

–¿Hubo un mea culpa?

Sí, el gobierno ha sido muy honesto en reconocer y decir que no se tuvo la velocidad que se necesitaba, pero tampoco se puede afirmar que no se ha hecho nada, ya que se está terminando la etapa de levantamiento de escombros, etapa de saneamiento de las propiedades y en un poco tiempo Pisco, y todas las zonas afectadas por el sismo, van a florecer como unas ciudades modernas. Hay recursos para mejorar el aeropuerto, la autopista (Cañete–Ica), pero, evidentemente, es justificada la impaciencia de los damnificados porque quieren ver que rápidamente se reconstruyan sus ciudades.

–¿Va a realizar alguna reunión descentralista en Pisco u otra ciudad del sur?

Sí, está programada para el mes de octubre en el lugar donde lo señale el presidente regional. Acabamos de estar el sábado en Huánuco y luego iremos a Tumbes, Arequipa, Tacna y Moquegua y de allí regresar a Ica.Personal de limpieza

–Se ha denunciado que más de 200 servidores del Congreso han sido cesados y reemplazados supuestamente por miembros del Apra.

Absolutamente falso. Lo que sucede es que el Parlamento necesita sólo 50 personas para limpieza y tiene 150 personas nombradas para hacer esa labor. Esas personas no se han tocado, pero qué sucede, estas personas que han sido nombradas para limpieza, ahora ya no quieren limpiar sino que reclaman cumplir labores administrativas. Y como ya no han querido hacer limpieza, se ha estado contratando vía de servicios no personales a gente para que haga ese trabajo. El dinero para pagar eso no es dinero mío, es de todos los peruanos. Lo que se está haciendo es poner las cosas en orden. Es totalmente falso que yo haya contratado un solo trabajador y no lo voy a hacer.

–¿Cuántos empleados tiene actualmente el Congreso?

Este Parlamento tiene 2,180 personas y ya no podemos tener más gente. Entonces, no es verdad, es falso que yo haya sacado a gente nombrada. Es gente que estuvo contratada hace unos meses y las personas que han sido contratadas cumplen su función. Para qué vamos a tener más gente que supla funciones de otros que están en planilla y gozan de todos los beneficios que la ley establece.

–¿Habrá entonces congelamiento de nuevos servidores?

Solamente diré que al término de mi función, no voy a dejar un solo trabajador más de los que he encontrado.

–¿Cuándo se tomó la medida de contratar a los encargados de la limpieza?

Fue en la época de (el ex presidente del Congreso en el 2002, Carlos) Ferrero. Además, el Congreso necesita sólo 50 personas para limpieza y tenemos 150, e irresponsablemente quieren que contrate otras 150 personas para que hagan la labor de los que están nombradas. En otros sitios, por ejemplo, en el Parlamento norteamericano la limpieza y la seguridad está tercerizada. Yo no quiero tercerizar, pero los señores que fueron nombrados, que gozan de todos los beneficios, tienen que hacer su limpieza.

Bajo nivel del Congreso

–¿Por qué tenemos un Congreso considerado el más mediocre de los últimos 50 años?

Cómo se explica que el Congreso del año 1992, cuando aún había luminarias y Alberto Fujimori lo cerró, un 9a5% de los peruanos aplaudió esa medida. En 1948 (por el golpe de Manuel Odría a José Luis Bustamante y Rivero) también lo cerraron y hubo una revolución en las calles. Los Parlamentos son como los impuestos: la gente no los quiere, pero son necesarios

–¿Pero no se puede negar que el Congreso está mal visto por la actuación de ciertos legisladores, lo que hace tener un aprobación de apenas un 9%, porcentaje nunca alcanzado por otro Legislativo?

Claro, por supuesto que sí, pero no es un consuelo de tontos, aunque el Congreso el año pasado tenía un nivel más bajo. Actualmente, el Senado de los Estados Unidos tiene un 12%. Es un proceso que resulta de la crisis del sistema parlamentario en el mundo. En el Perú tiene una connotación particular, porque hay dos, tres o cuatro parlamentarios que tienen conductas irregulares y algunos otros que han cometido ilícitos penales. Por eso se extiende la desconfianza y el deterioro de la imagen del Parlamento, pero siempre van a suceder este tipo de hechos.

¿Parlamento perfecto?

–¿Puede haber algún día un Parlamento aprobado por todos?

Parlamento perfecto no lo va a haber. ¿Por qué? Porque la soberanía es del pueblo y el pueblo es el que lo elige. Nadie puede garantizar que los 120 parlamentarios que ingresan a un nuevo Congreso no puedan incurrir en un error, en una falta o en la comisión de un ilícito penal. Inclusive, hay precedentes donde hay parlamentarios que han atacado a una persona y fueron procesados por eso. Lo que sucede ahora es que con el avance de la información, el país está informado debidamente, lo que hace que los mecanismos de control sean más severos.

–¿Entonces, los avances de la información que menciona son la causa de que haya tantos parlamentarios denunciados y sancionados, incluso con el desafuero de dos de ellos, en el corto espacio de dos años de gestión?

No, pero ahí hay un error. Se ha procesado mal la información. Hubo 62 denuncias, pero sólo han prosperado cinco o seis. Sin embargo, hay denuncias que carecen de sustento y terminan archivadas, pero sólo se toma la hora inicial de la denuncia y se resalta así, falsamente, que la mitad del Parlamento está denunciado. Nosotros somos gente que hacemos política que tenemos adversarios. Por ejemplo, en la legislatura pasada le dije a un congresista: “estás un poco picón, porque no te llevamos en la lista del Apra”, y él me puso una denuncia en la Comisión de Ética y fue archivada porque era una opinión, pero eso lo cuentan como una denuncia más. Como decía el (Mahatma) Gandhi: No es porque una gota del mar esté manchada, todo el mar está manchado”. Las responsabilidades son personales, individuales.

Expreso, 08/09/2008

Brack y Pizango se reunirán en la PCM

2008-09-08T10:32:00.000-07:00

Fijarán lineamientos para crear Comisión Multisectorial formada por carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía.

Las conversaciones telefónicas de los últimos días llegaron a buen puerto, y el viernes pasado el Ejecutivo y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) acordaron retomar el diálogo y reunirse el próximo 19 de setiembre, a las tres de la tarde, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El encuentro, que tendrá como protagonistas al ministro del Ambiente, Antonio Brack (el interlocutor designado por el gobierno desde el inicio de la protesta indígena), y el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, buscará fijar los lineamientos para conformar una comisión multisectorial que debata la problemática de los nativos amazónicos, y que estará integrada por las carteras de Ambiente, Salud, Educación, Agricultura y Energía y Minas, informó a La República Pizango.
"Es un buen paso, ahora sí sentimos que estamos avanzando en el proceso de conversación para evaluar los múltiples problemas de los indígenas amazónicos", afirmó el líder indígena.

AGENDA DE OCHO PUNTOS
Pizango precisó que Aidesep presentará una plataforma de ocho puntos para debatir con el gobierno, entre ellos la derogatoria de otros decretos que cuestionan, como son el Nº 994, Nº 1020, Nº 1064, Nº 1081 y Nº 1090, así como el compromiso del gobierno de consultar a los pueblos indígenas antes de legislar sobre materias que los afecten de forma directa, tal y como establece el Convenio 169 de la OIT, del que Perú es firmante desde 1993. Aidesep también propone la restitución del Programa Especial de Titulación de Tierras ( PETT) como mecanismo de titulación de los territorios indígenas, el restablecimiento del rango ministerial del INDEPA y un programa de protección urgente para los nativos en aislamiento.
Las conversaciones entre el gobierno y los nativos se rompieron el 15 de agosto, en Datem del Marañón (Loreto), lugar al que se desplazó Antonio Brack para conversar con los dirigentes, que pedían la presencia del premier Del Castillo y una mesa multisectorial como la que ahora se prepara. Después de varias discrepancias verbales –y las disculpas públicas de Pizango al Ejecutivo– el contacto telefónico se retomó hace unas dos semanas.
La reunión entre Brack y Pizango tendrá lugar el mismo día que termina el plazo del Ejecutivo para promulgar, observar o no pronunciarse sobre la ley N° 2440, aprobada por el Congreso el 20 de agosto, que deroga los decretos 1015 y 1073, principales desencadenantes de la movilización de las siete regiones amazónicas el 9 de agosto.

Demora en el Congreso
Este jueves será la tercera oportunidad que tenga el Pleno del Congreso para conformar la Comisión Multipartidaria que buscará desde el Parlamento una solución a la problemática indígena, tal y como se acordó el pasado 20 de agosto.
Falta por decidir si esta coincidirá o no con el subgrupo de trabajo creado para tal fin por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso.
Sobre el tema hay divisiones. Dicho subgrupo, presidido por Gloria Ramos, considera que no es necesaria su ratificación en el Pleno, pero la Junta de Portavoces no piensa lo mismo, ya que la votación cumpliría la palabra dada a los indígenas y además permitiría que cada partido –como algunos ya han hecho saber– haga cambios si así lo desea.

La república, 08/09/2008

Indígenas decidirán el viernes si retoman protestas

2008-09-08T10:18:00.000-07:00

Más de 190 Apus se reunirán el 11 y 12 de setiembre en la comunidad de Yutupis (Amazonas).Crece el descontento. No se derogan los DL 1015 y 1073 ni el Pleno ratifica la comisión multipartidaria.

El sentimiento de decepción crece entre los indígenas amazónicos. Más de dos semanas después del fin de su protestas ven con desesperación cómo las promesas que los llevaron a detener sus movilizaciones están estancadas.
El gobierno aún no se pronuncia sobre la ley N° 2440, aprobada por el Congreso el 20 de agosto, por lo que los decretos 1015 y 1073 aún no se derogan. Y la comisión multipartidaria que acordaron conformar con el beneplácito de Javier Velasquez Quesquén (Apra), el presidente del Parlamento, todavía no ha sido ratificada por un Pleno del Congreso que no ha visto el tema en sus dos últimas sesiones.
La lentitud en los trámites para resolver sus problemas es interpretada como una muestra de desinterés tanto del Ejecutivo como del Legislativo, por eso más de 190 apus de diferentes comunidades awajún y wampis se reunirán los días 11 y 12 de setiembre en Yutupis (Amazonas) para evaluar si siguen esperando o retoman sus medidas de lucha, informó a La República Saúl Puerta Peña, dirigente nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
"Los ánimos están caldeados y los apus quieren levantarse porque creen que el gobierno no quiere nada con ellos. Ya han esperado demasiado tiempo y ven que no hay avances", explicó.
TIEMPO LÍMITE
El encuentro se produce una semana antes de la fecha límite que tiene el Ejecutivo para promulgar u observar la ley N˚ 2440. Un plazo que debió ser menor pero se extendió porque el Parlamento tardó –desde que se aprobó la ley– una semana en enviar la autógrafa del texto legal a Palacio de Gobierno.
De momento el 19 de setiembre (casi un mes después de su votación en el Congreso) solo se sabe que el Ejecutivo dijo que no promulgará la ley, pero queda ver si la observará u optará por el silencio, en cuyo caso todo quedará en manos del oficialista Velásquez Quesquén.
"Existe una última alternativa, pero es muy poco habitual. El gobierno puede promulgar la norma pero mandar al mismo tiempo un proyecto de ley con una nueva iniciativa. Sea lo que sea, lo cierto es que está demorando mucho en pronunciarse sobre el tema", explicó el constitucionalista Samuel Abad.
De retomar sus protestas los indígenas amazónicos, el conflicto podría ser aún mayor que el anterior. Ayer el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, dijo a este diario que las comunidades campesinas comparten su molestia con los indígenas amazónicos, no solo estando contra los DL 1015 y 1073, sino contra otros como el 1064, el 1089 o el 1090. Así, aunque inicialmente esperarán hasta el 12 de octubre para pronunciarse sobre un posible paro, este se adelantaría si los nativos de la selva vuelven a protestar.

EL DATO
Discrepa. El ministro Antonio Brack dijo ayer que los DL 1015 y 1073 son "simplemente normas sobre la votación en las comunidades campesinas y amazónicas para decidir el uso de sus tierras".

La República, 07/09/2008

Ni indios ni indígenas: simplemente peruanos

2008-09-06T11:37:00.000-07:00

La perversa política llamada El perro del hortelano ha servido para demostrar que el Perú es un país pluricultural, pero culturalmente desarticulado.

No está demás decir una vez más, que tanto para quechuas como para aymaras, la palabra indio es una afrenta, un agravio, un insulto. En ninguno de esos idiomas existe esa designación racista. Históricamente nunca aceptaron ni aceptan ahora ese mote. La prueba es que así lo expresaron enfáticamente en el Manifiesto Político del Titicaca (2005).

Lo mismo sucede con los peruanos que habitan la Amazonía. No les agrada que los llamen nativos, oriundos, naturales y menos indígenas, esos conceptos de carácter racial y discriminatorio tampoco registran sus lenguas ni dialectos. Esas denominaciones corresponden a la cultura dominante, a una forma de clasificar a los peruanos, de acuerdo al lugar de origen, color de la piel, estrato económico y sobre todo a la cultura de la proceden.

De allí que la mal llamada Ley de la Selva y su esperada derogatoria por el Congreso, haya servido para demostrar una vez más, que la política está íntimamente ligada con la cultura. Como también la cultura, está estrechamente vinculada con la práctica de la política.

Por eso, todo acto cultural es un acto político. Pero, además, la derogatoria de los decretos que lesionan los derechos ancestrales de los peruanos amazónicos, ha hecho posible reconocer lo siguiente:

1.- Que la cultura no ha llegado a la política.

2.- Que los discursos oficiales, en los que se afirma que el Perú es un país pluricultural y multilingüe, es sólo un juego de palabras lleno de hipocresía

3.- Que no hay ningún respeto por la cultura y a una distinta concepción de la vida de los pueblos amazónicos.

4- Que de nada ha servido el aporte de las ciencias sociales durante más de cincuenta años.

Entonces, más allá de la evidente perfidia de los objetivos políticos, se trata de un grave atentado contra la pluralidad de la cultura peruana. Decir: “Los nativos no entienden el significado ni beneficios del desarrollo y progreso”, es una muestra del desprecio a los 65 pueblos diseminados en la Amazonía Peruana.

Todo acto político es una expresión de la cultura. En consecuencia, lo que está en juego no es sólo una subasta de la Amazonía, sino fundamentalmente la diversidad y riqueza de la cultura peruana.

La Primera, 06/09/2008

Quieren impedir tercera cumbre amazónica

2008-09-06T11:34:00.000-07:00

El presidente del Foro Regional de la Selva Central, Humberto Paredes Vargas, y el dirigente del Frente de Defensa de Chanchamayo, Francisco Cantoral Huamán, denunciaron que la persecución política y judicial contra los dirigentes sociales que iniciaron la lucha contra los decretos legislativos 1015 y 1073 tiene como objetivo impedir la realización de la Tercera Cumbre Amazónica convocada para el 20 y 21 de setiembre.

“Esto es parte de un operativo de persecución política, judicial y policial, con la finalidad de descabezar y desmoralizar la lucha social amazónica. No somos delincuentes, somos luchadores sociales”, afirmó Paredes.

Paredes relató que la fiscal Carmen Sarmiento Pumaraymi acusó el 28 de agosto a ambos y a otros siete dirigentes de ser responsables de los disturbios ocurridos en Pichanaki el 17 de marzo, durante el primer paro amazónico, por lo cual el juez Lucio Salva Ricaldi, titular del Primer Juzgado Penal de la provincia de Chanchamayo, ordenó la captura de los denunciados.

Paredes refutó la acusación y dijo que los dirigentes acusados estuvieron ese día en La Oroya y, luego de enterarse de los disturbios, acudieron a Pichanaki para apaciguar los ánimos de la población y firmaron un acta con el jefe de la Octava Región Policial de entonces, Roberto Villar Amiel. Pero lo “curioso” del hecho es que, según Paredes, la fiscal Carmen Sarmiento, la misma que los acusó, fue testigo del acuerdo de distensión.

La primera, 06/09/2008

Ultimátum de las etnias amazónicas

2008-09-06T11:29:00.000-07:00

Sólo esperarán hasta el día 15 por la promulgación de ley que deroga decretos rechazados por los nativos.

El presidente de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, advirtió ayer que los pueblos amazónicos esperarán solamente hasta el 15 de setiembre para que el gobierno promulgue la ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 y luego volverán a tomar medidas de protesta.

Pizango dio el ultimátum al gobierno, entre otras cosas, porque durante el pleno del Congreso del jueves no se dio prioridad a la formación de una comisión multipartidaria para que viaje a Amazonas a fin de conversar con los dirigentes de los nativos, tal como se había comprometido el presidente del Congreso, Javier Velásquez, el pasado 20 de agosto.

“El acta de entendimiento no se está cumpliendo, no le dan prioridad. Esperaremos hasta el 15, no podemos esperar más. Queremos que Velásquez cumpla con su palabra”, dijo al recordar que el plazo legal para que el gobierno promulgue o vete la ley expirará el día 13.

“Si los decretos no son derogados, a partir del 15 vamos a paralizar nuestras actividades para decirle al gobierno y al Congreso que nos sentimos burlados y que nuestra primera medida será denunciar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH)”, advirtió Pizango. “Después iremos al Congreso norteamericano para informar que todos estos atropellos se realizan para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, agregó.

Tras descartar nuevas tomas de carreteras y de instalaciones petroleras, como las que llevaron a que el Congreso derogue los decretos, señaló que el conflicto será planteado también a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) integrada por nativos de todo el continente.

La Primera, 06/09/2008

“Nos persiguen por defender la selva amazónica"

2008-09-06T11:06:00.000-07:00

Piden que la fiscalía identifique a los verdaderos agresores y que se les permita demostrar su inocencia.

"El proceso judicial iniciado contra el alcalde y los dirigentes del Frente de Defensa de Pichanaki solo busca amedrentar a la población para que no proteste contra los intentos de privatizar la selva", advirtió ayer Humberto Paredes, dirigente de dicha comunidad.
Paredes y otros ocho dirigentes del Frente de Defensa y el alcalde de Pichanaki se encuentran con orden de captura por los actos de violencia durante el paro del 17 y 18 de marzo contra la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería", llamada la "Ley de la selva".
Humberto Paredes indicó que ellos no se encontraban en Pichanaki cuando una turba atacó un camión portatropas de la policía. "La fiscalía debe identificar a los verdaderos responsables, nosotros estábamos en la Oroya cuando eso sucedió y al regresar hemos logrado calmar a la población y dar inició al diálogo, la fiscal fue testigo de esto", explicó Paredes.
Anotó que pese a conocer cómo se dieron los hechos la fiscal Carmen Sarmiento, sin ninguna prueba y sin escucharlos primero, procedió a denunciarlos ante el Poder Judicial y logró que se ordene sus detenciones sin haber motivo para ello.
Paredes aseveró que se encuentran en Lima preparando su defensa y que en los próximos días se estarán poniendo a disposición del juez de Chanchamayo, Lucio Salva Ricardi.
"Nosotros no somos delincuentes. Tenemos domicilio conocido y un trabajo legal, no tenemos miedo, nos vamos a poner a derecho en cuanto logremos definir y estructurar nuestra defensa ante esta persecución política y judicial del gobierno", enfatizó.
El dirigente de la selva central agregó que el objetivo de esta persecución judicial sería perturbar la próxima realización, el 20 y 21 de setiembre, de la Tercera Cumbre Amazónica en la que exigirán al gobierno que respete las tierras de la Amazonía y cese en su intento privatizador.

LA CLAVE
Torturas. Humberto Paredes denunció que la policía golpeó y torturó al presidente del Frente de Defensa de Pichanaki, Fredy Palomino, el día que procedió a detenerlo y llevarlo al penal de La Merced. "Tenemos las pruebas de lo que se ha hecho con Palomino y estamos pidiendo el apoyo de la comunidad para que se le declare preso de conciencia", anotó.

La República, 06/09/2008

Represalias contra líderes amazónicos

2008-09-05T11:49:00.000-07:00

Los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo y Katya Pinedo, denunciaron ayer una persecución judicial contra los dirigentes amazónicos que en marzo de este año iniciaron la lucha que terminó con la derrota de los decretos legislativos 1015 y 1073.

Sostuvieron que el gobierno ha acusado irregularmente al alcalde de Pichanaki (Chanchamayo, Junín), Zósimo Cárdenas, y a 11 dirigentes sociales, entre ellos el presidente del Frente de Defensa de Agrarios, Campesinos y Nativos de Pichanaki, Fredy Palomino.

Para los representantes de Aprodeh los procesos judiciales contra los dirigentes sociales son una forma de amedrentar a los que se oponen a los dispositivos del gobierno.

“A medida que crece la protesta social se le criminaliza más y el gobierno actúa con mayor rigor contra los dirigentes sociales. De esta manera se busca reprimir a los que cuestionan el modelo económico que impulsa el gobierno”, sostuvo Miguel Jugo.

A su vez, Katya Pinedo ratificó que no existen elementos probatorios para acusar a los dirigentes, pues el juez no señala cuál es la razón por la que ordena la detención.

La Red de Municipalidades del Perú (Remurpe) expresó su solidaridad y su más enérgica protesta sobre este caso. Representantes de esta organización indican que esto es un caso de criminalización de autoridades municipales y dirigentes sociales.

Otras fuentes señalaron que el enjuiciamiento de los dirigentes puede hacer fracasar el diálogo entre el gobierno y el Congreso con las etnias amazónicas, en torno a un nueva legislación que reemplace a los decretos derrotados por casi dos semanas de una gran movilización de indígenas amazónicos.

DETALLE

Los perseguidos por el gobierno son los dirigentes que iniciaron la lucha para derogar los decretos 1015 y 1073, que facilitan la venta de las tierras comunales de los nativos y los indígenas. Son, entonces, los que iniciaron el triunfo de los hombres y mujeres de la selva ante una imposición del gobierno que lanzó dichos decretos sin consulta alguna y con una clara intención de favorecer a las transnacionales.

La primera, 05/09/2008

Alberto Bolívar Ocampo: Nuestra Amazonía

2008-09-04T14:36:00.000-07:00

La Amazonía peruana constituye un gran vacío geopolítico en términos demográficos, de presencia estatal y de desarrollo sostenible, pese a constituir la región natural más grande y más rica del país. Desgraciadamente nuestras elites gobernantes pocas veces –por ejemplo, Fernando Belaunde– visualizaron su importancia estratégica.

Por el contrario, países como Brasil han hecho del desarrollo, preservación y defensa de suAmazonía un objetivo nacional que geovialmente se ha manifestado en las llamadas “rodovías” que han permitido su marcha hacia el Oeste, tendencia geopolítica cuasi natural originada en los tiempos de la Bandeira y más recientemente sustentada doctrinariamente por autores como Mario Travassos (1931), Golbery do Couto e Silva (1966) y Carlos de Meira Mattos (1975). Todos ellos visualizaron lo importante que era ocuparla y desarrollarla, pero la diferencia con nosotros fue que para (absolutamente) todas sus elites, ello constituyó, más que una simple toma de posición, una verdadera toma de conciencia como primer paso para acceder al Océano Pacífico.

La creación de la Zona Franca de Manaos en 1967 fue en parte como respuesta a la Ley de la Selva Peruana (Ley 15600 del 4/9/65), que creaba un sistema de incentivos fiscales especiales y facilidades especiales de importación, exportación e industrialización de los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, La Libertad, Madre de Dios, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. Los brasileños se preocuparon, reaccionaron y los resultados saltan a la vista: comparemos lo que es Manaos con lo que es Iquitos. En ellos hubo continuidad política y estratégica; en nosotros, mezquindad política y abandono por parte de la mayoría de gobiernos, tal vez porque su incidencia electoral no es determinante. ¿Qué conseguimos? La consolidación de verdaderas áreas sin ley en nuestra Amazonía.

Hoy, nuevamente nos acordamos de la región natural que alberga nuestro mayor potencial de riqueza, sólo por el problema suscitado a raíz de la protesta de las comunidades nativas contra los decretos legislativos 1015 y 1073. Para acabar con la manipulación política no debe volver a ofrecerse “modernidad”, sino más bien “desarrollo”.

Para los pueblos amazónicos, desarrollo implica ante todo interconexión física, es decir carreteras y ferrovías; aumento del índice geovial para que lleguen el Estado y la inversión, y esos pueblos (rodeados de riqueza potencial) puedan (por fin) incorporarse al mercado. No nos hemos dado cuenta, pero tal vez el corredor interoceánico más importante sea el que una a Iquitos con Bayóvar; lo mismo podemos decir del proyecto de la ferrovía Santos-Bayóvar, anunciado por el actual gobierno en agosto de 2007. Si realmente queremos apagar la mecha que puede incendiar nuestra Amazonía, ofrezcamos y concretemos (cuanto antes) carreteras y ferrovías; igualmente, diseñemos (de una vez por todas) una Estrategia de Desarrollo en Seguridad de nuestras fronteras amazónicas. No vaya a ser que más adelante nos lamentemos por cómo, zonas jurídicamente nacionales, perdieron su identidad de tales.

Expreso, 04/08/2008

Advierten ruptura de diálogo con la selva

2008-09-04T13:54:00.000-07:00

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) advirtió ayer que el diálogo con las comunidades de la selva sobre los polémicos decretos que afectan a la Amazonía se podría romper por el proceso penal que ha abierto un juez de Chachapoyas contra el alcalde de Pichanaki (Chanchamayo), Zózimo Cárdenas, y contra nueve integrantes del Frente de Defensa que participaron en la manifestación de protesta contra los referidos decretos.

Aprodeh afirma que la falta de argumentos de la denuncia demuestra que se pretende criminalizar a los dirigentes sociales. Agregó que varios de los procesados se encontraban en La Oroya y no participaron en las protestas.

Perú.21, 04/09/2008

“No quemen la pradera”

2008-09-04T13:52:00.000-07:00

La Confederación Campesina del Perú (CCP) demandó al Gobierno que asuma su responsabilidad democrática y promulgue la derogatoria de los polémicos decretos legislativos 1015 y 1073, aprobada por el Congreso de la República.

En conferencia de prensa, el secretario general de la CCP, Jorge Prado, manifestó que si el presidente Alan García persiste en aceptar la voluntad de los campesinos y de los nativos, entonces estaría incurriendo en un acto de provocación. “No quemen la pradera, no le echen leña al fuego. Si lo hacen, los campesinos saldremos a protestar por algo que es justo”, enfatizó.

Prado recordó que el plazo de 15 días para que el Ejecutivo promulgue la derogatoria ya está por vencer, y pidió que, de ser el caso, el Congreso asuma su responsabilidad y la convierta en ley.

Perú.21, 04/09/2008

Según APCI, Aidesep usó bien sus fondos

2008-09-04T13:21:00.001-07:00

Todos los informes financieros estudiados son correctos. Hoy se votará en el Pleno la mesa multipartidaria.

La visita de los funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a las oficinas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) culminó, tras dos días de investigación, con un breve informe de dos páginas en el que se concluye que en los dos proyectos fiscalizados la organización hizo buen uso de los fondos destinados.
APCI pidió documentación específica de a los proyectos de Apoyo Institucional y de Georreferenciación y Titulación de las Comunidades Indígenas, así como un listado detallado de todos los proyectos de Aidesep durante los años 2006, 2007 y 2008. Y en todos los casos se determinó que los informes financieros presentados a la fuente cooperante son correctos (es decir, el dinero fue usado para el fin por el que fue otorgado). En uno de ellos, incluso, se habla de la devolución a la fuente de más de S/. 116 mil no usados.
Ayer, tras su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, el director ejecutivo de la APCI, Carlos Pando, volvió a negar que la citada fiscalización forme parte de una campaña de intimidación del gobierno a algunas ONGs, o una revancha por la protesta anterior.
Alberto Pizango, presidente de Aidesep, lamentó por su parte que con estas investigaciones y dudas sobre una inexistente financiación política de una protesta que "solo pertenece al pueblo", el gobierno continúe desestimando la capacidad de los indígenas para decidir sobre su futuro y sus intereses.
Casi tres semanas después de que el gobierno y las organizaciones nativas rompieran relaciones, sin embargo, el diálogo entre el premier Jorge del Castillo y el propio Pizango cada vez está más cerca.
En días recientes se han dado varias llamadas entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Pizango, y todo indica que habrá una reunión antes de que acabe la semana en la que se verá la creación de una mesa multisectorial integrada por los ministerios de Educación, Salud, Agricultura y Ambiente.
DATOS
En el pleno. Hoy el Pleno del Congreso votará la conformación de la mesa multipartidaria que buscará soluciones a los problemas amazónicos.
Reunión. También en la mañana está prevista una reunión entre Alberto Pizango y la congresista Gloria Ramos (UPP), presidenta de este grupo de trabajo del Parlamento.

La República, 04/09/08

Manuel Burga: Hatun Ñan a la Amazonía

2008-09-04T12:51:00.000-07:00

Hay dos hechos recientes que me han llamado poderosamente la atención. El primero, conocido por todos, es la derogatoria de los DL 1015 y 1073 por el Congreso, en aparente oposición al Ejecutivo y atendiendo realmente las radicales demandas de algunas poblaciones nativas de la Amazonía. La impresión que ahora todos deben tener es que el gobierno retrocedió, o que puede retroceder en cualquier momento y enmendar sus propuestas políticas liberales. También de que se trata de normas legales, ensayadas en otras regiones, pero que esta vez se aplicaban sin ninguna consulta técnica, ni académica, ni siquiera a los mismos afectados, las poblaciones amazónicas.
El segundo hecho, mucho menos conocido, es que Ciudadanos al día, en su cuarta edición de Buenas Prácticas en Gestión Pública, premió a la Universidad San Cristóbal de Huamanga por su programa Hatun Ñan, Gran Camino, de acción afirmativa para sus estudiantes que provienen de regiones amazónicas y altoandinas. La Fundación Ford financia este proyecto dentro de su Programa Caminos hacia la Educación Superior. Nos llama más la atención que esta misma Fundación haya puesto en marcha –desde el 2003– el mismo programa en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con la finalidad de facilitar el rendimiento académico de alumnos matsiguenga, que en buen número, muy probablemente, provengan del distrito de Echerate, famoso por su riqueza gasífera: Camisea. Ambos programas, en Huamanga y Cusco, funcionan como parte de un solo gran proyecto de inclusión social de poblaciones tradicionalmente excluidas de la educación superior.
Decía al inicio que se trata de dos hechos bastante contradictorios. Por un lado universidades que construyen caminos hacia la Amazonía y por el otro el Estado que incursiona desde fuera para cambiar la tradicional tenencia de la tierra en el bosque amazónico. Esta es una modernización que nos hace recordar al Estado cauchero de inicios del siglo XX, que también pretendió llevar la modernidad a la Amazonía privatizando su explotación, sin mucha consideración a sus pobladores nativos, ni a la sostenibilidad del bosque mismo, experiencia que terminó abruptamente cuando el caucho, la codiciada riqueza, fue furtivamente exportado y sembrado con suerte en islas del sudeste asiático. Algo similar parece ocurrir ahora cuando el Estado lotiza la Amazonía y la entrega a compañías petroleras para su explotación.
Por eso es necesario conocer que desde hace tiempo, quizá mucho tiempo, el Hatun Ñan también lo están construyendo otras universidades peruanas. Bastaría recordar el Instituto de Medicina Social creado por Carlos Enrique Paz Soldán a inicios del siglo XX, los trabajos científicos de Máxime Kuczynski-Godard, como Supervisor Sanitario del Oriente, y su propuesta de "colonizar en higienización" a la Amazonía, para resguardar así a la población nativa del flagelo de las enfermedades traídas por los colonos. Además puedo agregar que el 2002, la misma Fundación Ford consultó a San Marcos sobre la posibilidad de desarrollar este programa de acción afirmativa para estudiantes nativos de la Amazonía que ya habían ingresado a sus aulas desde el año 1999.
Cuando la Ford decidió, con razones estratégicas seguramente, por Cusco y Huamanga, San Marcos no desistió y continuó este proyecto con sus recursos propios. Los resultados no han sido los mejores, nos falta una educación intercultural entre los docentes, pero muchos jóvenes han terminado sus estudios y algunos con sus grados y títulos han regresado a sus regiones. Otros han seguido estudios de maestría y para eso teníamos el Programa de Estudios Amazónicos, financiado por la Fundación Mc Arthur de EEUU. El aporte de la universidad no se agota allí. Podría recordar a los ingenieros forestales Carlos Ponce del Prado y Marc Dourojeanni, de La Molina, tan preocupados en la noción de parques nacionales, reservas naturales y en una aproximación antropológica para entender el manejo del bosque tropical por las poblaciones nativas.
Estos dos hechos contradictorios nos revelan la ausencia de comunicación entre el Estado, la política, la universidad y el conocimiento, lo que convierte a la gestión pública en un conflicto permanente. Mientras el Estado incursiona "desde arriba", la universidad construye caminos, aunque precarios, pero finalmente caminos por donde la gente puede más o menos libremente transitar. Finalmente, hay que decir con un cierto pesar que estos programas de inclusión social a la educación superior los financian fundaciones extranjeras, que probablemente ven con más claridad lo que el país urgentemente necesita. Por eso quería señalar que no nos falta inteligencia en el país, y que debemos agradecer a la universidad pública, no siempre bien asistida, ni comprendida, por su contribución decidida a la construcción de estos caminos imaginarios a la Amazonía, no tan materiales quizá, ni tan visibles, pero sí muy importantes para la construcción de una nación integrada.

La República, 04/09/08

ONG acusa a Gobierno de venganza y persecución

2008-09-03T16:21:00.000-07:00

Robert Guimaraes se-ñala que fiscalización es en respuesta a la protesta de nativos de la selva. Le piden a Alan García y a Del Castillo que se preocupen por fiscalizar los recursos del PNUD.

Aparentemente sin ninguna razón de peso que respalde la medida, la Agencia Peruana para la Cooperación Internacional (APCI) envió ayer tres peritos al local de la ONG Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y revisó toda la documentación contable referida a los años 2006, 2007 y 2008.

La fiscalización a la organización no gubernamental que preside Alberto Pizango, quien lideró la protesta de los nativos de la Amazonía, estaba programada para las 9 de la mañana, pero se inició con una hora de retraso por la tardanza de los peritos Mario Chipana Villena, Rafael Tarazona Jara y Susana Coronado Díaz.

Robert Guimaraes, vicepresidente de Aidesep, señaló que la intervención de APCI no es otra cosa que “un acto de venganza y de persecución política” por haber liderado la protesta de las comunidades nativas de la selva contra los decretos legislativos 1015 y 1073, derogados en el Congreso.

“Más que un control de buena fe, esto no es otra cosa que una acción represiva y una persecución política. Alan García y su primer ministro (Jorge del Castillo) han utilizado a la APCI para volver a atentar contra las comunidades nativas”, denunció.Guimaraes alegó que “en lugar de fiscalizar a Aidesep, que ya cumplió con entregar informes económicos a las entidades cooperantes, a la Sunat y al Ministerio de Trabajo, deberían preocuparse por investigar los malos manejos en los fondos del PNUD y los malos manejos en los proyectos que financia el Banco Mundial”.

El dirigente manifestó que seguirán insistiendo en tener una reunión con el jefe de Estado y con todo el gabinete, ya que el ministro Antonio Brack no tiene facultades para solucionar todos los problemas que enfrentan.

La administradora general de Aidesep, Agostina Mayan Apikai, informó que los peritos de APCI han vuelto a pedir la información que se entregó a la Sunat, y sostuvo que no hay ninguna razón que justifique la intervención que están sufriendo.

Perú.21, 03/09/2008

APCI inicia investigación a ONG vinculada a protestas en la selva

2008-09-03T16:12:00.000-07:00

Una comitiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) realizará desde hoy, una serie de visitas de inspección a los proyectos y cuentas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (Aidesep), organización no gubernamental dedicada supuestamente a la defensa de las comunidades nativas de la Amazonía y que se mantuvo, según denuncia, vinculada a las protestas de los nativos por la llamada ley de la selva.
El proceso de fiscalización escudriñará la documentación referida a los planes operativos, convenios, adendas, cartas de ejecución, rendición de cuentas, entre otros papeles que sustenten los gastos efectuados por el citado organismo.
Asimismo, se investigarán todos los proyectos que se estén efectuando en este año y los que se hayan ejecutado entre los años 2006 y 2008, incluyendo pago de personal.
Como se recuerda, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango Chota, fue uno de los principales impulsores del paro de once días que acataron las comunidades de la selva y que trajo consigo la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitaban la venta de tierras de la selva.

La Razón, 03/09/2008

“Hay campaña contra líderes indígenas"

2008-09-03T16:08:00.000-07:00

Habla de judicializaciones a dirigentes para evitar protestas.

El congresista por Ucayali y presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, Roger Nájar (UPP), lo tiene claro. El gobierno ha emprendido una campaña nacional para intimidar a las organizaciones indígenas que se oponen a su manejo de las regiones amazónicas, y la fiscalización a Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) es solo una parte más de la misma.
"Aidesep es una organización que representa a la gran mayoría de los indígenas, que lleva trabajando muchos años en la zona y que es reconocida en toda la Amazonía. Resulta gracioso, por decirlo de alguna manera, que justamente cuando los problemas en la selva están por resolverse, la quieran investigar", afirmó Nájar a La República.
El congresista explicó que hay un elevado número de dirigentes amazónicos, de diferentes Frentes de Defensa y organizaciones civiles, a los que se les está judicializando sin pruebas, para evitar que puedan ejercer su derecho a la protesta. Y mencionó un caso en la selva central (en La Merced), y al menos una decena más entre Madre de Dios y Loreto (en Yurimaguas y Andoa).
"Hay toda una campaña de amedrentamiento y persecución a los dirigentes que se atreven a demandar a este gobierno que no se venda la Amazonía", aseveró.
Nájar también criticó el proyecto de ley presentado por José Vargas (Apra), que modifica el régimen de disposición de tierras de las Comunidades Nativas y Campesinas.
"Es más de lo mismo. Tiene la misma falla de origen, pues sigue sin consultarse a las comu-nidades", precisó.

La República, 03/09/2008

Esta fiscalización a Aidesep es una forma de amedrentamiento

2008-09-03T16:01:00.000-07:00

Vocera de ONG dijo que es muy extraño que APCI inicie esta fiscalización poco después de la exitosa movilización de la Amazonía.

La decisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), de fiscalizar a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) poco después de haber apoyado las movilizaciones amazónicas contra los decretos conocidos como Ley de la Selva, no sería casual, sino el inicio de una serie de actos de persecución del Estado contra los que cuestionan sus acciones, sostuvo la administradora de esta institución, Augustina Mayán.
"Esta situación rige por una política del gobierno de amedrentar el trabajo de las organizaciones. Pero nosotros no necesitamos convencer al gobierno del buen trabajo que ejecutamos, pues si tuviéramos un mal manejo no habría apoyo internacional", dijo la joven contadora que pertenece a la comunidad nativa awajun, cuya zona de influencia es la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador.
Precisó que las organizaciones internacionales que las respaldan realizan sus propias auditorías y nunca han tenido ningún problema para sustentar la ejecución de los proyectos que les han financiado.
"Nosotros estamos tranquilos. Tenemos toda la documentación, pero creo que este es un primer paso del gobierno, y esperamos muchas más situaciones poco normales en contra de nosotros", indicó Mayán, recordando que en los 28 años de funcionamiento de Aidesep, y el período que tiene asociado al APCI, nunca antes fueron fiscalizados.

EXTRAÑOS PEDIDOS
Cerca de las 10 y 15 de la mañana de ayer, tres funcionarios de APCI llegaron a la sede de Aidesep, ubicada en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, para iniciar el proceso de fiscalización.
El equipo de fiscalizadores está compuesto por Mario Chipana Villena, Rafael Tarazona Jara y Susana Coronado Díaz.
"Hemos puesto a su disposición toda la documentación que tenemos. Pero lo más extraño es que la información del 2006 y del 2007 ya la tienen ellos, porque nosotros hemos cumplido con entregársela en su debido momento. Y en el caso de este año nosotros tenemos todos los documentos listos y en orden", recalcó la administradora de AIDESEP.
Mayán explicó que según procedimientos de APCI, normalmente se hace una auditoría general anual, la que se lleva a cabo durante el primer mes del año siguiente, y a la que AIDESEP ya se ha sometido.
Añadió además que siempre se realiza una inspección a mitad del año, la cual se define mediante un sorteo entre todas las ONGs inscritas, pero resulta de lo más extraño que le haya tocado a AIDESEP justo después de haber respaldado públicamente las protestas de las comunidades indígenas de la Amazonía.
"Pero no tenemos nada que ocultar. Por eso les hemos bajado todos los archivadores donde está la documentación solicitada", comentó Mayán.
Precisamente, en el oficio enviado por APCI a AIDESEP se solicita que la primera ponga a su disposición los planes operativos, los convenios, la ejecución presupuestal, así como las rendiciones de cuentas mensuales y los comprobantes de pago de los gastos efectuados.
Pero, además, el ente donde se inscriben las ONGs locales ha pedido que les muestren las resoluciones de la SUNAT por devolución de IGV y la autorización de las entidades cooperantes para usar los recursos provenientes del beneficio tributario en otras cosas, con la clara intención de hallar algún indicio que evidencie cómo se produciría el financiamiento de las recientes protestas en la Amazonía.
"Sin embargo, nosotros nunca hemos pedido la devolución de esos impuestos. Y ellos lo saben bien. No entendemos por qué piden los mismos documentos que ya les dimos, pero igual se los damos otra vez, porque no tenemos nada que temer", manifestó Mayán.

TIEMPO INDEFINIDO
Si bien en el comunicado en el que APCI anunció la fiscalización se precisa que el período de investigación sería entre el 2006 y 2008, no se ha señalado durante cuánto tiempo permanecerá en las instalaciones de AIDESEP.
"Pensándolo bien, se puede creer que de repente antes (de las movilizaciones) no se daban cuenta de que existíamos; pero pensando mal, es obvio que se trata de una persecución por el apoyo moral que les dimos a nuestros hermanos", argumentó la joven administradora.
El presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, quien además fue uno de los líderes visibles de la movilización de la Amazonía, prefirió no pronunciarse hasta que culmine la fiscalización de APCI, para evitar que se politice aún más este tema.
PRECISIONES
La fiscalización. El 25 de agosto APCI comunicó a Aidesep que estaban incluidos en el Programa de Fiscalización 2008, requiriéndoles información sobre los proyectos de Apoyo Institucional, y el de Titulación de Comunidades Indígenas.
Investigación. APCI le comunicó a AIDESEP que debía presentarle toda la documen-tación referida al período comprendido entre los años 2006 y 2008.
APCI está fiscalizando a más de 100 ONGs
La semana pasada, justo después de que las comunidades nativas levantaran su medida de protesta por los decretos más conocidos como "La Ley de la Selva", el director ejecutivo de APCI, Carlos Pando, anunció que se investigaría el uso de los recursos obtenidos por AIDESEP de los organismos de cooperación internacional.
El funcionario precisó que la medida responde a un proceso administrativo para verificar si usa el dinero recaudado para fines distintos a los señalados en su hoja de inscripción como ONG, como haber financiado la impresión de volantes en apoyo del paro o las movilizaciones de la selva, o el traslado de las poblaciones nativas a Bagua para participar en las acciones de protesta.
Pando descartó que se esté llevando a cabo una persecución política contra esa institución, pues se está investigando, en general, a las ONGs, ante la posibilidad de que estén utilizando sus fondos en promover movilizaciones contra el gobierno, revelando que se está fiscalizando a 105 ONGs a nivel nacional, y se tiene previsto monitorear a otras 95 en lo que resta del año.

La República, 02/09/008

Obispos de la selva respaldan a indígenas

2008-09-03T15:58:00.000-07:00

Piden al Ejecutivo que dialogue con los nativos y saludan la iniciativa del Congreso. Mientras, Antonio Brack pide equilibrar lo político con la realidad de las comunidades. Aidesep y Ejecutivo retoman el contacto.

Son quienes viven el difícil día a día de los miles de nativos de las siete regiones amazónicas de Perú. Por eso ayer, a través de un comunicado, expresaron su respaldo a los "justos reclamos de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que a ellos se refieren".
Los obispos de los vicariatos apostólicos de la selva lo tienen claro. En los territorios de la sociedad panamazónica –observan– se está intensificando la lucha por la ocupación del territorio y el uso indiscriminado de los recursos naturales, lo cual –desde su punto de vista–pone en grave riesgo la vida de millones de personas y el hábitat de los campesinos nativos.
Por eso los sacerdotes reclaman "la importancia de promover espacios de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas", saludan al Congreso por haber atendido sus pedidos, y expresaron su deseo de que dicho diálogo se oriente hacia "un desarrollo con rostro humano".
Testigos directos
"La Iglesia Católica acompaña a los pueblos indígenas –población más antigua del Continente– y nosotros, sus Obispos, como tantos otros que los conocen y los aman, somos testigos de que están abiertos a la modernidad y al desarrollo", afirmaron en el comunicado.
"Esto significa para ellos mejorar su calidad de vida, tener acceso a una educación intercultural bilingüe de calidad, y también a servicios de salud igualmente intercultural. Significa, asimismo, fortalecer sus identidades culturales, el respeto pleno de sus derechos individuales y colectivos, y su participación en su propio desarrollo y en el desarrollo nacional. Para el país, significa replantearse un visión distinta de los pueblos indígenas que supere relaciones de discriminación y exclusión", acotaron.
Los obispos, asimismo, destacaron algunas de las recomendaciones del informe en el que el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) analiza los decretos legislativos cuestionados por los indígenas, y que dan cuenta de la vulneración de algunos artículos, tanto de la Constitución como del Convenio 169 de la OIT.
"Creemos que el desarrollo del país no solo debe estar basado en indicadores económicos, sino que debe responder también a indicadores sociales y culturales", concluyeron en esta declaración los siete obispos de San Ramón, Pucallpa, San José de Amazonas, Jaén, Puerto Maldonado y Yurimaguas.
El giro de Brack
Lo expresado por los obispos coincide con la línea de acción personal expresada por Antonio Brack, ministro del Ambiente e interlocutor del gobierno con los indígenas, en los últimos días.
Brack reiteró en RPP Noticias que la búsqueda del desarrollo de las comunidades nativas debe conciliarse con la cultura y las costumbres de estos pueblos, y que por eso el gobierno debe tratar de balancear lo político con lo social.
"Eso es justo lo que estamos buscando en el Ministerio del Ambiente. Si queremos llevarlos hacia la modernidad, deberemos tener en cuenta muchas cosas importantes, su cultura, su identidad, su idioma, tener educación bilingüe y también manejar sus tierras, según ellos lo determinen", sostuvo.
Y para definir también los lineamientos para un programa de desarrollo sostenible de la Amazonía, dirigentes de los frentes regionales de la Amazonía, los representantes de las comunidades nativas y congresistas de la zona se reunirán en Yurimaguas el 20 y 21 se setiembre, en la la III Cumbre Amazónica.
Posible reunión con el Ejecutivo
1) El acercamiento entre el gobierno y los indígenas es cada vez más evidente. No solo las declaraciones de Brack en los últimos días, tras las disculpas públicas de Alberto Pizango al Ejecutivo, son mucho más conciliadoras, sino que en esta semana es muy posible que las dos partes involucradas en el conflicto amazónico se reúnan y conversen.
2) Días después de que Aidesep enviara al Ejecutivo dos cartas solicitando diálogo, el domingo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comunicó con Pizango para proponerle se coordine la realización de una reunión esta semana.
3) Hoy retomarán las conversaciones para fijar una fecha definitiva. Aidesep, asimismo, se reunirá (en hora por definir) con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, para definir los integrantes de la comisión multipartidaria que trabajará la agenda de once puntos que los nativos proponen al Legislativo.
4) El Ejecutivo tiene hasta el viernes para observar o promulgar la ley N° 2440, que deroga los DL 1015 y 1073.

La República, 02/09/2008

Los nativos tienen razón

2008-09-03T15:48:00.000-07:00

La advertencia de Alberto Pizango, de una posible rebelión amazónica si el gobierno no promulga la ley que anula dos decretos rechazados por los nativos, es perfectamente explicable, porque el gobierno, en lugar de corregir autocríticamente el despropósito jurídico cometido contra las comunidades campesinas y nativas, insiste en su proyecto disociador, introduciendo sólo algunas modificaciones cosméticas, señaló el especialista en temas agrarios Reynaldo Trinidad.

Por otro lado, las advertencias de Pizango de declararse en rebeldía contra el Estado y desconocer el gobierno del presidente García, se deben a que el gobierno pretende burlarse de los nativos al observar la derogatoria de las leyes 1015 y 1073, señaló ayer el vicepresidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Legislativo, Juan Perry.

De otro lado, la congresista Gloria Ramos fue elegida presidenta de la comisión multipartidaria que tratará los conflictos en la Amazonía, grupo integrado además por Hilaria Supa (PNP), Oswaldo de la Cruz (AF), Gaby Pérez del Solar (UN), Róger Nájar (Bloque Popular) y José Macedo (Apra). Entre sus planes está viajar a la zona de conflicto.

La Primera, 02/09/2008

Indígenas de la selva y todo el sur amenazan con nuevas protestas

2008-09-03T15:38:00.000-07:00

Se viene ola de manifestaciones pese a que el Gobierno cede en sus reclamos.

El alcalde de la comunidad nativa Wayku, de la provincia de Lamas, Prudencio Guerra Sangama, amenazó al Gobierno con que los indígenas de la selva no dudarán en alzarse en protesta si es que los decretos legislativos 1015 y 1073, referidos a la inversión privada en tierras de comunidades campesinas y nativas no llegan a ser revocados por las autoridades centrales.
“Las comunidades somos fuertes y poderosas; defenderemos hasta con nuestra vida si el Ejecutivo no deroga los decretos legislativos como el 1015 y los demás que son lesivos a nuestra propiedad comunal”, enfatizó.
De igual modo, diversos frentes regionales y organizaciones sindicales de Moquegua, Arequipa, Cusco y Puno coordinan la realización de una protesta macrorregional, anunciada para el 7 de octubre, en demanda del cumplimiento de los proyectos de desarrollo comprometidos por el Ejecutivo.
Guerra Sangama informó que en el transcurso de la presente semana se reunirá con los representantes de las étnicas shayawitas, aymaras, quechuas y otras comunidades nativas a fin de coordinar eventuales medidas de fuerza, si el régimen aprista insiste en aplicar las cuestionadas leyes.
Rechazó la posibilidad de que el Ejecutivo observe el Proyecto de Ley Nº 2440, referido a la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.
El Frente Patriótico de Tacna confirmó su participación en el paro macrorregional de los departamentos del sur contra el Gobierno con el objetivo de reclamar el cumplimiento y la ejecución de diversos proyectos de desarrollo para esa zona del país.
Diversos frentes regionales y organizaciones de trabajadores de Moquegua, Arequipa, Cusco y Puno coordinan la realización de esta protesta, que exigirá, sobre todo, que se cumpla con lo señalado en las actas firmadas por los representantes del Ejecutivo con estos departamentos.
Ticona denunció que la compañía minera Southern Perú transgrede el límite permitido para la explotación del agua en la región con un volumen de cinco metros cúbicos por segundo, “cuando solo se tiene una autorización de 1.62 metros cúbicos por segundo para explotar”.

La Razón, 02/09/08

“Ley de la Selva" divide al Ejecutivo

2008-09-03T12:27:00.000-07:00

Mientras Del Castillo dice que gobierno aún evalúa si observará la ley, Brack apuesta por mantener la decisión del Parlamento.

Diez después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley N° 2440, que supone la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, el Ejecutivo sigue resistiéndose a promulgar la norma que acabaría con dos de los textos legales más emblemáticos del paquete conocido como la "Ley de la Selva".
La ausencia de una decisión que confirme o rechace lo ratificado en el Parlamento por mayoría, además de tentar de nuevo los ánimos de unos indígenas dispuestos a retomar la protesta si los decretos de la polémica siguen en vigor, pone de manifiesto la división que en el Ejecutivo provoca una ley que ya lo ha enfrentado con el Legislativo.
Ayer el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, ratificó a través de la agencia Andina que el gobierno aún evalúa la autógrafa de ley que deroga los decretos 1015 y 1073, y añadió que esta semana, en Consejo de Ministros, el Ejecutivo analizará el caso sobre la base de la propuesta presidencial para dejar que la venta de tierras se lleve a cabo con el acuerdo del 66% de los integrantes de la comunidad (los dos tercios iniciales), y que el 50% + 1 propuesto inicialmente quede para otras decisiones, como la asociación o el alquiler.

OBSERVACIÓN O NO
Lo dicho, que supone una suerte de observación consensuada (la propuesta se lanzó como un globo sonda que ha pulsado la reacción de los nativos durante varios días), se contradijo frontalmente con unas declaraciones del ministro del Ambiente, Antonio Brack, publicadas en un diario local tan solo unas horas antes, en las que este declaraba que "dejaría los decretos 1015 y 1073 derogados porque no se les consultó ( a los indígenas)".
Cabe recordar que fue el propio Del Castillo quien delegó la negociación en Brack desde el inicio de la protesta, y lo ratificó públicamente en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno como el único interlocutor válido, apenas dos días después de que los nativos lo negaran como tal tras la ruptura de la Mesa de Diálogo en Datem del Marañón.
Mientras el Ejecutivo evalúa qué decisión tomar, la relación entre el Congreso y los indígenas se consolida. También esta semana (muy posiblemente el martes) la dirigencia de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) volverá a reunirse con el presidente del Parlamento, el aprista Javier Velásquez Quesquén, para continuar definiendo la composición de la mesa multipartidaria que trabajará en la resolución de los problemas de la Amazonía.

EL GRUPO DE TRABAJO CRECE
Además de los congresistas que proponga Velásquez, el grupo de siete parlamentarios propuesto por la Comisión de Pueblos Indígenas y Amazónicos, y los dirigentes de Aidesep, dicho grupo de trabajo podría aumentar con la presencia de líderes de la Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), quienes enviaron una carta a Velásquez el pasado miércoles solicitando integrar la comisión multipartidaria. Hasta la fecha no han recibido una respuesta.
El presidente de la CONAP, Oseas Barbarán, recordó que ellos representan al 40% de los pueblos indígenas del Perú y rechazó, al igual que Aidesep (que representa al 60% restante), no solo los decretos 1015 y 1073, sino también otros, como los 994, 1020, 1064, 1081 y 1090. Igualmente cuestionó otros proyectos de leyes actualmente en el Congreso, como los 840, 1770 o el 1992.
Uno de los puntos que los indígenas quieren que sea tratado por el grupo multipartidario del Congreso es el referido al mecanismo que Perú debe implementar para, según se comprometió al ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT, consultar a los pueblos interesados.
Según ese tratado, eso debería hacerse "mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos".

DATOS
En europa. La Alianza para el Clima, que agrupa a las municipalidades de las principales ciudades europeas, firmó ayer en Alemania, al término del Foro sobre biodiversidad y derechos de los indígenas, una declaración en la que demanda a Alan García promulgue la ley N ° 24440 que deroga los DL 1015 y 1073.
Pregrupo. El subgrupo de congresistas elegido por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos se reunirá hoy para dialogar con las nativos.

La República, 01/09/08

El Ejecutivo insiste en invertir en la Selva

2008-09-03T11:42:00.000-07:00

Pese a protestas, premier Del Castillo dice que aún evalúan vigencia de DL 1015 y 1073. Ministro Brack discrepa.

Aunque la protesta de los nativos en Bagua provocó más de un dolor de cabeza al gobierno, todo indica que no habrá marcha atrás en la promoción de la inversión privada en favor de las comunidades de la Selva y Sierra del país.

Según el premier Jorge del Castillo, el apoyo a la inversión seguirá, aun cuando no deciden todavía si el Ejecutivo observará o no la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, que rebajaban el quórum para que las comunidades decidan en votación la venta o alquiler de sus terrenos.

En un plazo de 10 días, el Consejo de Ministros tomará una decisión, pero aún hay 2 opciones: observar ambos dispositivos o dejar todo como está. Pero nuestro objetivo es mantener y defender el impulso de la inversión privada en la Selva y Sierra para generar trabajo y no vamos a variar de posición, remarcó Del Castillo.

Como se sabe, el pleno del Congreso derogó ambos dispositivos, con lo cual la venta de las tierras se debe decidir con el acuerdo autónomo del 66% de los integrantes de la comunidad y no del 51%, como propone el gobierno.

Aún no evalúan

Sin embargo, Del Castillo negó un enfrentamiento con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien declaró a un medio local que los decretos 1015 y 1073 deben mantenerse derogados y que el error del gobierno fue no consultar a las comunidades.

Al respecto, el Premier respondió que "Brack puede opinar, pero aquí no hay discrepancias porque el gabinete no se ha reunido ni ha evaluado el tema".

Correo, 01/09/2008

Buscan que comunidades nativas sean consultadas

2008-09-03T11:22:00.000-07:00

Iniciativa contempla audiencias frente a las decisiones que afectan a sus tierras e intereses.

Tras las protestas en la Amazonía que provocaron la derogatoria de decretos legislativos sobre venta de tierras, el Congreso prepara un proyecto para que dichas decisiones sean consultadas con las comunidades campesinas y nativas.
La comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología pondrá a debate la iniciativa, para evitar futuros conflictos en el interior del país. "La próxima semana daremos prioridad al proyecto de consulta y participación de los pueblos originarios en materia ambiental", señaló el titular del grupo, Róger Nájar a una agencia.
El upepista recordó que el Estado está obligado a consultar a las comunidades sobre decisiones que involucran a sus tierras y desarrollo, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El proyecto no contempla el referéndum como mecanismo de consulta en las comunidades, sino las audiencias con participación directa y sin exclusiones.
Agregó que también se pondrá a debate un segundo proyecto sobre la definición exacta de los pueblos originarios, indígenas, comunidades campesinas y nativas, para evitar abusos desde el poder.
Nájar sostuvo que en provincias existen muchas susceptibilidades respecto a estos temas y resaltó la participación del Congreso para resolver los conflictos originados por los decretos 1015 y 1073 sobre inversión privada, cuyo dictamen de derogatoria se planteó en la comisión de Pueblos Andinos.
PRECISIÓN
Acercamiento. El gobierno busca ahora acercarse a las comunidades nativas, tras la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, el viernes 22. El Ejecutivo podría observar esta decisión.

La República, 31/08/2008

"El error fue no consultar a los nativos"

2008-09-03T10:32:00.000-07:00

Mea culpa del ministro Antonio Brack.

Por Mariella Balbi
¿Qué balance saca de la protesta por la derogatoria de los decretos 1015 y 1073?

Lo primero es que el periodismo nacional trata en forma pésima estos temas. Hace unas semanas decía que la ley de la selva era el proyecto de ley 840 sobre reforestación en tierras privadas, que está en el Congreso. Ahora es el Decreto Legislativo 1015 y en tres semanas inventarán otra ley de la selva. Eso es muy irresponsable. Segundo: se habla pero no se lee el decreto, solo se transmiten mitos. Tercero: es muy difícil dialogar con gente politizada
¿Está convencido de que en la Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) hay politización?

Por supuesto que existe. Yo la he visto en los asesores de Aidesep, pertenecen a determinados partidos que no quiero señalar. Ellos hablaban más que los apus. Cuarto: se echa la culpa al Gobierno Central cuando el Perú está descentralizado. ¿Por qué las regiones nunca intervienen?
¿La Aidesep es representativa?

No. Solo es representativa de una parte de los pueblos indígenas amazónicos, de un 60%. Hay otra organización, el Conap (Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú), que quiere el diálogo pacífico. En futuros diálogos no solo debe estar Aidesep.
El presidente Alan García señaló que el decreto era para las comunidades de la sierra y "se 'amazonizó' involucrando a los nativos que responden a otra realidad".

El decreto 1015 establece un sistema de votación único, basado en la mitad más uno; antes la sierra y selva debían llegar al 66%. La sierra no ha protestado...
Vladimiro Huaroc, presidente de la región Junín, dice que comunidades serranas no están contentas con el cambio.

¿A quién representa él? Tienen que pronunciarse las organizaciones. Los amazónicos también proponen derogar la ley forestal ¡porque no están de acuerdo con un artículo! Dicen que cuando se habla de bosques no se mencionan los de las comunidades nativas. Cuidado que puede ser la tiranía de un grupo sobre el país.
¿No ve ningún error en la promulgación del decreto 1015?

El único error fue que no se les consultó. Pero el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) no establece cómo se implementa la consulta. Ese es un punto que hay que corregir. La publicación previa en "El Peruano" no llega a la selva, el referéndum es costoso. Aunque la protesta contra el 1015 fue solo un detonante para promover un movimiento
¿Y qué hay detrás?

Hay que leer los documentos en los que se indica que se quiere liberar todos los territorios indígenas amazónicos, quieren recuperar sus territorios ancestrales. La protesta fue solo un fulminante. Lo positivo, en medio de todo, es que el levantamiento permitió discutir el tema en la burbuja limeña.
¿Usted participó en la elaboración de los decretos 1015 y 1073?

No, porque yo entré al ministerio el 16 de mayo. Pienso que pudieron ser mejores y no referirse a la venta de tierras, porque para los amazónicos mencionar esto es como hablar de la soga en la casa del ahorcado. Para ellos la tierra es lo máximo, no pueden separarse de ella. Hubiera puesto: "Para cualquier decisión de la comunidad". Además, dudo de que sean vendibles.
¿Las tierras comunales son vendibles? ¿Cuántas hectáreas poseen?

Creo que no, porque la Constitución señala que son imprescriptibles. Hay 12 millones de hectáreas tituladas a las comunidades nativas y tres millones más que son reservas comunales. Tienen la mayoría de bosques de la Amazonía y recursos increíbles. El reto es cómo realizan un desarrollo sostenible con sus bosques y salen de la pobreza. El decreto se refería a la asignación de tierras a los nuevos comuneros, no a la venta a terceros. Además, las concesiones petroleras no implican propiedad de tierras, solo extracción del subsuelo. Las tierras solo podrían alquilarse y las comunidades deben ser consultadas. Pero no tienen derecho al veto pues ello impide que el Estado extraiga recursos del subsuelo.
¿Existe el catastro de las tierras comunales?

De un 60%, faltan las zonas más alejadas de Ucayali y Loreto. El existente habría que ajustarlo con satélite, pero ellos interpretan que se quiere hacer eso para quitarles su tierra.
Aidesep pide modificar la Constitución para que sean dueños del subsuelo

Bueno, mientras no se derogue la ley actual, está vigente. Además para la extracción en sus tierras, las comunidades tienen que dar la licencia social. Hay comunidades que son socias de las petroleras y otras que dicen no a la extracción. Pero no tienen derecho a veto.
Ese sería el meollo del asunto, las comunidades temen la explotación...

¡Por supuesto que tienen miedo! En el pasado la explotación del caucho, del petróleo, ha sido un desastre para las comunidades nativas
Los achuares denunciaron la contaminación del río Corrientes

Recién a partir de 1997 tenemos leyes ambientales. Lo del río Corrientes viene de 1974. Cuando los achuares se levantaron cambiaron las cosas. Ahora la reinyección de las aguas de los pozos es al 100%; falta resarcir la limpieza de los ríos. Esa es función de Energía y Minas. El próximo año lo verá Ambiente, cuando funcione la oficina de evaluación y fiscalización ambiental, un organismo autónomo. En la zona amazónica hay cerca de 50 lotes petroleros, muchos no contaminan. En la selva lo más contaminante es la minería informal.
La extracción informal de madera ha depredado la selva.

Las concesiones forestales funcionan muy bien, pero la tala ilegal sí depreda. Al desgraciado que compra y blanquea la madera ilegal hay que meterlo a la cárcel y se debe organizar a quienes la habilitan.
¿Por qué se permite y prospera la mafia de la madera?

¿Por qué se permite la mafia de la cocaína, o se deja pasar la luz roja? Porque nuestro país es inmoral, hay coimas, corre dinero. En Pisco se vende dinamita para pescar, es gravísimo. ¿Por qué nadie interviene? Estamos creando una policía del ambiente, un cuerpo especializado que en el futuro tendrá 3.000 policías. La fiscalía ya tiene 46 fiscales ambientales en el país, es un avance. Y el Estado, incluidas las regiones, tiene que invertir para que la Marina patrulle los ríos.
¿Si se volviera a reunir con los nativos, qué les propondría?

Lo conversado en San Lorenzo, que no se firmó: el Estado reconoce la gran importancia de las comunidades amazónicas para el desarrollo sostenible porque tienen una cultura, recursos genéticos, plantas medicinales. Además el Estado está obligado a cuidar a los pueblos originarios que estuvieron antes que todos nosotros. Pero el Estado ha titulado 12 millones de hectáreas y la Constitución les da un estatus muy especial. El objetivo es que sean un pueblo desarrollado, respetándolo. Si yo entrara nuevamente a una conversación, todo lo que es legal se vería en el Congreso. Les pediría a Aidesep y a Conap que hicieran una propuesta consensuada de cómo quieren el desarrollo amazónico y que sea aprobado oficialmente por ellos.
¿Cómo será la relación de las empresas extractivas con el Ministerio del Ambiente?

No tenemos una relación directa con las empresas mineras, forestales o pesqueras. Los asuntos productivos son incumbencia de cada sector. Nosotros vigilaremos que se cumplan los estándares ambientales y la normatividad ambiental. Para eso estamos creando la oficina de evaluación y fiscalización ambiental que le mencioné. Será el organismo sancionador del ministerio. Hace dos semanas salió el estándar ambiental del aire, la semana pasada el del agua y estamos trabajando el del suelo.
¿Qué le propondría al Poder Ejecutivo frente a la derogatoria de los decretos?

Es una pregunta muy difícil. Yo simplemente los dejaría así, derogados, porque no se les consultó y trabajaría en otra forma con ellos. Si no quieren cambiar su sistema de votación, que no lo cambien. Es lo mismo que cuando a un grupo de empresarios los afecta el artículo de una ley y hacen una campaña fuerte. Las comunidades deben tener sus estatutos, su padrón, sus acuerdos inscritos en los registros públicos y contar con una directiva elegida, libros de actas
La Constitución indica que las comunidades son instituciones autónomas

No olvide que también señala: "de acuerdo a ley".
¿La comisión que ha creado el Congreso para analizar los problemas de las comunidades amazónicas suma o resta?

No lo sé, aún no se sabe qué va a hacer. Qué problemas analizará: ¿los legales, los culturales, los de biodiversidad? Creo que está exagerando su labor. ¿Quién va a componer la comisión? Los más grandes expertos en asuntos amazónicos y en desarrollo sostenible no están precisamente en el Congreso, sino más bien en las regiones. El Congreso podría meter la pata gravemente si no se informa bien.
¿Irá a la comisión del Congreso si lo citan?

Ellos tienen que coordinar con el Ejecutivo, la PCM. Si esta lo decide, voy. Lo único que tengo confirmado es que seré el representante del Gobierno para estos diálogos. Yo no actúo por mi cuenta, pero tampoco voy con consignas.
El líder comunero Alberto Pizango (de Aidesep) afirma que toman decisiones por unanimidad.

Si lo dice, debe ser verdad (ríe).
Le ofreció disculpas, ¿las acepta?

Por supuesto. Se dicen tantas cosas de mí. En una comisión del Congreso un parlamentario me dijo con mucho desprecio: "Acá viene un personaje que se cree ministro del Ambiente y no lo es". Pero lo tomo como de quien viene... Qué entiende el burro de alfajores. Soy un hueso duro de roer.
¿Le recortarán el presupuesto?

No, me lo han aumentado. Además voy a conseguir dinero de la cooperación internacional.

El Comercio, 31/08/2008

Las comunidades indígenas hacen deslinde con frentes

2008-08-29T11:45:00.000-07:00

Sin embargo, entes regionales politizados insisten en medida de fuerza.

Preparan nuevo paro en la Amazonía. Frentes de Defensa de esa zona acordarán fecha de paralización durante Tercera Cumbre Amazónica, a realizarse en Yurimaguas a fines de septiembre. Sin embargo, no cuentan con el apoyo de organizaciones indígenas, a quienes no habrían invitado a participar de la Cumbre.

El presidente del Frente de Defensa de Ucayali, Rómulo Coronado, confirmó la realización de dicha cumbre y señaló que en ese evento se acordaría la realización de una próxima huelga en la Amazonía, exigiendo la derogatoria de los dispositivos pendientes, además del 1015 y 1073, que afectan a esa zona.

“Quedan los decretos de la medida extraordinaria de Cofopri, de la Ley Forestal, esos realmente son atentatorios contra la Amazonía”, afirmó.

Indicó que también se ha invitado a los gremios y organizaciones sindicales de países extranjeros como Brasil, Ecuador, Bolivia y de Venezuela, cuya situación es distinta a la del Perú. Justificó la presencia de estos grupos alegando que la problemática medioambiental y ecológica tiene trascendencia mundial. El representante del Frente Patriótico del Datem-Marañón, Hugo Pérez, afirmó que insistirán en la derogatoria de los decretos pendientes que se han dado en contra de la Amazonía, e indicó que en la cumbre anterior se propuso la realización de una huelga, tema que será retomado en la tercera cumbre.

“En una reunión anterior se informó para una huelga indefinida de la región Amazónica. En esta cumbre se estaría acordando ya la fecha exacta del inicio del paro”, declaró. El dirigente Nelson Kuji, representante de organizaciones indígenas de Iquitos, señaló que dicho paro se mueve por intereses políticos de Patria Roja y el Partido Nacionalista Peruano, que buscan protagonismo con miras al proceso electoral del 2011.

“Nosotros hemos tenido un solo objetivo, que es la derogatoria de los D.L. 1015 y 1073, esa reunión amazónica sirve al propio interés de los dirigentes, cada partido político quiere utilizar esa cumbre amazónica para tener protagonismo, se están reuniendo para el paro nacional que quieren realizar”, manifestó.

Sostuvo que esa huelga es parte del trabajo político que realiza Patria Roja, y de la cual ha excluido a las comunidades indígenas, que no han sido consideradas en las cumbres anteriores. Vilma Ayala

La clave

Saúl Puertas, dirigente indígena de Amazonas, manifestó que no participarán en un nuevo paro, ya que ese es el compromiso que tiene con el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén. “Yo pienso que no vamos a participar, hemos dicho que nosotros ya no vamos a realizar movilizaciones ni paros, hemos logrado la atención del Estado y vamos a agotar la vía del diálogo”, subrayó. Indicó que en Lima ya se han reunido con el titular del Parlamento y han acordado, tal como se acordó en el acta suscrita días atrás, la conformación de una comisión multipartidaria, que buscará dar solución a la problemática de las comunidades indígenas.

El dato

Puertas aclaró que la visita del presidente del Congreso al Amazonas es parte del cronograma de viajes que realiza a las diferentes regiones, y no para reunirse con dirigentes nativos.

Expreso, 29/08/2008

Líderes indígenas integrarán nueva comisión congresal multipartidaria

2008-08-28T14:19:00.000-07:00

Queda por determinar si grupo de trabajo viajará finalmente a Amazonas. Dirigentes de nativos consideran que la reunión debe ser en Lima, ya que ellos llevan días en la capital esperando el diálogo.

La comisión multipartidaria para estudiar la situación de los pueblos indígenas, acordada en el acta firmada entre el Congreso y Aidesep que puso fin a la protesta en las regiones amazónicas, va tomando forma, y hoy el Pleno del Congreso ratificará –previa votación– su conformación definitiva.
Hasta ayer en la tarde, sin embargo, seguía debatiéndose cuál sería el listado definitivo que hoy se presentará a los parlamentarios en el hemiciclo. Y si bien quedaba claro que el grupo de trabajo estaría integrado por congresistas de cada bancada y por líderes indígenas, aún queda por definir si todos viajarán a Amazonas o no.
La propuesta fue hecha por el presidente del Congreso, Javier Velasquez Quesquén, el lunes, pero ayer el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, expresó su disconformidad con esta idea, pues –recordó– los representantes de los indígenas con los que los parlamentarios deben dialogar ya hace días que se desplazaron a Lima para este fin.
Una Comisión Mixta
"Queremos que se cumpla el acta de acuerdo, pero para qué irse a allá (a Amazonas) si ya hemos venido acá. Vinimos para abrir el espacio de diálogo y para que no pusieran pretextos de que no podían desplazarse", recordó Pizango.
Al margen del lugar de la reunión, se negociaron los nombres de los que integrarán la comisión multipartidaria.
Tras una reunión matutina con la Junta de Portavoces, Velásquez explicó que los siete miembros del grupo conformado el martes por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Parlamento también integrarán la comisión final, y especificó que "lo importante es que haya una comisión multipartidaria que evalúe en su integridad la problemática de las comunidades indígenas amazónicas".
En la tarde, el presidente del Congreso también se reunió con tres representantes de Aidesep (entre ellos el propio Alberto Pizango) para determinar con ellos el número de líderes indígenas que formarán parte de la comisión. Presentaron un listado de veinte nombres.
Además de la comisión congresal, los líderes indígenas esperan dialogar con el gobierno a través de una comisión ministerial que debería estar integrada, entre otros, por los ministros de Educación y Salud. El Ejecutivo, no obstante, reiteró que su interlocutor seguirá siendo el ministro del Ambiente, Antonio Brack.
A esa hora Pizango ya había pedido al Ejecutivo le disculpe si en algún momento él le había ofendido con sus palabras.

DATOS
En chachapoyas. La Mesa Directiva del Congreso anunció su intención de sesionar el viernes en Chachapoyas (Amazonas), con el fin de escuchar las demandas de las autoridades de la zona.
Rechazo. La Organización Regional de los Pueblos indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN) rechazó la idea.
Normalidad. El Consejo de Ministros de ayer decidió levantar el estado de emergencia en Amazonas, Loreto y Cusco.

La Republica, 28/08/2008

Conformarán comisión que verá ley de la selva

2008-08-28T14:12:00.000-07:00

El pleno del Congreso conformará hoy una comisión multipartidaria que se encargará de analizar la problemática de las comunidades nativas del país y se supo que los miembros del grupo conformado en las últimas horas por la Comisión de Pueblos Andinos del Parlamento también formarían parte del grupo de trabajo multipartidario.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, explicó que existe la posibilidad de que las bancadas parlamentarias alcancen un acuerdo para solucionar las diferencias en torno al quórum actual para decidir sobre las tierras de las comunidades nativas.
Vargas Fernández reveló que ha conversado con algunos miembros de las bancadas Nacionalista, UPP y Unidad Nacional, encontrando que es posible llegar a un acuerdo sobre este tema.
“En Unidad Nacional con mucha más razón, porque sus miembros han dicho en el pleno que no están en contra de los decretos legislativos 1015 y 1073, sino en la forma en que se dieron”, dijo
Subrayó que se ha elaborado una propuesta legal que plantea mantener vigente el quórum actual para decidir sobre el uso de las tierras en las comunidades nativas, pero modificando el referido a joint ventures, entre otros.

La Razón, 28/08/2008

Suspenden emergencia en cuatro poblados y confirman a Brack como interlocutor

2008-08-28T14:11:00.001-07:00

El ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció que el Ejecutivo decidió suspender el estado de emergencia en Bagua, Utcubamba, Datem del Marañón y Echarate. Incluso, subrayó que en dichas zonas ya imperan el orden y la paz social.
“Esa zona está pacífica, con normalidad, hay un control pleno y total del orden interno y una garantía plena de la seguridad ciudadana. Además, ya se han dado los primeros pasos para reiniciar el diálogo con las comunidades nativas”, enfatizó al precisar que esta decisión se aprobó en Consejo de Ministros, a pedido del presidente Alan García y el jefe del gabinete, Jorge del Castillo.
“El ministro del Ambiente será el representante del Poder Ejecutivo en este diálogo, que en cualquier instante se debe reiniciar en el lugar que sea conveniente y necesario”, anotó.

La Razón, 28/08/2008

Pizango pide disculpas al Ejecutivo y a ministro Brack

2008-08-28T14:07:00.000-07:00

Dice que lo malinterpretaron y que nativos son muy respetuosos
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pidió disculpas al Poder Ejecutivo por las frases que se consideraron agraviantes al ministro del Ambiente, Antonio Brack, y dijo que éstas fueron malinterpretadas.
Pizango indicó que en ningún momento se pretendió faltar el respeto al titular del portafolio del Ambiente cuando sostuvo, con argot criollo, que no hablaría con él para buscar una solución a las discrepancias con las comunidades nativas de la selva por el Decreto Legislativo 1015.
“Lo decimos con toda sinceridad: si se han sentido aludidos, les pido disculpas y vamos al fondo del asunto”, afirmó. Pizango manifestó, en aquella oportunidad, que "no dialogaría con los payasos, sino con el dueño del circo".
“Lo que dije no fue con la finalidad de lanzar improperios, yo lo he dicho en el argot criollo, no exactamente dirigiéndome a las autoridades del Estado o al ministro Brack, quien es una persona que respeto mucho, y considero que todos nos merecemos respeto. Los pueblos indígenas somos muy respetuosos y lo digo con toda sinceridad", refirió.
Por otro lado, Pizango Chota aseguró no temer a la investigación que iniciará la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) respecto del uso de los recursos financieros con que cuenta la Aidesep, que como ONG recibe cooperación internacional.
“En primer lugar, no tenemos ningún temor, producto de ello es que desarrollamos proyectos con la cooperación internacional y estamos inscritos en la APCI. Cada año los mismos cooperantes hacen una auditoría, porque ellos no permiten que se utilicen mal los fondos. Nosotros somos muy cuidadosos en eso”, puntualizó.

La Razón, 28/08/2008

Nestor Scamarone: ¿Derogar los decretos legislativos 1015 y 1073?

2008-08-28T14:03:00.000-07:00

Esperamos que en materia de tratamientos de conflictos sociales que el Gobierno opte decididamente por reforzar la institucionalidad; por realizar una mayor labor de prevención pero con implacable mano dura, sin compasión alguna y asimismo enviar un mensaje claro a la población en el sentido de que el camino para lograr la solución de los problemas no pasa por las medidas de fuerza como el bloqueo y la toma de carreteras o la invasión de instalaciones productivas.
Es que hace muy poco hemos visto lo sucedido con las instalaciones mineras y petroleras, incluso poblaciones enteras, puentes vitales del tránsito de personas y alimentos, etc. Lo más curioso con una coordinación de fuerzas y tomas de lugares “exactamente a la misma hora”, con el empleo obviamente de sofisticados equipos de comunicación. Los lugares comprendían las áreas petroleras de los Lotes 1AB, y las áreas de pozos y baterías de petróleo en el Lote 8 de la selva norte, que hicieron peligrar 133 pozos productivos de petróleo, casi 50,000 barriles diarios y el riesgo de dejar sin energía eléctrica a parte de Loreto por la posible parada de la Refinería Luis F. Díaz que los abastece de combustibles.
Esta coordinación de desmanes se produjo a todo lo largo del oleoducto y sus estaciones de bombeo (5, 6 y 7), desde la selva (Iquitos) hasta Bayóvar (en la costa), Camisea y Las Malvinas, en el sur del Cusco y, obviamente, todo el recorrido de los ductos de gas (Cusco a Pisco y Lima). ¿Quiénes fueron realmente los culpables de todo esto? ¿Qué querían, dejar sin energía al país, paralizar industrias y dejar poblaciones a oscuras?
No se necesita hacer muchas averiguaciones para saber quiénes están detrás de todo, baste investigar el programa ALBA, narcotraficantes y a las ONGs como “OXFAM (España), IBIS (Dinamarca), Amazon Watch (USA), Unguravi, Sirvindi, etc, que están detrás de los manifestantes. ¿Saben cómo reciben sus dineros que regresan de nuevo al Perú?, la respuesta es fácil, del lavado en el extranjero y en nuestro propio país, ahí es donde se debe investigar.
Curiosamente todos estos conflictos tienen una coordinación “espeluznante y va desde el terrorista narcotraficante más cruel, hasta el de cuello y corbata de seda, más conocido como caviar conchudo”.
Para colmo de la irracionalidad de las ONGs que asesoran a las comunidades nativas e indígenas y a los bolsillos obviamente de los caviares de siempre, manifiestan que no permitirían más perforaciones de pozos petroleros, ni suscripción de “Contratos de Licencia” en las áreas de las comunidades, ni minería, ni explotación forestal sostenible, como si ellos fueran un estado dentro del Estado peruano.
De esta manera, violan la Constitución en su artículo 66° que a la letra dice: “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento...”; vale decir, los recursos naturales son de todos los peruanos, no de cuatro ONGs lavadoras… que mueven a las comunidades y a las que se les ha sumado el ALBA y, obviamente, el narcotráfico.
Algunas ONGs han hecho un dogma del desarrollo económico, como el gran culpable del deterioro ambiental. Se ha dado por buena la tesis de que a mayor desarrollo, producción, consumo y bienestar material, peor el medio ambiente. Ese discurso reúne una variopinta alianza de ambientalistas, antiglobalizadores, izquierdistas, falsos nacionalistas, indigenistas, revolucionarios (con terrorismo agazapado, que ni ellos mismos se dan cuenta) y otros que, aprovechando la credulidad del pueblo peruano, cabalgan sobre un proyecto político de grandes ramificaciones en el ámbito local e internacional, a veces capaz de entrelazarse en nombre de una noble causa ¿el ambiente?, con regímenes despóticos, conculcadores de libertades económicas y políticas o simples aprovechadores por “ganarse a los verdes, pero a los verdes dólares”.
Investigadores académicos como Jack M. Hollander, “La verdadera crisis ambiental” o Amartya Sen, Premio Nobel de Economía “¿Desarrollo en libertad?”, han planteado que el verdadero enemigo y depredador del ambiente es la pobreza, más claro que eso, nada.

La Razón, 28/08/2008

Ejecutivo suspende estado de emergencia en la Amazonía

2008-08-28T12:09:00.000-07:00

Luis Alva Castro asegura que la zona ya se encuentra en total normalidad.

El ministro del Interior, Luis Alva Castro, anunció ayer que el Poder Ejecutivo decidió suspender el estado de emergencia en Bagua (Amazonas), Utcubamba (Amazonas), Datem del Marañón (Loreto) y Echarate (Cusco), al comprobar que en dichos lugares ya imperan el orden y el control policial.
"Esas zonas están pacíficas, hay un control total del orden interno y una garantía plena de la seguridad ciudadana", enfatizó a su salida de la sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.
Precisó que dicha decisión se aprobó a pedido del propio presidente Alan García y del jefe del Gabinete, Jorge del Castillo.
Alva agregó que en cualquier momento se retomará el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas y el Poder Ejecutivo, cuyo representante seguirá siendo el ministro del Ambiente, Antonio Brack.
Remarcó que la policía también está tomando medidas para restablecer el orden en el distrito de Sanagorán (Huamachuco), donde las rondas campesinas intentaron linchar al alcalde de la zona, Santos Ruiz, por supuestamente estar involucrado en la muerte de un funcionario edilicio.

MALAS INTERPRETACIONES

Alberto Pizango, jefe de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a las organizaciones nativas que la semana pasada acataron un paro para exigir la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, ofreció disculpas al Ejecutivo y aseguró que sus palabras se malinterpretaron.
En declaraciones a Ideele Radio, señaló que no se había referido al ministro Brack cuando dijo que no iba a dialogar con los payasos sino con el dueño del circo, en alusión a que la Aidesep había solicitado conversar con el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo.
"No le he dicho payaso al ministro Brack, lo que hice fue dar un ejemplo. Pero si se han sentido ofendidos, les pido disculpas y vamos al fondo del asunto respecto de los decretos", apuntó.

El Comercio, 28/08/2008

Indígenas insisten en derogatoria y diálogo

2008-08-27T15:20:00.000-07:00

El presidente de Aidesep, Alberto Pizango, recuerda que la protesta amazónica no es sólo por los decretos 1015 y 1073.

Consideran buena la propuesta de Alan García de dejar en 66% el margen de transferencia o venta para las comunidades de la selva, pero también como prematura y con una importante carencia: es unilateral.
Por eso, los indígenas de las siete regiones amazónicas del Perú insisten en que el Ejecutivo debe promulgar –y no observar – la ley 2440 que aprobó el Congreso y que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 (más conocidos como la Ley de la Selva).
Además, reiteran su deseo de dialogar con el gobierno para, juntos, fijar un plan de desarrollo para las comunidades de la selva.
Así lo expresó ayer a La República Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), quien precisó que la protesta indígena no se refería sólo a la derogatoria de las normas promulgadas por el Ejecutivo al amparo de las facultades especiales para legislar en materia del TLC.

ESCENARIO DE DIÁLOGO
"La movilización amazónica responde a un tema de fondo, que es el diálogo y el respeto estricto del territorio indígena de la selva. Esperamos que el Ejecutivo derogue los decretos y que nos sentemos a conversar sobre cómo debe ser el desarrollo en la selva sin tergiversar y no insistir en que nuestra queja está manipulada por terceros", afirmó Pizango.
En ese posible escenario de diálogo, posterior a la promulgación de la ley 2440, eso sí, Pizango aseveró que la propuesta de García sería bien vista, "siempre y cuando se garantice la consulta tal y como establece el Convenio N° 169 de la OIT-, y que serán los propios pueblos nativos quienes dispongan de forma autónoma de su territorio".
"Los pueblos quieren ser parte de la solución de sus problemas, y que con los mismos derechos y condiciones todos –indígenas y gobierno– comencemos a hablar de desarrollo. Si pregunta a los nativos si quieren ser ricos, todos dirán que sí, pero sin ser expropiados", dijo.
Agregó que el lunes, y dada la ausencia de respuesta a su propuesta de diálogo de la semana pasada, enviaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) una segunda carta reiterando su predisposición a conversar y exponiendo los ocho puntos de la agenda que desean tratar con el gobierno.

CARTA SIN RESPUESTA
El documento, dirigido al premier Jorge del Castillo, pide la restitución del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), la creación de un fondo especial para proyectos en la selva, el restablecimiento del rango ministerial del Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) y el respeto al rechazo de las concesiones hidrocarburíferas.
Los indígenas solicitan, además, la formación de una comisión de alto nivel que evalúe el impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo en la selva, la transformación del Ministerio de Educación en un Ministerio de Educación y Asuntos Interculturales que pueda adecuar los contenidos educativos a cada realidad, la creación de centros de estudios superiores en la selva y un programa especial que se encargue de fijar medidas para proteger la vida y la salud de las comunidades indígenas.
Al cierre de esta edición, aún no había respuesta de la PCM.

PRECISIÓN
El proyecto vargas. Ayer, el presidente de la Comisión de Constitución, el aprista José Vargas Fernández, presentó un proyecto de ley que modifica el régimen de disposición de tierras y establece que para las comunidades de la costa el voto de la asamblea será de no menos del 50% de sus miembros, y que para transferir la propiedad de las tierras de la sierra y la selva deberá contarse con el voto de no menos de los dos tercios de sus integrantes.

Oposición apoya la negociación
Ayer la oposición se mostró conforme con la propuesta de Alan García sobre el uso de las tierras en la selva, pero precisó que el éxito de la iniciativa dependerá de un adecuado diálogo.
La congresista Elizabeth León, de UPP, calificó de positivo el cambio de actitud del gobierno para evitar un nuevo conflicto, pero opinó que de todas maneras la propuesta debe ser consultada con los indígenas.
Juan Carlos Eguren, de Unidad Nacional, dijo que sobre la base de la nueva propuesta del presidente se puede iniciar un diálogo constructivo a fin de buscar alternativas de desarrollo para la selva. Y Oswaldo Luizar, del Bloque Popular, señaló que las palabras de García son un reconocimiento de su error.

La República, 27/08/2008

Mala señal: Contramarcha en ley de comunidades nativas

2008-08-27T14:56:00.000-07:00

Es criticable que, a contramarcha de su postura inicial, el presidente Alan García haya anunciado una flexibilización de la iniciativa legal sobre el manejo de la propiedad de las comunidades nativas. Ahora plantea que ellas puedan vender sus tierras con el 66% de los votos, es decir como era antes, y solo se mantendría la exigencia del 50% para alquilarlas o hacer 'joint ventures'.
En el fondo, es muy preocupante que el Gobierno esté renunciando a la posibilidad de darle a un gran sector de la Amazonía, que resiente históricamente la ausencia del Estado centralista, los instrumentos para engarzarse en el tren de la modernidad. Así, en lugar de esforzarse por explicar mejor a las comunidades las ventajas y alcances de la norma, se opta por dar marcha atrás y se las condena a seguir bajo el yugo empobrecedor del paternalismo.
En la forma, este sorpresivo cambio sienta un negativo precedente. Ante todo porque podría ser interpretado como una muestra de debilidad del Estado frente a la presión violentista de ciertos grupos y podría ser replicado por otros. Luego, se deja muy mal parado a un gran sector de la bancada aprista en el Congreso, a la que inicialmente se obligó a sostener y apoyar el proyecto del Ejecutivo. ¿Y para qué? Más aun, el jefe del Gabinete Jorge del Castillo no ha descartado la observación de la ley aprobada por el Parlamento.
Por el bien del país, tan confuso estado de cosas no puede continuar. El Ejecutivo tiene que recuperar autoridad, unidad y coherencia en sus políticas de gobierno, y si hay que hacer una corrección pues esta debe ser motivada y canalizada adecuadamente, sin dar erróneas señales que afecten los principios de orden, autoridad y gobernabilidad del país.
Asimismo, es urgente reforzar los mecanismos de comunicación no solo con el Legislativo, sino también con los líderes de los indígenas. Todo ello dejando muy en claro que no se puede dialogar bajo la espada de Damocles del chantaje violentista y que todos pertenecemos a un Estado unitario y nacional, cuyas leyes debemos obedecer.

El Comercio, 27/08/2008

Presentan proyecto de ley con nueva postura sobre comunidades nativas

2008-08-27T14:53:00.000-07:00

El debate sobre el régimen jurídico de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra sigue abierto. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en que no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 --aprobada el viernes pasado--, desde ayer la representación parlamentaria tiene en sus manos una propuesta que recoge el nuevo planteamiento que sobre el tema hizo el presidente Alan García la noche del lunes.
La iniciativa pertenece al congresista aprista y presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas Fernández, quien recoge los alcances presidenciales.
La propuesta contempla que se necesite el 66% del voto de todos los miembros de la comunidad para decidir la transferencia o venta definitiva de las tierras, pero que se permita la asociación, alquiler, 'joint venture' y otras modalidades con no menos del 50%.
"De esa manera se concilian los criterios", remarcó Vargas.
En el proyecto se establece la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, así como la modificación del artículo 10 y la resolución del artículo 11 de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), con la finalidad de establecer un quórum diferenciado para la transferencia de propiedad y otros actos de disposición de las tierras comunales.
"Esto permitirá a dichas comunidades acceder a los diferentes mecanismos de asociación para la inversión privada, pudiendo inclusive, de estar interesadas, intervenir de manera directa en determinado proyecto o, en su defecto, ceder parte de sus tierras con el objeto de obtener una contraprestación económica por el uso de las mismas por parte de inversionistas", reza el proyecto.
Vargas declaró que en el transcurso de hoy solicitará formalmente al Consejo Directivo del Parlamento --que es la instancia que define la agenda de temas que se verán en el pleno-- que su propuesta de ley sea exonerada del trámite previo de pasar por comisiones.
Si esta posición prosperase, el proyecto podría ser discutido por la representación parlamentaria mañana jueves en la sesión habitual del pleno.
GRUPO DE ENLACEMañana también se discutirá la formación de un grupo multipartidario que actuará como una especie de enlace para el diálogo con las comunidades. Este tendría carácter deliberativo, es decir, que no propondrá normas.
La idea primigenia es que lo deben integrar representantes de las ocho bancadas parlamentarias, aunque no se descarta que la tarea también pueda ser encargada a los miembros de la actual Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que ayer nombró una subcomisión con este mismo fin. "Reclamamos respeto", refiere representante de etniasFue directo. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango Chota, fue al grano cuando opinó acerca del cambio de actitud mostrado por el jefe del Estado, Alan García, en el tema de la posesión de las tierras de las comunidades de la selva y la sierra.
"Nos parece que el Gobierno se sigue aferrando a su posición y no escucha a los pueblos amazónicos. Nosotros no reclamamos por un tema de porcentaje. Nosotros reclamamos respeto. Que nos escuchen y que cada vez que quieran legislar o tomar decisiones sobre las tierras comunales y ancestrales de la selva peruana, que conversen con nosotros pues siempre hemos estado abiertos al diálogo sincero", indicó.
Pizango reiteró que lo único que su organización y otras similares buscan es lograr que el Gobierno respete el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reiteró que ante su posición de dialogar, el Gobierno "hasta el momento no ha respondido".

El Comercio, 27/08/2008

Cuidado con trampas de propuesta de García

2008-08-27T14:20:00.000-07:00

Advierte especialista Reynaldo Trinidad. Alberto Pizango rechaza planteamiento de García.

El experto en temas agrarios Reynaldo Trinidad advirtió ayer sobre aspectos tramposos de la propuesta del presidente Alan García, de que el Congreso apruebe una nueva ley para las comunidades indígenas, que facilite la entrega de sus tierras en alquiler a empresas privadas, como alternativa al fracaso del intento oficial de simplificar el procedimiento de venta de las mismas.

Trinidad dijo que la trampa está en incorporar a los ‘comuneros posesionarios’ y no únicamente a los ‘comuneros calificados’ o propietarios, en las decisiones que se adopten para vender o alquilar las tierras comunales.

El especialista puso en tela de juicio el planteamiento del presidente García de reducir al 51% del total de comuneros la mayoría necesaria para que las comunidades puedan asociarse, alquilar o establecer convenios con terceros para explotar las tierras y mantener el requisito de 66% para la venta.

Trinidad dijo que hay que tener cuidado con la propuesta, pues los verdaderos propietarios, reconocidos en los estatutos de la comunidad o por títulos del Estado, son los únicos que deberían decidir en las votaciones. “Ellos son los comuneros calificados”, sostuvo.

No deberían votar, en cambio, los llamados ‘comuneros posesionarios’, que pueden ser invasores de tierras, ‘sembrados’ por el gobierno o por las empresas interesadas en adquirir las tierras comunales.

“La medida se presta a la manipulación y a la presencia de elementos ajenos a las comunidades, el gobierno quiere privatizar las tierras y puede convalidar la presencia de intrusos en las decisiones que se adopten”, explicó Trinidad.

Advirtió acerca de una política contraria a las comunidades, como la que revierte al Estado tierras supuestamente eriazas, tal como ocurrió con la comunidad San Pedro de Lloc, a la que se arrebató más de 1,200 hectáreas para vendérselas a la empresa Gandules, que ahora controla cerca de 3,000 hectáreas.

Trinidad reclamó que el Congreso revise toda la legislación expedida por el gobierno que tenga que ver con el uso de aguas, bosques y tierras, pues propicia su privatización y entrega a grandes capitales.

Rechazan planteamiento

El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Alberto Pizango, rechazó el planteamiento, sin cambios sustanciales, formulado por el presidente Alan García.

Adelantó que ante la posibilidad de que el Ejecutivo observe la ley que deroga dichas normas, los pueblos indígenas y amazónicos continuarán en su lucha.

El líder amazónico insistió en que buscan que el gobierno respete el Convenio 169 de la OIT, pues los pueblos indígenas tienen una propuesta clara. Asimismo dijo que esperan un diálogo con el Ejecutivo “que hasta el momento, a pesar de nuestra solicitud, no se da”.

Tras incidir en que el mejor camino es el diálogo y no las decisiones adelantadas, en alusión a la propuesta del jefe de Estado, Pizango detalló que la plataforma de reclamos de los pueblos amazónicos tiene doce puntos, de los que ocho se relacionan directamente con el Ejecutivo y cuatro con el Congreso, con cuyos representantes ya se inició un primer acercamiento; además del compromiso de conformar una Comisión Multisectorial que –conjuntamente– analizará la situación de la selva.

Decretos legislativos son inconstitucionales

Tras un estudio exhaustivo, el constitucionalista Francisco Eguiguren llegó a la conclusión de que la mayoría de los decretos legislativos elaborados por el Ejecutivo en uso de las facultades otorgadas por el Congreso, tienen naturaleza inconstitucional.

Eguiguren explicó que varios de los decretos no tienen relación con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuya implementación fue el objetivo del otorgamiento de las facultades legislativas.

“El Ejecutivo ha hecho un uso extensivo y abusivo de la delegación de facultades. El Art. 2.2 de la Ley 29157 indica que tiene que haber una relación estricta entre las materias delegadas y su vinculación con la implementación del TLC”, dijo Eguiguren, quien elaboró el estudio a pedido de la Agencia Humanitaria Oxfam Internacional.

Según Eguiguren, los decretos legislativos 1015 y 1073 son inconstitucionales, pues transgreden el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica que cualquier disposición del gobierno que afecte a la organización interna de una comunidad nativa debe ser consultada con esta previamente. Del mismo modo, el Ejecutivo derogó la Ley 26505 mediante el decreto 1064, cuando una ley sólo puede ser modificada o derogada por otra ley aprobada por el Congreso.

El letrado explicó que un rasgo característico del uso dado por el Ejecutivo a las facultades delegadas ha sido la “intención manifiesta” de exceder y aprovechar las atribuciones recibidas para expedir un número de normas con ninguna o muy poca vinculación con el TLC. “Ello hace que tales decretos puedan ser calificados de inconstitucionales por razones de forma, al haber incumplido los parámetros fijados en la ley 29157, lo que ameritaría su derogación en el Congreso, o que se declare su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional”, precisó.

La Primera, 27/08/2008

Mariella Balbi: De la selva su lío

2008-08-26T14:22:00.000-07:00

La industria maderera, la expansión de la frontera agrícola, el descuido de las comunidades y su alianza con lConversar con los nativos de nuestra Amazonía puede ser una experiencia deliciosa. Su manera remolona y pausada de pronunciar el ajeno español, la especial comprensión de las palabras --faltas gramaticales para muchos--, el conocimiento de plantas y animales de ese mundo inmensamente verde resultan características culturales que solo provocan simpatías. Cuando en medio de fantásticos paisajes uno escucha: "tampoco me va a 'menosdespreciar'", en lugar de despreciar, es imposible no caer en la tentación de adoptar este útil y revelador término. La selva cuenta además con un imaginario muy especial. El agua (cochas, ríos, brazos de ríos) es un elemento importantísimo que alberga a sus espíritus y estos a su vez poseen una singular personalidad.
Tal es el caso de la sirena, habitante de las cochas y ríos que se lleva --a fuerza de seducción y femeninos sortilegios-- a varones jóvenes a quienes su familia no vigila. Al adentrarse en esta cosmología uno --chori (blanca), capitalina y agnóstica--, con vocación antropológica siempre pregunta: "¿Y la sirena es buena o es mala?" "No, ella es buena, lo que pasa es que te lleva para que la acompañes". A partir de ahí cada uno de los siempre conversadores nativos tiene una historia y un familiar que la ha visto. El cómo ella pasó de ser una figura netamente marina a instalarse en nuestra bella Amazonía es aún ignoto. Más pertinente para la selva baja, ahí donde están los 'ríos espejo', es la leyenda de delfín rosado. El animal existe y es un orgullo de nuestra biodiversidad, pero también tiene su propio mundo. Convence y enamora, esta vez a las mujeres, las tienta y las fascina con su fálico hocico, llevándoselas a otra dimensión. En ningún caso el rapto es traumático ni el destino cruel.
Hemos visto la intensa lucha de las 62 etnias amazónicas para derogar los decretos promulgados por el Ejecutivo que permitían la venta de tierras con el democrático principio de la mitad más uno. Pese a que tomaron instalaciones la violencia no fue igual que en Moquegua o Chimbote. El selvático es pacífico, pero quiere que le consulten. Principalmente porque la actividad extractiva ha contaminado su hábitat y contrarrestarla es el enfrentamiento de David contra Goliat. Más bien ha generado un natural rechazo a cualquier actividad industrial. Las comunidades de la sierra no han protestado, lo cual quiere decir que no se pensó en el modus operandi de la Amazonía.
La selva, como todo el país, está depredada. La industria maderera, la innecesaria expansión de la frontera agrícola, el descuido de las comunidades y su alianza --en muchos casos-- con la informalidad han provocado que ese bello espacio no esté seguro. Las tierras comunales no cuentan con un catastro pulcro y lo que es educación, agua, saneamiento (vea nomás un lugar 'semichori' como Yurimaguas, desolador) se encuentra en el más perpetuo abandono. Sin embargo, dato curioso, mientras Cusco presenta 1.634 casos de alcoholismo, San Martín y Loreto solo 27 y 25. El objetivo de la legislación debe ser proteger nuestra Amazonía, también es obligatorio que se legisle para gente de carne y hueso, sin 'menosdespreciar' o 'desabandonar' a nadie en este pluricultural Perúa informalidad han provocado que este espacio no esté seguro.

El Comercio, 26/08/2008

García plantea que cambio a ley se mantenga en la sierra

2008-08-26T14:05:00.000-07:00

Indica que idea expresada en decretos legislativos 1015 y 1073 se “amazonizó”. Dirigente de la CNA anuncia medidas de fuerza en la sierra para derogar otras normas.

Frente al panorama aún incierto sobre la suerte final de los decretos legislativos 1015 y 1073, el presidente Alan García planteó ayer una alternativa que, según su perspectiva, eliminará el temor expresado por las comunidades nativas amazónicas. Mediante una declaración oficial escrita, el mandatario propuso “dejar en 66% (de votos de la Asamblea General de la Comunidad) la decisión de transferencia o venta definitiva (de los terrenos), y permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%”.

Aunque reconoció la buena intención de los congresistas al derogar los decretos, aclaró que existe un mejor camino para el desarrollo de las comunidades nativas, que sería –según su posición– hacer una precisión respecto de las comunidades de la sierra. “Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los Andes, pero por error o confusión se 'amazonizó’ la idea, involucrando a nativos cuyas comunidades no tienen los cuatro siglos de las de la sierra y que responden a otra realidad”, indicó García, quien añadió que no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado, pues “ello solo mantiene el atraso y la miseria”.

Este pronunciamiento presidencial se produjo después de que el premier Jorge del Castillo adelantara que el Gobierno no promulgará la ley de derogatoria aprobada por el Parlamento y que, más bien, optaría por observar la norma para abrir el diálogo.

META INALCANZABLE. Esto parece ir de la mano con la propuesta del presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, de aprovechar los 15 días de plazo que tiene el Gobierno para promulgar o devolver la ley al Congreso para consensuar posiciones.

Por su parte, el presidente del Legislativo, Javier Velásquez, anunció la formación de una comisión multipartidaria que viajará el viernes a Amazonas para analizar la problemática integral de las comunidades nativas y encontrar soluciones. Menos optimista, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, expresó su temor de que no se logre reducir la pobreza a 30% hasta el año 2010 si se derogan los decretos 1015 y 1073.

LA SIERRA SE CALIENTA. Pero, mientras el Gobierno se mantiene en su posición, las protestas que se desataron la semana pasada podrían trasladarse ahora a la sierra. La alerta la dio ayer el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, quien emplazó al Legislativo a que derogue “todos los decretos que son discriminatorios y privatizadores, particularmente el 1020 y el 1064, que son los más peligrosos”, y advirtió al Ejecutivo que, le guste o no, saldrán a protestar si no los escuchan.

“Al Gobierno le ha molestado la protesta de las comunidades nativas de la selva, pero, le guste o no, estamos preparando nuestras medidas de lucha y vamos a levantarnos. Si no van a retroceder, nosotros tampoco lo haremos. La sierra rechaza rotundamente esos decretos y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, aseguró.

Antolín Huáscar señaló que las comunidades campesinas se rigen por la Ley de Comunidades Campesinas 24656, y no por la Ley de Tierras 26505, dada durante el fujimorato.

A LA LUCHA. El dirigente de la CNA informó que, en acatamiento al acuerdo tomado el 12 de este mes, el 20 y 21 de setiembre se realizará en Puno una convención de la macrorregión sur, a la que asistirán delegaciones de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Apurímac. Días después se reunirá la macrorregión centro en Cerro de Pasco y la macrorregión norte en Piura. La convención nacional, en la que decidirán si se van a no a un paro, se hará en Lima el 12 de octubre.

Perú.21, 26/08/2008

García concede la razón a Amazonía y coincide en sistema de venta de tierras

2008-08-26T14:02:00.000-07:00

"Lo positivo" será dejar en 66% la presencia de comuneros para la decisión, dice. Para la asociación, alquiler, y joint venture de tierras comunales en la sierra sí se bajará la valla al 51 por ciento.

Tras la derrota que sufrió el Ejecutivo ante la oposición parlamentaria, que derogó el viernes último los cuestionados decretos 1015 y 1073 –conocidos como la Ley de la Selva–, el presidente García admitió la inconveniencia de los mismos y consideró que "lo positivo" será dejar en 66% el porcentaje de miembros de una comunidad que deberá estar presente en una asamblea para decidir la venta definitiva o transferencia de sus tierras.
De esa manera, el Jefe del Estado aceptó la demanda de la población amazónica, que alzó la voz durante las últimas semanas para evitar que tal valla sea reducida al 51%.
Mediante un comunicado, el Jefe del Estado señaló que la propuesta del Ejecutivo de reducir de 66% a 51% se planteó pensando que de esa manera las comunidades podrían asociarse con los capitales y la tecnología, para así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12 mil lagunas para la acuicultura.
García recordó que tras la emisión de los decretos, "hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos". Para evitarlo, agregó, lo positivo será dejar en 66% la decisión de transferencia o venta definitiva y permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%.
"Es bueno aclarar que lo esencial de la propuesta fue pensado para los andes, pero por error o confusión se amazonizó, involucrando a nativos cuyas comunidades no tienen los 4 siglos de las de la sierra, y que responden a otra realidad", dijo García, para quien el tema será retomado a futuro, pues no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y el mercado.

FISCALIZACIÓN RETROACTIVA
1] La Dirección de Fiscalización y Supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) envió una carta a la ONG Aidesep para informarle de una acción de fiscalización el próximo 2 de setiembre.

2] La misma comprenderá el periodo de los años 2006 al 2008 (el gobierno de Alan García), y la ONG deberá presentar documentos como sus planes operativos, convenios y cartas firmadas con las fuentes cooperantes, la ejecución presupuestal, las rendiciones de cuentas mensuales y los comprobantes de pago, los recursos obtenidos con los beneficios tributarios y su uso, así como otros documentos que la fiscalización pueda solicitar en su momento.

3] Cabe señalar que la fiscalización de las ONG, si bien es una práctica corriente y habitual, suele darse a finales de cada año. Los periodos a reportar a la APCI, asimismo, son anuales. La comisión ya ha anunciado que solicitará un listado detallado de todos los proyectos ejecutados durante los años 2006 al 2008.

La República, 26/08/2008

Tras derrota, García insiste en propuesta

2008-08-26T13:46:00.000-07:00

El presidente Alan García señaló anoche que la mejor modificatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 es dejar en 66% el margen de decisión para la venta de las tierras comunales, mientras que para el alquiler sí se debería requerir sólo el 51% de los votos, es decir, la mitad más uno, de una asamblea.

“Muchas veces las normas aíslan e impiden la libre decisión. Esto ocurre cuando se exige 66% de los miembros históricos de una comunidad andina para adoptar una decisión”, dijo García y luego comentó que la propuesta del Ejecutivo fue reducir ese nivel a 51% porque su intención era “que las comunidades puedan asociarse con los capitales y la tecnología, a través del alquiler de tierras y así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12,000 lagunas para la acuicultura”, argumentó.

“Pero hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos. Creo que eso sería muy difícil porque no hay una masa de capital desesperado por ir a esas difíciles zonas”, remarcó. El mandatario precisó que lo esencial de la propuesta fue pensado para los Andes, pero por error o confusión se "amazonizó" la idea, involucrando a nativos, cuyas comunidades no tienen los cuatro siglos de las de la sierra y que responden a otra realidad. “Creo que la discusión ha sido muy importante porque tarde o temprano se avanzará en esa dirección. No se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado. Eso mantiene el atraso y la miseria”, agregó el presidente de la República.

La Primera, 26/08/2008

Fujimoristas apoyarán el proyecto del APRA

2008-08-26T13:30:00.000-07:00

Oposición cree que pacto aprofujimorista puede reactivarse contra intereses de indígenas. Del Castillo ratifica que Ejecutivo no promulgará ley que deroga decretos 1015 y 1073. Sigue la incertidumbre.

Ante el anuncio de la bancada aprista de presentar en las próximas semanas un proyecto de ley que busca reemplazar los decretos legislativos 1015 y 1073, el congresista Víctor Mayorga advirtió ayer que los fujimoristas pueden apoyar dicha iniciativa aprista en desmedro de los intereses de los nativos e indígenas.

“A pesar de que los fujimoristas votaron a favor de la derogatoria de los decretos legislativos lesivos, esta situación no se volvería a repetir con el nuevo proyecto de ley que presentará la bancada aprista”, sostuvo el legislador nacionalista Víctor Mayorga. La advertencia del parlamentario se basa en que el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Juan Vargas, ha propuesto a su colega fujimorista Rolando Souza para que presida la Comisión de Revisión de Decretos Legislativos y esta comisión depende directamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la fujimorista Martha Moyano.

Según Mayorga, la elección de Souza significará que el aprofujimorismo tendrá, de alguna manera, el poder para facilitar que se le dé luz verde al proyecto que está preparando la Célula Parlamentaria Aprista.

Oficialismo

A su vez, el premier Jorge del Castillo ratificó ayer que el Ejecutivo no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitan la venta de tierras comunales de los indígenas y los nativos y son abiertamente inconstitucionales. Sin embargo, Del Castillo dijo que aún se está estudiando la observación de la mencionada norma.

Asimismo, sostuvo que el diálogo con los nativos está abierto, siempre y cuando el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pida disculpas por haber dicho que algunos de los miembros del gabinete son payasos.

Por su parte, Alberto Pizango advirtió al gobierno que se abstenga de jugar con fuego y deje de resistirse a dar curso a la anulación de dos decretos legislativos enviados por el Congreso. La Confederación Nacional Agraria anunció que la próxima semana realizará reuniones macrorregionales para iniciar protestas ante la resistencia del Ejecutivo de derogar decretos.

DETALLE

Según informó el presidente de la Comisión de Constitución y miembro del grupo oficialista, José Vargas, la nueva propuesta planteará que se mantenga el quórum actual para decidir sobre el uso de las tierras en las comunidades nativas, pero buscará reducir a la mitad más uno el voto para permitir su alquiler.

La Primera, 26/08/2008

Presidentes regionales deslindan con radicales

2008-08-26T12:54:00.000-07:00

Gremios politizados habrían manipulado a indígenas en paro, advierten.

Si bien aún faltan más de diez días para que el Poder Ejecutivo posiblemente observe la derogatoria aprobada por mayoría en el Congreso de la República sobre los decretos legislativos 1015 y su modificatoria 1073, los ánimos en la selva se encuentran en un nivel de tranquilidad pero sólo momentánea.

Además de este panorama, ayer el presidente de la región Amazonas, Óscar Altamirano Quispe, si bien reconoció que el reclamo de los nativos era justo porque los decretos legislativos no cumplen con lo establecido en el convenio de la OIT, denunció que detrás del paro de la selva, que duró más de 10 días, hubo actuación de gremios politizados como el Sutep acompañados de líderes de algunas rondas campesinas, el frente de los intereses de Bagua, así como de dirigentes de Aidesep, quienes en conjunto habrían azuzado a los indígenas a protagonizar escenas de violencia.

De esta manera, Altamirano negó que haya participado alguna de las 52 comunidades de Amazonas, tal como se ha venido denunciando en los últimos días.

Por su parte, el presidente regional de Loreto, Iván Vásquez, sostuvo que mal haría el gobierno si en lugar de seguir el curso regular de la derogatoria de dichas normas opta por observarlas. Por lo pronto comentó que las últimas declaraciones de García Pérez generan inseguridad en la población, por lo que mencionó que lo acertado sería que el mandatario sea consecuente con los indígenas de las comunidades nativas. “De no seguir lo acordado por la amplia mayoría del Congreso, el jefe del Estado estaría yendo contra la corriente”, subrayó Vásquez.

Vásquez recalcó que dicha decisión enervaría a la población indígena por el impacto que tienen ambas leyes en la sociedad de esa parte del Perú. “Los indígenas sentirían que se han burlado de ellos, no vale la pena que se ponga al país nuevamente en esa convulsión”, afirmó.

El dato

La autoridad regional de Loreto señaló que en el contexto de la coyuntura actual es propicio el inicio de un debate a nivel nacional sobre el futuro de la Amazonía, que “por décadas ha sido olvidada”.

Expreso, 26/08/2008

Gobierno no cederá ante decisión del Congreso

2008-08-26T12:51:00.000-07:00

Respecto a derogatoria de decretos 1015 y 1073.El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, sostuvo que el Ejecutivo descarta, “por el momento”, la promulgación de la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, y más bien evalúan buscar un consenso con las comunidades indígenas.

“Nada está descartado (respecto a un diálogo con las comunidades indígenas), lo único que yo veo descartado es que el gobierno promulgue esa derogatoria, por ahora es la opción que está fuera, todo lo demás no está descartado, vamos a evaluar, a conversar, y escuchar los puntos de vista”, manifestó tras asistir a la presentación del nuevo sistema de consulta de datos de los resultados del Censo 2007, realizado por el INEI.

Afirmó que el Ejecutivo tiene 15 días para tomar una decisión final respecto a ese tema, e indicó que además de la promulgación hay otros dos caminos. El primero, explicó, es que se observe la norma, o que no se haga nada y después de vencido el plazo de 15 días el Congreso promulgue la ley.

“Hay la posibilidad de optar por la observación, en la cual se converse previamente, de manera tal que la observación que se haga conlleve a una solución intrínsecamente superior a la simple derogatoria”, aseveró.

Asimismo, demandó al presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, disculparse públicamente por sus últimas expresiones, en las que califica de “payaso” al ministro de Ambiente, Antonio Brack.

Sostuvo que quienes hacen política deben dar la mayor docencia, aun en la más profunda discrepancia, y por eso de ninguna manera se puede aceptar agravios de ese tipo.

Reiteró que el gobierno siempre ha tenido la mejor disposición para el diálogo, pero poco se puede avanzar cuando los opositores nunca están conformes ni dan su brazo a torcer.

De otro lado, Del Castillo consideró que “no tiene futuro” la pretensión de un sector del Congreso para derogar los decretos que implementan el TLC con los EE UU porque eso sería un salto al pasado.El datoEn otro momento, Del Castillo se pronunció a favor de que las trabajadoras del Estado, que se encuentran bajo el régimen laboral de Servicios No Personales (SNP), cuenten con derechos de lactancia y descanso pre y post natal. Señaló que se trata de un derecho fundamental, por lo cual “hay que disponerlo rápidamente”.

Expreso, 26/08/2008

Alan dice que desarrollo protegerá a los nativos

2008-08-26T12:39:00.000-07:00

El mejor camino para proteger a los más pobres es el desarrollo, permitiendo su conexión con el avance tecnológico y productivo del resto del Perú, señaló el presidente Alan García en un pronunciamiento escrito.
En él señaló que “muchos parlamentarios votaron en contra de los decretos por creer sinceramente que así defienden a las comunidades y comuneros, sin embargo, el mejor camino para protegerlos es mediante el desarrollo y permitiendo su conexión con el avance tecnológico y productivo”En ese sentido y según su pronunciamiento, el jefe del Estado propuso “que para evitar el temor a una supuesta venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos, sería conveniente dejar en 66% el margen de decisión de transferencia o venta definitiva”. Asimismo, dijo, “permitir a las comunidades de la sierra la asociación, alquiler, joint venture con el 51%, y de esta manera conciliar los criterios”.“Saludo su buen objetivo pero creo que hay un mejor camino por el que proteger a los más pobres, y es el desarrollo permitiendo su conexión con el avance tecnológico y productivo del resto del Perú”, remarcó.“Muchas veces las normas aíslan e impiden la libre decisión. Esto ocurre cuando se exige 66% de los miembros históricos de una comunidad andina para adoptar una decisión”, explicó.Comentó que la propuesta del Ejecutivo fue reducir ese nivel a 51%. “Pensamos que así las comunidades podrían asociarse con los capitales y la tecnología, a través del alquiler de tierras y así aumentar el valor de millones de hectáreas y de 12,000 lagunas para la acuicultura”, apuntó.Indicó que si a las tierras alquiladas llegan mejores pastos y vientres de alta productividad, se convierten en un foco de progreso que irradia hacia las tierras no alquiladas. “Pero hubo mucho temor a una venta masiva de tierras en pésimas condiciones para los campesinos. Creo que eso sería muy difícil porque no hay una masa de capital desesperado por ir a esas difíciles zonas”, remarcó.El mandatario precisó que lo esencial de la propuesta fue pensado para los andes, pero por error o confusión se "amazonizó" la idea, involucrando a nativos, cuyas comunidades no tienen los cuatro siglos de las de la sierra y que responden a otra realidad.
“Creo que la discusión ha sido muy importante porque tarde o temprano se avanzará en esa dirección. No se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado. Eso mantiene el atraso y la miseria”, agregó el Presidente de la República.

Expreso, 26/08/2008

Quieren enfrentamiento entre Congreso y Palacio

2008-08-25T10:00:00.000-07:00

Voceros de García no respetan decisión del Parlamento e insisten en no promulgar ley que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073.

A través de sus voceros, el Ejecutivo persiste en amenazar que observará o que no promulgará la norma que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitan la venta de las tierras de las comunidades nativas e indígenas y que son abiertamente inconstitucionales. Ante ello, congresistas de diversas bancadas sostuvieron que lo que están haciendo los voceros del oficialismo es enfrentar al Ejecutivo contra el Legislativo.

“Hay un enfrentamiento entre los apristas que están en el gobierno con los apristas que están en el Congreso. El Ejecutivo no cree en el Parlamento y menos, en los congresistas apristas. Esto pone en evidencia el enfrentamiento entre distintos sectores del Apra que están al servicio de los intereses de grandes empresarios extranjeros que quieren comprar a precio de ganga los terrenos de las comunidades”, sostuvo el congresista de Alianza Parlamentaria, Víctor Andrés García Belaunde, quien demandó también al gobierno trabajar de manera coordinada con el Legislativo.

A su vez, el congresista Yonhy Lescano coincidió con el legislador de García Belaunde en que los voceros del gobierno están enfrentando al Ejecutivo contra el Legislativo.

Manifestó que el Ejecutivo no quiere respetar la decisión democrática contra los decretos legislativos que provocó el rechazo de la mayoría de las tiendas políticas, incluso algunos representantes del Partido Aprista.

No permitirán que le tomen el pelo

Advirtió que la población nativa e indígena no va a aguantar que le tomen el pelo y pidió que por lo menos, esta vez, el Ejecutivo deje la prepotencia y la soberbia manifestada por este tema que ha sido ocasionado por el propio gobierno y sus funcionarios.

“El Partido Aprista ha perdido espacio, inclusive en el Congreso. Ha provocado esta situación y sería una enorme imprudencia si es que el Ejecutivo insiste en desconocer el reclamo de los pobladores nativos”, dijo.

Asimismo, el congresista Mauricio Mulder consideró que la derogatoria de ambas normas ha sido un avance revolucionario, pero un retroceso reaccionario. Lamentó que la situación se haya tornado crítica al punto de la confrontación ideológica y el verticalismo.

Ada Chuecas, representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, consideró importante e histórica la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073. Recordó que esta derogatoria es una demanda de los pueblos indígenas amparados en instrumentos internacionales y debe llevarlos a mirar este hecho como una oportunidad para crear condiciones de igualdad.

Por su parte, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, sostuvo que si el Ejecutivo entorpece la derogatoria de los decretos legislativos significará que no respeta las decisiones del principal poder del Estado (el Congreso). Asimismo, no descartó que si esto sucediera, los nativos saldrán otra vez a protestar a las calles.

El congresista Daniel Abugattás, por su parte, criticó duramente la posibilidad de que el Ejecutivo observe la derogatoria de las normas y fustigó la postura del premier Jorge del Castillo. “No quieren respetar la decisión de la mayoría”, dijo.

Más reacciones ante amenaza del Ejecutivo

Gobierno no debe resistirse

Juan Carlos Eguren - Unidad Nacional

“Una votación tan abrumadora en el Congreso para la derogatoria de los decretos legislativos no debiera tener una resistencia del Ejecutivo. Al contrario, debería presentar un proyecto de ley sobre este tema pero bien elaborado, coordinado con las otras fuerzas políticas del país y hacer el trabajo de consulta hacia las zonas de la selva como lo hemos manifestado -los de su bancada-, estábamos de acuerdo con la derogatoria por su procedimiento”.

Olvidaron enseñanzas de Haya

Fredy Otárola - Partido Nacionalista

“Parece que el Partido Aprista ya olvidó lo que dijo su líder Víctor Raúl Haya de la Torre (el Congreso es el primer poder del Estado) porque este gobierno lo maneja como si fuera su patrio trasero y ahora, que es una de las pocas veces que el Legislativo le pone freno, pretenden desconocer una decisión de la mayoría de las bancadas, como es la derogatoria de dos leyes que sólo favorecen a la inversión privada en perjuicio de los más pobres de la selva”.

Ejecutivo no aprende

Carlos Bruce - Alianza Parlamentaria

“La posición del Ejecutivo evidencia que no aprenden de sus errores. El tema común es la falta de anticipación a los conflictos y falta de voluntad al diálogo con los representantes de los sectores sociales. Hay tendencia al autoritarismo y la soberbia. Los ministros están condicionados a lo que diga el presidente y si debido a ellos vamos a ver conflictos y más conflictos, tendremos problemas con la gobernabilidad del país”, advirtió.

La Primera, 25/08/2008

Unión de nativos y mestizos fortaleció protesta

2008-08-25T09:51:00.000-07:00

Ayuda de pobladores no indígenas de Bagua fue básica en una medida de fuerza que se caracterizó por la resistencia.

La solidaridad es la mejor arma para combatir la necesidad. Y en Imacita lo saben bien. Por eso cuando hace algunas semanas, desorientada, sin dinero y embarazada de más de siete meses, Sheila llegó a este centro poblado junto al río Marañón, ninguno de los mestizos de la zona dudó en ayudar a esta mujer awajún que sin nada más que lo puesto, y a través de gestos con las manos, indicaba que llevaba días sin comer.
A través de su particular idioma –Sheila es muda y no sabe leer ni escribir– descubrieron que venía de Santa María de Nieva (a cinco horas de la subestación Nº 6 de Petroperú), que ya tenía tres hijos y que el padre del niño que venía en camino era un oficial del ejército al que apodaban "El Gringo". Su nombre lo supieron por unas cartas que siempre lleva con ella.
Sheila pronto se integró a la comunidad. Tanto, que en su desvencijado cuarto en la terminal de autos guardó, durante los casi quince días que duró la protesta en la selva contra los decretos 1015 y 1073, todos los víveres que alimentaron a los miles de indígenas que llegaron a la zona.
Como las demás mujeres del lugar, ella trabajó de sol a sol. Y a la semana de iniciada la medida de fuerza, casi entre fogones, Sheila dio a luz una niña que hoy se alimenta gracias a la ayuda de todos. Hay poco dinero en el pueblo, pero eso es lo de menos. Ella cocinó para cientos, y ahora son ellos los que le ayudan con ropa, comida y techo.
La historia de esta nativa no es única en Amazonas, departamento donde, según datos del Inei, el 55% de la población vive en la pobreza. Y eso que esta se ha reducido en el último año y en todo el Perú en casi cinco puntos, según dicho estudio.
El último censo nacional de población tampoco arroja datos mejores. Este habla de un 47.5% de la población que solo tiene estudios primarios, un 51.1% de viviendas que no tienen alumbrado proveniente de la red pública, y sitúa a Amazonas como la región –detrás de Huancavelica y Madre de Dios– con menos teléfonos fijos y celulares por vivienda del país.
En la provincia de Imaza saben bien qué significa eso. La escasez de teléfonos públicos hace que la mejor forma de comunicación siga siendo la tradicional radio. La única oferta laboral para una gran mayoría de la población en edad de trabajar que solo tiene estudios primarios son las chacras. Y la única salida para lo que en ellas se cultiva son los mercados semanales, desde los cuales sus productos solo llegarán a Bagua, pues Chiclayo y Lima son opciones demasiado lejanas por el mal estado de las vías y el elevado costo del combustible.
Por eso, en la zona, el programa contra la pobreza que mejor funciona no es del gobierno, y se llama solidaridad. Sin ella, y la ayuda de la población mestiza de la que muchas veces desconfían, la protesta de los indígenas no hubiera tenido tanta fuerza.
Ollas comunes y ayuda mutua
La comida que mantuvo en pie a los nativos provino de ollas comunes de mujeres de la zona, con alimentos donados por comerciantes locales, pequeños propietarios e incluso religiosas, de la provincia. Los numerosos camiones que transportaron a los awajún-wampí fueron igualmente cedidos por madereros y empresarios que llevan mercancías desde Bagua. Además, los vecinos cedieron sus locales (tiendas y hostales) para que los indígenas tuvieran dónde dormir.
Ayer, en el puerto de Imacita, decenas de indígenas aún partían en embarcaciones que les llevarán a sus domicilios, aún a varios días a pie de distancia. A este lado del Marañón, como nunca, los despedían los mestizos que les apoyaron siempre en una lucha aún sin punto final.

La República, 25/08/2008

Apristas alistan nuevo proyecto para calmar ánimos en la selva

2008-08-25T09:40:00.000-07:00

Frente a observación del Ejecutivo sobre derogatoria de decretos
Ante el inminente rechazo del Ejecutivo a la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) alista un proyecto de ley que tiene como objetivo calmar los ánimos en Bagua, entre los nativos sin que el Ejecutivo dé su brazo a torcer.

El presidente de la Comisión de Constitución, José Vargas, indicó que la propuesta solucionaría las diferencias existentes con los nativos de la selva respecto a los decretos 1015 y 1073, cuya derogatoria fue acordada por el Parlamento. Y planteará que se mantenga vigente el quórum actual de dos tercios para decidir sobre el uso de las tierras en las comunidades nativas.
“La propuesta es que se mantenga en 2/3 de los integrantes de la comunidad nativa el quórum para la eventual venta de un terreno, y que se reduzca a la mitad más uno, el requisito para proceder con el alquiler o asociación con terceros”, indicó.
Vargas mencionó que este tema también podrá ser abordado por la Comisión de Constitución.
“Vamos a elaborar un proyecto y esperamos que en la próxima semana pueda estar concluido”, anotó.
El pleno del Congreso aprobó el pasado viernes un dictamen que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, sobre el quorum para decidir el uso de las tierras en las comunidades nativas, que emitió el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades que le delegó el Congreso.
Esta aprobación se realizó cuando la manifestación amenaza con incrementar la violencia en la zona por la vigencia de estos decretos que reducía el quórum en la toma de decisiones de las comunidades a la mitad más uno, lo cual fue considerado una claudicación del Legislativo ante la protesta indígena.
El dictamen aprobado dispone restituir los artículos 10 y 11 de la Ley 26505, norma sobre la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las comunidades de la sierra y la selva.
Reaccionarios
De otro lado, el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, consideró que quienes votaron por la derogatoria de los referidos decretos adoptaron posiciones “reaccionarias y conservadoras”, que culminaron en la aprobación del dictamen que deroga el decreto legislativo 1015 y su modificatoria, el 1073.
Mencionó que la bancada oficialista buscó llegar a un consenso, planteando alternativas y solucionar las diferencias existentes con los nativos.
Del mismo modo, el legislador aprista lamentó que algunas personas hayan llevado el referido tema al extremo de la confrontación.
“Me parece que aquí se han estado llevando las cosas al punto de la confrontación ideológica, cultural, de la imposición y del verticalismo cuando en realidad, simplemente, se trataba de una norma accesoria para mejorar los mecanismos de consulta para que estas personas reciban ofertas de inversión”, explicó.

La Razón, 25/08/2008

Piden someter a referéndum 'Ley de la Selva’

2008-08-25T09:33:00.000-07:00

El representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonía, José Álvarez, propuso que los decretos legislativos 1015 y 1073 se sometan a un referéndum, ante la posibilidad de que el Gobierno observe la derogatoria aprobada por el Congreso.

En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo no haya consultado con la población nativa sobre la emisión de estas normas y comentó que considerar a la Selva como un pueblo atrasado es un calificativo “etnocéntrico y racista”.

Al respecto, el congresista Mauricio Mulder precisó que las leyes o decretos no se pueden someter a referéndum.

Perú.21, 25/08/2008

Del Castillo confirma el diálogo Gobierno-nativos

2008-08-25T09:13:00.000-07:00

Descarta que el Ejecutivo promulgue derogatoria de decretos 1015 y 1073. Los conflictos sociales se duplicaron en el último año. En la selva hay 65 pueblos indígenas agrupados en 1.450 comunidades. Atención: ley de pesca y canon de Moquegua podrían generar problemas.

La pregunta quedó en el aire el último viernes tras la derogatoria en el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073 (referidos al porcentaje de votación para decidir la enajenación de tierras campesinas en la selva y la sierra). ¿Promulgaría el Ejecutivo la ley que determina la derogatoria? El primer ministro, Jorge del Castillo, solo atinó a decir ese día que se evaluará el tema.
Como para alimentar más la expectativa, el presidente Alan García optó ayer por mantener la agenda pública en blanco. Sin embargo, el jefe del Gabinete dijo un poco más en declaraciones a la agencia Andina: "Considero que esa posibilidad está casi descartada. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos".
Del Castillo precisó que legalmente el Ejecutivo tenía tres opciones: promulgar la norma (ya descartado), observarla o no hacer nada y dejar que el Parlamento la promulgue.
"No hemos decidido todavía cuál opción se tomará. De hecho, no estamos de acuerdo con la derogatoria; así que difícilmente la vamos a promulgar", reiteró, a la vez que recordó que tienen por ley un plazo de 15 días para analizar y decidir al respecto.
EL DIÁLOGO VAConsultado horas después por este Diario, el presidente del Consejo de Ministros indicó que el Gobierno se reunirá con la dirigencia de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la cual envió el pasado martes una carta al Gobierno, en la que solicita audiencia con una mesa multisectorial. Esta asociación, presidida por Alberto Pizango, fue la principal promotora de la medida de fuerza acatada los últimos días.
"Nosotros vamos a continuar el diálogo y el ministro del Ambiente, Antonio Brack, estará encargado del tema. En su momento se les citará y se tomará una decisión. Recién vamos a empezar a hablar", manifestó.
Pizango comentó a El Comercio que si bien aún no reciben respuesta formal del Ejecutivo, confían en ser recibidos por representantes ministeriales que tengan capacidad de decisión. Horas antes el dirigente había tenido palabras poco amables hacia el ministro Brack, el primer interlocutor que tuvo el Gobierno.
"No diríamos que ha perdido la confianza (Brack). Es que hay que hablar con el dueño del circo y no con los payasos. En este caso el Ejecutivo y nosotros tenemos la agenda de la plataforma de demandas que tienen los pueblos", expresó el dirigente.
Según Pizango, son ocho los puntos de su pliego de reclamos, entre ellos la reactivación del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural), que el Indepa (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos) vuelva a estar adscrito a la PCM y la creación de un fondo indígena para el desarrollo.
Pizango también insiste en pedir el retorno de la intangibilidad de sus territorios, como establecía la Constitución de 1979, en la que se consigna su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, así como los derechos colectivos. Esto fue corregido por la Carta Magna de 1993.
Sobre los porcentajes de votación para decidir sobre sus tierras, el dirigente nativo dijo que esta debía ser sobre la base del 100% en aras de la seguridad jurídica. Ante esto, Del Castillo recordó que hasta para elegir al presidente del Perú basta con superar el 50%.
Además de conversar con el Ejecutivo, la dirigencia nativa también participará en el trabajo que realice la comisión multipartidaria que se forme en el Congreso para buscar una solución a este problema. Ese fue el compromiso de su titular Javier Velásquez Quesquén.

EN PUNTOS

El pliego de reclamos bajo el brazo

Reactivación del PETT

Aidesep solicita reactivar el PETT. Ahora la titulación está en manos del Cofopri.
Rango ministerialTambién quieren que el Indepa vuelva a tener rango ministerial y esté adscrito a la PCM y no al Ministerio de la Mujer.
InterculturalidadExigen que los ministerios de Educación y Salud tengan un perfil intercultural. Asimismo, la creación de institutos superiores o universidades en los pueblos amazónicos.
Mejorar producciónUn fondo indígena para desarrollar la educación científica y otros proyectos alternativos. Ya no solo quieren vender materia prima sino también productos finales.
Sobre tierrasEl retorno de la intangibilidad de sus territorios.
ENFOQUE

Medición de fuerzas

Más allá de la conveniencia o no de la derogatoria de los decretos legislativos y de los errores en los que el Ejecutivo incurrió al momento de abordar el tema, sería oportuno que el Gobierno reflexione sobre la 'goleada' del viernes en el Parlamento.
Argumentos más o argumentos menos, lo cierto es que en el Congreso se aglutinaron 66 votos para derogar dos decretos dados por el Poder Ejecutivo, contra 29 votos de la bancada de gobierno.
Estas cifras revelan el hecho de que cuando hay un objetivo claro y la oposición vota en bloque se da el resultado del que hemos sido testigos: el oficialismo más solo que nunca. Únicamente lo acompañaron los dos legisladores de Renovación Nacional, el partido del ministro Rafael Rey.
Ya sabemos que el Congreso solo ostenta el 9% de aceptación ciudadana, que es un Parlamento fragmentado, que los escándalos éticos y delitos cometidos por más de uno han alimentado el rechazo popular. Sin embargo, es claro también que han demostrado que son capaces de revertir una decisión del Gobierno y censurar --si así lo quisieran-- a más de un ministro o incluso bloquear cualquier reforma de fondo. Cuentan con 'votación calificada'.
Si el Ejecutivo ya cometió el error de no comunicar las leyes que afectan a comunidades específicas, que no insista en la equivocación de no oír señales tan evidentes como la dada el viernes por el Parlamento: que cuando quiere puede tener la sartén por el mango.

El Comercio, 24/08/2008

“Los nativos han sido invisibles para el Estado”

2008-08-25T09:03:00.000-07:00

El antropólogo Juan Ossio explica cuál es la idiosincrasia de las comunidades nativas y advierte que su aislamiento podría ser muy peligroso para el país. De la selva su problema.

El político español Manuel Azaña decía que cuando el Estado desaparece, aparecen las tribus. Las comunidades nativas de la selva fueron desatendidas por tantos gobiernos que ello probablemente explique hoy su desconfianza hacia cualquier medida que afecte su territorio. Sin embargo, el antropólogo Juan Ossio es de los que respalda los decretos legislativos 1015 y 1073, aunque lamenta la debilidad de nuestro sistema político… donde también impera la ley de la selva.

Profesor Ossio, ¿se sigue reuniendo cada quince días con el presidente Alan García en Palacio de Gobierno?

Sí. A veces, incluso, con más frecuencia. Hace una semana, por ejemplo, hicimos un viaje para ver la situación de los nuevos cultivos y la irrigación en Chavimochic. Debo confesar que el presidente impacta por la claridad de sus ideas y su visión del momento.

Si hay claridad en sus ideas, ¿por qué entonces vuelve a ocurrir un 'impa-sse’ con las provincias? Antes fueron Cusco y Moquegua, y ahora se trata de las comunidades selváticas. ¿Qué pasa con el mandatario?

Lo que sucede es que el mandatario se ha propuesto desarrollar lineamientos políticos que modernicen el país. Él es un converso frente a esas políticas populistas que aplicó en su primer gobierno y que frenaron el desarrollo. Ha descubierto que hay que marchar con la historia. García está preocupado por la modernización y considera que lo tradicional es, en cierta manera, un lastre para esa modernización.

¿Pero no le faltó al Gobierno dialogar mucho más con las comunidades selváticas para explicarles esa idea de modernización?

Fíjese que esos decretos legislativos 1015 y 1073, que hoy son materia de debate, no tuvieron mayor dificultad cuando se dieron en la costa. Luego se pensó aplicar a otras partes, como las comunidades de la sierra, que en realidad no son tan disímiles a las de la costa, pues ambas son organizaciones sedentarias, con una larga tradición agrícola y que conocen muy bien distintas modalidades de propiedad.

¿Y qué ocurre con las comunidades selváticas?

Ese es el punto. En la selva hay mucha más diferenciación. Hay quienes entienden mejor lo que es la propiedad privada y hay otros grupos que han defendido su territorio de manera muy fuerte impidiendo el ingreso de mestizos. Entre estos últimos grupos están los jíbaros, y entre ellos los awajún o aguarunas. Curiosamente, la Aidesep [asociación que promovió las recientes movilizaciones en la selva] ha estado liderado por dirigentes de la etnia de los awajún.

Estamos hablando, pues, de comunidades sumamente reacias a que alguien toque sus tierras.

Más que eso. En 1964 estuve con los aguarunas y ellos, por ejemplo, no tenían noción del valor del dinero. Las transacciones eran en trueque. Preferían que yo les pagara el alimento con latas de conserva y comestibles. ¿Qué hago yo con el dinero?, me decían. Me imagino que la circulación del dinero habrá aumentado ahora, pero tienen una conciencia bastante limitada sobre las transacciones del mercado.

Pero es que tienen un concepto de desarrollo distinto al de nosotros.

Exactamente. Son concepciones distintas, pero ellos son un grupo entre muchos. Debemos tener presente algo: las comunidades en la selva se originan desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En la selva no ha habido una tradición de comunidad. Mientras las comunidades en la sierra se originaron a partir de las reducciones del virrey Toledo en 1580, lo que existió en la selva hasta la década del 70 fueron territorios tribales.

¿Cómo que territorios tribales?

Bueno, eran seminómades, cazadores, pescadores, recolectores y horticultores. Es decir, empleaban una agricultura de rosa y quema, donde se tala el bosque, se limpia, se siembra y el bosque queda listo para explotar por unos ocho años. Luego se van a otras zonas y así es como andan moviéndose. La idea de la comunidad no caló tan a fondo en ellos porque significaba parálisis y circunscribirse solo a un área determinada.

¿Qué consecuencias ha traído esto?

La consecuencia es que nos encontramos con grupos que han digerido el modelo de comunidad y otros que se han mantenido apartados y que no conciben el derecho de vender su tierra si la mitad más uno está de acuerdo. Aquí viene también la parte malévola, pues no podemos negar que hay un conjunto de ONG radicalmente ambientalistas que quieren ver a las comunidades tal y cual se han conservado toda la vida.

Más allá de las apreciaciones sobre las ONG, ¿no cree que ha habido también falencias en el Gobierno?

Por supuesto que las ha habido. Una de las grandes falencias –que no es solo de este gobierno– es que generalmente las poblaciones nativas de la selva han sido invisibles para el Estado. Ha habido una indiferencia hacia el tema indígena y este gobierno no es una excepción. La institución que debería preocuparse por los indígenas, el Indepa, está en un rincón dentro del Ministerio de la Mujer sin haber alcanzado un rango adecuado.

Son los lastres de nuestra sociedad.

Así es, pero también puedo decir que me alegro que este tema de la 'Ley de la selva’ haya saltado así, porque ahora los indígenas sí se están presentando como una fuerza que molesta y que puede llegar a incomodar. Quizá eso haga que la gente abra los ojos.

Y que se ponga el tema en agenda.

Claro. El único elemento positivo de todo esto es que el tema ha sido puesto en las primeras planas de los diarios. Es interesante ver cómo las organizaciones nativas han logrado alcanzar tal dimensión que sus voces pueden ya ser escuchadas a escala nacional, lo cual antes era imposible.

¿Pero no ocurre eso también porque tenemos un gobierno débil, con poco respaldo popular y que está obligado a dialogar y concertar?

Yo no diría que ocurra porque el gobierno está débil. Lo que desgraciadamente ocurre es que tenemos un Congreso débil y un aparato político que, en su conjunto, es débil. Tenemos una falencia de partidos que debilita nuestro sistema político.

¿Y eso acaso no alcanza al Gobierno?

Pero por supuesto que también logra alcanzar al Gobierno, que, a su vez, no tiene un gran aparato que permita prever el surgimiento de estos conflictos sociales.

Lo cual es sorprendente. Uno pensaba que el Apra –un partido de arraigo popular y de bases en todo el país– iba a ser capaz de enfrentar mejor estos conflictos.

Así es. Es la paradoja en la que nos encontramos, pero debemos tomar nota para ver cómo seguimos encaminando no solo la mejora económica de nuestro país, sino también su lado social.

Usted ha recomendado al Gobierno que maneje esta discrepancia con las comunidades selváticas desde una óptica cultural y económica.

Absolutamente. Si bien el Indepa ha sido arrinconado, mi esperanza es que ahora, por lo menos, tenemos a una persona muy capaz en el Ministerio del Ambiente, que está muy cercano a los problemas de las poblaciones indígenas. Mi esperanza es que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura –que se va a crear– desarrollen una acción conjunta para poder enfrentar este tipo de temas.

Oiga, ¿y no será que a esas comunidades nativas no les interesa vivir como lo hacemos nosotros?

Yo no podría decir que ellos no quieren vivir como vivimos nosotros. Esto es muy interesante. Fíjese que el mesianismo andino siempre hablaba de que para restaurar el orden había que expulsar a los españoles. Pero el mesianismo de la selva dice que hubo un héroe mítico –Pachacamayte– al que los blancos o 'choris’ le arrebataron todas las bondades que el dios quería darles a los nativos. Pero ellos creen que va a llegar el momento en que tendrán acceso a esos bienes.

Es una concepción totalmente distinta del mundo, aunque hay también una aversión hacia los blancos.

Así es. Hay una aversión hacia los blancos, pues les echan la culpa de que se hayan llevado lo que les correspondía, pero los nativos no está rechazando esas bondades. Es decir, no están en contra de los beneficios de la modernidad. La cuestión es cómo encontrar los medios para acceder a esta. Ahí está el problema.

Pero si hay una desconfianza de siglos, ¿cómo los hacemos parte de una nación?

Si bien hay desconfianza, también hay resquicios donde la cooperación es positiva. No podemos aislar a las comunidades. ¿Por qué? Porque el aislamiento, entre otras cosas, los haría carecer de la protección institucional frente a criminales que se meten en su territorio. Debemos recordar que Sendero Luminoso se metió en territorio asháninka. Un par de senderistas controlaba a cien asháninkas. Esta situación de aislamiento no puede repetirse.

Protestas como las que hemos visto estos últimos días nos recuerdan que a pesar de las carreteras y los celulares, la integración del país sigue siendo un reto.

Así es, totalmente de acuerdo con usted, pero tenemos una cosa a nuestro favor. La integración sigue siendo un reto, pero las sangres se han juntado. Tenemos hoy un país en el que los distintos grupos humanos están más cerca unos de otros, lo que no pasaba en la década del 40. El problema es que esta aproximación de todas las sangres no ha estado acompañada de una distribución equitativa de los servicios públicos. En eso estamos.

¿Qué le pareció la derogatoria en el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073?

Una tontería porque estamos demostrando que se pueden cambiar las leyes solo porque la gente se pone belicosa. La violencia nunca puede ser un instrumento para cambiar las leyes.

¿Qué le va a decir este lunes al presidente Alan García cuando se reúnan en Palacio de Gobierno?

Le diré que tenemos que apuntalar más y hacer que el Estado llegue a esas poblaciones, que no comprenden en qué consisten los dos decretos legislativos ni la institucionalidad del país. Debemos hacer una mayor pedagogía en esas poblaciones

Perú.21, 24/08/2008

Santiago Pedraglio: Amazonía: diálogo sin revanchas

2008-08-25T08:58:00.000-07:00

La idea de que las comunidades nativas “pongan en valor” sus tierras, es decir, que las puedan vender o hipotecar, aparece como centro del discurso modernizador del Gobierno, de sectores empresariales y de varios medios de comunicación. La tesis es que para una comunidad nativa negociar con las tierras es lo mismo que para los citadinos hacerlo con un departamento en Miraflores, una casa o un terreno saneado por Cofopri en algún cono de Lima. Los adalides de la modernización autoritaria se resisten a reparar en que para una comunidad nativa el riesgo de quedarse sin tierras equivale a poner en juego su desaparición como colectividad con una determinada identidad cultural, idioma incluido. Por eso los decretos cuestionados despiertan temores y suspicacias, a la vez que dan lugar a tan grande e inusual unidad, desde Madre de Dios hasta Amazonas.

La propuesta de modernización enarbolada por el Gobierno lleva implícita la antigua convicción de que la mejor manera de integrarse al mercado y conquistar derechos es hacerlo de forma estrictamente individual, ignorando que la mayor parte terminarán como migrantes pobres y desarraigados en una ciudad pequeña, mediana o grande, o, en el caso de unos cuantos, como jornaleros de las empresas petroleras o forestales.

Para este tipo de modernización, la gran inversión es, en todo tiempo y lugar, promotora del desarrollo y finalmente de civilización. Por eso, el presidente Alan García, siempre de acuerdo con su teoría del “perro del hortelano”, dice estar convencido de que es la única manera de sacar a los nativos amazónicos de su atraso decimonónico.En el caso particular del Apra, además, quizá por su origen social más que por su doctrina primigenia, hay resistencia a aceptar que los Estados modernos y democráticos –no los Estados-nación de los siglos XVIII, XIX y parte del XX– tienen como uno de sus pilares el reconocimiento de la diversidad cultural, y no su homogeneización de carácter mestizo y, finalmente, criollo.

El desarrollo integral, sostenible y autónomo de los pueblos amazónicos, en el marco del fortalecimiento de la comunidad nacional, es un desafío complejo. ¿Cómo desarrollar una estrategia que no parta del supuesto de considerar que el bosque amazónico es solo fuente de petróleo y madera? Es de esperar que, en lugar de revanchas desde el Poder Ejecutivo, se abra un espacio para el debate y el diálogo, en especial con los peruanos directamente involucrados. Los gobiernos regionales, sobre todo del Oriente, tienen una importante y directa responsabilidad que no deben evadir.

Perú.21, 24/08/2008

Ejecutivo se resiste a derogar 'Ley de la Selva’

2008-08-25T08:49:00.000-07:00

Premier cuestiona que se hayan juntado extremos políticos para empujar la derogatoria. Dirigente Alberto Pizango pide dialogar “con el dueño del circo y no con los payasos”.

No da su brazo a torcer. El Ejecutivo confirmó ayer que no está dispuesto a ceder en el tema de la llamada 'Ley de la Selva’, y adelantó que no promulgará la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, aprobada el viernes en el Pleno del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, recordó que –conforme a la Constitución– al Ejecutivo le quedan tres caminos frente a la decisión parlamentaria: promulgarla, observarla o, sencillamente, no pronunciarse y dejar que el Congreso la promulgue.

Del Castillo afirmó que la posibilidad de promulgar la autógrafa está casi descartada, a pesar de que la ministra de Justicia, Rosario Fernández, afirmó, también ayer, que todavía no se ha tomado una decisión y que se sigue meditando sobre el tema.

Para sustentar su posición, el premier cuestionó que, en este tema, se hayan juntado “los extremos de la política”: Ollanta Humala, Lourdes Flores, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, “para cerrarle el paso al desarrollo y a la modernidad del país”.

Según su criterio, el Parlamento ha incurrido en un gravísimo error, por lo que lamentó que hasta el ex presidente Toledo se haya subido al carro y haya apoyado la derogatoria.

“En la historia del Apra, los extremos siempre se juntan para intentar cerrar(le) el paso, esta es una vez más; pero ahora no se ha dañado al Apra sino a los nativos. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos”, declaró a la agencia oficial Andina.

Por su parte, la ministra Fernández aseguró que el Ejecutivo no va a cejar en su empeño de buscar fórmulas para insistir en el tema de manera pedagógica, y destacó la necesidad de no postergar a estos pueblos.

“Es negativo para la democracia cómo se consiguió la derogatoria (de los decretos). Esto es la auténtica Ley de la Selva. Primero incendio, rompo, quemo y luego me presento en Lima, hago bulla y van a ver ustedes cómo derogan esa norma”, criticó.

FALTA DE COMUNICACIÓN. La ministra de Justicia reconoció que el Ejecutivo incurrió en un error por no comunicar a tiempo los alcances de la norma. Agregó que el Gobierno debió tener una actitud “muchísimo más informativa”, pero dijo que la responsabilidad es compartida con el Parlamento.

En ese sentido se pronunció también Mercedes Cabanillas, presidenta de la Comisión Política del Partido Aprista, quien comentó que los propios voceros del Gobierno han reconocido una falta de comunicación y de consenso con los nativos. “Ya las autoridades lo han dicho: Hay que corregir ese aspecto de incomunicación, hay que buscar acercamientos, puntos de encuentro, hay que ser tolerantes. Con esa metodología y procedimiento vamos a mejorar la norma”, consideró.

LEÑA AL FUEGO. Por su parte, el legislador nacionalista Daniel Abugattás advirtió que si el Ejecutivo observa el proyecto derogatorio aprobado por el Congreso le estaría “echando más leña al fuego” al conflicto con los nativos. Agregó que será responsabilidad del Gobierno si, entonces, se reanudan las manifestaciones de protesta.

A su turno, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, pidió al premier Del Castillo que deje la prepotencia y no subestime a las poblaciones amazónicas. Solicitó que prime la razón para evitar estallidos de cólera en la población.

Asimismo, Pizango afirmó que desde ahora solo dialogarán con los más altos representantes del Ejecutivo. “Tenemos que dialogar con el dueño del circo y no con los payasos”, expresó en alusión a la comisión que presidió el ministro del Ambiente, Antonio Brack, y que tuvo la misión de convencerlos de que depongan su medida de fuerza.

Perú.21, 24/08/2008

Carlos Basombrío: Sobre la crisis con los nativos

2008-08-25T08:44:00.000-07:00

Mejor consultar. Es difícil de imaginar una norma para cambiar las reglas de juego para algún sector clave e influyente del país que se apruebe sin información y diálogo con los involucrados. ¿Por qué en este caso no se hizo? Ojo: consultar no necesariamente implica que se deba hacer luego lo que unos y otros digan; después de todo hay un gobierno y un Congreso elegidos; pero sí permite conocer puntos de vista, disminuir suspicacias, limar aspectos más conflictivos e incluso anticipar reacciones. Quizás si se hubiera actuado de esa manera, otro sería el destino de la norma y el Gobierno no habría experimentado esta humillante derrota política.

Miedo y desconfianza. Creo que el tema de fondo para los nativos no era si se votaba con 66% o con 50% en las asambleas. Como se ha visto en sus masivas movilizaciones, ellos no quieren cambios que modifiquen su relación con la tierra y el territorio, y es improbable que con un porcentaje u otro hubiesen tomado decisiones en ese sentido. El problema es otro y pasa por su desconfianza a que detrás de la norma haya algo más. Recordemos que los nativos han sufrido por décadas la pérdida de sus tierras principalmente por acción de los colonos y ya han sido empujados bosque adentro. No pareciera que la disyuntiva que ellos tienen en mente sea la de mantenerse en el pasado o acceder al progreso, sino la de conservar o perder lo que aún tienen.

Incapacidad de prevenir. Los indicios de que se venía una tormenta por las varias normas que, indistintamente, se las llama “ley de la selva” están allí hace meses. A lo largo del año ha habido pronunciamientos, asambleas y hasta paros preventivos. Había que ser ciego para no saber que esto se incubaba. Una vez más, no actuaron a tiempo y dejaron que el conflicto les estalle en la cara. Fracaso de la seguridad. Para variar, el Ministerio del Interior no dio pie con bola. Con toda la información disponible y los antecedentes de protestas similares, muy bien se pudo tener un plan preventivo que proteja –antes de que sean tomados o asediados– campos petroleros y de gas, el oleoducto, el gasoducto y otras instalaciones estratégicas en la zona. Se llegó tarde y se actuó con torpeza. Como ya es costumbre, a falta de liderazgo y profesionalismo, los policías terminaron de rehenes o corridos por los manifestantes.

¿Obra de Humala? Es increíble que el Gobierno pueda creer que con el desprestigio, falta de arraigo y representatividad de los políticos nacionales, alguno de ellos pueda tener la capacidad de generar movilizaciones así. Sin duda por allí había algunos humalistas, pero no entienden nada quienes creen que Humala es capaz de organizar y dirigir protestas como estas. Obvio, ni tonto ni perezoso, si le querían regalar la representatividad de decenas de miles y aparecer como líder de una protesta muy popular en la selva, pues les dijo gracias y se la atribuyó.

¿Lecciones aprendidas? No hay que ser demasiado optimistas. Casi como dos gotas de agua se han repetido en la selva los errores de Moquegua. Por cierto, el Frente de Defensa de Moquegua está anunciando medidas de fuerza por un supuesto incumplimiento de los acuerdos. ¿Es cierto o es mala fe? El Gobierno debería tomar el toro por las astas antes de que estalle un nuevo problema; sea explicando cómo sí se ha cumplido o acelerando el paso si así no fuese.

Perú.21, 24/08/2008

Cipriani: Sáquense las caretas y digan si creen en la democracia

2008-08-25T08:36:00.000-07:00

Ante las recientes protestas sociales
El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, afirmó que se deben ‘quitar las caretas’ y ejercer el diálogo si se cree realmente en la democracia, al referirse a las recientes protestas que se desarrollaron en el país, sobre todo la última en Bagua.

“Hoy se habla mucho de democracia, inclusión y de diálogo, pero hay que quitarse las caretas y que cada uno realmente sostenga: si cree en el diálogo, que lo ejerza; si cree en la democracia, que la viva; si cree en la libre discusión de las ideas, que respete y también exponga las suyas; y así seremos el país que queremos ser”, expresó.
Cipriani señaló que es una pena contemplar de pronto como el país se encrespa y empieza a haber una situación un poco sorprendente, en la que algunos buscan sacar provecho de la situación.
“Realmente se ve que a río revuelto, ganancia de pescadores, porque salen titulares en los medios de comunicación, como si todo fuera un festival. No, señores, son nuestras familias, nuestros amigos, nuestra realidad y territorio, es la estima por este país y el deseo de superación”, refirió.
También indicó, en un claro mensaje al gobierno, que si el mercado se limita a la ganancia económica, estamos destrozando a las personas, porque jamás vamos a ganar económicamente todos igual. “Para qué queremos tener más dinero si se destroza a la familia”, afirmó.
“Es perfectamente compatible un buen nivel económico, una buena situación social, y al mismo tiempo, un cuidado de una calidad de vida”, expresó al explicar que a través de la utilidad social se puede alcanzar la paz social, pero que es preciso la colaboración de todos los actores sociales.
Explicó que a través de la utilidad social se puede alcanzar la paz social, pero es preciso la colaboración de todos los actores sociales.

La Razón, 24/08/2008

Nativos: Protestas seguirán hasta que se promulgue la norma

2008-08-25T08:34:00.000-07:00

El secretario de Derechos Indígenas y Territorio de la Feriaam, Calixto Wajay Ampush, informó que las manifestaciones serán comunes hasta que la derogatoria esté promulgada por el Ejecutivo, y caso contrario continuarán las movilizaciones.
Mencionó que exigen que el Gobierno respete el convenio 169 de la OIT que contempla responsabilidades y derechos a las comunidades indígenas a la tierra, salud, educación, cultura, entre otros.

La Razón, 24/08/2008

Del Castillo: Descartado que Ejecutivo promulgue derogatoria de decretos

2008-08-25T08:22:00.000-07:00

Ministra de Justicia afirma que el Congreso aprobó la verdadera ley de la selva
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirmó que está casi descartada la promulgación por el Ejecutivo de la autógrafa de la ley aprobada en el Congreso que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073, a exigencia de los nativos que protestaban en Bagua.

Del Castillo cuestionó que los extremos de la política nacional como Ollanta Humala, Lourdes Flores, Keiko Fujimori y Alejandro Toledo, se hayan juntado para cerrar el paso al desarrollo y la modernidad del país.
“En la historia del Apra, los extremos siempre se han juntado para intentar cerrar el paso, esta es una vez más, pero ahora no se ha dañado al Apra sino a los nativos del Perú”, dijo al recordar el respaldo del Partido Nacionalista, Unidad Nacional, el grupo Fujimorista y de Perú Posible a la derogatoria de los referidos decretos.
Tras considerar un error la decisión del Parlamento, indicó que lo sucedido ayer es “una buena muestra de oportunismo político. Inclusive Alejandro Toledo se subió al carro y apoyó la derogatoria”.
Como se dijo, descartó que el Ejecutivo promulgue la autógrafa. “Considero que esa posibilidad está casi descartada. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos”, anotó.
Indicó que el Ejecutivo tiene tres opciones en torno a este tema, y la primera es promulgar la norma; la segunda, observarla, y la tercera, no hacer nada, y que la promulgue el Congreso.
Explicó que el Ejecutivo tiene, por ley, un plazo de 15 días para analizar y tomar una decisión en torno a la autógrafa proveniente del Parlamento.
Ley de la selva
Por su parte, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, consideró negativo para la democracia la manera en que se consiguió derogar en el Parlamento los decretos legislativos 1015 y 1073.
“Esa es la auténtica ley de la selva. Primero incendio, rompo, quemo y luego me presentó en Lima, hago bulla y ya van a ver ustedes como derogan esa norma. Lo que se enseña a esa parte de la ciudadanía de esa zona alejada es que así es como funcionan las cosas”, expresó Fernández.
Dijo que no es posible que se llegue al Congreso “con una pistola en el cuello”, y menos, que éste reaccione derogando las mencionadas normas.
En otro momento, Fernández dijo que el Ejecutivo evalúa la decisión del Parlamento de derogar las normas 1015 y 1073.
“Estoy convencida de que nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de buscar fórmulas para insistir en el tema educativamente, pedagógicamente”, dijo. (Más información pág. 8)

La Razón, 24/08/2008

Falta mucho para la verdadera victoria

2008-08-24T16:41:00.000-07:00

LA PRIMERA habló con los protagonistas de la derrota del presidente García. Ellos reciben con humildad la victoria y siguen vigilantes.

Los verdaderos triunfadores de la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 son los indígenas, que se pusieron en pie el 9 de agosto. LA PRIMERA conversó con los protagonistas en la plaza “Héroes del Cenepa” antes, durante y después de que se diera este episodio histórico para las comunidades nativas.

Nicolás Najante es un ex combatiente del conflicto del Cenepa. Estuvo en “Cueva de los Tayos” y esta semana volvió a luchar, pero para defender sus derechos. Destacó que pese a que él y sus compañeros tienen formación militar y han sido comandos, la toma del puente “Corral Quemado” fue pacífica.

En su lengua nativa, Rubén Daichap, otro activo dirigente indígena dijo que “a pesar de tantos atropellos y peligros hemos venido con nuestra gente, por la visión que hemos tenido luego de tomar nuestro ayahuasca, con este conjuro hemos logrado este triunfo y así estaremos luchando por nuestro desarrollo”.

Humildad tras el triunfo

Wrays Pérez, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), afirmó que la derogatoria de los decretos legislativos es “un pequeño, pero histórico paso” en la lucha de los pueblos nativos. “Aún falta para el triunfo”, dijo y añadió que aún quedan otros 10 puntos por resolver, por lo que los nativos permanecerán atentos al diálogo que se ha entablado con el gobierno.

El apu (dirigente) Armando Chamik es director de la Institución Educativa Primaria 16320 en la comunidad nativa de Tutumberos. Allí la educación es bilingüe, enseñan a hablar y escribir español y en el idioma awajún. Chamik dijo que lo que sus pueblos requieren para salir de la pobreza es “más atención del gobierno, capacitación técnica agrícola, biblioteca escolar y que se oficialice la enseñanza pluricultural y bilingüe”.

La Primera, 24/08/2008

Los ricos también lloran

2008-08-24T16:40:00.000-07:00

El presidente de la Sociedad de Minería, Roque Benavides, reconoció que las mineras son las grandes perjudicadas con la derogatoria de los decretos que permiten la venta de las tierras de las comunidades, con una minoría. “Cada vez que hemos pedido la opinión de una comunidad, no han estado presentes los dos tercios”, explicó. “Hemos regresado al derecho de veto de una minoría”, argumentó.

La Primera, 24/08/2008

No jueguen con fuego dicen nativos a Premier

2008-08-24T16:34:00.000-07:00

Enérgica advertencia hacen líderes amazónicos ante amenazas del Ejecutivo y aclaran que no soportarán más abusos.

Ante las amenazas del Ejecutivo de observar la norma que deroga los decretos legislativos que vulneran la propiedad de las comunidades nativas y son abiertamente inconstitucionales, líderes amazónicos y de la oposición advirtieron ayer al gobierno que ‘deje de jugar con fuego’.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango, reclamó al premier Del Castillo dejar de lado la prepotencia y de subestimar a las poblaciones amazónicas. Por el contrario, le reclamó poner por delante la razón para evitar enfrentamientos inútiles.

La observación de la norma exacerbaría nuevamente los ánimos de las comunidades, afirmó, al recordar al gobierno que los pueblos no soportan más los abusos. “Ellos entienden que las acciones de fuerza son la única forma de hacerse oír en el marco de la Constitución y los convenios internacionales”, dijo.

Recordó que la toma de la Estación 5 se produjo luego de una serie de pedidos de negociación que fueron desoídos por las autoridades del gobierno.

Y sobre la interrupción del diálogo con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, señaló que ellos entendieron que tenían que conversar con el “dueño del circo y no con los payasos”. Recordó también que hay una plataforma de 8 puntos, que está pendiente de discusión.

En efecto, también están en cuestión los decretos 994, 1020, 1064, 1081, 1090, que vulneran la identidad de los pueblos indígenas, afectan la autonomía y su autodeterminación.

El congresista Daniel Abugattás criticó la posibilidad de que el Ejecutivo observe la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073 sobre inversión privada en tierras de comunidades nativas “porque sería echarle gasolina al fuego”.

Afirmó que la derogatoria de los decretos fue "un triunfo de la democracia", ya que fue reclamada por miles de nativos y porque una mayoría de legisladores votó por esa alternativa. Una opinión contraria fue la de Mercedes Cabanillas, quien adelantó que el tema volverá a debatirse en el Congreso.

Ejecutivo no promulgará la Ley

El primer ministro Jorge del Castillo afirmó que el Ejecutivo no promulgará la autógrafa del proyecto de ley que deroga los decretos 1015 y 1073, y que reduce al 50% de los asistentes de una asamblea, el quórum para que las comunidades puedan autorizar la venta de sus tierras.

"Esa posibilidad está casi descartada. Promulgarla sería apoyar una ley que no compartimos", anotó. Al mismo tiempo precisó que el Poder Ejecutivo tiene tres opciones: promulgar la norma, observarla, y no hacer nada, y dejar que la promulgue el Congreso.

"No hemos decidido todavía cuál opción se tomará. De hecho, no estamos de acuerdo con la derogatoria así que difícilmente la vamos a promulgar", argumentó al señalar que el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para analizar y tomar una decisión en torno a la autógrafa.

El Congreso decidiría

En caso de que el gobierno no promulgue la ley y no la observe, el caso volvería al Pleno del Congreso para su promulgación. Si la observa, el proyecto regresaría a la Comisión de Pueblos Indígenas, para decidir si la modifica o insiste en la norma aprobada. Después, el pleno volvería a votar la norma.

La Primera, 24/08/2008

Luis García Miró Elguera: Actuación bochornosa

2008-08-24T16:31:00.000-07:00

“Violencia doblegó al Congreso” tituló ayer la portada de EXPRESO. Censurábamos así la vergonzante flaqueza del Parlamento tras haber derogado un Decreto Legislativo que pudo marcar un hito en el intento por llevar progreso a las paupérrimas comunidades nativas, atascadas en la historia por ancestrales ritos y costumbres que les impiden siquiera comprender que viven en el tercer milenio.
Nuestra crítica va dirigida a esos 66 congresistas que el viernes votaron sin conciencia, sin principios y sin reparar en lo que conviene al país, pues su voto fue –en el caso de una oposición temerosa y novata– para aplacar el calor artificial de la calle, y en otros –la ultra que maneja a la primera– para recalentar aún más a la gente. El hecho es que, para la historia, muchos parlamentarios optaron por derogar el DL 1015 presas de pánico, mientras los ultras lo hicieron conscientes del interés electorero que va a redituarles la permanente agitación de multitudes –en este caso nativos–, manipuladas por agitadores políticos con billetera llena de petrodólares que actúan al más puro estilo del movimiento de masas indígena que incendió Bolivia, esa anarquía que no paró hasta entronizar a uno de los suyos en el Palacio Quemado.

Repudiamos el método –aceptado por 66 “padres de la patria”– de extorsionar a un poder del Estado para que actúe como quiere determinado grupo social. Ello no sólo es antidemocrático sino que constituye el caldo de cultivo para un nuevo desborde social. Parece mentira que estos parlamentarios –por lo menos aquellos que no forman parte del ala ultra– no hayan recapacitado en que éste es un país que durante un cuarto de siglo fue azotado por sangrientas bandas terroristas, y que el mes entrante apenas se cumplen 16 de la heroica acción de nuestros soldados y policías que capturaron a toda la cúpula genocida y, al unísono con la Justicia, la pusieron tras las rejas de por vida. Aunque luego la artera acción de los progre y sus funestas oenegés políticas logró cambiar los fallos a cadena perpetua por otros de escasos años de carcelería, cuando no borrarlos de un plumazo vía indultos promovidos por comisiones del Estado integradas nada menos que por los propios defensores de los terroristas liberados.

Es más, antes de votar ayer bajo chantaje, los congresistas debieron reflexionar en que el Perú se encuentra nuevamente jaqueado por un sucedáneo de Sendero y el Mrta: el narcoterrorismo. En consecuencia si el Parlamento actuó así de cobarde ante la coacción indígena, no es extraño que el siguiente turno toque a los sembradores de hoja de coca. Y luego vendrán otros agitadores a exigir su cuota de beneficio. Porque el Perú entero ya conoce el camino para que el Parlamento vote como demande el que mejor incendie las calles y plazas. En este riesgo extremo ha colocado a la sociedad el bochornoso comportamiento de este Congreso

Expreso, 24/08/2008

Brack ya no concurrirá a comisión congresal

2008-08-24T16:24:00.000-07:00

El ministro del Ambiente, Antonio Brack, ya no se presentará este martes ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside Roger Najar del Bloque Popular, tras aprobarse por el Pleno del Congreso el dictamen que propone la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073.
Como se sabe, la semana pasada se habló respecto de la posibilidad de que Brack Egg concurra a este grupo de trabajo e incluso se llegó a plantear la alternativa de que el ministro del Ambiente se presente en una sesión conjunta de las comisiones de Pueblos Andinos y la de Energía y Minas del Parlamento, para tratar sobre el problema de la contaminación que afecta a diversas comunidades de la selva, además de otros temas. En la pasada sesión de la Comisión de Pueblos Andinos –donde se aprobó el proyecto de ley que planteaba la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073–, fue la legisladora de Unidad Nacional, Gabriela Pérez del Solar, la que sugirió la realización de la mencionada sesión conjunta, hecho que fue aceptado por sus colegas.Según fuentes de la Comisión de Pueblos Andinos, hasta ayer Brack Egg tampoco había confirmado su asistencia a la mencionada comisión.

Expreso, 24/08/2008

Tras la tormenta, diálogo es ahora el mejor camino

2008-08-24T16:17:00.000-07:00

Sin embargo, dijo que el Ejecutivo podría observar la derogatoria.

El congresista Aurelio Pastor (APRA) afirmó que pese a haberse derogados los decretos 1015 y 1073, que facilitaban la inversión privada en tierras campesinas de la sierra y selva del país, aún el Ejecutivo tiene los mecanismos para observar la derogatoria. No obstante, dijo que lo más importante es entrar en un diálogo permanente.
“Hay otras armas que la constitución le da al Poder Ejecutivo con respecto a la decisión del Parlamento y para eso hay un plazo para evaluar si el Ejecutivo observa o no la norma. Pero lo más importante, como consecuencia de lo que ha ocurrido, es que entremos a un diálogo permanente”, dijo.
Por ello propuso conformar una comisión ad hoc, para que todos (políticos, especialistas y empresarios) busquen un diálogo con las comunidades para poder encontrar en conjunto una solución al problema de fondo, que es la existencia de comunidades que viven en extrema pobreza, y explicarles que la finalidad no es que se desprendan de sus tierras sino “reincorporarlos para que también se beneficien”.

Criticó que la oposición política carezca de propuestas frente a la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitaban la inversión privada en tierras de comunidades nativas de la sierra y selva del Perú.
“Lo dramático de esto es que no se ha resuelto el problema de fondo, porque la oposición no ha tenido una respuesta ni propuesta (…). La oposición lo único que ha querido hacer en todo momento es derogar los decretos para restituir el alto porcentaje que se necesita en la toma de acuerdos”, expresó.

Sin politización

Por su parte, el congresista Luis Galarreta (UN) aseguró que con la derogatoria “no se condena a nada”, trayendo a colación las declaraciones del Premier Jorge del Castillo y el presidente Alan García.
“Las opinión de Del Castillo y García al decir que el parlamento condenaría a la pobreza a las comunidades nativas, eso sí me parece preocupante porque yo voy a defender la institucionalidad. No se condena a nadie a nada”, aseveró. Tras indicar que están de acuerdo con la concesión y privatización, aseguró que UN optó por la derogatoria porque creía conveniente coordinar para que las comunidades indígenas entiendan la importancia de que puedan abrirse a los mercado nacionales e internacionales, pero el DL 1015 no iba a generar un cambio de la noche a la mañana. Por ello advirtió que si el Ejecutivo observara la derogación del decreto, deberá asumir sus responsabilidades.

Trabajar con comunidades

Quien también fue de la idea de buscar el diálogo y trabajar coordinadamente con los dirigentes de las comunidades y buscar alternativas de solución fue el congresista Alfonso Maslucán (PN).

La clave

Galarreta negó que la decisión de UN al apoyar la derogatoria tuviera un trasfondo político. “Hemos defendido la norma en el Congreso. Nuestra decisión, la que Unidad Nacional ha tomado, fue de manera despolitizada”, afirmó.
Por lo tanto, aseveró que una norma realmente pura sería una norma que le permita a las comunidades que “pongan la cifra que quieran a su quórum”. “Así como se defiende la inversión privada, el nativo de a pie también tiene el derecho de defender su propiedad privada”, sostuvo.
Finalmente, consideró que existe una falta de diálogo por parte del Ejecutivo frente a los cambios que quieren hacer y que en este tipo de casos “hay que convencerlos, no imponerles, eso no funciona”.

El dato

El parlamentario Maslucán instó al gobierno para aprobar la derogarotia de la ley y evitar así conflictos. “Para lo sucesivo el gobierno debe consultar para evitar problemas”, aseguró. “Llamamos al gobierno para que de una vez solucione el problema y saludamos al Congreso por estar a la altura de las circunstancias para poner solución a este problema”, manifestó finalmente.

Expreso, 24/08/2008